MARIO MARCEL
ción local y la flexibilidad del sistema. No obstante, existen importantes inconvenientes para adoptar este enfoque. Por un lado, no parece prudente diversificar el espacio de acción municipal en una etapa en que las funciones actuales aún no se cumplen satisfactoriamente. Por otro, es altamente probable que en dichas circunstancias se dupliquen funciones dentro del sector público. Por último, no es obvio que la acción municipal se vuelva más eficiente mientras mayor sea la amplitud de las materias sobre las que las comunidades pueden escoger, pues el proceso puede volverse tan complejo que sería imposible de comprender para los electores. Si de lo que se trata es de ampliar lo espacios de decisión de los municipios, debería ser más prioritario hacerlo respecto de aquellas áreas ya incorporadas a la gestión local, en las que la autonomía se encuentra excesivamente limitada. En estas circunstancias, un enfoque inclusivo de definición de las funciones municipales puede resultar positivo para ordenar el proceso de descentralización, obligando a definir con mayor claridad la división de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. Funciones de los gobiernos regionales. Un problema similar de definición de competencias ha surgido con la creación de los gobiernos regionales. A nivel general, la reforma constitucional de 1992 determinó que éstos cumplirían funciones en materia de inversión, fomento de la producción y desarrollo social. En el caso de las dos últimas, sin embargo, se han establecido ciertas limitaciones de atribuciones y competencias, frente a las presiones regionalistas que demandaban un mandato de acción más amplio. La asignación de prioridades —hasta llegar a la limitación— de las funciones de los gobiernos regionales en Chile es un tema esencial para el futuro de la descentralización, especialmente en las áreas señaladas. El propio proceso de discusión de estas reformas ha revelado que un factor poderoso en este proceso es la reivindicación de la autonomía regional y la presión por destinar más recursos a las regiones. En tal caso, el papel de los gobiernos regionales se debate entre la posibilidad de ejercer su autonomía adoptando decisiones sobre un conjunto de materias, o en transformarse en instrumentos de presión de las regiones sobre el centro. En las circunstancias actuales de Chile, parece más adecuado adoptar el primer camino. La inversión pública es un área en que pueden coordinarse los papeles de los tres niveles del Estado —nacional, regional y local— dada la existencia de categorías de inversión distintas respecto de las cuales las ventajas comparativas en la toma de decisiones varían considerablemente. Extender las competencias de los gobiernos regionales hacia otras áreas, en particular a las sociales, donde ya se encuentra bien asentada una responsabilidad municipal, sólo puede multiplicar los con-
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