Corrupción en la petrolera estatal de Venezuela La empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), es la quinta productora de petróleo del mundo y genera más del 40% del presupuesto anual del país. En el primer semestre de 2005, se presentaron una serie de reclamos que cuestionaban la administración y 188
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transparencia de “la industria”, según se la conoce. La compañía no presentó estados financieros auditados desde el año 2002, aunque la ley exige su presentación anual. Sin estas cifras, resulta difícil controlar la salud de la empresa y fiscalizar el uso de sus recursos. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), se puede asegurar que, a fines del ejercicio 2004, existía una diferencia de US$3.500 millones entre el dinero que supuestamente habría pagado PDVSA y la cifra que llegó efectivamente al BCV. Nadie sabe adónde fue el dinero, sólo que no fue registrado por el BCV.4 Según José Guerra, ex director del Departamento de Investigaciones del BCV, PDVSA debería haber presentado comprobantes por US$9.900 millones en el primer trimestre de 2005, pero sólo los presentó por US$6.400 millones. En mayo, el ministro de Energía Rafael Ramírez señaló en una conferencia de prensa que PDVSA produjo 3,3 millones de barriles diarios durante el primer trimestre de 2005, pero se desconoce qué hizo PDVSA con los US$2.400 millones de déficit.5 Domingo Maza Zavala, miembro del directorio del BCV, precisó que la cifra recibida por el Banco en el primer trimestre fue de US$4.800 millones, lo que significa que el déficit podría llegar a US$4.200 millones. Además, desde agosto de 2003, el Ministerio de Energía no ha publicado el informe anual Petróleo y otros datos estadísticos (PODE), que brinda estadísticas vitales relacionadas con el sector petrolero y las empresas internacionales que operan en Venezuela des-
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hora de capacitación, comparados con los US$40 que cobra la empresa más cara por el mismo servicio. Otra queja se refiere a la inversión en instrumentos financieros de riesgo de los fondos de pensiones de los empleados del Poder Judicial. Informes auditados de la segunda mitad de 2004, publicados por la nueva administración de la Dirección Judicial, indicaban que se había contratado a 3.000 empleados sin autorización y algunas personas de la nómina no existían. No había un registro de proveedores de servicios o de compras y se facturaron costosos estudios de empresas consultoras que nunca se realizaron. Las disposiciones de contratación se quebrantaban con regularidad y se seleccionaban empresas que no cumplían con los requisitos técnicos para adjudicarse los contratos. La cobertura de estas irregularidades en los medios de comunicación coincidió con el anuncio de un nuevo plan estratégico para el Poder Judicial. El plan exige US$47 millones adicionales para la justicia, pero no contempla mecanismos que aseguren una mayor transparencia de su funcionamiento ni la forma en que se empleen los fondos.