pobreza y desarrollo indígena: algunas reflexiones

principales estaban ubicadas cerca de áreas indígenas — y donde la industria minera se expandió después de las reformas liberales, aumentando así la demanda por la mano de obra indígena— la concentración y desposeimiento de tierras fue mayor. Para la época de la revolución boliviana en 1952, el 6% de los propietarios de tierras con mil o más hectáreas controlaban más del 90% de toda la tierra cultivada, la mayor parte de ella subutilizada (Klein, 1982).

El período entre 1920 y 1970 aproximadamente fue testigo de los cambios graduales en las políticas del Estado, originalmente inspiradas en la revolución mexicana entre 1910 y 1920 y que culminó en la era de la reforma agraria del período entre 1950 y 1970 en la que muchos países tenían como objetivo explícito la distribución de tierras a las comunidades indígenas. En México, donde el proceso de concentración y alienación de tierras indígenas había sido particularmente agudo en las décadas prerrevolucionarias; uno de los estandartes revolucionarios había sido la restitución de las tierras indígenas. Las reformas agrarias de la década del 1920 dio poder al Estado para restaurar la tierra alienada al campesinado indígena, ya fuera a través de donaciones en forma de ejidos inalienables o por medio de la restitución de las comunidades indígenas en los casos donde pudiesen mostrar un título válido de las tierras. En la práctica, la tierra fue distribuida casi exclusivamente a través del sistema de ejido.

En los Andes, quizás inspirados por el modelo mexicano, los legisladores gradualmente enmendaron sus leyes para reconocer a las comunidades indígenas nuevamente como entidades legales. En Perú durante la década del 1920 y en Bolivia después de la revolución de 1952, se pusieron en vigor las leyes sobre la restitución de las tierras. En Ecuador una nueva Ley de Comunidades se puso en vigor en 1937. Posteriormente, las políticas se convirtieron en prácticas híbridas. Bajo las leyes de reforma agraria de Bolivia, las fincas existentes se distribuyeron entre los indígenas Aymarás, aunque mayormente en parcelas de tierras individuales. En Perú, donde varios cientos de miles de indígenas serranos se beneficiaron de las reformas agrarias que se llevaron a cabo entre 1968 y 1975, el objetivo del gobierno fue desarrollar unidades agrícolas cooperativas bajo supervisión estricta del Estado. En Ecuador, donde las reformas agrarias de las décadas del 1960 y del 1970 dieron lugar a una distribución de tierras más limitada, también predominaron las fincas agrícolas individuales. En todos los casos, reflejando el espíritu integracionista del período, los gobiernos tenían como objetivo promover la imagen del “campesino” antes que la identidad indígena. Tanto en Bolivia como en Perú por ejemplo, se fomentó la imagen de las organizaciones “campesinas” para apoyar sus programas de reformas.

Queda claro que un objetivo clave de las reformas agrarias de este período fue erradicar los sistemas de las haciendas tradicionales, que operaban fuera del mercado, remplazándolos con mano de obra asalariada. Al mismo tiempo, muchas de las reformas pusieron restricciones a los mercados de tierras, donde las tierras comunales campesinas e indígenas retuvieron su carácter inalienable y no hipotecable. La tendencia fue más marcada en México, pero fue también importante en Bolivia y Perú. Los lugares donde no hubo prácticamente redistribución fueron Chiapas (no fue considerada para la reforma agraria que ocurrió en otras partes de México) y Guatemala (donde la reforma de 1952-1954 fue detenida por un golpe militar). En Ecuador, la redistribución de tierras fue muy limitada. Los propietarios de tierras tuvieron que elegir entre la “modernización” de los medios de producción o la expropiación. La modernización se llevó a cabo usualmente mediante métodos de inversión intensiva de capital y la eliminación del trabajo forzoso indígena. Aun cuando había un compromiso político en cuanto a las reformas agrarias, irónicamente, en algunos casos las reformas promovieron la expulsión de la mano de obra indígena.

Durante la década de 1960, el papel de la mano de obra en México, América Central y las economías andinas estaba claramente en proceso de cambio. Ese período vio el auge de los negocios de agroexportación a través de la región. Se abrieron nuevas áreas para la producción de frutas y vegetales en el norte de México, de 15