Salida de operadores privados internacionales de agua en América Latina
También es notable la falta de transparencia de algunos de estos procesos, en los cuales se autorizaron significativas alzas tarifarias que seguramente habrían sido rechazadas de antemano de haberse conocido públicamente. Esto se dio particularmente en los casos en que hubo negociaciones directas post adjudicación de los contratos (Cochabamba y Aguas del Illimani S.A.), aunque también se aprecia en algunas de las licitaciones abiertas (Tucumán y provincia de Buenos Aires), y en las concesiones de Maldonado en Uruguay. En estos últimos casos sorprende la falta de información comprensible al público, lo cual permitió dichas alzas y llevó en casi todos estos casos al rápido quiebre de la concesión. El análisis claro e informado de los impactos de los cambios en los procesos de regulación y de incorporación de privados, y su debida difusión, parecen ser muy relevantes cuando se trata de detener de antemano situaciones catastróficas como algunas de las notadas. El caso de Chile demuestra el éxito de este tipo de estrategias, las cuales fueron ampliamente aplicadas en las fases de reforzamiento del marco de regulación a mediados de los años noventa y previamente a la privatización de los servicios. Esto permitió consolidar un amplio apoyo de la población a las reformas y la aceptación de los aumentos tarifarios que siguieron.
Aspectos relacionados con el diseño de los contratos Ajustes tarifarios iniciales Como mínimo, en cuatro de los siete casos más conflictivos considerados en este estudio el tema central de discusión estuvo relacionado con las consecuencias que provocó sobre la población el alza de tarifas de los servicios al inicio de la concesión. Esto fue claro en Cochabamba, donde los incrementos llegaron a ser hasta de 200 porciento, en Tucumán (hasta de 300 porciento), en el contrato de Azurix en la provincia de Buenos Aires, y en La Paz y El Alto. Asimismo hubo aumentos tarifarios perceptibles en los contratos de Maldonado en Uruguay y en los de Aguas Argentinas S.A. en Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires. Interesa notar que los fuertes aumentos tarifarios son el resultado de dos aspectos distintos. El primero es que en algunos casos se trató de aumentos explícitos, abiertamente autorizados y derivados del proceso de licitación mediante el cual se entregó la concesión en función de la tarifa ofrecida. Por ejemplo, en Tucumán el único oferente logró la concesión solicitando un aumento de 1,94 veces la tarifa vigente. Asimismo, en Cochabamba el aumento esperado promedio era de 35 porciento, pero en la práctica se dieron grandes variaciones. Un segundo elemento, también relevante, fue el hecho de que muchos operadores, inmediatamente después de tomar el control del servicio, efectuaron una profunda revisión del catastro comercial y reclasificaron a los usuarios en las categorías tarifarias, lo que implicó aumentos significativos en las cuentas. Estos casos fueron evidentes y tuvieron un impacto significativo en Aguas Argentinas S.A., Tucumán, y Cochabamba. También Azurix, en la concesión de la provincia de Buenos Aires, aplicó aumentos por este concepto, que sin embargo fueron revertidos por la autoridad. Según la opinión de especialistas involucrados, la posibilidad de aumentar los ingresos por esta vía estaba prevista o internalizada en las ofertas por las licitaciones. Otra dimensión relacionada con el tema tarifario se refiere a que la varianza de los cambios también importa. Aunque los aumentos promedio puedan ser razonables, serán los casos de alzas elevadas los que inmediatamente se destacarán en la prensa, además de que serán la base de los reclamos de la población y el punto de apoyo de los opositores a los contratos con operadores privados. Esto implica que en situaciones donde hay grandes distorsiones en los sistemas tarifarios, falta de medición y ausencia de subsidios focalizados, la ingeniería del cambio tarifario debe ser extremadamente fina para acotar su varianza24. No cabe la menor duda de que en estos casos hubo una falla fundamental en el diseño de los términos de la concesión. Si bien es evidente que las alzas tarifarias son una condición indispensable para salir del llamado 24 Este tema se profundiza más adelante.
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