El sector público y la cooperación internacional deberían también jugar un importante papel en la progresiva integración de las IMF a los mercados de bonos internos y externos, para diversificar sus opciones de fondeo y disponer de recursos de mayor plazo para poder apoyar el financiamiento de los micro y pequeños empresarios y de la inversión en activos fijos y vivienda. De esta manera, la emisión de bonos de las IMF podría ser impulsada por:
de depósitos de las IMF y así evitar una dependencia excesiva de los acreedores públicos e internacionales y el desplazamiento de los depósitos como la fuente más relevante de fondeo y un servicio importante en sí. Se deberían establecer topes globales para las líneas, logrando así que no superen a un porcentaje relativamente bajo (como por ejemplo el 25%) de los fondos captados del público. Diferente es el caso de las IMF que no están autorizadas a captar depósitos. La función del sector público y la cooperación internacional debería orientarse a otorgarles financiamiento, al mismo tiempo que les brinda asistencia técnica para prepararles a la movilización de ahorros. •
Una mayor utilización de esquemas de garantía parcial de las obligaciones a ser emitidas, por parte de las agencias de la cooperación internacional y/o de entidades de segundo piso del sector público, que tendrían ventajas comparativas para asumir este papel por su conocimiento del mercado y de las IMF. Estas garantías parciales sólo deberían ser otorgadas a las entidades que cumplan con exigentes criterios de elegibilidad y deberían constituir solamente un apoyo temporal, que permita a las IMF establecer su reputación en el mercado y emitir posteriormente sólo con las garantías que las propias entidades puedan suministrar.
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El apoyo por medio de asistencia técnica a procesos de titularización de microcréditos en las IMF, lo que puedan respaldar sus emisiones y mejorar su calificación de riesgo.
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Cuando la regulación vigente no permite la emisión de bonos, resulta aconsejable propiciar la modificación de las disposiciones legales pertinentes.
Apoyar el establecimiento de fondos de seguro de depósitos (FSD), que puedan promover la resolución de las crisis bancarias en forma más ordenada y además estimular las captaciones, especialmente de los pequeños depositantes, eliminando o mitigando los riesgos ligados a la asimetría de información y creando mayor confianza en las IMF. Los FSD deberían obedecer los siguientes principios: La pérdida máxima cubierta para cada persona por el FSD no debería ser ilimitada. Las primas del FSD pagadas por las instituciones financieras deberían variar con el nivel de riesgo de cada intermediario para así incentivar comportamientos menos riesgosos. No se debe ofrecer el seguro de depósito si la supervisión prudencial no es adecuada. Esto se debe a que, con los FSD los depositantes relajan su vigilancia y, por ende, la supervisión prudencial debe estar en condición de sustituirla.
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A largo plazo la estructura de capital de las IMF tendrá que abrirse, para incorporar nuevos accionistas tanto internacionales como internos, a fin de poder disponer de los mayores recursos de capital requeridos por el crecimiento. Para facilitar esta incorporación y promover un mecanismo más transparente de transferencia de acciones, es aconsejable que a mediano plazo las IMF inscriban sus acciones en bolsa. Los programas de underwriting del sector público y la cooperación internacional pueden apoyar este proceso.
Plantear incentivos para incorporar nuevos accionistas en las IMF que mejoren su perfil de gobierno y contribuyan a superar las estructuras difusas de propiedad, que se generan cuando una ONG constituye el accionista mayoritario.
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