Diagnóstico institucional comparado de sistemas de SC (2005)
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deriva de la dificultad de obtener consenso entre el gobierno y la oposición. Paradójicamente, estos desacuerdos pueden derivar tanto en bloqueo de las reformas (en El Salvador, la ley de SC de 1961 está obsoleta, pero los conflictos interpartidarios han impedido su modificación), como en la producción de dinámicas de cambio continuo (Ecuador, Honduras). Los diagnósticos apuntan casos de constitucionalización excesiva de la materia (Brasil), lo que supone, las más de las veces, un freno evidente a las reformas. En el Perú, la modificación de la legislación sobre remuneraciones de los empleados públicos requiere una reforma constitucional. También se dan casos donde el recurso al Tribunal Constitucional se utiliza como herramienta dilatoria de la reforma legal del SC. Es el caso de Ecuador, donde fueron presentados por organizaciones sindicales y sociales ante el Tribunal Constitucional varios recursos de inconstitucionalidad contra la reforma que modifica la Ley Orgánica del SC y Carrera Administrativa, Homologación y Unificación de las remuneraciones del sector público. De hecho, Ecuador y Bolivia son, en los últimos años, ejemplos de las dificultades que para este tipo de reformas representan las coyunturas de alta efervescencia social e inestabilidad política. El trabajo ha detectado un elevado número de regímenes de SC cuya norma de creación o de reforma global es posterior a 1990 (Bolivia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela). Otros (Brasil, Chile y Uruguay), han vivido, también en los últimos años, reformas significativas en sus sistemas públicos de gestión del empleo y los RRHH. Una valoración optimista podría pensar en todo ello como la expresión, coincidente en el tiempo, de dinámicas reformadoras poderosas, nacidas bajo el influjo de las ideas de profesionalización y modernización de la Administración pública. Sin negar la realidad de estas influencias, lo cierto es que una volatilidad tal de los marcos legales básicos apunta al mismo tiempo a factores de debilidad institucional de los sistemas político-administrativos, y en ocasiones a la suplantación de las reformas por la retórica del cambio. ALGUNAS RECOMENDACIONES FINALES Ciertamente, la diversidad de las situaciones y los marcos institucionales contemplados impiden extraer de los diagnósticos un volumen significativo de recomendaciones de validez general. No obstante, sí parece posible intentar la sistematización de algunas evidencias reiteradamente presentes en aquéllos, de las que se derivan líneas prioritarias de intervención en un número significativo de países. A. En orden a la integración y consistencia básica de los sistemas de SC. •
En los numerosos casos en los que todavía se detectan déficit en este sentido, resulta imprescindible construir, desarrollar, completar o integrar los sistemas