ella, la CIDH requiere al Estado peruano adoptar en concertación con los beneficiarios, es decir, los 46 de líderes/ as de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta, mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de los mismos. Ydelso Hernández.- Recientemente, el 22 de diciembre de 2014, el señor Ydelso Hernández, beneficiario de la MC ante la CIDH y presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), denunció ante la CIDH que su audiencia en el Juzgado Penal Supraprovincial de Jaén se había suspendido, debido a que la Oficina de Inteligencia de la Comandancia Rural PNP-Jaén supuestamente tendría información sobre una protesta que se llevaría a cabo por ronderos en los alrededores de dicho juzgado. En este caso, no solo se da cuenta de que personal policial continúa con los reglajes y seguimientos ilegales contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas, sino que los informes de inteligencia elaborados contra ellos siguen consignando hechos falsos y que ahora están siendo utilizados por el Poder Judicial para trasladar los procesos judiciales a la ciudad de Lima. Esto atenta contra el derecho de defensa de los líderes indígenas implicados en dicho caso, como lo es el señor Hernández. ¿Por qué entonces la Premier niega que el actual gobierno utilice prácticas de espionaje y reglaje para seguir sistemáticamente a los opositores del gobierno? En todo caso, el Estado debiera decir cuáles son los fundamentos legales y medios probatorios que la policía viene aplicando para elaborar informes
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de inteligencia, en particular contra autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas. Es de resaltar que la CIDH también ha trasladado las denuncias de los líderes indígenas de Cajamarca a la Procuraduría Supranacional para que el Estado dé cuenta de los mismos ante esta instancia internacional. La Premier dice que no cuenta con información de estas prácticas antidemocráticas de reglaje y seguimiento; sin embargo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional, sí tienen información respecto de las denuncias hechas por los líderes y lideresas indígenas de Cajamarca. La pregunta es ¿Cuántas denuncias más necesita el Gobierno para que cese el reglaje y seguimiento del personal policial contra las autoridades jurisdiccionales ronderas? Finalmente, la Premier debe de saber que el Estado peruano, y en particular la cartera del Interior, de Justicia y su despacho, no pueden alegar desconocimiento de las denuncias de los líderes y lideresas de Cajamarca, cuyo caso se encuentra ante la CIDH.
DECLARACIONES DE PREMIER: http://www.rpp.com.pe/201501-15-ana-jara-descarta-que-ladini-este-vinculada-a-presuntoespionaje-noticia_759954.html
Disponible en:
http://derechoysociedad.org/IIDS/ Noticias/2015/Nota_de_Prensa_03-2015.pdf