PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS
REVISIÓN DE SIETE AÑOS DE APOYO
COSTA RICA: 2015-2018 // HONDURAS: 2019-2022
OFICINA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (IBCR)
Proyectos ejecutados con el apoyo del Gobierno de Canadá, en el marco de su Programa de Refuerzo de las Capacidades de Lucha contra la Delincuencia (PARCLC).
5 Prefacio
8 Trata de personas - contexto y desafíos
8 Retrato de un tema polifacético
9 Marco jurídico para combatir la trata de personas
9 Trata de personas en Costa Rica y Honduras
15 Desafíos en la lucha contra la trata de personas en Costa Rica y Honduras
21 Siete años de fortalecimiento de los sistemas de protección contra la trata de personas en Costa Rica y Honduras
22 Enfoques utilizados
23 Acciones implementadas
24 Resultados clave
27 El apoyo ofrecido a las víctimas de trata es más adaptado y respetuoso de los derechos de cada persona
31 Las y los actores del sistema de protección identifican, informan, previenen y apoyan mejor los casos de trata de personas
35 Los cambios en las prácticas y la percepción son durables en el tiempo
38 Las acciones de lucha contra la trata de personas están mejor coordinadas
41 Se destacan los espacios de intercambio
44 Para ir más allá: lo esencial de la lucha contra la trata de personas
47 Acerca de la oficina internacional de los derechos del niño
49 Anexo: breve descripción de los proyectos
© Pexels / Porapak Apichodilok
La prevención y la lucha contra la trata de personas han estado en el centro de las acciones de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR o la Oficina) durante casi 20 años. Todo comenzó en Canadá, en 2004, fortaleciendo las competencias de las y los actores comunitarios de Quebec que trabajan con la niñez víctimas de la trata, y luego apoyando a la industria de viajes canadiense para prevenir la explotación sexual de la niñez en el turismo internacional.
En 2015, a medida que el fenómeno cobró impulso a nivel internacional, la Oficina, con sus conocimientos y experiencia, se comprometió con Costa Rica a continuar y desarrollar su trabajo para combatir la trata de personas y des niñas, niños y adolescentes, antes de expandir su acción a Honduras en 2019. Después de siete años de acción en la región, se ha avanzado en el fortalecimiento de los sistemas de protección contra la trata de personas en ambos países.
La lucha eficaz contra la trata de personas requiere una fuerte coordinación nacional, pero también una coordinación regional: la trata es un fenómeno que a menudo cruza las fronteras de un país. Esta doble dimensión siempre se ha tenido en cuenta en la labor de la Oficina: en primer lugar, garantizando fuertes vínculos regionales, incluso apoyando el posicionamiento de los órganos de coordinación nacionales e internacionales y permitiéndoles actuar con mayor eficacia. En segundo lugar, ayudando a mejorar las competencias y prácticas profesionales de las y los participantes del sistema de protección (ya sean socios estatales o de la sociedad civil) y centrándose en la coordinación. Por último, la Oficina ha prestado especial atención a la inte -
gración de la perspectiva de la víctima de la trata, la rehabilitación de su discurso y la reducción del riesgo de victimización secundaria (para más información al respecto, véase la página 29). Los resultados de estos enfoques constituyen el núcleo de esta publicación.
Como la trata de personas es un fenómeno profundamente arraigado en América central, es difícil demostrar una mejora efectiva de la situación a corto plazo. Sin embargo, los primeros elementos de seguimiento en los dos países priorizados permiten señalar el comienzo de un cambio de magnitud. Por ejemplo, ha habido un aumento en la presentación de informes en las áreas de trabajo del proyecto, una señal alentadora de una mejor identificación de los casos de trata por parte de las poblaciones. Esta evolución se ve fomentada, por la labor de la Oficina y sus asociados y asociadas, y sienta las bases para un cambio sistémico. Hoy, tanto en Costa Rica como en Honduras, las y los participantes del sistema de protección contra la trata de personas están en mejores condiciones de identificar, denunciar, prevenir y apoyar los casos de trata, al tiempo que coordinan mejor sus acciones.
Con el fin de garantizar que estos cambios en las prácticas y percepciones sean generalizados y sostenidos, la Oficina ha fomentado la innovación y el desarrollo de competencias, yendo más allá de la sensibilización, y ha trabajado para consolidar la confianza, a veces tenue, entre la sociedad civil y los diferentes participantes estatales. Al final de estos proyectos en Centroamérica, la Oficina cree firmemente en la sostenibilidad de las transformaciones logradas, particularmente a través de la movilización de
quienes se han comprometido junto a ella para favorecer el desarrollo de las sociedades costarricenses y hondureñas en beneficio de sus poblaciones más vulnerables. La Oficina les agradece esta valiosa confianza mutua.
En consonancia con estos resultados alentadores, la Oficina sigue movilizada para apoyar a Costa Rica y Honduras en la lucha contra todas las formas de explotación de las niñas y los niños, en particular aumentando la participación y el fortalecimiento necesarios de las organizaciones de la sociedad civil y las y los diferentes agentes comunitarios, fortaleciendo las asociaciones locales y regionales y colocando más a la niñez en el centro de las decisiones y transformaciones deseadas.
Martin Causin Director General de
la
OficinaInternacional de los Derechos del Niño (IBCR) Théophane Nikyèma Presidente de la Junta Directiva de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR)
En Costa Rica, la mayoría de las víctimas de la trata que se han identificado son niñas sometidas a explotación sexual. En 2021, la Defensoría Adjunta para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes recibió 40 denuncias y procesó nueve casos, lo que resultó en dos condenas. Sin embargo, estas cifras no revelan la magnitud del problema en el país por diversas razones, incluida la limitada capacidad de las y los funcionarios para identificar, investigar y enjuiciar los casos de trata de personas.
En este sentido, la Defensoría Adjunta contra la Trata de Personas valora la valiosa contribución realizada por el IBCR en términos de fortalecimiento de las competencias de las y los diferentes profesionales responsables de la atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de trata de personas, así como aquellas personas cuyo trabajo es enjuiciar el delito o impartir justicia para que las y los delincuentes sean procesados adecuadamente.
La capacitación continua es esencial, y el apoyo y las herramientas desarrolladas durante la implementación del proyecto son logros que se mantendrán. El proyecto contribuyó a la elaboración de un mapa de la situación de la trata de personas, que puso de relieve las necesidades
de capacitación. En este sentido, hemos contribuido a satisfacer las necesidades de las escuelas y unidades de capacitación a través de cursos de capacitación y procedimientos operativos que han establecido vías para la atención de las víctimas. Estas herramientas refuerzan el trabajo de las y los funcionarios en diversas áreas donde las víctimas, incluidas las niñas, niños y adolescentes, son tratados dentro de un marco legal.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas considera que los aportes de los cursos y herramientas desarrollados por el proyecto han tenido un impacto positivo, son sostenibles y se han mantenido incluso después de la finalización del proyecto. Además, estos dispositivos se seguirán utilizando, debido a su relevancia y calidad. En este sentido, las acciones llevadas a cabo son útiles para las y los responsables de hacer cumplir las leyes nacionales e internacionales para la protección de la niñez, pero también para aquellas y aquellos que necesitan desarrollar estrategias para garantizar el respeto del interés superior de las y los niños en los procesos judiciales, para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos y una vida digna.
Fiscalía Adjunta contra la trata de personas Costa Rica
La tarea institucional de la Escuela Judicial de Honduras es capacitar a las y los funcionarios del sector justicia del país, permitiéndoles desarrollar competencias que contribuyan a la mejora continua de la administración de justicia.
El proyecto de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño para fortalecer a las y los actores del cambio en la lucha contra la trata de personas ha contribuido a mejoras significativas para la sociedad hondureña, en particular para el marco institucional involucrado en la lucha contra la trata de personas y la protección de los derechos de la niña y del niño. Si bien, el presente informe es una síntesis exhaustiva de toda la información, las actividades y otros detalles pertinentes; no refleja plenamente el enfoque holístico beneficioso del proyecto sobre el fortalecimiento de la prevención, la protección y el enjuiciamiento de los delitos de trata de mujeres y niñas en el país.
Las acciones efectivas, multifacéticas y estratégicas llevadas a cabo por el IBCR en Honduras en el marco de este proyecto resultan cada día en nuevas vidas salvadas y en la plena protección de la libertad e integridad de la población nacional, especialmente de las mujeres y niñas que pueden verse afectadas por este flagelo con tentáculos internacionales. Estas acciones consisten principalmente en la capacitación de quienes actúan en este campo interinstitucional para el cuidado de las personas, la capacitación práctica en estos temas y la sanción penal adecuada en cada Estado de derecho.
Este ejemplo vivo y precioso de colaboración efectiva entre naciones y entidades de diferentes países frente a un fenómeno globalizado que es perjudicial para los seres humanos es digno de emulación. Por lo tanto, es apropiado otorgar un merecido reconocimiento a las organizaciones que se posicionan como pioneras, comprometidas y proactivas en la lucha contra la trata de personas, y que también han encarnado un liderazgo internacional positivo, como es el caso del IBCR y Asuntos Mundiales Canadá.
El esfuerzo que se ha materializado en proyectos integrales que involucran una variedad de actividades conjuntas y coordinadas entre los gobiernos del mundo, sus instituciones públicas y privadas, así como diferentes entidades nacionales e internacionales, constituye hoy un paradigma efectivo en la lucha contra problemas tan complejos, generalizados y atroces como la trata de seres humanos. Esto confirma que el camino seguido por el IBCR en Honduras es el correcto, y promoverá su expansión en esta y otras áreas, en beneficio de la humanidad.
En este contexto particular, la Academia Judicial de Honduras saluda la relación y el esfuerzo conjunto con el IBCR en el marco del Proyecto de Empoderamiento que ha sido exitoso.
Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la mitad de las víctimas detectadas en 2018 fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38% con fines de trabajo forzoso1. El reclutamiento para actividades delictivas, la mendicidad forzada o el tráfico de órganos también son modalidades de explotación en relación con la trata de personas. Las estimaciones para 2021 de la Fundación Walk Free, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que 50 millones de personas en todo el mundo están en esclavitud moderna, obligadas a trabajar contra su voluntad, o están en un matrimonio forzado. Hay más de 11 millones de mujeres y niñas en situación de trabajo forzoso, y más de 3 millones de niños en total, cifras que han aumentado desde 20162 Cabe señalar que, aunque los hombres y los niños siguen siendo una minoría en las estadísticas sobre la trata de personas, incluso con fines de explotación sexual, es probable que los estereotipos sociales relacionados con la
masculinidad les impidan denunciar su situación y buscar u obtener ayuda, contribuyendo así a su invisibilidad.
Varios factores juegan un papel en la vulnerabilidad en la trata de personas. Género: entre 2016 y 2019, el 72% de las niñas víctimas de trata fueron víctimas con fines de explotación sexual, en comparación con el 23% de los niños. Por el contrario, el 66% de los niños fueron objeto de trata para realizar trabajos forzosos, en comparación con el 21% de las niñas. Edad, entonces: la niñez representa un tercio de las víctimas en todo el mundo3, y hasta la mitad de las víctimas en América Central. Por último, la situación socioeconómica: las niñas y los niños más propensos a ser objeto de trata son los de familias pobres o llamadas disfuncionales, así como los infantes sin cuidado parental4. La ONUDC también identifica un vínculo entre la situación económica, social y política de un país
1. UNODC (2020). Informe Mundial sobre la Trata de Personas. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html.
2. OIT Camina libre, OIM (2022). Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzado. https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854796.pdf.
3. Ibídem.
4. Ibídem.
o región y los flujos relacionados con la trata de personas5. En los últimos años, la intensificación de los conflictos y los movimientos migratorios, así como la crisis de COVID-19, han aumentado la vulnerabilidad de muchas
personas y comunidades, y pueden haber contribuido a un aumento significativo de la violencia contra las personas víctimas de trata de personas6
La aprobación del Protocolo Adicional de Palermo7 en 2000 permitió definir un marco jurídico para luchar contra la trata de personas en el plano internacional. Este marco define la trata de personas y refuerza la respuesta a ella, tanto en términos de cómo prevenirla y combatirla, como de la cooperación internacional necesaria para frenarla, así como en los aspectos de la trata de personas en relación con la protección, asistencia y rehabilitación de las víctimas. Destaca la obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de la trata de personas, un aspecto hasta ahora descuidado.
También proporciona la primera definición internacionalmente aceptada de trata de personas. Según el protocolo, por trata de personas “se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, mediante secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos8 ”.
La aprobación del Protocolo de Palermo fue también el punto de partida de un proceso de adaptación de los marcos jurídicos nacionales a las normas internacionales.
Los países centroamericanos se encuentran en un área geográfica estratégica en términos de flujos migratorios, particularmente hacia los Estados Unidos, favoreciendo la creación de “corredores” para la trata de personas. Hon-
duras es así, junto con El Salvador y Guatemala, el “Triángulo Norte de Centroamérica”, una región fuertemente afectada por la trata de personas durante décadas9
6. Consejo Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2021). Efectos de la enfermedad por coronavirus 2019 sobre diferentes formas de venta y explotación sexual de niños: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/014/48/PDF/G2101448.pdf?OpenElement.
7. Para referencia, véase: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons.
8. Ibídem.
9. IPS (2019). Centroamérica – Terreno fértil para la trata de personas. http://www.ipsnews.net/2019/11/Centroamérica-Tierra-Fértil-Trata de Personas/
En 2018, las mujeres y las niñas constituyeron la gran mayoría (79%) de las víctimas de trata de personas detectadas en Centroamérica y el Caribe. A pesar de estas víctimas, la proporción de niñas (40%) fue la más alta del mundo. La trata con fines de explotación sexual representa el 81% de los casos, también una de las tasas más altas del mundo, en comparación con el 13% del trabajo forzoso y el 6% para otros fines.10 En 2018, se estima que 3,6 millones de personas fueron sometidas a trabajo forzoso en las Américas.11
Los países de la región llevan varios años identificando la trata de personas como un problema que trasciende las fronteras nacionales y justifica una acción específica y coordinada a nivel regional. Desde 2011, todos, incluidos Honduras y Costa Rica, han estado trabajando juntos en la Coalicion Regional contra la Trata de Personas y el Trafico Ilicito de Migrantes12 (CORETT). La CORETT desempeña un papel en la prevención, detección, remisión y enjuiciamiento de delitos relacionados con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y se esfuerza por brindar el apoyo adecuado a las víctimas. Además, cada país ha implementado acciones más o menos significativas para combatir la trata de personas dentro de su territorio. Aunque estas medidas han aumentado la tasa de condenas por delitos conexos en los últimos años, todavía está por debajo del promedio mundial.
10. UNODC (2020). Informe Mundial sobre la Trata de Personas. https://www.unodc.org/unodc/en/ data-and-analysis/glotip.html
11. OIT Camina libre, OIM (2022). Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzado. https://www.ilo. org/global/topics/forced-labour/publications/ WCMS_854733/lang--en/index.htm.
Desde hace varios años, Costa Rica ha estado enfrentando la erosión de sus logros económicos, políticos y sociales. El deterioro de la estabilidad económica y social del país, sumado a las dificultades políticas exacerbadas tienen un efecto negativo en el desarrollo humano y las condiciones de vida de una gran parte de la población. Así mismo que con la pobreza y la creciente desigualdad, ha habido un aumento de la inseguridad y del tráfico de drogas. Además, las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de delitos de género en todas las esferas de la vida social, económica y política del país13. Si bien se han tomado medidas para garantizar el bienestar de las y los niños y su acceso a la educación, algunos de ellos, particularmente de áreas rurales, LGBTQI+, comunidades indígenas o afrodescendientes, se enfrentan a mayores dificultades socioeconómicas, discriminaciones y estereotipos que dificultan su acceso a la educación y los y las hacen más vulnerables a diversas formas de explotación.14
Sin embargo, el precedente sobre la democracia y economía estable de Costa Rica lo convierte en un destino particularmente atractivo para los nacionales de otros países de la región, creando un flujo migratorio que aumenta la vulnerabilidad de algunas poblaciones a la trata de personas. Muchas de estas personas provienen de otros países de América Central y el Caribe, pero también de América del Sur o China, que migran en busca de oportunidades económicas a Costa Rica o los Estados Unidos, y se encuentran con diferentes formas de explotación de trata de personas.15
La mayoría de las víctimas de la trata de personas en Costa Rica son niñas, niños y mujeres, son objeto principalmente de explotación sexual. De las 50 víctimas identificadas por el gobierno en 2021, había 20 mujeres, 24 niñas y 6 niños. Casi la mitad fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y una cuarta parte para trabajos forzosos. Al menos 32 eran nacionales de Costa Rica, 17 de Nicaragua y uno de Panamá. En el mismo año, la Defensoría del Pueblo informó que investigó más de 100 casos de trata de personas, identificando a 15 niñas y niños víctimas, con fines de explotación sexual, comercial, mendicidad forzada o adopción ilegal. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de la Infancia (PANI)16 informó que investigó 385 casos de explotación sexual comercial en la niñez, incluida la pornografía infantil y la trata.
Las zonas costeras del Pacífico, así como las fronteras septentrional y meridional, y más generalmente los lugares turísticos, son lugares de gran actividad para la delincuencia organizada, en particular en relación con la trata de personas (principalmente niñas, niños y mujeres) con fines de explotación sexual, principalmente para el beneficio de turistas de Estados Unidos y Europa. Como parte de la lucha contra la trata de personas, la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica negó la entrada a suelo costarricense de 75 ciudadanos estadounidenses registrados como delincuentes sexuales en 2021.17
Las y los adultos, niñas y niños, en su mayoría de Nicaragua, también son objeto de trata para realizar trabajos forzosos en la agricultura18 y el trabajo doméstico.19
13. IBCR (2016). Informe de mapeo sobre el combate a la trata de personas en Costa Rica. http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/08/Cartographie-Costa-Rica-ESP_int_WEB.pdf.
14. Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (2021). Hallazgos sobre las peores formas de trabajo infantil – Costa Rica. https://www.dol.gov/ agencies/ilab/resources/reports/child-labor/costa-rica.
15. Estados Unidos. Departamento de Estado (2021). Reporte de trata de personas 2021. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/.
16. Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
17. Departamento de Estado de los Estados Unidos (2021). Reporte de trata de personas 2021. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/
18. Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (2021). Hallazgos sobre las peores formas de trabajo infantil – Costa Rica. https://www.dol.gov/ agencies/ilab/resources/reports/child-labor/costa-rica
19. Ídem nota 17.
En este contexto particular, la trata de personas ha sido identificada durante varios años por el gobierno costarricense como un problema nacional importante que requiere una acción coordinada a gran escala. Así, en 2005, se emitió un decreto que creó la Coalición nacional contra el trafico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT)20, que luego fue perpetuada por la Ley 9095 contra la trata de personas adoptada en 2012. Al reunir a varias instituciones gubernamentales, CONATT es responsable de promover la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas nacionales, regionales y locales para la prevención de la trata de personas. Su misión es también promover el acompañamiento y la protección de las víctimas con el fin de facilitar el proceso de curación y su reinserción en la sociedad, así como el enjuiciamiento y castigo de las y los responsables de estos crímenes. La revisión de la normativa nacional y su adecuación a los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense, así como la capacitación y especialización de los recursos humanos institucionales, también forman parte de su mandato.
También se han implementado varios planes de acción nacionales para combatir la trata de personas y el trabajo infantil, como el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial, lanzado por primera vez en 2001 y renovado para los años 2003-2006, 2008-2010 y 2017-2018. En 2021, el gobierno también redactó una ley para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y propuso varias enmiendas a las leyes existentes sobre el tema para fortalecerlas. Finalmente, una reforma al Código Penal propuesta por CONATT, que elimina la necesidad de probar el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para casos de trata que involucran abuso de vulnerabilidad de la víctima, fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 202221
En general, las instituciones costarricenses dedicadas total o parcialmente a combatir la trata de personas carecen de recursos, presupuesto suficiente y coordinación con otros actores involucrados en la lucha contra la trata de personas. La prevención, detección y enjuiciamiento de los delitos relacionados con este fenómeno y la protección y el apoyo a las víctimas siguen siendo insuficientes.
20. Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
21. Naciones Unidas. Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud (2022). https://costarica.un.org/es/208822-declaracion-de-fin-de-mision-costa-rica-tomoya-obokata-relator-especial-sobre-formas.
En los últimos años, Honduras ha enfrentado un aumento significativo de la inseguridad. La violencia crónica, incluidas las pandillas generalizadas, la crisis climática y la pobreza, ha agravado los desafíos que enfrenta el país. Desde 2020, la proporción de la población hondureña que necesita asistencia humanitaria se ha más que duplicado, llegando a casi una cuarta parte de la población. A esto se suman los desafíos de gobernanza que impiden el pleno respeto de los derechos humanos. 22 Además, como resultado de los diversos desafíos mencionados, Honduras es escenario de muchos desplazamientos internos. Al igual que Costa Rica, también es un país de tránsito donde convergen los flujos migratorios de América Latina, y cuyas zonas turísticas han sido identificadas como de alto riesgo de explotación sexual de niñas y niños23, muchos factores que se combinan para crear un terreno fértil para la trata de personas.
En Honduras, las niñas y los niños son sometidos, a veces por miembros de su propia familia, a formas de trabajo infantil, explotación sexual con fines comerciales, tráfico de drogas y trabajo forzoso en diversos sectores de la economía formal e informal. Las niñas y los niños que no tienen acceso a la educación y viven en la pobreza son los más vulnerables a la trata de personas, incluso con fines de explotación económica y durante su viaje migratorio. La niñez perteneciente a comunidades indígenas y afrodescendientes también son particularmente vulnerables a la explotación sexual, pero también a otras formas de explotación, como el
trabajo forzoso en la agricultura, la manufactura, la minería, la hostelería y la construcción. 24
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha expresado especial preocupación por la prevalencia de la explotación sexual infantil y la pornografía infantil en Honduras, que atribuye en parte a la persistencia de estereotipos socioculturales que toleran explotación sexual en la niñez. Además, la violencia y discriminación25 contra las mujeres y los grupos marginados (miembros de la comunidad LGBTQI+, pueblos indígenas, etc.) siguen siendo culturalmente aceptadas y generalizadas. Por ejemplo, según el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL, Honduras tiene la segunda tasa más alta de feminicidio en América Latina. El sexismo sistémico, combinado con la falta de oportunidades económicas y la fuerte presencia del crimen organizado, convierte a las mujeres y niñas hondureñas en las primeras víctimas de las redes de explotación humana y trata.
Así, de las 101 víctimas de trata de personas identificadas por la CICESCT en 2021, todas hondureñas, 48 de ellas fueron por explotación sexual y 53 por trabajo forzoso. Casi tres cuartas partes eran mujeres y niñas, siendo las niñas las primeras víctimas de explotación sexual. De los 10 niños identificados, dos eran víctimas de pornografía infantil y los otros de mendicidad forzada u otras formas de trabajo forzoso. 26 Dentro de las poblaciones migrantes, las mujeres y las niñas representaron el 68% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual no originarias de Honduras identificadas por CICESCT en 201727. A menudo se ven obligadas a prostituirse o a trabajar como sirvientas domésticas, sin remuneración y durante largas horas.
22. Rescue.org (2022). Crisis en Honduras: Violencia continua y choques climáticos. https://www.rescue.org/article/crisis-honduras-ongoing-violence-and-climate-shocks.
23. Canal 8 (2022). CICEST : La trata de personas se ha focalizado en sitios Turísticos de Honduras. https://tnh.gob.hn/nacional/cicest-la-trata-de-personas-se-ha-focalizado-en-sitios-turisticos-de-honduras/
24. Departamento de Estado de los Estados Unidos (2021). Reporte de trata de personas 2021. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/.
25. Comité de los Derechos del Niño (2015). Observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras en virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. https://digitallibrary.un.org/record/856062?ln=fr
26. CICEST (2021). Informe nacional en materia de prevención, atención a víctimas y persecución de los delitos de explotación sexual y trata de personas en Honduras. https://cicesct.gob.hn/informes-anuales/.
27. CICEST (2017). Informe nacional. Acciones contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras. https://cicesct.gob.hn/ informes-anuales/.
Para contrarrestar este fenómeno, el Gobierno de Honduras ha adoptado varias medidas, como la creación en 2002 de un órgano interinstitucional para promover la erradicación de la explotación sexual en la niñez: La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras (CICESCNNA), 28 centró inicialmente sus esfuerzos en combatir los delitos de explotación sexual infantil. En 2005, CICESCNNA se convirtió en la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), 29 ampliando su mandato para incluir la trata de personas. Al igual que CONATT en Costa Rica, CICESCT se hizo permanente por una ley contra la trata de personas adoptada en 2012. Ahora es responsable de promover, articular, supervisar y evaluar acciones destinadas a prevenir y erradicar este delito, a través de la gestión y aplicación de políticas públicas especializadas, además de la sensibilización de los Estados miembros y sectores profesionales implicados en la lucha contra la trata de personas.
El Gobierno también ha aplicado varios planes de acción nacionales para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas y niños para el período 2006-2011, y más recientemente contra la trata en general para el período 2016-2022. Este último plan tiene como objetivo implementar acciones preventivas con poblaciones vulnerables, enjuiciar a las y los traficantes y apoyar mejor a las víctimas.
Sin embargo, los esfuerzos realizados por el gobierno hondureño siguen siendo insuficientes. Aunque se ha fortalecido a lo largo de los años, y a pesar del aumento de su presupuesto entre 2019 y 2021, la CICESCT carece de recursos financieros y humanos para apoyar a las víctimas de manera adecuada, como lo es recopilar y analizar datos relacionados con ellas. Esta falta de fondos también afecta el Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La entrada en vigor de un nuevo Código Penal en 2020 y los ajustes realizados en 2021 han dado lugar a importantes reformas y actualización en el marco normativo que data de 1983. Si bien estos cambios han permitido definir nuevas modalidades de trata de personas y armonizar ciertos delitos penales con las normas internacionales, siguen existiendo vacíos. De hecho, al reducir las penas por delitos relacionados con la trata, genera dificultades en la protección contra delitos como el abuso sexual de niñas y niños, además de las adopciones irregulares. Quedan muchos esfuerzos por hacer para garantizar una mayor protección y un apoyo más adecuado a las víctimas de la trata de personas.
Honduras y Costa Rica han ratificado los principales instrumentos internacionales sobre trata de personas y han incorporado en sus respectivas legislaciones medidas para proteger a las víctimas y condenar los delitos relacionados con este fenómeno. Los dos países también han establecido un programa y estructuras dedicadas a coordinar los esfuerzos contra la trata de personas a nivel nacional.
A pesar de estos esfuerzos, la trata de personas sigue siendo un problema importante en ambos países, al igual que muchos otros Estados, enfrentan muchos desafíos en la lucha contra este delito, entre los que podemos mencionar:
En su último informe sobre la trata de personas publicado en 202230, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala la falta de recursos financieros y humanos asignados por ambos gobiernos a instituciones, estructuras y programas dedicados a combatir la trata de personas, dejando un déficit en el apoyo a las víctimas, situación ya señalada en informes anteriores. En Honduras, el informe señala la falta de financiamiento de estructuras como CICESCT y Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas 31. En Costa Rica, se informa de fondos insuficientes para la vigilancia de rutina o las patrullas asignadas contra la trata.
» Falta de coordinación entre las y los actores involucrados
Además, en el mismo informe32 se señala una falta de coordinación entre las diversas estructuras que participan en la lucha contra la trata de personas en cada uno de los dos países. Para contenerla, es necesaria una respuesta integral a la trata, y no puede ser eficaz sin mecanismos de colaboración normalizados y funcionales. Si bien la creación de los diversos órganos de coordinación mencionados anteriormente responde en parte a este desafío, la falta de financiación, la diversidad de las y los participantes involucrados y su dependencia de los cambios políticos limitan su impacto real.
También son dignas de mención las deficiencias en los procedimientos que deben aplicarse en la detección de casos de trata dentro de cada sector. Pocos han sido definidos, y cuando lo son, siguen siendo poco seguidos. Esta falta de procedimientos internos afecta la eficacia de la lucha contra la trata de personas, y genera un desconocimiento del papel de las y los diversos actores involucrados.
30. Departamento de Estado de los Estados Unidos (2022). Reporte sobre la trata de personas 2022. https://www.state.gov/wp-content/ uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf.
31. Unidad programa especial de lucha contra la trata, explotación sexual comercial y trata de personas (UTESCTP), Creada en 2018.
32. U.S. Department of State. (2022). Trafficking in persons report 2022. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIPReport.pdf
» Participación insuficiente de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades vulnerables
Las poblaciones (especialmente las de mayor riesgo, como las niñas y los niños, las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes o LGBTQI+) siguen estando poco involucradas en la lucha institucional contra la trata de personas. Su movilización a menudo se limita a la participación en actividades de sensibilización, no relacionadas con el Estado u otros participantes de la lucha contra la trata. Como resultado, siguen estando mal integrados en mecanismos holísticos, lo que limita la coordinación de una respuesta nacional
Las personas en situación de riesgo y las víctimas también siguen participando poco en los programas institucionales de lucha contra la trata, excepto durante su atención. El equilibrio entre el principio de no daño33 y salvaguardia34 y el derecho de estas personas a participar en las acciones que les afectan, es difícil de encontrar, lo que complica su integración en los programas de control, especialmente para las niñas y los niños. Este equilibrio es aún más frágil en los contextos hondureño y costarri-
cense, donde el predominio de bandas criminales constituye un riesgo significativo para la población.
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la integración de las personas vulnerables y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para que la lucha contra la trata sea efectiva y adecuada. Actualmente, las poblaciones no están suficientemente equipadas e involucradas, lo que limita tanto los esfuerzos de prevención como la identificación y reintegración de las víctimas de la trata de personas.
Además, estos diversos agentes siguen estando escasamente representados en los órganos de coordinación de la lucha contra la trata de personas. Si bien a veces están a nivel local, su presencia disminuye a medida que aumenta el nivel de coordinación, esta ausencia, priva a los órganos de coordinación de una perspectiva esencial.
La centralización de los medios implementados para prevenir y combatir la trata de personas en las principales ciudades de cada país tiene consecuencias negativas para su eficacia a nivel nacional. Así pues, algunas formas de trata han sido visibles en regiones donde faltan mecanismos e iniciativas contra la trata, en particular en la agricultura, la industria del turismo y ciertas poblaciones marginadas, como las poblaciones indígenas o afrodescendientes.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas35 han identificado lagunas en la capacitación de las y los
actores de primera línea que participan en la lucha contra la trata de personas36 Las fuerzas policiales, además del personal del sector judicial o social, no están sufi-
33. El principio De No hacer daño requiere de organizaciones e instituciones que minimizan el riesgo de daño que podrían causar inadvertidamente al intervenir con las personas a las que buscan ayudar, por ejemplo, alimentando indirectamente la dinámica de un conflicto o situación problemática determinada. Debe tenerse en cuenta desde la etapa de planificación y durante toda la intervención.
34. El principio de Salvaguardar incluye políticas, procedimientos preventivos, mitigativos, reactivos y otros para proteger personas participar en un programa, en una póliza o à cualquier otro proyecto el daño que puedan sufrir como resultado de su asociación con la organización o institución que implementa el proyecto. Estos son: garantizar que la participación no está en detrimento de la seguridad y el bienestar de personas participantes.
35. Estados Unidos. Departamento de Estado (2021). Reporte sobre la trata de personas 2021. https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/.
cientemente equipadas en sus respectivas esferas para identificar y remitir a las víctimas de la trata de personas Adicionalmente, las y los actores tienen poco conocimiento de las especificidades de la trata y están poco capacitados para detectar sus indicadores, aplicar las disposiciones penales pertinentes en esta esfera o comunicarse adecuadamente con las víctimas.36
Por ejemplo, en Costa Rica se ofrecen sesiones o cursos de capacitación sobre trata de personas en escuelas de formación policial y judicial, así como en unidades de educación permanente en las diversas instituciones judiciales. Estos cursos se centran en el marco normativo internacional y nacional sobre la trata de personas, las técnicas de investigación y las medidas para ayudar a las víctimas de delitos conexos. Sin embargo, hay varias deficiencias en esta oferta formativa. En primer lugar, a menudo se limita a módulos ad hoc, a corto plazo e insuficientemente detallados, que no se centran en las funciones y responsabilidades de cada participante en la lucha contra la trata de personas. Además, estos cursos no vinculan sistemáticamente la teoría y la práctica. Por último, no hay una proporción de las y los diferentes participantes pertinentes sobre las y los capacitadores calificados y no se difunden en todo el país.
Como resultado, muchos de las y los profesionales actuales y aspirantes no desarrollan las competencias y la especialización necesaria para aplicar el marco regulatorio, las técnicas de coordinación y las buenas
prácticas para el manejo adecuado de los casos de trata de personas.37 Esto es aún más cierto en el caso de situaciones específicas de la región, como la trata de personas migrantes o desplazadas, o la selección de niñas y niños retenidos para actividades relacionadas con las bandas criminales.
Se pueden observar deficiencias similares dentro de los órganos de coordinación, cuya compleja misión –que combina la intervención inmediata, movilización y coordinación de las y los actores en la lucha contra la trata– requiere competencias específicas. Para promover la participación efectiva y segura de todas y todos los actores, lo cual es esencial para un fortalecimiento integral de los sistemas de protección contra la trata de personas, los órganos de coordinación deben poder implementar prácticas adecuadas.
Tanto en Honduras como en Costa Rica, las personas son generalmente reacias a colaborar con las y los actores estatales en la lucha contra la trata de personas. Esta situación está vinculada en parte a las percepciones heredadas de la historia a veces represiva de los Estados en cuestión, pero también es el resultado de las prácticas individuales de las personas que representan al Estado y no respetan los derechos de las poblaciones. Por lo tanto, existe una falta de confianza entre la población hacia las y los integrantes institucionales, en particular los del
sistema de justicia, y una percepción particularmente negativa de las fuerzas policiales. Como resultado, es menos probable que las personas y las comunidades denuncien los delitos relacionados con la trata de personas que de los que son víctimas o testigos.
Además, los estereotipos que sufren los grupos marginados, como las niñas, los niños, las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes o LGBTQI+, a menudo conducen a la normalización de la violencia contra ellos
36. Comité de los Derechos del Niño (2011). Examen de los informes presentados por los Estados Parte en virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales: Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/4 https://www.undocs.org/fr/CRC/C/CRI/CO/4
37. IBCR (2016). Informe de mapeo sobre el combate a la trata de personas en Costa Rica. http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2016/08/Cartographie-Costa-Rica-ESP_int_WEB.pdf.
y a la banalización de su experiencia por parte de las y los agentes del Estado. En muchos casos, la denuncia conduce a una victimización secundaria (véase la definición en la página 29) y es poco gratificante para las víctimas ante el riesgo de represalias de las y los traficantes, a menudo vinculado a ellos las redes criminales influyentes.
Por lo tanto, el problema es doble: por un lado, las personas no denuncian los crímenes de los que son víctimas o testigos por falta de confianza en el Estado. Por otro lado, cuando lo hacen, las personas que representan al Estado no los escuchan, no los consideran suficientemente relevantes si pertenecen a ciertas comunidades.
Más allá de la capacitación de las y los actores institucio -
nales en prácticas no discriminatorias que respeten los derechos y el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades, para identificar y denunciar los casos de trata y participar en la lucha contra la trata de personas, persiste un desafío en la construcción de un vínculo de confianza entre las instituciones estatales, la sociedad civil y las comunidades, además es necesario para luchar eficazmente contra este delito
La trata de personas sigue siendo un fenómeno desconocido para la población, lo que dificulta su identificación y, por lo tanto, la presentación de informes. Las propias víctimas a menudo no son conscientes de que se encuentran en una situación de trata, por el contrario, a veces son las y los perpetradores los que no son conscientes de haber cometido un delito, por ejemplo, cuando se trata de miembros de la familia o comunidad distante.
Por otra parte, los funcionarios del Estado a menudo no están familiarizados con los instrumentos existentes para prevenir y enjuiciar el delito de trata de personas, lo que limita sucapacidad de actuación. De hecho, debido a la naturaleza multifacética de este delito, los actores estatales de varios sectores pueden enfrentarse a casos de trata, ya sea el personal de la justicia, la policía, la salud, la seguridad fronteriza, la inspección del trabajo o de la industria del turismo, pero muchos siguen sin ser conscientes del papel que podrían desempeñar para contenerla.
La respuesta actual a la trata de personas es a menudo represiva, centrándose en enjuiciar y condenar a las y los perpetradores. Si bien la impunidad es de hecho un factor en la persistencia de este crimen, muchos de los desafíos mencionados aquí también están relacionados con la falta de reconocimiento de los problemas sociales y humanos relacionados con la trata de personas, así como la falta de consideración de la experiencia de las víctimas. Un enfoque centrado en la víctima, respetando sus derechos y adaptado a sus necesidades, permite superar estas deficiencias y crear o fortalecer el vínculo de confianza entre la población y el Estado. Las iniciativas de prevención y apoyo basadas en las experiencias de las víctimas son, por lo tanto, una garantía de su eficacia y pertinencia.
Al igual que la participación de las poblaciones vulnerables, este desafío también está vinculado a la capacitación de las y los actores involucrados, con el fin de promover la implementación de prácticas adaptadas a los derechos de las víctimas para garantizar su seguridad y evitar la victimización secundaria (ver más página 29).
Más allá de los desafíos nacionales, la forma misma de la trata, a menudo vinculada a la movilidad y la delincuencia internacional, requiere una acción concertada a nivel regional en América Central y a nivel interregional en las Américas, coordinación que sigue siendo insuficiente en la actualidad. Dado que los órganos encargados de investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la trata de personas y los servicios de apoyo ofrecidos a las víctimas son en su mayoría jurisdicciones nacionales, la lucha contra la trata de personas a menudo permanece compartimentada y, por lo tanto, incompleta. Además, la coordinación de una diversidad de las y los actores con diferentes prácticas, intereses y medios genera muchos desafíos. Aunque existen órganos de coordinación regional, como la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT)38, se ha puesto en marcha iniciativas regionales de cooperación policial y judicial, y los donantes internacionales son conscientes de esta necesidad, la escala y las consecuencias de esa coordinación hacen que sea un desafío persistente garantizar una lucha eficaz contra la trata de personas.
Sobre la base de estos hallazgos, y con el objetivo de abordar algunos de los desafíos identificados, la Oficina Internacional de los Derechos del Niño implementó dos proyectos para apoyar la lucha contra la trata de personas entre 2015 y 2022, el primero en Costa Rica y el segundo en Honduras (véase la página 49 del anexo para una breve descripción de los proyectos). Mientras que el proyecto en Costa Rica (2015-2018) se centró en fortalecer las instituciones involucradas en la lucha contra la trata de personas, en particular la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual comercial, el segundo, en Honduras (2019-2022), fue más allá agregando un componente de empoderamiento39 de las y los actores comunitarios vulnerables a la trata de personas.
Para ello, el IBCR implementó estos proyectos basándose en cuatro enfoques:
Según este enfoque, la persona titular de los derechos, en este caso, la niña o el niño para la misión de la Oficina, se aborda como un ciudadano de pleno derecho, cuyos derechos deben respetarse, y no como un beneficiario cuyas necesidades deben satisfacerse. Este enfoque también permite identificar las obligaciones de los gobiernos e instituciones que garantizan estos derechos en la implementación de acciones legislativas, políticas, económicas, sociales y culturales. Su objetivo es sobre todo empoderar a las niñas y niños y a las personas vulnerables.
El objetivo de este enfoque es el fortalecimiento integral del sistema de protección contra la trata de personas. Este enfoque aprovecha la complementariedad de los mandatos y fortalezas de todos los sistemas (comunitario, social, legal, etc.). Desarrollando la coordinación entre estos actores. En el caso de los presentes proyectos, se centra en fortalecer la colaboración y valorar a todas y todos los actores involucrados en la lucha contra la trata de personas, incluidas las víctimas potenciales.
Este enfoque tiene como objetivo fortalecer las competencias de las personas priorizadas, es decir, el conocimiento, el saber-hacer y el saber ser, necesarias para poder actuar de manera adecuada en el marco de sus actividades como actores en un sistema de protección. Es un enfoque basado en la experiencia y competencias de la persona que sigue la formación, con el fin de profesionalizar su práctica.
El enfoque participativo moviliza a miembros de instituciones en sectores específicos y organizaciones internacionales y locales involucrados en la lucha y/o protección de las víctimas de la trata de personas. Este enfoque permite al IBCR estar constantemente escuchando a las y los actores locales del sistema de protección para proporcionar soluciones de refuerzo o apoyo que realmente satisfagan sus necesidades y reflejan la realidad de cada contexto. Además, al compartir responsabilidades con los socios locales, el enfoque colaborativo promueve la apropiación y la sostenibilidad de las acciones emprendidas.
39. Para el IBCR, el empoderamiento es un proceso por el cual una persona adquiere el dominio de los medios que le permiten tomar conciencia, fortalecer su potencial y actuar para la mejora de su entorno y un mayor respeto de sus derechos. Definición inspirada en el Grand dictionnaire terminologique québécois disponible en línea: https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1298948.
Como parte de la implementación de proyectos en Costa Rica y Honduras, se llevaron a cabo varias acciones clave:
El desarrollo colaborativo de procedimientos operativos, que definen uno o más procedimientos, aclarando los pasos y roles de las personas involucradas. Establecen y describen las normas mínimas que deben seguirse dentro de un servicio, organismo profesional o sistema, especificando cómo llevar a cabo intervenciones eficaces en consonancia con las normas internacionales. En el caso de la trata de personas, el modus operandi está diseñado para:
• Promover intervenciones armoniosas que respeten los derechos de las víctimas.
• Mejorar la calidad de los servicios asegurando la coherencia, uniformidad e institucionalización de las prácticas.
• Reducir el riesgo de improvisación y malentendidos que pueden conducir a intervenciones inapropiadas.
• Contribuir a una respuesta multisectorial más coordinada.
El diseño de herramientas de formación para las y los diferentes integrantes del sistema, con el objetivo de desarrollar competencias clave en términos de conocimientos, experiencia y competencias interpersonales para mejorar el apoyo a las víctimas de trata de personas. Más allá de comprender el marco legal sobre trata y derechos humanos, las capacitaciones diseñadas
tienen como objetivo fortalecer las competencias y técnicas para intervenir eficazmente con las víctimas, con un enfoque diferencial según el cual cada persona es única y tiene necesidades únicas. Como parte de los proyectos realizados, las personas de cada sector objetivo también son capacitadas y certificadas para impartir la capacitación diseñada para garantizar su sostenibilidad.
La organización de talleres regionales que reunieron a las y los actores involucrados en la lucha contra la trata de personas de diversos países de la región. El objetivo de estos talleres fue promover el intercambio de experiencias, conocer más sobre los desafíos específicos de cada país, aprender de la experiencia de cada participante y reflexionar sobre cursos de acción conjuntos para ofrecer una respuesta regional coordinada contra la trata de personas.
Apoyo a las comunidades locales, para sostener y contextualizar procesos para fortalecer sus competencias y capacidad de monitoreo social. A través del apoyo financiero y el acompañamiento técnico que les permite estar mejor equipados para analizar la situación y llevar a
cabo las intervenciones adecuadas, las organizaciones apoyadas por la Oficina pueden ejecutar proyectos que correspondan a la realidad de su contexto de acción.
El desarrollo de cartografías, que analicen la dinámica entre las y los principales actores involucrados en la prevención y lucha contra la trata de personas, y sus prácticas. Estas cartografías proporcionan una imagen de los sistemas de protección, identifican sus fortalezas y debilidades, y permiten a las partes interesadas clave formular recomendaciones para la implementación conjunta.
Cartografía del sistema de lucha contra la trata de personas en Costa Rica, 2016
Después de siete años de intervención en Centroamérica, una mirada retrospectiva a los dos proyectos realizados pone de relieve diversos cambios generados dentro del sistema de protección contra la trata de personas, gracias entre otras cosas, a las acciones de la Oficina y sus socios. Al mismo tiempo, estos cambios han permitido abordar algunos de los desafíos identificados anteriormente.
El 76 % de las y los participantes del proyecto dicen que las acciones han reducido la vulnerabilidad de las poblaciones marginadas, especialmente las mujeres y las niñas, a la trata de personas.
El 86 % de las personas involucradas dice que el proyecto ha tenido un impacto positivo en las vidas de las víctimas de la trata de personas.
El 96 % de las y los participantes en el proyecto dicen que es probable que los efectos positivos perduren.
El 96 % de las y los actores de la sociedad civil informaron que su participación en el proyecto en Honduras contribuyó a la mejora de sus prácticas de protección infantil.
92 personas
han sido capacitadas y certificadas para imparti r capacitación diseñada para cada sector institucional dirigido de manera sostenible.
El 96 %
del personal policial y judicial cree que su participación en el proyecto les ha permitido mejorar la aplicación de la legislación, las políticas y las prácticas relacionadas con la trata de personas.
El 100 % de las y los involucrados en el proyecto consideran que las herramientas desarrolladas o fortalecidas reducirán con el tiempo la vulnerabilidad de las víctimas en el país y harán más efectiva la coordinación interagencial, para una mejor gestión de casos en general.
El 100 %
del personal policial y judicial capacitado en Costa Rica ahora se considera adecuadamente equipado para desempeñar su papel en la lucha contra la trata de personas.
Los 3 cursos
diseñados en el marco del proyecto se han integrado permanentemente en los programas de formación inicial y continua de la Academia Nacional de Policía, la Academia Judicial y la Fiscalía Adjunta (en particular su órgano de investigación judicial), y ahora proporcionan una formación adecuada para las y los aspirantes a profesionales en cuestiones relacionadas con la trata de personas.
han sido capacitadas y certificadas para impartir la capacitación diseñada para cada sector institucional dirigido de manera sostenible.
La visión de combatir la trata de personas diversifica e integra la perspectiva de la víctima
Antes de la ejecución de los proyectos, los sectores destinatarios consideraban que la lucha contra la trata de personas se refería principalmente al enjuiciamiento de las y los autores de los delitos. Al articular las herramientas y la capacitación desarrolladas en torno al apoyo a la víctima, esta ha podido integrarse plenamente en la lucha contra la trata de personas, lo que ha permitido aumentar el número de la efectividad de las intervenciones. En Honduras, los procedimientos definidos en asociación con la fuerza policial y la CICESCT ahora requieren que cualquier miembro de la policía que se enfrente a un caso de trata se comunique sistemáticamente con el servicio de respuesta inmediata40 de la CICESCT.
En cuanto a la formación proporcionada que promueve el desarrollo de conocimientos y competencias blandas, más allá de la simple adquisición de conocimientos, vuelve a poner la experiencia de todas y todos los alumnos y las víctimas en el centro del aprendizaje, permiten a las y los profesionales integrarse mejor a la perspectiva de las víctimas en su práctica.
Por lo tanto, se ha iniciado un cambio en la práctica y el enfoque dentro de las instituciones estatales para promover intervenciones que coloquen a la víctima y sus derechos en el centro de las preocupaciones, yendo más allá de su condición de prueba para la condena. A largo plazo, esto también puede contribuir a una mejora gradual de la confianza de las comunidades en estas instituciones.
El 88 % de las y los profesionales de las instituciones estatales priorizadas en el proyecto en Honduras reclaman ahora, gracias a las acciones realizadas, prestar una asistencia inicial adecuada a las víctimas de trata de personas y en el respeto de sus derechos.
El 100 % de las y los profesionales de las instituciones estatales priorizadas en el proyecto en Honduras ahora informan que integran una perspectiva de género en su práctica profesional y utilizan técnicas de comunicación adecuadas con las víctimas de trata de personas.
40. Servicio de Respuesta Inmediata (ERI) de la CICESCT coordina la activación de medidas de atención primaria y secundaria para víctimas directas e indirectas de delitos de explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual personas.
// El apoyo ofrecido a las víctimas de trata es más adaptado y respetuoso de los derechos de cada persona //Formación de formadores y formadoras para el Sector Justicia, San José, noviembre de 2016
Lo que me llevo de esta capacitación es el enfoque y la conciencia que se debe hacer en relación con las víctimas. Nos hace más humanos no solo pensar en condenar al individuo acusado, sino tratar de aprender más sobre la víctima, su viaje y su historia.
- Juez de la Corte Penal, Costa Rica
El curso no se trata de la regulación fría que leemos y no entendemos, sino que resalta el carácter humano cuando nos acercamos a un caso de aplicación [...]. Este es un valor añadido muy importante.
- Juez de Primera Instancia, Costa Rica
Las profesionales y los profesionales destinatarios del proyecto son más conscientes de las situaciones de discriminación
Si bien las víctimas de trata de personas tienen perfiles variados, tienden a formar parte de grupos o comunidades que enfrentan más discriminación o exclusión, como niñas y niños, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, miembros de la comunidad LGBTQI+ o personas en movimiento, entre otros.
Gracias a la capacitación desarrollada como parte de los proyectos, las y los profesionales de los sectores objetivo han comenzado a reflexionar sobre cómo identificar y evitar prácticas discriminatorias, en particular tomando conciencia de los prejuicios que guían sus percepciones y acciones. Ahora también pueden confiar en herramientas para implementar un enfoque diferencia-
do, es decir, uno que tenga en cuenta las características de un individuo o grupo al intervenir con ellos.
Gracias a las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto, el 94 % de las y los profesionales de las instituciones estatales priorizadas en el proyecto ahora creen que saben identificar situaciones de riesgo y el perfil de las personas en riesgo de trata de personas.
Miembros de la Academia Nacional de Policía de Costa Rica en formación para ser certificados como formadores del curso diseñado como parte del proyecto, San José, febrero de 2018
El enfoque basado en competencias, que favorece el desarrollo de prácticas en lugar de la mera comprensión teórica, es particularmente importante para evitar la llamada victimización secundaria de las víctimas (véase la definición más adelante). Al igual que las situaciones de discriminación, estas competencias permiten desarrollar una conciencia del fenómeno durante las intervenciones y adquirir las herramientas para evitar someter a las víctimas a un “doble castigo”. Por ejemplo, cursos de capacitación que desarrollan técnicas de comunicación, lenguaje no verbal, orientación de reacciones a evitar o identificación de las necesidades de la víctima (asegurarse de que tenga ropa cómoda, solicitar el apoyo de un intérprete cuando sea necesario, etc.), promover intervenciones más respetuosas de los derechos de la víctima y limitar las situaciones de victimización secundaria.
Sin embargo, la práctica del profesional por sí sola no es suficiente para identificar la victimización secundaria, ya que también es una consecuencia del sistema en su conjunto. Por lo tanto, la clarificación de los procedimientos y responsabilidades de las y los diversos actores involucrados en el apoyo a una víctima también contribuye a reducir el riesgo de victimización secundaria. Por lo tanto, al permitir que la víctima sea remitida a los servicios apropiados y evitar la necesidad de repetir su historia, los procedimientos definidos en el marco de los proyectos realizados también contribuyen a enfrentar este desafío.
El 95 % de las y los profesionales en sectores específicos en Honduras ahora dicen que saben cómo evitar la victimización secundaria de las víctimas de la trata de personas.
. 4142
La victimización secundaria se refiere a la victimización que no es un resultado directo de un acto criminal, sino de la reacción de las instituciones y los individuos hacia la víctima41 es decir, todas las “actitudes, comportamientos y prácticas de culpabilización de las víctimas por parte de los proveedores de servicios comunitarios que resultan en traumas adicionales [... ]”. La victimización secundaria también puede entenderse como la reacción social negativa al acto de la víctima, que se experimenta como una segunda violencia42
41. ONUDC (2009). Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos: Ley Modelo y comentario, p. 5, disponible en línea: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ModellawFR.pdf.
42. Grupo de trabajo interinstitucional sobre la explotación sexual infantil (2016). Guía de terminología para la protección de la exploitation y abuso sexual, p. 92, disponible en línea: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/TerminologyGuidelines_fr.pdf.
[…] Estas personas, las víctimas de la trata, a menudo son olvidadas, especialmente aquellas que son víctimas de violencia sexual. En estos casos, se vuelve importante garantizar a la víctima todos los derechos que la ley le confiere para evitar la victimización secundaria, lo que significa, entre otras cosas, no colocarla en situaciones en las que deba repetir lo que ha experimentado y no someterla a dificultades perjudiciales durante el proceso de justicia.
- Juez encargado de la ejecución de sentencias, Honduras
Formación de formadores y formadoras para la Academia Nacional de Policía de Costa Rica, San José, febrero de 2018
La participación y acompañamiento de las víctimas se considera un aspecto esencial del procedimiento para enjuiciar un delito. Sin embargo, uno de los principales desafíos en el apoyo a las víctimas de la trata de personas es la falta de valor que las y los diversos actores del sistema de protección dan a su palabra y opinión.
Para remediar esto, las capacitaciones diseñadas e impartidas en el marco de los proyectos, tanto en Costa Rica como en Honduras, enfatizan la importancia de valorar la voz de la víctima. De este modo, han permitido a las y los profesionales interesados desarrollar las competencias necesarias para confiar en una víctima y alentarla a comunicarse y compartir su opinión sobre las decisiones que le afectan directamente. Por lo tanto, el clima de escucha establecido permite obtener información útil y necesaria para el procedimiento: información sobre otras víctimas potenciales para las personas encargadas de la investigación del Ministerio de Empleo y Seguridad social; nuevos elementos para esclarecer los hechos y hacer justicia por parte de la magistratura.
Además de las competencias necesarias desarrolladas a través de herramientas de capacitación, las prácticas de escucha también se generalizan con la definición de procedimientos claros. Así, en Honduras, el procedimiento definido para el sector de la inspección del trabajo formalizó la intervención de las y los actores involucrados
tras la identificación de un caso de trata de personas, asegurando que la víctima pueda expresarse libremente y sea consultada sobre sus necesidades, en particular sanitarias, psicológicas, sociales y de seguridad. Tener en cuenta la voz de la víctima también permite derivarla a los servicios pertinentes según sus necesidades.
El año pasado, nuestro equipo de inspección identificó un caso de trata en un restaurante e implementó [el procedimiento]. Además de reformar la forma en que se entrevista a las víctimas, los inspectores ahora saben qué hacer cuando identifican un caso: cómo alertar a los actores clave para garantizar el apoyo y la atención integral a las víctimas de la trata.
Las fuerzas policiales están mejor capacitadas para prevenir y responder a la trata de personas
En Costa Rica, el proyecto permitió la evolución del curso básico sobre trata de personas ofrecido por la Academia Nacional de Policía mediante la integración de indicadores de trata, acogida y acercamiento a las víctimas, y la realización de los derechos de la niñez. Las y los estudiantes en este curso desarrollan las competencias necesarias para apoyar adecuadamente a las víctimas de la trata de personas en el contexto de sus deberes.
La prevención de la trata de personas dentro de las comunidades es fundamental para poner freno a este delito, también se ha fortalecido mediante la creación de capacitación para el programa de prevención policial, con especial atención a las intervenciones con niñas y niños.
En Honduras, los nuevos y nuevas reclutas de la Policía Nacional también podrán llevar a cabo intervenciones más efectivas contra la trata, con la integración permanente de la capacitación desarrollada en colaboración con el IBCR dentro de la Academia de Policía.
El curso nos enseñó cómo tratar a los niños menores y la importancia de la situación de cada niño. El curso también nos enseñó que tienen derechos y que debemos escucharlos […].
- Instructor de la Academia Nacional de Policía, Costa Rica
// Las y los actores del sistema de protección identifican, informan, previenen y apoyan mejor los casos de trata de personas
//
Así, gracias a las diversas capacitaciones diseñadas en el marco de este proyecto, las fuerzas policiales de Honduras y Costa Rica pueden mejorar sus enfoques e intervenciones con respecto a las víctimas.
Ceremonia de graduación de capacitadores policiales certificados capaces de impartir el curso creado como parte del proyecto en Honduras, Tegucigalpa, agosto de 2022
El 98 % de las y los actores institucionales involucrados en el proyecto en Honduras dijeron que su participación les permitió introducir cambios positivos en sus prácticas para proteger mejor a las niñas y niños de la trata de personas.
del programa de prevención policial fueron capacitados como parte del proyecto en Costa Rica. De ellos, 49 se beneficiaron de la capacitación diseñada en el marco del proyecto y posteriormente capacitaron a otros 350 agentes de policía, quienes, entre otras cosas, trabajarán en comunidades, en contacto directo con niñas y niños o en el sector turístico.
Cuando estaba en la policía turística, tuve que lidiar con casos de trata de personas en el área de La Fortuna. Traían niñas y las mantenían en bares donde las prostituían. [...] Algunas de ellas eran extranjeras, sus teléfonos móviles y pasaportes habían sido confiscados y detenidos por la fuerza ... Fue entonces cuando entendí lo que nos habían explicado durante el curso.
- Instructor en la Academia de Policía, Costa Rica
Todas y todos los actores de la justicia deben garantizar el pleno respeto de los derechos de las víctimas y promover su participación en todos los procedimientos judiciales. Gracias a las capacitaciones desarrolladas como parte de los proyectos, el personal de justicia ahora cuenta con herramientas adecuadas para poner en práctica estos principios, particularmente en sus interacciones con las víctimas de trata. Los jueces están ahora en mejores condiciones de identificar los casos de trata en los casos que tienen ante sí
El 92,5 % de las y los actores de justicia a los que apunta el proyecto en Honduras creen que son capaces de identificar situaciones de riesgo y el perfil de las personas en riesgo, y el 89% cree que puede reconocer los casos de trata cuando se enfrentan a ellos.
El 96,6 % de estos actores considera que el proyecto les ha permitido fortalecer sus competencias en esta área.
Taller de Validación de Herramientas de Capacitación para el Sector Justicia, San José, febrero de 2018
Formación de formadores y formadoras para la Escuela Judicial de Costa Rica, San José, julio de 2018
En la que un hombre secuestró a una menor de edad usando drogas para llevarla a diferentes sitios turísticos para usarla como prostituta. La Sala de Primera Instancia condenó la causa por el delito de privación de libertad y violación. Cuando vinieron a verme, gracias a los conocimientos adquiridos en el curso, pude decirles que no era proxenetismo ni violación, sino que era el delito de trata de personas. [...] El curso me permitió marcar la diferencia.
- Juez de Primera Instancia, Costa Rica
Se valora el papel del personal de la inspección de trabajo en la lucha contra la trata
Si bien se reconoce el papel del personal policial, judicial y de seguridad social en la lucha contra la trata de personas, el de la inspección del trabajo no lo es tanto. Sin embargo, el papel de la inspección del lugar de trabajo coloca a las y los profesionales de este sector en la primera línea de identificación de ciertos casos de trata. Para compensar la falta de capacitación disponible en el tema, se ha desarrollado un módulo de capacitación y se ha definido un procedimiento en asociación con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Estas dos herramientas han permitido a todas y todos los miembros de la inspección del trabajo familiarizarse con la trata de personas, identificar los casos en el ejercicio de sus funciones y responder adecuadamente.
De este modo, se ha potenciado el papel de estas y estos actores, no sólo a través de herramientas dedicadas, sino también con otros sectores involucrados en la lucha
Las y los actores de la justicia están en mejores condiciones de identificar y combatir los casos de trata
contra la trata de personas en Honduras. Esto ha hecho que su trabajo sea más significativo y ha estrechado las mallas del sistema de protección para hacerlo más eficaz contra la trata.
Un profesional [del Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social] contactado por el PANI43 tuvo que atender el caso de una joven que estaba siendo explotada en una tienda [...]. Cuando vio la situación, comprendió que podría tratarse de un caso de trata de personas y remitió el caso a la fiscalía de género. Y, a través del PANI, tuvo que atender otros casos, en los que detectó que no solo era trabajo, sino que era trata de personas y así presentó una denuncia.
- Miembro de CONATT, Costa Rica
La sociedad civil desempeña un papel importante en la prevención, pero también en la identificación y rehabilitación de las víctimas de la trata de personas. Para fortalecer este papel, el personal de las organizaciones de la sociedad civil en los dos países seleccionados (particularmente en Honduras) se benefició de capacitación y apoyo similar al brindado a las y los actores estatales. Este refuerzo también ha sido diseñado para promover la colaboración entre estos dos sectores. En particular, las organizaciones que trabajan con poblaciones en riesgo, como niñas y niños, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y LGBTQI+, que han sido atacadas.
El 96,3 % de las mujeres y niñas, así como los miembros de minorías étnicas y comunidades LGBTQI+ que participaron en el proyecto, dicen que ahora son conscientes de los factores de riesgo para la trata, las consecuencias y los recursos disponibles para hacerles frente.
18 organizaciones de la sociedad civil hondureña se han fortalecido en términos de monitoreo social relacionado con la trata de personas, y
el 87 % de las y los representantes comunitarios involucrados en el proyecto dicen que el proyecto les ha permitido desarrollar o fortalecer sus competencias de monitoreo social.
Sobre la base de niveles dispares de conocimiento sobre la trata de personas, los miembros de las organizaciones seleccionadas ahora pueden, a través de acciones de proyectos, identificar mejor las situaciones de trata, llevar a cabo actividades de prevención eficaces y Adaptar e implementar técnicas de “monitoreo social” para rastrear las dinámicas comunitarias que pueden promover la trata de personas
Herramientas de capacitación diseñadas para comunidades indígenas en Honduras
Representantes de comunidades afrodescendientes hondureñas participando en un taller de capacitación para desarrollar su capacidad para combatir la trata de personas, Honduras, 2022
43. Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Oficina Nacional por la Infancia.
Las y los actores seleccionados se adaptan más fácilmente a diferentes casos de trata
Las capacitaciones se desarrollaron de manera participativa con los grupos objetivo, quienes validaron el contenido y los mensajes clave asegurando su relevancia para los contextos específicos de cada país. Esta adaptación crea un sentido de identificación que facilita la apropiación del contenido y asegura que los participantes desarrollen las competencias requeridas y la capacidad de adaptarse a situaciones en donde potencialmente tengan que cumplir sus funciones.
Realmente aprecié [la capacitación diseñada para la Escuela Judicial], especialmente porque va más allá de la teoría. Se adapta al contexto latinoamericano y todos los ejemplos y aplicaciones se extraen de las experiencias personales de los participantes.
- Juez en la Corte de Apelaciones en Materia Penal, Costa Rica
// Los cambios en las prácticas y la percepción son durables en el tiempo //
Las y los profesionales tienen acceso a los cursos de formación diseñados de forma permanente
Para promover la sostenibilidad y la generalización de los cambios en las prácticas, la formación desarrollada en el marco de los proyectos realizados por la Oficina está destinada a integrarse permanentemente en las escuelas de formación profesional que colaboraron en su creación, o a ser proporcionada y replicada por estructuras que no cuentan con escuelas de formación (este es el caso de la CICESCT, CONATT y Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Honduras). Así, tanto en Costa Rica como en Honduras, cerca de un centenar de personas han sido capacitadas y certificadas, ahora son capaces de brindar capacitación sin el apoyo del proyecto. Esto garantiza que las capacitaciones puedan continuar después del final del proyecto y llegar a un público más amplio, fomentando el cambio sistémico
En Costa Rica, la capacitación desarrollada en colaboración con CONATT, inicialmente concebida como un recurso didáctico fácilmente adaptable de acuerdo con la disponibilidad de los miembros de la Coalición, finalmente se ha integrado en las escuelas de capacitación para las fuerzas policiales y el personal judicial, y ahora es proporcionada por capacitadores que han sido certificados como parte del proyecto. Durante su curso de capacitación, las y los actores de estos sectores habrán desarrollado las competencias necesarias en el campo de la trata de personas y los derechos de la niñez para reaccionar adecuadamente a las situaciones que encontrarán en el desempeño de sus funciones.
Los procedimientos definidos en el marco del proyecto también están destinados a ser difundidos de manera sostenible a los públicos destinatarios, o incluso a integrar los diversos programas de formación inicial o continua para ser conocidos y respetados por todos los actores involucrados.
Dos cursos
de capacitación diseñados en el marco del proyecto se han integrado en los planes de estudio de la Escuela Nacional de Policía y la Academia Judicial de Honduras, respectivamente, y se impartirán de manera sostenible.
92 personas fueron certificadas para impartir la capacitación del proyecto en Honduras para cada sector institucional, y 61 en Costa Rica.
Firma del convenio de colaboración con la Escuela de la Judicatura de Honduras, Tegucigalpa, junio de 2021
La capacitación sobre trata de personas es sostenible, ya que es un tema clave dentro de la fiscalía [...]. Esto ha permitido establecer una formación especializada y perpetuarla.
- Profesional de la Unidad de Orientación y Orientación del Ministerio Público, Costa Rica
Foto de grupo tomada durante una formación de formadores y formadoras en el órgano de investigación judicial del Ministerio Público de Costa Rica, quienes podrán impartir el curso diseñado como parte del proyecto, julio de 2018.
Foto grupal tomada durante una formación de formadores y formadoras de la Escuela Judicial de Costa Rica, quienes podrán impartir el curso diseñado como parte del proyecto, julio de 2018
Al involucrar instituciones, escuelas de formación profesional y formadoras y formadores certificados en el desarrollo y difusión de herramientas de formación diseñadas con un enfoque andragógico, el proyecto promueve la apropiación de este último por parte de los socios locales. Caracterizado por el uso de estudios de casos, juegos de roles y escenarios, así como por el análisis de situaciones concretas vinculadas a la práctica profesional del sector, este enfoque permite anclar las competencias en la práctica.
Por ejemplo, algunas escuelas, como la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio peruano de Costa Rica, se han apropiado de este método y ahora lo están incorporando a otros cursos. Esto permite fortalecer en general el aprendizaje proporcionado y las competencias desarrolladas por los educandos en términos de trata, pero también en otros temas necesarios para la implementación adecuada de sus prácticas en sus funciones una vez que se gradúan.
De izquierda a derecha:
Taller impartido durante la formación de formadores para CONATT, Costa Rica, febrero de 2019
Filmación de herramientas audiovisuales que se integrarán posteriormente a capacitaciones institucionales, Costa Rica, noviembre de 2018
Taller lúdico durante la formación para la Escuela Judicial de Costa Rica, San José, julio de 2018
El enfoque andragógico se está generalizando en las estructuras de formación profesional
Para que los cursos de formación diseñados con organizaciones de la sociedad civil cumplan plenamente su propósito y garanticen un refuerzo a largo plazo, deben impartirse de forma regular y sostenible para supervisar la evolución del personal de las organizaciones. Sin embargo, no siempre tienen suficientes recursos, tiempo o competencias para continuar impartiendo horas de capacitación sin apoyo externo. Este desafío explica en parte la dificultad de integrar a la sociedad civil en la lucha contra la trata de personas.
Para abordar este desafío, se llevó a cabo una iniciativa piloto en Honduras con donaciones acompañadas de apoyo técnico de organizaciones de la sociedad civil seleccionadas sobre la base de una convocatoria de proyectos. Este apoyo ha permitido a las organizaciones apropiarse de la capacitación recibida y repensar en un formato más adaptado al contexto de su comunidad. Así pues, en forma de una aplicación móvil accesible a las niñas, una campaña de sensibilización o promoción, o una obra de teatro, la capacitación sobre los derechos de las víctimas de la trata se adaptó y difundió a las comunidades seleccionadas, para fortalecer sus competencias de una manera innovadora y efectiva, yendo más allá de la formación recibida.
Se implementaron 30 acciones comunitarias innovadoras en Honduras con el apoyo de proyectos para prevenir y combatir la trata de personas de manera más efectiva.
Público asistiendo a una de las funciones de la obra El vuelo de una monarca diseñada para sensibilizar al público en general sobre los riesgos de la trata de personas, Honduras, 2021
Representación de la obra El vuelo de una monarca, creada por una de las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por la Oficina a través de su proyecto en Honduras, y concebida a partir de la experiencia de niñas que viven en barrios fuertemente afectados por delitos de trata, Honduras, 2021
En ambos países, las capacitaciones tuvieron un impacto regional debido al mandato de algunas escuelas de capacitación asociadas. Este es el caso de la Academia Judicial de Costa Rica, que ha impartido su curso sobre trata de personas, basado en el ya diseñado como parte del
proyecto y adaptado en formato digital, dirigido al personal de justicia de Centroamérica y el Caribe y el Poder Judicial de los distintos países afectados. La Academia de Policía de Honduras se ha apropiado de la capacitación desarrollada y posteriormente, la han adaptado e impar-
Las organizaciones de la sociedad civil se apropian de las capacitaciones y las adaptan a sus comunidades
tido a miembros del Consejo Nacional de ocho países de la región (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú) – una iniciativa que se repetirá y extenderá a otros países en los próximos años.
Así, la certificación de formadores, la apropiación de métodos andragógicos y el mandato particular de ciertas escuelas han dado a la formación un alcance que va mucho más allá de su contexto inicial, permitiendo así fortalecer las dinámicas y colaboraciones regionales, necesarias para luchar eficazmente contra la trata de personas.
Los organismos nacionales de coordinación son más fuertes
Como se mencionó anteriormente, la naturaleza misma de la trata de personas requiere una respuesta multisectorial y coordinada. Por lo tanto, CONATT y CICESCT, como órganos nacionales de coordinación, están en el centro de una acción eficaz. Sin embargo, la complejidad de su mandato, incluida la coordinación de una diversidad de miembros, así como una respuesta inmediata a los casos identificados, requieren recursos considerables, que a menudo superan la subvención que disponen.
Para fortalecer estas instituciones, el proyecto en Costa Rica ha llevado a la definición y clarificación, entre otros, de 16 procesos internos dentro de CONATT. Representados gráficamente en una herramienta dedicada, estos procesos esquematizan y aclaran la acción de cada miembro de la institución. Como resultado, las intervenciones
son más efectivas, se reduce el riesgo de victimización secundaria y se mejora el monitoreo y seguimiento de los casos de trata. Al igual que los cursos de formación diseñados en el marco de los proyectos, algunos de estos diagramas se han integrado posteriormente en la formación de los organismos profesionales interesados y, por lo tanto, se utilizarán de forma sostenible.
Las herramientas creadas como parte del proyecto [...] pueden tener un impacto en la vida de las víctimas, ya que permiten un tratamiento homogéneo y garantizan sus derechos.
- Miembro de CONATT, Costa Rica
// Las acciones de lucha contra la trata de personas están mejor coordinadasDesde 2019, el IBCR es signatario de la campaña Corazón Azul, una iniciativa que tiene como objetivo movilizar a la opinión pública de todo el mundo para luchar contra la trata de personas y sus consecuencias en la sociedad, Tela (Atlántida), 2019. Viaje de intercambio a Panamá para un oficial de la Academia Nacional de Policía de Costa Rica especializado en trata de personas, julio de 2017
Además de la coordinación entre los distintos miembros, el proyecto también apoyó la organización interna de estas estructuras. Así, en Honduras, las herramientas desarrolladas han permitido estandarizar los vínculos entre el comité nacional y los comités locales de la CICESCT, organismos descentralizados que contribuyen a la lucha contra la trata de personas a nivel local. Se ha mejorado el proceso de derivación de las víctimas a los servicios y estructuras pertinentes, y se ha aclarado en el procedimiento de intervención el papel de los comités locales y los equipos de respuesta inmediata. También se valoró y resaltó la participación de las organizaciones de la
El proyecto ha tenido un impacto positivo porque [el procedimiento] ha facilitado la intervención de los profesionales, incluso si no son expertos en trata. [La herramienta diseñada] proporciona un camino fácil de seguir para garantizar una respuesta adecuada a las víctimas de la trata.
- Profesional de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas en Honduras (CICESCT)
sociedad civil en la CICESCT a través de sus comités locales.
Por lo tanto, el fortalecimiento de los órganos de coordinación puede adoptar varias formas: mejorar la organización interna para promover la descentralización, reforzar la coordinación de las y los actores implicados, normalizar las unidades de respuesta inmediata, etc. Para cumplir su misión y luchar eficazmente contra la trata, estos órganos deben ser, al igual que el delito cometido, diversos, complejos y proactivos. Esto requiere una adaptación, refinamiento y refuerzo constantes, apoyados por las diversas herramientas desarrolladas por los proyectos.
Ejercicio y foto grupal, formación de formadores y formadoras para la CONATT, Costa Rica, febrero de 2019
Si bien los órganos de coordinación desempeñan un papel esencial en la lucha contra la trata de personas, los sectores involucrados también deben demostrar coordinación interna y conocer a las y los demás actores que se solicitarán de acuerdo con las situaciones encontradas. Estas son cuestiones a las que se dirigen las diversas herramientas desarrolladas como parte de los proyectos, que han aclarado estas interacciones.
El procedimiento desarrollado con el sector justicia en Honduras ha permitido así aclarar el proceso de acompañamiento a la víctima de trata dentro del sistema de justicia y armonizar las intervenciones, en particular en torno a tres momentos de interacción: Evidencia anticipada, audiencia inicial y juicio. Los elementos se resumen así en un único documento, que describe concretamente el proceso a seguir y las formas de adaptarlo a cada
víctima. El personal judicial puede ahora contar con una herramienta que presenta una visión general de las etapas por las que pasa una persona que será oída como testigo, y así puede garantizar una atención de calidad
Como resultado de las acciones del proyecto, el 100 % de los actores estatales seleccionados en Honduras ahora son conscientes de su papel y responsabilidades en la prevención y lucha contra la trata de personas, y el 98 % dice que es consciente del papel de otros sectores institucionales.
El proyecto ha contribuido a mejorar la gestión judicial que se da en los diversos órganos judiciales del país, para que cada funcionario pueda conocer conjuntamente el procedimiento que se debe aplicar, a fin de generar seguridad y tranquilidad a las víctimas directas.
De arriba a abajo:
Evento de presentación del mapeo del sistema anti trata en Costa Rica, San José, agosto de 2018
Taller sobre el desarrollo de herramientas para el sector policial, Costa Rica
Ahora puedo identificar casos de trata y ayudar a las víctimas remitiéndolas a los servicios disponibles para brindar atención y apoyo. [...] Esta coordinación con otros actores es muy importante porque nosotros (la policía) a menudo somos los primeros actores que entran en contacto con una víctima de trata, pero otros actores, como Casa Alianza o CICESCT, implementan otro tipo de acciones para acompañar a las víctimas y satisfacer sus necesidades.
La colaboración nacional se fortalece a través de espacios de encuentro entre sectores
Durante los proyectos se organizaron varios talleres de reflexión y trabajo, que reunieron a las y los diversos actores que representan a las instituciones y la sociedad civil (particularmente en Honduras), además de varios sectores involucrados en la lucha contra la trata como verdaderos lugares de encuentro, estos talleres permitieron a las y los actores en la lucha contra la trata de personas conocerse mejor, y mejorar los canales de comunicación, creando una verdadera red de protección.
Los órganos de gobernanza también han ayudado a desarrollar vínculos y colaboración entre diferentes sectores. En general, los proyectos llevados a cabo involucraron y movilizaron a una multiplicidad de actores, de diversos sectores, que operan en contextos específicos y tienen diferentes roles en la lucha contra la trata de personas, en torno a una iniciativa común.
Por lo tanto, el enfoque multisectorial y participativo ilustrado aquí ha ayudado a crear o consolidar lazos de confianza entre los diferentes sectores, fomentando así la colaboración necesaria para un enfoque sistémico.
Otro aspecto que agregó valor al curso fueron los vínculos que se establecieron entre las fiscalías y los investigadores forenses en las diferentes regiones con la oficina responsable de la trata de personas en San José. Los fiscales ahora tienen acceso directo y pueden preguntar en caso de duda y recibir comentarios.
En estas reuniones […], también tuvimos la oportunidad de interactuar con otros funcionarios, lo que ayudó a obtener el apoyo de diferentes instituciones, como la policía, el ministerio público, el ejército y los servicios de seguridad. [... ] Es extremadamente importante crear espacios donde todas las instituciones estén involucradas, así pudimos conocernos un poco mejor, crear vínculos, lo cual es muy importante [...]. Hemos podido comprobar cuáles son las deficiencias y debilidades de cada una de las instituciones.
Como hemos visto, la trata de personas, que a menudo constituye un delito transnacional, requiere un enfoque y una respuesta coordinados a nivel regional. Con este objetivo se han creado varias entidades, como la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT) ou le Grupo de accion regional de las Americas (GARA).44 Estos dos organismos fueron objeto de las acciones llevadas a cabo en Honduras y Costa Rica, como lo fueron la contribución financiera para la organización, espacios de reunión, e invitaciones a los talleres regionales organizados en el marco de los proyectos.
Se organizaron cuatro eventos regionales que reunieron a diversas partes interesadas en la lucha contra la trata de personas a nivel regional, incluidos CORETT, embajadas, organizaciones nacionales e internacionales y funcionarios de diferentes sectores participantes en la lucha contra la trata de personas. Estas reuniones han fortalecido los vínculos regionales y el intercambio de buenas
prácticas en la prevención, investigación y apoyo a las víctimas de la trata de personas
También se han organizado otras iniciativas individuales, dirigidas al diálogo entre las y los profesionales de diferentes países. Los Intercambios internacionales reunieron a las y los miembros de la policía y del sector de la justicia de Canadá, Panamá, Colombia, América Central y el Caribe. Compartir prácticas de cada país, permite comprender mejor lo que funciona y lo que no en el contexto de cada territorio.
En el marco de los dos proyectos se organizaron un total de 10 talleres regionales de intercambio (6 en Costa Rica y 4 en Honduras), que reunieron a más de 360 personas en representación de instituciones estatales regionales u organizaciones de la sociedad civil.
[Los intercambios] fueron muy valiosos porque el delito de trata de personas es un delito transnacional en muchos casos, por lo que poder aprender cómo se manejan situaciones de esta naturaleza en otros contextos legales [...], me pareció insustituible.
- Juez de Primera Instancia y Capacitador en la Escuela Judicial, Costa Rica
Los enlaces se crean a nivel regional44. Grupo de acción regional de las Américas. Congreso Regional contra la Trata de Personas celebrado en Costa Rica, San José, septiembre de 2018
Esta visita a Montreal me permitió comprender mejor el perfil de las víctimas y lo esencial que es proporcionarles una asistencia adecuada para combatir la trata de personas. [...] He encontrado que el problema de la escasez de casos reportados de trata en Costa Rica también está presente en Canadá.
Para reducir la distancia entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil, era esencial crear espacios para reunir a estas y estos actores. En Honduras, las actividades del proyecto generaron interacción y vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, un paso adelante bien recibido por las asociaciones participantes. Para la sociedad civil, iniciar contactos con instituciones a veces parece difícil, ya que estas últimas pueden parecer inaccesibles. Reunir a estos actores en un mismo lugar y en torno al mismo objetivo ha permitido, por primera vez, sentar las bases de una relación de confianza, que finalmente permitirá promover una respuesta integral y coordinada para combatir la trata de personas. 45
El 81,5 %45 de los miembros de la sociedad civil involucrados en el proyecto en Honduras dicen que su participación en las decisiones locales y nacionales para prevenir y combatir la trata de personas ha mejorado en los últimos tres años.
Los proyectos en Honduras y Costa Rica han impulsado cambios en la prevención y lucha contra la trata de personas a nivel institucional y comunitario en dos países gravemente afectados por este delito y sus consecuencias. A la vista de la experiencia de la Oficina
Internacional de los Derechos del Niño durante sus siete años de presencia en Centroamérica, varios puntos parecen ser esenciales para combatir eficazmente la trata de personas.
Por su naturaleza compleja, la lucha contra la trata de personas involucra a muchas organizaciones públicas y privadas, comunitarias e institucionales, locales y nacionales. Documentar y comprender los desafíos inherentes a la prevención, el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la trata de personas y la rehabilitación de las víctimas es fundamental para identificar a las y los actores con un papel que desempeñar en cada una de estas etapas.
Por lo tanto, es importante basar siempre las iniciativas de lucha contra la trata en un análisis detallado que tenga en cuenta las diversas modalidades de delincuencia. Esto permite identificar y dirigirse a todas y todos los actores,
especialmente los menos convencionales, que pueden actuar para crear un sistema de protección eficaz y sólido contra la trata. Las y los mencionados actores “convencionales” se refieren a organizaciones y profesiones que, en virtud de su mandato, desempeñan un papel reconocido y cuyas acciones tienen efectos significativos en la lucha contra la trata de personas. Reúnen a las fuerzas policiales, al personal judicial, a los servicios sociales, a los órganos de coordinación, o en menor medida, a la sociedad civil. Otros actores, menos visibles a primera vista, pueden, sin embargo, resultar esenciales para detener ciertas formas de trata; por lo tanto, es esencial identificarlos y fortalecer su papel, a fin de crear un verdadero escudo de protección contra todas las formas de trata de personas.
El carácter transnacional y multifacético de la trata de personas exige una intervención a su imagen. Por lo tanto, es esencial involucrar a los organismos coordinadores, como CICESCT, CONATT o CORETT, en cualquier proyecto relacionado con la trata, ya sea dirigido a actores estatales,
actores comunitarios o individuos, y organizaciones en situación de vulnerabilidad.
También es importante ser conscientes del contexto particular en el que operan estos organismos, que de -
// Valorar a las y los actores menos convencionales en la lucha contra la trata de personas
// Fortalecimiento del posicionamiento de los órganos de coordinación nacionales y regionales //
penden de opciones políticas para su propia existencia, que reúnen diferentes actores con prácticas e intereses divergentes y que no pueden confiar en una institución de
formación centralizada. Por lo tanto, las asociaciones y la sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo contra ellas requieren flexibilidad e innovación.
Varios enfoques coexisten en la lucha contra la trata de seres humanos. A menudo se eligen de acuerdo con las prioridades o mandatos de las y los actores involucrados o donantes. El enfoque represivo, la atención a las víctimas y el empoderamiento de las y los actores no convencionales son tres ejemplos. Sin embargo, para garantizar una respuesta adecuada a la trata, todos estos enfoques deben coexistir. Por ejemplo, los procedimientos acordados con las y los socios de los proyectos en Honduras y Costa Rica, que tenían como objetivo fortalecer la capacidad para el enjuiciamiento de los crímenes, también se centraron en la experiencia de la víctima.
La combinación de varios enfoques en las acciones de refuerzo permite implementar intervenciones más apropiadas y enfrentar diferentes desafíos. El uso de estos tres enfoques en cualquier iniciativa promueve así el fortalecimiento general del sistema de protección contra la trata: herramientas represivas, apoyo y rehabilitación de las víctimas, así como una prevención más eficaz que permita a las víctimas y personas en riesgo de convertirse en actores plenos de sus derechos.
Informar y sensibilizar puede ser útil, pero no es realmente suficiente para proporcionar incentivos para la acción de combatir la trata de personas. Permitir que las y los actores destinatarios desarrollen competencias integrales y estén equipados en esta área, ya sea que representen a la sociedad civil o al Estado, garantiza que sepan cómo lidiar con la trata. Por lo tanto, las actividades de formación deben ir más allá de la sensibilización o las iniciativas ad hoc. Además de transmitir herramientas y desarrollar competencias, las acciones de refuerzo deben pensarse como un proceso que favorece el anclaje de las competencias, y repetirse para multiplicar su impacto. La capacitación virtual, por ejemplo, demostró ser una herra-
mienta interesante en esta dirección en ambos proyectos. Reducen el costo de los cursos, son más accesibles para las personas alejadas de los centros urbanos y promueven la creación de espacios de intercambio de mayor alcance. Este formato también puede ser de gran interés para la formación continua, en el caso de una asociación con un ministerio o un organismo de coordinación.
Permitir el desarrollo de competencias también requiere innovación cuando se trabaja con la sociedad civil y el sector informal, que no tienen ni los recursos ni las estructuras para replicar fácilmente un formato. En este sentido, las iniciativas financiadas por el proyecto en
// Promover el desarrollo sostenible de competencias en lugar de la sensibilización y la adquisición de conocimientos //Congreso Regional contra la Trata de Personas en Honduras, Tegucigalpa, octubre de 2021
Honduras han tenido un impacto a nivel comunitario, permitiendo que se lleven a cabo una variedad de acciones y que un gran número de personas se conecten dentro de las comunidades.46 Este apoyo financiero y técnico es un ejemplo de un proceso innovador para fortalecer las
competencias de la sociedad civil, un área de acción que vale la pena explorar y que es objeto de varias iniciativas piloto para un enfoque eficaz e integral de la lucha contra la trata de personas.
Dado que la trata de personas se basa en gran medida en el abuso de poder y el engaño, la construcción de un vínculo de confianza entre las comunidades y el Estado, además de entre las propias comunidades, parece ser un paso esencial para combatir eficazmente contra este crimen. El fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y los agentes del Estado aumenta el número de denuncias de irregularidades y facilita el enjuiciamiento y la sanción de los casos de trata de personas. Recrear o consolidar el vínculo necesario entre las poblaciones también ayuda a prevenir situaciones propicias para la trata y promueve la reintegración de las víctimas en la sociedad.
Por lo tanto, crear espacios para el intercambio, equipar a los oficios y comunidades relevantes para que puedan actuar con respeto por los derechos humanos, ya sea la no discriminación, la dignidad en la intervención o la participación y fortalecimiento de su la capacidad. El hecho de que las personas vulnerables sean las y los actores principales de sus derechos y protección contribuye a crear lazos de confianza que obstaculizan los mecanismos de la trata. Mediante la adopción de un enfoque diversificado y equilibrado basado en la confianza y un entorno protector, se fomenta el fortalecimiento de todas y todos los agentes directa o indirectamente, involucrados en la trata de personas, así como la creación de vínculos entre ellas y ellos. Al hacerlo, se estrechan las mallas del sistema de protección contra la trata de personas, y todas las personas involucradas contribuyen a ello y actúan juntos para proteger mejor a las poblaciones contra la trata de personas.
46. Las herramientas sobre la trata de personas concebidas como parte del proyecto en Honduras así fueron transmitidos por una organización de la sociedad civil asociada a un sistema educativo, que movilizó a 45 Centros educativos y permitió alcanzar 12 000 estudiantes y 250 maestras, maestros y profesores.
La Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR) es una organización no gubernamental internacional con sede en Canadá que ha trabajado durante casi 30 años para promover y proteger los derechos de la niñez en aproximadamente 50 países de África, Asia, América y Oriente Medio.
Con un enfoque participativo y sostenible, trabajamos con nuestras socias y socios en el terreno para promover y proteger los derechos de las niñas y niños, ya sea que estén en contacto con el sistema de justicia o enfrenten una emergencia. También nos aseguramos de que tanto niños como niñas estén protegidos de todas las formas de explotación, violencia y abuso.
Escuchar, participar y proteger a la niñez están en el centro de todas nuestras acciones.
// NUESTRA VISIÓN // Un mundo donde todos los niños y niñas disfruten de sus derechos por igual y en todas las circunstancias.
// NUESTRAS
Proyectos en todo el mundo: acciones a corto, mediano o largo plazo para mejorar de manera sostenible e integral la protección de la niñez y el respeto de sus derechos.
Campañas de incidencia para el cambio, para difundir nuestros mensajes y defender nuestra visión ante instituciones y gobiernos.
Voluntariado internacional, para fortalecer la capacidad de nuestros socios en 11 países y contribuir a mejorar la protección y el respeto de los derechos de los niños y niñas en estos países.
ESCUCHAR y trabajar con nuestros socios para desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles que respeten los derechos de la niñez a partir de los procesos existentes
FORTALECER las capacidades de las y los actores de primera línea para abordar los diversos problemas que afectan a la niñez
VALORAR la participación activa de todos, incluidos los niños y niñas
MOVILIZAR a cada individuo, cada comunidad y cada institución para convertirlos en agentes de cambio
PROMOVER la cooperación entre las y los profesionales responsables de la protección de la infancia
APOYAR y PROMOVER reformas, planes de acción y legislación para los derechos la niñez
4 OFICINAS en todo el mundo
Casi 30 AÑOS DE EXISTENCIA
Cerca de 50 PAÍSES DESTINATARIOS de nuestros proyectos
Los derechos de más de 2,9 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS SON MÁS RESPETADOS gracias a nuestras acciones
Aproximadamente 60 PERSONAS EMPLEADAS permanentemente
Más de 5.500 NIÑOS Y NIÑAS CONSULTADOS como parte de nuestros proyectos
Más de 66.000
PROFESIONALES
CAPACITADOS sobre los derechos de la niñez
TÍTULO
Fortalecimiento de las instituciones de lucha contra la trata de personas
Empoderar a los agentes de cambio para combatir la trata de personas, especialmente las mujeres y las niñas
Septiembre de 2015 a septiembre de 2019
Contribuir a la profesionalización y fortalecimiento de capacidades de las y los actores clave involucrados en el monitoreo, prevención, investigación y enjuiciamiento de los autores de delitos relacionados con la trata de personas en Costa Rica, con el objetivo de mejorar la intervención de las autoridades costarricenses para combatir contra estos crímenes
Abril de 2019 a noviembre de 2022
Contribuir a la profesionalización y desarrollo de capacidades de los actores clave involucrados en el enjuiciamiento, protección y prevención de la trata de personas en Honduras, con el objetivo de mejorar la intervención de las autoridades y comunidades hondureñas para combatir este delito.
La Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), el poder judicial a través de Fiscales Especializados en Trata (FACTRA) y la Unidad de Trata de Personas (UNITRAT) del Órgano de Investigación Judicial (OIJ), escuelas y unidades de capacitación del sector policial y judicial.
La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas en Honduras (CICESCT), la Academia Nacional de Policía, la Escuela de Justicia Francisco Salomón Jiménez Castro y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Sociedad civil: Casa Alianza, CEM-H, ODECO, OPROUCE, UDIMUF
4 kits de capacitación para el poder judicial, la policía, CONATT y el órgano de investigación judicial
3 cursos piloto para la justicia, la policía y el órgano de investigación judicial
5 Intercambios regionales
2 modus operandi desarrollado para CONATT y la Subprocuraduría contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
4 herramientas audiovisuales (3 cortometrajes animados para niños y 1 documental para un público más amplio) para las instituciones miembros de CONATT, incluyendo el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación Pública, etc.
4 procedimientos operativos para la CICESCT, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Nacional
Se elaboraron 4 paquetes de capacitación respectivamente para la CICESCT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Escuela Judicial y la Academia Nacional de Policía.
5 cursos piloto para la CICESCT, la Escuela de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Nacional
5 planes de acción para organizaciones de la sociedad civil
Se elaboraron 4 paquetes de capacitación sobre prevención y lucha contra la trata de personas, centrados en el género, los niños y el origen étnico, para organizaciones de la sociedad civil
2 intercambios regionales entre los sectores de la justicia y la policía
2 talleres regionales sobre trata de personas
