titulación de tierras y pueblos indígenas

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personas que no pertenezcan a la comunidad25 . Un análisis más reciente de las reformas en los ejidos 26 (en borrador al momento de la redacción de este estudio) contiene una evaluación muy positiva de la s reformas de liberalización de tenencias de tierra.

sos Naturales de la Sierra, aprobado en 1997, indica que todos los beneficiarios del proyecto pueden ser clasificados como pueblos indígenas de los Andes28 . Desde entonces, el Banco Mundial ha realizado un estudio de estrategia de programas para el desarrollo de los pueblos indígenas en Perú, el cual aborda extensamente las preocupaciones de titulación y tenencia de tierras, siendo crítico de cualquier política que pudiera socavar el régimen actual de tenencia de las comunidades campesinas y nativas. El estudio aboga por una nueva estrategia para el desarrollo de los pueblos indígenas, partiendo del fortalecimiento de la actual estructura comunitaria tanto en la sierra como en la selva. El estudio hace referencia a la preocupación de que la titulación individual de las tierras comunitarias pueda llevar a una pérdida masiva de tierras indígenas y observa que cualquier cambio en la ley que pretenda debilitar las comunidades indígenas se verá enfrentado con una oposición emocional29 . Al mismo tiempo, una estrategia de desarrollo agrícola preparada para el Banco Mundial por consultores peruanos sostiene que las reformas continuas orientadas al mercado ayudarán a mejorar la producción agrícola y los ingresos. El estudio identifica las tierras de las comunidades campesinas como una fuente de ineficacia agrícola e insiste en la intensificación del proceso de titulación para facilitar la división de las tierras comunales en parcelas individuales y transferibles 30 . Esto ilustra las percepciones tan diversas que existen dentro de dicha organización respecto a los enfoques de política para tierras comunales.

A la vez, un reciente proyecto forestal comunitario diseñado por el Banco Mundial en México ha indicado la importancia de la propiedad común indígena como la base de un desarrollo sostenible en Oaxaca27 . Los objetivos específicos del proyecto son mejorar el manejo y conservación de los recursos naturales por parte de los dueños comunitarios y de los ejidos de los recursos forestales y aumentar la gama de opciones para generar ingresos de dichos recursos. Aunque el proyecto no se enfoca específicamente en la titulación de tierras, la resolución de los conflictos con respecto a la tenencia indígena de tierras y la demarcación de los límites físicos es un elemento clave para el éxito. La evaluación del proyecto encontró que más de la mitad de las comunidades para las cuales existen datos tienen algún tipo de conflicto, mientras que el 8% no tiene la documentación clara sobre los derechos a sus tierras. El proyecto comprende actividades de capacitación para ayudar a los ejidos y a las comunidades forestales a resolver conflictos, informándoles sobre el proceso de adjudicación y regularización legal cuando existe algún conflicto. En Perú, el Banco Mundial ha ya identificado a los miembros de las comunidades campesinas de la sierra como pueblos indígenas. La evaluación del personal del proyecto de Manejo de Recur-

Las actividades y enfoques de las otras agencias de financiamiento pueden ser revisadas brevemente.

25

John R. Heath. “Enhancing the Contribution of Land Reform to Mexican Agricultural Development”, Agricultural Policy Working Paper No. 285, febrero de 1990.

28

Informe de evaluación del personal del Banco Mundial para el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales de la Sierra y Alivio de la Pobreza, Informe No. 15710-PE, 12 de diciembre de 1996. 29 “Perú: Indigenous People’s Development” (Borrador, Banco Mundial, 20 de noviembre de 1998). 30 “Perú: Agriculture Development Strategy” (Borrador de cubierta verde, 5 de marzo de 1998).

26

“Mexico Ejido Reform: Avenues to Adjustment– Five Years Later” (Borrador, septiembre de 1998). 27 Información tomada de un informe de evaluación del personal para el Proyecto Forestal Comunitario de México, Informe No. 16134-ME, 21 de enero de 1997. 72


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