306 mantenían su permiso de operación vigente, en el resto de casos venció su permiso o éste fue cancelado. En la ciudad de Lima la situación es similar, de las 785 empresas registradas hasta fines de 1995, sólo 205 mantenían su permiso vigente, mientras que las restantes empresas no renovaron el permiso o les fue cancelado. Esto se explica por el proceso de regulación en materia laboral y tributaria por el que está atravesando el mercado de seguridad privada, el cual origina sobrecostos que las empresas del sector no están en la capacidad de afrontar. A pesar de la disminución del número de empresas, según información proporcionada por una de las principales empresas de vigilancia del mercado -Proseguridad S.A.-, el sector ha crecido entre el 1 y 2 por ciento anual en los últimos años debido al aumento de la percepción sobre inseguridad y magnitud de la violencia en la ciudad por parte de la población. Según la misma fuente, el monto de la facturación promedio de todo el mercado de compañías de vigilancia privada durante 1996 fue de US$72 millones anuales, lo que representa el 0.14 por ciento del PBI nacional y el 0.26 por ciento del PBI de Lima Metropolitana.
COSTOS INDIRECTOS Para estimar los costos indirectos de la violencia intencional en Lima Metropolitana se ha considerado (1) el valor de las actividades económicas que la población se inhibe de realizar por temor a la violencia y (2) el valor económico de los años de vida saludable perdidos por muerte y discapacidad. En cuanto a las actividades que la población limeña se abstiene de realizar por temor a la violencia, se presentan los resultados de la Encuesta de Opinión Pública, que, aunque no fueron valorizados, establecen pautas para futuras estimaciones. Asimismo, se añade una aproximación al valor económico de los años de vida saludable perdidos en base al ingreso promedio anual de la economía para Lima Metropolitana durante 1996.
Costo de las actividades económicas que la población se inhibe de realizar por temor a la violencia Según la Encuesta de Opinión Pública aplicada en Lima Metropolitana en el marco del presente estudio, aproximadamente 9 de cada 10 limeños consideran que la violencia que existe en Lima afecta su vida diaria. Esta tendencia se revela en todos los niveles socioeconómicos. La mayoría de encuestados que ha dejado de hacer o cambiado sus actividades a causa de la violencia, señala cambios menores en su vida cotidiana, un 70 por ciento declaró haber disminuido la frecuencia de salir y caminar solo de noche y un 80 por ciento señaló que había dejado de pasar por algunas zonas de la ciudad por considerarlas
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