oscilará entre 90 y 180 US$, alredor de la mitad de lo contemplado bajo la modalidad anterior. El proyecto pretende entregar, al conjunto bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995 y menores de 50 años a esa fecha, una acción popular cuyo valor es menor al BOLIVIDA, pero que le otorga mayores alternativas crediticias. Usando estas acciones como colateral, se podrá acceder a microcrédito y créditos de vivienda. Se podrá, además, controlar el valor y utilidades que generan las acciones y si se la mantiene hasta los 65 años de edad, se accederá a una anualidad vitalicia a través de las AFP´s. La “contrareforma” del sistema de pensiones enfrenta hoy, a su vez, la oposición de los nuevos beneficiarios del proceso de capitalización de las empresas públicas. El cronograma tardío de la promulgación de la ley de Reforma del Sistema de Pensiones y la utilización electoral del BONOSOL en 1997, invitaron al uso político del conjunto accionario de la capitalización, que se encuentra en pleno debate durante la actual gestión gubernamental. La fragilidad política con la que nació la reforma de pensiones quizá explica su fragilidad hoy, a más de dos años de implementación.
3.5. Conclusiones El análisis de la reforma del sistema de pensiones en Bolivia sugiere una evolución accidentada, en la que el éxito de adopción bajo una administración de gobierno cedió al fracaso político bajo otra. A pesar de los altibajos, en el mediano y largo plazo, noviembre de 1996 marcará, sin duda, el inicio de una de las reformas más ambiciosas de segunda generación a realizarse en el país. La transformación del antiguo sistema de reparto simple (PAYGO) hacia uno de capitalización individual y colectiva comparte con otras experiencias latinoamericanas los dilemas propios a reformas institucionales de magnitud. Encontramos, en el caso boliviano, evidencia sobre cuatro hipótesis específicas que fueron introducidas arriba. Primero, ¿qué papel juega la vinculación de ésta a otras reformas de estado? El caso de pensiones sugiere dos niveles de análisis relacionadas a la vinculación. A nivel agregado, el paquete de reformas de estado introducidas por la gestión de gobierno de Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997, crearon una ventana de oportunidad singular para la reforma de pensiones. Esta ligaba dos “aristas” del programa de reformas. La primera, de índole económica, invocaba la transformación del estado productor al de estado “regulador”. Esta concepción tomaría como piedra de toque la vinculación entre las reformas de privatización, regulación, finanzas y pensiones. La segunda arista, de índole más política y social impulsaba una concepción “universal” de las acciones del estado, un estado de bienestar sin el centralismo ni las trampas burocráticas pasadas.
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Las reformas de educación,