D E B I L I DA D E N L A S P OL Í TIC AS PÚBLICAS Además requiere de un rediseño organizacional, nuevas políticas, nuevas instituciones, nuevas estructuras, nuevos procedimientos. En este sentido y en un breve plazo una serie de instituciones han aparecido en el panorama de las infancias (Defensorías, Consejos, etc.) y las “viejas instituciones” han emprendido la tarea de pensarse de nuevo (el Municipio de Rosario con su rediseño y articulación de los programas destinados a promoción de derechos en la Nueva Dirección de Infancias). Con todo lo que esto implica en términos de desafíos, de necesarias incertezas e imprescindibles tiempos y aprendizajes.
No existen dudas acerca del gran salto cualitativo que ha significado la sanción de las leyes nacional 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, y provincial 12.967, denominada “Ley de Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, superando las limitaciones de la “vieja” legislación, la Ley 10.903, conocida como “Ley de Patronato”. La nueva Ley ha instalado un conjunto de ideas, transformando las concepciones de “menor”, “incapaz”, o “sujeto de tutela” que referían a las infancias, por concepciones más cercanas al cumplimiento de derechos, como “sujeto de derechos” o “ser en autonomía progresiva”. En este nuevo paradigma el niño/a es protagonista de su vida y tiene el derecho de ser escuchado, deja de ser un “objeto” para ser “sujeto”.
Por otra parte, y como vimos previamente, el sistema de organizaciones de infancia, se enfrenta a nuevas realidades que le vienen dadas por el contexto: antes (hace una década) se veían las situaciones más críticas en el acceso al alimento y el derecho a la salud, sobre todo en la primera infancia. Hoy estos no parecen ser los mayores problemas, al menos en la perspectiva de los actores. La tasa de mortalidad infantil ha bajado considerablemente y el derecho al alimento parece estar más cubierto desde las propias familias, a partir, entre otras cosas, de una mejora en las situaciones de empleo y de la asignación universal por hijo. Actualmente, los actores señalan otro foco de atención en su contexto de actuación: la inclusión de los niños en la “edad bisagra” y la actuación en territorio de otras redes, vinculadas a economías delictivas, que funcionan incluyendo a estos niños que quedan marginados del sistema.
“La vocación de la Ley de Infancias fue crear un marco y un piso desde donde empezar a construir. Por lo que a partir de esta ley se compromete la revisión de todo el andamiaje jurídico…” “Pero además delas cuestiones jurídicas también compromete la revisión absoluta del sistema estatal para con la infancia, la relación del niño con las instituciones, la relación del niño con su familia y la relación los niños con la sociedad en conjunto”. Comité argentino de seguimiento de la aplicación de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 2005.
Por lo tanto tenemos un contexto institucional que se ha modificado fuertemente: nuevas visiones sobre las infancias, nuevas leyes y nuevos Sistemas Institucionales. Y un contexto territorial que plantea nuevas necesidades y desafíos en las infancias: la inclusión de los niños de 11 a 15 años en los sistemas educativo/ laborales y la operación eficaz en red en un marco donde hay redes de actores con base territorial que disputan el trabajo con los niños: las redes de economías delictivas.
Hablar de las capacidades estatales y de la sociedad civil para llevar adelante políticas de derechos de los niños significa tener presente esta piedra basal que nos plantea el texto precedente. La normativa emergente en el campo nacional y provincial en torno a infancias modifica sustantivamente la concepción y el abordaje de las políticas de infancias, y de esta manera atraviesa la totalidad de las organizaciones estatales, y no estatales, que centran su actividad en los derechos de los niños. Las organizaciones y políticas estatales, por lo tanto, se enfrentan al desafío de repensarse, rediseñarse.
Como resultado de estas distintas presiones las organizaciones y los actores públicos parecerían estar atravesando un período donde las incertezas priman por sobre las certidumbres y se reconocen como actores débiles para llevar adelante políticas que impacten profundamente en la vida y los derechos de los
Desde este punto de partida, nos encontramos con un sistema que en sus diferentes jurisdicciones y niveles de actuación ha sido atravesado por un fuerte cimbronazo que pone en cuestión orientaciones, y sus visiones preexistentes. 75