MOTA DEL CUERVO Y SU HISTORIA ACTAS DE LAS I JORNADAS DE HISTORIA LOCAL
Óscar Bascuñán Añover
© Edita: Diputación Provincial de Cuenca. C/Sargal, n º4 - 16002 Cuenca. Dirección Técnica: Sección de Publicaciones - Departamento de Cultura. Diseño portada y maquetación: Elena Sopeña López. ISBN: 978-84-92711-42-0 Depósito Legal:CU-304-2009 Imprime:Imprenta Provincial de la Diputación Provincial de Cuenca. C/ Sargal nº 4, 16002 Cuenca
“Que este pueblo se llama la villa de La Mota elCuervo, y este nombre es muy antiguo, y no saben por razón de qué se llama ansí, ni hay escritura que lo declare; e que no saben que hay tenido otro nombre”. Julián Zarco-Bacas, Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca. Hechas por orden de Felipe II, Cuenca, Diputación de Cuenca, 1983, p. 367.
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CACIQUISMO Y ELECCIONES EN LA MOTA DEL CUERVO LIBERAL
Juan Antonio Inarejos Mu単oz Universidad de Castilla-La Mancha
I Jornadas de historia de Mota del Cuervo
Introducción El presente trabajo está dividido en dos partes: en la primera de ellas se realiza un breve repaso de los principales hitos que marcaron la catalogada como revolución del voto, proceso que socavó los fundamentos teocráticos del Antiguo Régimen y articuló una nueva legitimidad democrática estructurada en torno a los procesos electorales. En segundo lugar se analiza el comportamiento electoral de Mota del Cuervo a lo largo del reinado isabelino, es decir, durante los años comprendidos entre 1844 y 1868, dedicando una especial atención a desvelar quiénes controlaron el poder político, cómo accedieron a él, para qué y qué muestras de apoyo y rechazo suscitó en esta localidad, sin perder de vista su distrito electoral y el conjunto provincial, la articulación de redes caciquiles a lo largo de las décadas centrales del siglo XIX1.
De súbditos a ciudadanos: la revolución del voto La nueva legitimidad democrática, de la que somos deudores en la actualidad, no surgió en 1844. Arrancó en un proceso irreversible en 1834, con los trascendentales precedentes de la guerra de la Independencia y el Trienio Liberal, de ahí la necesidad de retrotraer el análisis a los momentos fundacionales del Estado liberal. En 1808 irrumpió en España el liberalismo y se asistió al nacimiento del Estado-nación dentro del proceso revolucionario liberal-burgués. Frente al poder absolutista de los Borbones se asistió a la implantación del nuevo sistema representativo estructurado en torno a los procesos electorales. Se socavó la legitimidad teocrática de la monarquía absoluta según la cual el poder era transmitido directamente por Dios al rey. Las teorías del pacto social y del contrato adquirieron carta de naturaleza. El sujeto 1. Para evitar el fárrago de referencias bibliográficas me remito a otro trabajo a la hora de profundizar en el soporte teórico-metodológico del que esta investigación es deudora, Ciudadanos, propietarios y electores en la construcción del liberalismo español. El caso de las provincias castellano-manchegas (1854-1868), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
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de tales teorías fue el individuo, libre e igual. El antiguo súbdito, ahora ciudadano, pasó a constituirse en miembro de la comunidad política y justificó a través de su consentimiento el derecho a gobernar. La transformación operada respecto al Antiguo Régimen resultó radical. Frente a la obligatoriedad y sujeción de la doctrina feudal, la obediencia voluntaria del gobernado pasó a un primer plano. En suma, gobierno representativo pasó a equivaler a un sistema de equilibrio de poderes y consentimientos construido alrededor de una idea: el mecanismo por el que se estableció la articulación legítima entre los que mandan y los que obedecen. Los procesos electorales desempeñaron una trascendental función de legitimación política del nuevo sistema representativo y favorecieron de forma decisiva e irreversible la politización de la sociedad. Verdadero eje vertebrador de la incipiente ciudadanía, sustentaron las nuevas realidades sociopolíticas del Estado liberal. En el plano funcional, como fuente de producción de representación. En su vertiente simbólica, explicitando el consentimiento político de los otrora súbditos que desembocó en el legítimo gobierno representativo. La nueva y legítima articulación entre electores y elegidos encarnó formas históricas variables. La primera de estas fórmulas no fue otra que el revolucionario sufragio universal masculino sancionado por la Constitución de Cádiz de 1812. La coyuntura propiciada por la Guerra de la Independencia y el protagonismo desempeñado por el “Pueblo” en la lucha contra los franceses forzó la instauración de un amplio y revolucionario sufragio “universal”. Un modelo que tuvo una escasa vigencia a causa de las sucesivas restauraciones absolutistas de 1814 y 1823. Tras la muerte de Fernando VII en 1833 se asistió a una nueva implantación del régimen liberal. No obstante, a diferencia de las dos experiencias liberales precedentes, en 1834 se instauró un sistema de sufragio censitario o restringido. Desde el final del Trienio Liberal en 1823 se habían producido varios acontecimientos en absoluto intrascendentes. En primer lugar, el restablecimiento por segunda vez del absolutismo y la toma de contacto de los liberales exiliados españoles con las doctrinas políticas predominantes en Inglaterra y Francia. El inicio de la contienda carlista y el nada desdeñable apoyo popular que arrastró la causa legitimista explicitó la discordia que un sector de las clases populares interiorizó contra el nuevo Estado liberal. Bajo el prisma de las clases propietarias era necesario dar la espalda a la versión revolucionaria del cambio político representada por el modelo de la Cons100
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titución de Cádiz y optar por un nuevo sistema censitario que estrechase el abanico social con derechos políticos. El sufragio universal masculino fue relegado al ostracismo con la implantación a partir de 1834, con la salvedad de la transitoria vigencia de la Constitución de 1812, del modelo de ciudadano-propietario. La disociación operada entre derechos políticos y derechos civiles figuró en la base de la introducción de requisitos censitarios para acceder al voto. En otras palabras, sólo tuvieron derecho al voto los propietarios, los altos funcionarios, los militares, los eclesiásticos y los profesionales liberales (abogados, médicos, farmacéuticos, maestros, etc…). Frente a una nación de ciudadanos, en la que todos los individuos tuviesen derecho al voto, desde 1837 quedó configurada una nación de propietarios. La separación estamental vigente en el Antiguo Régimen fue sustituida por una división de clases en función de la ubicación de cada individuo en el proceso de generación de la riqueza. Esta concepción de la teoría económica según la cual son sólo los propietarios quienes participan en la creación de la riqueza y gozan de un verdadero “interés social”, fue la que sufrió una traslación al sistema de sufragio censitario y sirvió como basamento para construir y pensar la nación. Un modelo que permaneció prácticamente invariable en sus principales rasgos hasta la caída de Isabel II en 1868. Tras la aprobación de la Constitución de 1837 y su modelo de sufragio restringido, la defensa y la lucha por el sufragio universal recogido en la Constitución de 1812 se convirtió en una de las principales reivindicaciones de los primeros republicanos. Hasta la nueva promulgación del sufragio universal durante el Sexenio Democrático y la I República, las elecciones a Cortes estuvieron regidas por dos versiones del modelo de sufragio restringido: la moderada, según la ley electoral de 1846 –y su adaptación unionista de 1865- y la progresista, según la ley electoral de 1837, en concordancia con los partidos que ostentaron el poder durante el reinado isabelino. Frente al poder absoluto del rey durante el Antiguo Régimen, en el nuevo sistema representativo el poder era compartido por la Corona y el Parlamento. Isabel II encargaba la formación de un Gobierno a alguno de los principales líderes del Partido Moderado y estos, una vez en el poder, organizaban las elecciones. Unas votaciones que eran falseadas y manipuladas sistemáticamente para evitar que la oposición alcanzase una mayoría en el Parlamento. La reina nunca concedió la posibilidad de formar gobierno a progresistas y demócratas, circunstancia que, unida a la endémica corrupción electoral de la etapa, motivó que éstos recurriesen a los le101
vantamientos populares para acceder al poder, como ocurrió durante las revoluciones de 1854 y 1868.
Práctica política y sociología electoral de Mota del Cuervo y el distrito de Belmonte El modelo electoral moderado, vigente desde 1846, fue el que rigió la mayoría de las citas electorales celebradas durante el reinado isabelino (con la excepción de las celebradas en 1854, bajo la aperturista versión progresista, y las de 1865 y 1867, regidas por la menos restrictiva legislación unionista). Según la ley electoral de 1846 sólo el 1% de la población total tuvo acceso al voto, un exiguo porcentaje de electores de los cuales alrededor de un 90% accedió al voto gracias a su condición de propietario (en concreto por pagar más de 200 reales anuales de contribución territorial) y alrededor de un 10% en virtud de su condición de profesional liberal, militar, funcionario o eclesiástico. Para vislumbrar el carácter restrictivo de esta legislación, si se aplicase la ley electoral de 1846 a la población actual de Mota del Cuervo, en torno a los 6.300 habitantes, sólo alrededor de 50 personas tendrían la oportunidad de votar frente a las 5.000 que gozan de este derecho en la actualidad. La segunda seña de identidad de la ley electoral moderada de 1846 fue la adopción del distrito como circunscripción electoral, una unidad de reducido tamaño que favorecía las manipulaciones electorales. Durante el reinado isabelino la provincia de Cuenca, creada en 1833 según la división administrativa de Javier de Burgos, estaba formada por siete distritos: el de la capital, Huete, Motilla del Palancar, Priego, Tarancón, Belmonte y el de Requena, antes de su desgajamiento en 1853 y su integración en la provincia de Valencia gracias a la presión ejercida por la burguesía valenciana. A grandes rasgos los distritos electorales se correspondían con la distribución de los partidos judiciales en los que estaba dividida la provincia. Entre 1846 y 1868 el municipio de Mota del Cuervo estuvo integrado en el distrito electoral de Belmonte. En general ha constituido un lugar común en la historiografía que ha estudiado el siglo XIX español la consideración de las provincias que en la actualidad constituyen Castilla-La Mancha como apolíticas, desmovilizadas, subordinadas y dominadas por la atonía. En gran medida debido a la falta de estudios hasta fechas re102
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cientes. Unas provincias donde supuestamente la figura del diputado cunero había gozado de un gran arraigo, entendiendo por cunero aquel diputado foráneo que no guardó ninguna relación con el distrito o la provincia por la que fue elegido. El análisis del comportamiento electoral del distrito de Belmonte, del cual formaba parte Mota del Cuervo, autoriza a desmontar esta serie de tópicos2. En primer lugar si se presta atención al origen de los diputados que representaron a esta circunscripción a lo largo de esta etapa3. El primero de ellos, Mateo Belmonte, vencedor en las elecciones de 1844 y 1846, era un importante labrador de Belmonte que ya había representado al distrito en varias ocasiones. En 1850 la victoria correspondió al propietario José Antonio Muñoz, conde de Retamoso, hermano del duque de Riánsares, segundo esposo de María Cristina, madre de Isabel II, familia que tenía su feudo o bastión político en el vecino distrito de Tarancón. En 1851 y 1853 ostentó la representación del distrito el propietario moderado Alfonso Chico de Guzmán, natural de Mota del Cuervo y también vinculado políticamente a la red clientelar de la casa de Riánsares de Tarancón. Entre 1854 y 1856, bienio marcado por el ascenso de los progresistas al poder tras la revolución de julio, José Sandoval, marqués de Valdeguerrero, perteneciente a la poderosa familia progresista de los Sandoval de Las Pedroñeras, ostentó la representación en las Cortes Constituyentes esparteristas por la provincia de Cuenca. Otro miembro de esta influyente dinastía, el comerciante de granos Ramón Sandoval, progresista resellado perteneciente a la Unión Liberal4, representó al distrito de Belmonte entre 1858 y 1863.
2. Conclusiones derivadas del análisis de las Series de documentación electoral albergadas en el Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid). Los detalles de cada elección son desglosados en los cuadros adjuntados en el anexo (electores, votantes, porcentaje de abstención, adscripción política de los candidatos, la existencia y carácter de los fraudes denunciados en las actas electorales, el concepto por el que acredita su aptitud legal para tomar acta de diputado y la filiación de los candidatos opositores). 3. Para una panorámica general de los resultados electorales y la clase política del distrito a lo largo de los siglos XIX y XX, véase la obra de E. González y J. Moreno, Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de Historia en Castilla-La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993. 4. Partido formado por una amalgama de antiguos moderados y progresistas. Para profundizar sobre la organización de los partidos políticos durante esta etapa, véanse los trabajos de N. Durán de la Rúa, La Unión Liberal y la modernización de la España Isabelina. Una convivencia frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979; y de F. A. Martínez Galllego, Conservar progresando: la Unión Liberal (18561868), Valencia, Instituto de Historia Social, 2001.
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Otro propietario del Partido moderado afincado en el distrito, Casto Jimeno, en este caso terrateniente en la localidad de Villarejo de Fuentes, obtuvo el acta de diputado por Belmonte en las elecciones de 1857, 1863 y 1864. Otros dos conquenses, los moderados neo-católicos Carlos María Coronado y Severo Catalina, obtuvieron el respaldo del distrito durante los dos últimos procesos electorales de la etapa isabelina, los de 1865 y 1867, celebrados al amparo de la menos restrictiva legislación electoral unionista de 1865 que consagró el distrito provincial. En suma, el origen y las raíces de los parlamentarios que obtuvieron la representación por el distrito de Belmonte en las Cortes isabelinas ponen de manifiesto la pujanza de los poderes locales y la inexistencia de candidatos cuneros y sus anejas connotaciones de subordinación a intereses foráneos, especialmente a Madrid. En segundo lugar, los sucesivos enfrentamientos electorales que mantuvieron los diferentes caciques moderados del distrito de Belmonte, bien entre ellos, bien con la familia progresista de los Sandoval, autorizan a desmontar otro de los lugares comunes vertidos sobre la vida política de estas tierras: la desmovilización. Las propiedades territoriales que los Sandoval atesoraban en el distrito, en su mayor parte concentradas en la sección de Las Pedroñeras, constituyeron una verdadera plataforma de apoyo para hacer frente a los candidatos moderados. Ora para presentar a miembros de su linaje, ora para apoyar las candidaturas de algunos de los principales líderes del Partido progresista como José Olózaga o Juan Álvarez Mendizábal, impulsor de la desamortización eclesiástica y emparentado por vía matrimonial con los Alfaro de Albacete. A partir de mediados de la década de los sesenta los comités progresistas del distrito de Belmonte desplegaron una intensa actividad para apoyar la abstención como estrategia para censurar la corrupción del sistema electoral isabelino y elevaron diferentes comunicados publicados por la prensa madrileña en apoyo del retraimiento adoptado por el Comité central del partido. Baste recordar el elevado durante la campaña que preludió los comicios de 1863 por el Comité progresista de Belmonte, publicado por el diario El Clamor Público: Belmonte 13 de octubre de 1863. Señores del Comité Central Progresista Muy señores míos: Al terminar las elecciones de diputados a Cortes, en que el partido progresista se ha visto obligado a optar por el completo retraimiento, tengo el gusto de comunicar a Vds. que en este distrito no se ha presentado ninguno de nuestros correligionarios a depositar su sufragio, habiendo, para mayor gloria de nuestro partido, la circunstancia de que muchos progresistas, y entre ellos el que suscribe, aprecian particularmente al candidato ministerial elegido aquí.
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Ni esta ni ninguna otra consideración ha sido capaz de hacer vacilar en sus principios a los que apreciamos en todo su valor el honroso título de liberal progresista. Me cabe la honra de participar a Vds. esta nueva prueba de abnegación de nuestro partido, al propio tiempo que me repito suyo afectísimo correligionario y S. S. Q. S. M. B.- César de Baruchana5.
Más allá de las restrictivas limitaciones formales establecidas en la legislación (depósito previo, jurisdicción de los delitos de imprenta, etc…), las autoridades, conscientes de la trascendental función que desempeñó la prensa como instrumento de politización y agente canalizador de la opinión pública, intentaron expoliar en la medida de lo posible la efectiva distribución de los diarios de oposición madrileños. Así ocurrió con la cercenada difusión del vocero La Discusión en numerosos pueblos de la provincia de Cuenca tras el retorno de los moderados al poder a finales de 1856, denunciada irónicamente desde las columnas del propio diario: “lo más chocante es que sólo los periódicos de oposición son los que se pierden”6. No obstante, pese a los importantes apoyos locales, ninguno de los candidatos progresistas obtuvo un acta por el distrito de Belmonte durante los periodos de dominación moderada. Sólo el ya mencionado José Sandoval y Arcaina, marqués de Valdeguerrero, obtuvo un escaño en las Cortes del Bienio progresista tras la subida de Espartero en 1854. Las elecciones de ese mismo año fueron celebradas por la menos restrictiva normativa electoral de 1837 que amplió el electorado del 1 al 5% de la población total. La rebaja del listón de riqueza para acceder al voto permitió la entrada en el censo electoral a los sectores sociales más permeables al ideario progresista: esa clase media formada por pequeños propietarios, comerciantes y profesionales liberales. El cambio en la circunscripción de elección, del distrito se pasó a la provincia como unidad electoral, favoreció la neutralización de las irregularidades electorales que el sistema moderado había propiciado al reducir la esfera de acción. Unas manipulaciones que no aparecen reflejadas en las actas electorales del distrito de Belmonte albergadas en el Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid7. Lo que tampoco quiere decir que no existiesen. De hecho muchas de las coac5. El Clamor Público, 16-10-1863. 6. La Discusión, 25-II-1857. 7. En general sólo reflejan protestas leves que no afectaron al resultado de la elección.
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ciones sufridas por los electores nunca llegaron a ser denunciadas por temor a represalias. En otras ocasiones utilizaron canales alternativos para censurarlos, como fue el caso de la prensa, para preservar de esta forma el anonimato. Baste recordar la denuncia en el diario republicano madrileño La Discusión de la conducta del Gobernador Civil de Cuenca durante las elecciones a Cortes de 1857 celebradas en el distrito de Belmonte, cuando ordenó a uno de los cabecillas de la oposición al Gobierno presentarse en la capital de la provincia para evitar que realizase campaña electoral a favor del candidato opositor por las secciones de Las Pedroñeras y Belmonte: Todos los días vienen los periódicos ministeriales elogiando la conducta liberal y tolerante del gobierno, que lo mismo concede amnistía a los procesados políticos, que permite regresar a sus hogares a los que fueron expulsados de ellos por la autoridad. Lo que no publican los periódicos ministeriales son documentos como el siguiente, dirigido por el señor gobernador de Cuenca al alcalde de Pedroñeras, y sobre el cual llamamos la atención de nuestros lectores: <Tan luego como reciba Vd. la presente comunicación hará Vd. que comparezca ante su autoridad don José T. Pelayo, y en mi nombre le mandará Vd. que se presente en esta capital con el objeto de recibir órdenes. En el día siguiente al recibo de este oficio quedará ejecutado lo que dejó dispuesto y Vd. me dará aviso de así haberlo verificado. Dios, etc. Cuenca, 29 de enero de 1857. Estanislao Suárez Inclán>. Nuestro amigo el Sr. Pelayo no ha podido cumplimentar la orden anterior por hallarse ausente, pero la orden ha sido, sin embargo, notificada a su familia, con todas las formalidades acostumbradas. Ahora bien ¿qué significa ese sistema de traer a los ciudadanos pacíficos de un lado a otro con el pretexto de que reciban órdenes, perjudicando sus intereses y dando ocasión a lamentables e injustos atropellos? Esperamos que contesten a esta pregunta los diarios que con tanto empeño quieren hacernos creer en las excelencias de la situación8.
Unos fraudes electorales que podríamos catalogar en tres categorías en función de los agentes: la coerción estatal, es decir, la ejercida a través de los resortes de poder del Estado liberal; la coerción estructural, aquella ejercida gracias a los usos políticos de los recursos productivos, y en tercer y último lugar tendríamos la catalogada como coerción espiritual, la ejercida por la Iglesia a la hora de encauzar el voto según sus intereses. En relación a la primera de las categorías, los distintos gobiernos moderados, al convocar las elecciones desde el poder, tras el encargo de formar gobierno realizado por Isabel II, no dudaron en utilizar los resortes de la administración estatal y 8. La Discusión, 3-3-1857.
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local para ejercer influencia moral, el eufemismo empleado para designar la manipulación de las votaciones. La delegación de la práctica totalidad de los trámites electorales a las autoridades municipales y provinciales explica la cascada de destituciones y nuevos nombramientos que precedió a cada cita electoral. Una de las fórmulas más frecuentes a la hora de ejercer influencia moral radicó en la concesión de traslados temporales de funcionarios hasta la finalización del proceso electoral, maniobra que además permitía sortear la crispación y denuncias generadas por las destituciones. Fue la solución que el ya mencionado unionista conquense José Sandoval, a instancia de varios de sus partidarios, propuso en 1858 a Posada Herrera, Ministro de la Gobernación de la Unión Liberal, para remover un obstáculo que podía entorpecer la victoria gubernamental en el distrito: “…si las elecciones se hacen, en el partido de San Clemente, provincia de Cuenca, contamos con un obstáculo que hay que vencer, éste obstáculo grande lo es el Juez de primera instancia, su falta de dignidad, por rebajarse a elementos que nos son reconocidamente contrarios, nos harán perder muchos votos, que disgustados con aquel por causas que no enumero por repugnantes y poco dignas, desertarán de nuestras filas… En su consecuencia rogamos a V. E. algunos electores de aquel distrito, se sirva conceder una licencia durante la lucha electoral al referido juez al menos que V. E. no juzgue conveniente trasladarlo a otro punto”9.
Unos nombramientos que afectaron a todas las ramas y niveles de la administración (gobernadores civiles, jueces, fiscales, alcaldes, concejales, funcionarios de la diputación, guardias municipales, etc…), designaciones que también sirvieron para recompensar con puestos en la administración a las clientelas políticas de los caciques por servicios electorales prestados. Es decir, antes de cada elección se destituía a una parte significativa de los funcionarios y se ocupaban los puestos con personas de confianza pertenecientes a su facción o partido político. Votar al candidato del Gobierno o captar sufragios para la causa ministerial fue recompensado con arbitrarias rebajas de impuestos en la contribución territorial o condonaciones de antiguas deudas tributarias. En suma, un proceso basado en el manejo administrativo de canjear favores públicos por beneficios privados. Por el contrario, plantear oposición al candidato ministerial acarreó la imposición de multas, apremios, subidas de impuestos e incluso la desposesión de aquellos recursos 9. Archivo Histórico Provincial de Asturias (en adelante AHPAS), Fondo Posada Herrera, caja 11.405, leg. 33, num. 2.
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productivos dependientes de la administración estatal, como el lucrativo arrendamiento del cobro de determinados impuestos. El reducido número de electores favoreció que las prebendas y coacciones tuviesen un destinatario particular bien identificado. Las reuniones y desplazamientos de autoridades y candidatos por los pueblos del distrito no respondieron a otro fin que el de tener bien reconocido al electorado sobre el cual recaían las amenazas o los favores. En 1864 el Gobernador Civil de Cuenca ordenó a varios alcaldes de la provincia que obligasen a los electores de sus respectivas localidades a firmar cartas de compromiso otorgando su apoyo al candidato del Gobierno10. Resultó necesario conocer previamente la dirección del voto por el propio carácter discriminatorio y particularista de los beneficios contractuales ofrecidos desde la administración a los electores de una de las parcialidades en liza. En el caso de las amenazas fue sensiblemente distinto. Aunque en general los votantes de la oposición fueron fácilmente identificables por sus relaciones político-ideológicas, familiares o clientelares con el candidato opositor, en ocasiones las medidas coercitivas tuvieron un carácter colectivo y afectaron a pueblos enteros como medida de presión social. Por ejemplo, a través de la subida de los impuestos de consumos, tributación indirecta que gravaba los productos de primera necesidad. En otras palabras, si el electorado decidía dar sus votos a un candidato progresista durante el mandato de un Gobierno moderado, resultó frecuente que el Gobernador Civil subiese los impuestos a todo el pueblo como medida de presión social para que el escaso número de votantes cambiase de opinión. Otra de las posibilidades que ofrecía el control de la administración fue el empleo arbitrario de la fuerza para dirigir el resultado de las urnas. La instrumentalización política de las fuerzas de orden público afectó a los agentes coercitivos dependientes de las autoridades locales y gubernamentales. El repertorio de coacciones resultó diverso y recurrente: detenciones ilegales de candidatos y agentes electorales de oposición, presencia intimidatorio en el local de las votaciones de la recién creada Guardia Civil, arbitrarias declaraciones de estado de sitio como vehículo para atenazar a la oposición o la presencia de electores armados con palos y varas en las inmediaciones de la mesa electoral. El abanico de coacciones conocidas y denuncia10. Archivo del Congreso de los Diputados (en adelante ACD), Series de Documentación Electoral, leg. 46, num. 9.
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das sólo constituyó la punta del iceberg, consecuencia directa del miedo a las represalias pero también del carácter informal y no institucionalizado de una parte significativa de ellas. La intervención de las fuerzas de orden público en las elecciones constituyó una de las constantes en aquellos comicios más disputados. En otras ocasiones la oposición denunció supuestas coacciones derivadas del arbitrario uso de la fuerza como arma para deslegitimar o protestar elecciones en las que había resultado derrotada. En el vecino distrito de Tarancón los moderados censuraron en 1858 la concurrencia a las urnas de un elector “armado” con un bastón, un septuagenario, durante unas votaciones que no registraron irregularidades11. Junto al empleo de la fuerza, el Gobierno ostentó la capacidad de controlar las distintas fases del proceso electoral. En primer lugar, diseñando la estructura interna de los distritos en función de sus intereses políticos. El distrito de Belmonte constaba de dos secciones: la encabezada por Las Pedroñeras, controlada por los progresistas, y la de Belmonte. Si la oposición controlaba una de las secciones del distrito resultó frecuente la supresión y concentración de mesas electorales para favorecer la manipulación. Junto al diseño de las circunscripciones electorales, la confección y revisión de los censos electorales fue otra de las llaves para controlar el proceso electivo. La Diputación de Cuenca era la encargada de elaborar las listas de electores, cuyo control permitió eliminar de los censos a los votantes de oposición o incluir a partidarios que no gozaban de los criterios requeridos para ejercer el derecho al sufragio (en algunas ocasiones se llegó a inscribir en el censo a personas que ya habían fallecido o de otras provincias para utilizar su voto). Otra de las claves para manipular el proceso electivo radicó en el control de la mesa electoral, al otorgar la trascendental disponibilidad de manejar las votaciones y el escrutinio. No resultan casuales las irregularidades que presidieron los procesos selectivos de presidentes y escrutadores de las mesas, cargos que eran elegidos por los votantes durante el primer día de votación. En unas ocasiones para evitar la comisión de fraudes por parte de la oposición. En otras como puente para la comisión de más arbitrariedades, ya fuese a través del falseamiento del escrutinio, el denomi11. ACD, Series de Documentación Electoral, leg. 43, num. 5. El conde de Retamoso, candidato moderado ministerial, fue derrotado por el progresista “puro” Carlos María de la Torre en unas elecciones en las que la práctica inexistencia de coacciones y la filiación política del vencedor inducen a pensar que el apoyo del Gobierno unionista al cuñado de la reina madre María Cristina fue de carácter exclusivamente nominal.
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nado “pucherazo”, o para impedir votar a electores de la oposición. En las elecciones a Cortes de 1857 celebradas en el distrito conquense de Motilla del Palancar, los secretarios escrutadores favorables al candidato ministerial, el moderado Juan José Balsalobre, obtuvieron el control de la mesa tras una fraudulenta votación previa en la cual se contabilizaron 286 sufragios cuando sólo existían 156 votantes12. El binomio formado por la utilización de la fuerza y los manejos de las mesas electorales estuvo presente en las elecciones especialmente competidas, combinación reveladora de su arbitrario poder resolutivo. El conocimiento de la adscripción política de los secretarios escrutadores proporcionó un pronóstico prácticamente mimético del resultado que arrojaron las urnas. El diario unionista El Eco del País publicó el primer día de las elecciones a Cortes de 1865 la orientación de las mesas de las cinco provincias castellano-manchegas constituidas el día anterior. La victoria de las mesas “ministeriales”, en sintonía con la orientación política de los diputados electos, fue abrumadora en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara. No resulta baladí que fuese en Cuenca, donde los escrutadores gubernamentales no lograron controlar ninguna mesa electoral, la provincia en la cual el Gobierno sufrió una severa derrota13. Una vez amarrada la mesa, sus integrantes tuvieron vía libre para cometer un variado repertorio de tropelías. Durante las elecciones celebradas en 1857 en el vecino distrito de Tarancón se impidió votar a cuatro electores progresistas al figurar, “por equivocación sin duda”, como vecinos de otro de los pueblos del partido judicial. Pese a la negativa de los miembros de la mesa en aceptar su participación, los cuatro emitieron públicamente sus votos a favor del candidato opositor progresista, Carlos María de la Torre. Unos sufragios que, de haber sido validados, habrían supuesto la derrota del candidato moderado ministerial, el marqués de Remisa (perteneciente a la ya mencionada familia de los Muñoz)14. Otro ejemplo. Durante las elecciones celebradas en 1863 en el distrito conquense de Huete, una de las mesas permitió votar a un “enajenado mental” a quien partidarios del candidato ministerial colocaron la papeleta en la mano en el mismo local de las votaciones15. Dentro de los estrechos 12. ACD, Series de Documentación Electoral, leg. 40, num. 22. 13. El Eco del País, 2-12-1865. 14. ACD, Series de Documentación Electoral, leg. 40, num. 22. La Comisión de actas llegó incluso a proponer al Gobierno la nulidad del acta, petición que fue finalmente desestimada. 15. ACD, Series de Documentación Electoral, leg. 47, num. 5.
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márgenes participativos consagrados por el modelo de sufragio censitario cada voto resultó decisivo para decidir la suerte de muchas elecciones. El recuento de votos constituyó la última de las tareas encomendadas a los miembros de la mesa, trabajos que al igual que el resto de fases del proceso electivo tampoco fueron inmunes a las irregularidades. Baste recordar lo que ocurrió durante las elecciones de 1863 en el último de los distritos mencionados, cuando la Junta de escrutinio fue adelantada un día antes de la fecha prevista para evitar la presencia de la oposición durante el recuento de votos y esquivar la censura de los fraudes cometidos a la hora de su cómputo16. Cuando no se gozaba del favor del Gobierno, o se quería complementar las manipulaciones efectuadas por los funcionarios de la administración, se recurrió a la efectiva instrumentalización de los recursos productivos, en las provincias que actualmente constituyen Castilla-La Mancha irremediablemente asociados a la posesión de tierras. A pesar de que las legislaciones electorales del reinado isabelino otorgaron el derecho al voto a un reducido número de electores, caracterizados por lo general por su común condición de propietarios, el desmenuzamiento de los censos electorales permite comprobar la variedad de situaciones albergadas bajo el común paraguas de la propiedad: grandes terratenientes absentistas, propietarios explotadores directos, medianos y pequeños propietarios como labradores y hortelanos, o los más numerosos cultivadores directos como arrendatarios, colonos o aparceros. Dentro de la homogeneidad que presidió el reducido colectivo de individuos con derecho a voto, la gama de situaciones fue muy amplia e incluyó realidades de dependencia económica entre ellos que fueron explotadas para alcanzar apoyo político. Resulta lapidario el fragmento de la carta en la que el Gobernador de Cuenca informó a Posada Herrera de las armas con que contaban los candidatos neo-católicos en la provincia durante la campaña de las elecciones a Cortes de 1865: “Severo Catalina, de opiniones neo-católicas, como usted sabe muy bien…es hoy el principal agente de los reaccionarios y el que ha decidido a este obispo a entrar en la lucha electoral…es más que probable que en el resto de la provincia no obtenga más sufragios que los que pueda proporcionarle el clero y los que apoyan por consideraciones de partido toda la candidatura moderada…D. Carlos María Coronado, natural de esta provincia y Catedrático de la Universidad Central, ha representado el distrito de Huete en oposición al Sr. Fontán en 1857, cuenta en él con algunas simpatías entre los absolutistas puros pero en el resto de la provincia tiene muy pocos amigos. Sin em16. ACD, Series de Documentación Electoral, leg. 47, num. 5.
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bargo de esto su hermano Leoncio es Administrador de las casas de Montijo y de Moya, que tienen en esta provincia y particularmente en la sección de Cañete gran número de colonos, podrá obtener con el apoyo de éstos algunos votos a su favor…17”
El examen del acta parlamentaria, en la cual no figuran estas coacciones, demuestra la dificultad de rastrear estas categorías coactivas por su carácter informal y no institucionalizado, desapercibidas en la mayoría de las ocasiones pero decisivas a la hora de orientar la dirección del voto. La denuncia pública de las presiones sufridas por los labradores-arrendatarios podía acarrear la misma pena que no votar al candidato “propuesto” por el propietario perceptor de rentas, el desalojo. De ahí su escaso reflejo documental y la utilización de canales alternativos de censura como la prensa, medio que además su repercusión en la opinión pública permitió mantener el anonimato de los denunciantes. Junto al apoyo del Gobierno o la posesión de tierras, el tercer factor decisivo a la hora de dirigir el resultado de las elecciones, también esbozado en el fragmento anterior, fue la influencia ejercida por la Iglesia, la catalogada como coacción espiritual. A lo largo del reinado isabelino la jerarquía católica se alineó electoralmente con los candidatos del Partido moderado para intentar derrotar a los candidatos progresistas que entre 1854 y 1856 habían respaldado iniciativas de carácter secularizador, como fue el caso de la tolerancia de cultos, la libertad religiosa, el cuestionamiento de la unidad religiosa de España o la reactivación de la desamortización eclesiástica iniciada en 1836. La oposición planteada por la Iglesia católica en unas elecciones era similar a la resistencia ofrecida por un candidato opositor con arraigo en el distrito, es decir, de un candidato con importantes propiedades territoriales o respaldado por una potente red clientelar. En primer lugar por su presencia numérica en los censos electorales de la etapa, participación que en los distritos que gozaban de una sede episcopal como el de Cuenca llegó a alcanzar el 10% del electorado. Y, en segunda instancia, por su decisiva capacidad coactiva y movilizadora. Durante la campaña electoral de 1865 el Gobernador Civil de Cuenca envió una carta al Ministro de la Gobernación avisándole de las irregularidades que habría que orquestar para superar los “grandes 17. AHPAS, Fondo Posada Herrera, caja 11.386, leg. 14 num. 3.
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obstáculos” que existían en una provincia, en palabras textuales, dominada “casi exclusivamente por el clero”. No iba desencaminada la predicción del Jefe político conquense, ya que prácticamente todos los candidatos del Gobierno fueron derrotados por aspirantes moderados con apoyo eclesiástico. El candidato del distrito de Belmonte fue uno de ellos. Las razones de la derrota de los aspirantes gubernamentales en la provincia de Cuenca fueron expuestas dos semanas más tarde en una carta que el Gobernador conquense dirigió al Ministro de Gobernación unionista: “El clero, impulsado por este Diocesano, ha echado el resto en la lucha, presentándose muchos de los curas párrocos al frente de sus feligreses excitándolos a votar contra los enemigos de la religión y del Papa. Si cuando se discuta en las Cortes el discurso de la Corona necesita usted tomar acta de estos hechos que tanto daño causan a nuestra religión y que desprestigian el sacerdocio arrastrándolo por el fango de la política, remitiré a usted una nota circunstanciada de los curas que más se han distinguido en la campaña18”.
Resultó decisivo el apoyo que el clero prestó a los candidatos moderados, “al que su prelado excita con todos los medios que tiene a su alcance”, la publicación en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Cuenca de una circular en la que el Obispo estimuló a sus subordinados a “no apoyar en ningún terreno” -en inequívoca referencia a las elecciones- a ninguna persona que trabaje “en sentido opuesto al episcopado católico” –una alusión directa a los aspirantes del Gobierno que había reconocido al recién creado Reino de Italia- y las “instrucciones” que proporcionó a 120 eclesiásticos reunidos en la capital con motivo de la provisión de plazas de curas párrocos “para que combatan enérgicamente a los candidatos de Unión Liberal”19. Si bien constituiría un error atribuir la derrota exclusivamente a la influencia ejercida por los curatos, según la despectiva denominación empleada por el Gobernador Civil, 18. AHPAS, Fondo Posada Herrera, caja 11.386, leg. 14, num. 3. 19. Uno de los fragmentos de la circular eclesiástica que el Gobernador Civil subrayó y envió a Posada como prueba de la hostilidad desplegada por el Obispo conquense hacia los candidatos del Gobierno decía así: “Sabido es lo que recientemente ha proclamado el Episcopado español acerca de las cosas de Italia, acerca de la libertad de enseñanza en los establecimientos literarios y desenfreno de la prensa. La doctrina de los obispos ha de ser la norma de conducta de toda su grey, pero especialmente de todos los eclesiásticos de todas categorías. Estos, pues, ni pueden enseñar otra doctrina que la de sus pastores ni honrar con su confianza en los cargos indicados y otros cualesquiera, a los que profesan la contraria, ni apoyar directa ni indirecta, próxima ni remota, explicita ni implícitamente, en ningún caso ni en ningún terreno, a cualquier persona de quien les consta que ha de trabajar en sentido opuesto a las sanas, autorizadas y seguras enseñanzas del episcopado católico”; Boletín eclesiástico del Obispado de Cuenca, num. 44, 6-XI-1865, p. 107; en AHPAS, Fondo Posada Herrera, caja 11.386, leg. 14, num. 3.
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resulta innegable el carácter determinante de su alineamiento en la elección de los candidatos moderados y neo-católicos (véase el anexo de los resultados electorales). Los excluidos del entramado caciquil y las formas de protesta El partido demócrata o republicano quedó desplazado de este entramado de poder tejido por los partidos políticos “respetables”, los caciques locales y la Iglesia, con la cobertura y complicidad de la Corona. Los primeros republicanos estuvieron mediatizados por la opresión de su electorado en la legislación electoral, por la represión gubernamental y por la adopción de una estrategia insurreccional como forma de acceso al poder ante la cerrazón política del exclusivista régimen liberal isabelino. El proyecto republicano trascendió más allá de su intento por sustituir la Jefatura del Estado, uno de sus sellos de identidad, no explicitado abiertamente para evitar la represión. Así se desprende del análisis de la incipiente democracia en las provincias que en la actualidad constituyen Castilla-La Mancha. En unas provincias del interior peninsular eminentemente rurales, pero no silenciosas, desmovilizadas o dominadas por la atonía. En la clandestinidad durante la mayor parte del periodo, desplegaron una red de comités locales, ejercieron una importante influencia sobre determinados ámbitos de socialización política como la Milicia Nacional y tomaron parte en los debates intestinos que sacudieron al Partido a nivel nacional preludiando la escisión operada durante el Sexenio Democrático. A pesar de que los testimonios son escasos y fragmentarios por las razones ya aludidas (la represión, permanencia en la clandestinidad, etc…), la localidad de Mota del Cuervo fue una de estas localidades manchegas donde está atestiguada la presencia de republicanos en fechas muy tempranas. Durante el Gobierno largo de O’Donnell, es decir, entre 1858 y 1863, fueron procesados judicialmente varios moteños por haber tocado el Himno de Garibaldi, uno de los principales impulsores del proceso de unificación italiana y líder de la sublevación contra los Borbones italianos del Reino de las dos Sicilias20. Más allá de explicitar la represión a la que estuvieron sometidos los primeros republicanos, este testimonio evidencia la trascendencia que desempeñaron los símbolos y componentes culturales a la hora de crear significaciones y actuar como elementos aglutinadores en el seno de las representaciones colectivas. 20. Según E. Roel, El partido demócrata español, 1849-1868, Madrid, Rialp, 1961, pág. 267.
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De ello fueron perfectamente conscientes las autoridades moderadas, apresuradas a censurar todas aquellas manifestaciones culturales que pudiesen redundar en la cohesión y consolidación de una cultura política republicana. Más ejemplos. En 1857 el Alcalde de la localidad toledana de Quintanar de la Orden prohibió bajo amenaza de multa que una treintena de vecinos exhibiesen públicamente unos gorros encarnados con una borla azul al considerar que encerraban una declarada significación política, y más concretamente, de constituir “un distintivo republicano”21. Al poco tiempo, los mismos individuos compraron unos sombreros de color café oscuro con una cinta de color lila, motivando de nuevo la reacción de la autoridad, en este caso en forma de bando municipal que reprodujo la anterior prohibición, a pretexto también de que tenían la misma significación que los gorros, medida que fue acompañada con el registro de las casas de varios ex-milicianos de la localidad. En 1854 fue colgado en la Iglesia de Villaescusa de Haro un pasquín anónimo que rezaba: “Aviso al público. Todo el que no sea adicto al partido de D. Juan Zacarías serán pasados por las armas, mueran, Fernández, el médico Escuder, el Sacristán, el cura, el cirujano con todos sus secuaces, el maestro de escuela será arrastrado, Viva la República, mueran todos los curas y frailes, abajo la Reina y fuera de Borbones”22.
Junto a esta serie de testimonios informales, a mediados de la década de los sesenta está atestiguada la existencia de comités locales republicanos en el distrito de Belmonte. Estuvieron formados por un puñado de correligionarios que en la mayoría de las ocasiones no pasaron de la docena de miembros, pero que participaron en los debates intestinos que salpicaron al Partido demócrata a nivel nacional antes de pasar a la clandestinidad en 1866. Fue el caso de la polémica abierta entre republicanos individualistas y socialistas, en la cual se posicionaron a favor de la primera de las corrientes23. O el apoyo que brindaron a la estrategia abstencionista en las elecciones como medio para desvirtuar el corrupto sistema electoral isabelino, retraimiento que tácitamente significó aceptar la vía revolucionaria para acceder al poder. El comunicado elevado por los correligionarios demócratas del distrito de Belmonte así lo corroboró:
21. La Discusión, 1-5-1857. 22. Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante AHPAB), Audiencia Criminal, “Desórdenes públicos”, caja 17, causa núm. 1. 23. La Democracia, 1-6-1864. En concreto se afirmó que dentro de la democracia no podía existir el socialismo porque supondría justificar las acusaciones de comunistas que, desde el bando reaccionario, se habían realizado con el objetivo de desvirtuarla.
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“Los partidos todos luchan en el terreno que les es dado, y deben por desasirse del de la Unión que nos rige y pesa hasta en las conciencias todas, como maza de Fraga. Los liberales atrincherados en el retraimiento, fortaleza inexpugnable, con solo esta actitud, lo traen confuso, desquiciado casi ya. Los moderados, convirtiendo en virtud la necesidad, por lo tanto retraigámonos, pues el de Llanes (Posada) nos conoce demasiado, nos ha cerrado la única entrada que teníamos al Parlamento Cólera. Esta conducta de los moderados abstinentes tiene una facilísima explicación; gentes de la misma calaña que los unionistas, conocedores de los secretos de hendidores, temen con sobrada razón a las argucias, a las mañas de los gobernantes en cuestiones electorales; han palpado a más la docilidad, la subordinación al poder de los partidos que toman parte en la lucha electoral, y huyen de las urnas como la zorra del humo, cuando están en la oposición, cuando no pueden dar empleos, cruces ni varas de alcalde. De ello, esta provincia sin ventura, dominada por el más servicial caciquismo dará el ejemplo más acabado, y que en su día pintaré a Vds. y en cambio de servicios electorales que se prestaron a D. Leopoldo, como se prestaron a D. Ramón y mañana al moro Muza, los caciques de ella, seguirán batuteándole a su placer y pese a quien pese. Que los moderados discurran si deben o no retraerse en las próximas elecciones, no hay para que traerlo a mientes y menos repitiéndolo. Que el partido progresista, en cuyo seno desde que se inició tan batallona cuestión, había opiniones encontradas acerca de ella, o importantes ya en su favor ya en su contra, no era ilógico el que hoy las tuviera igualmente; pero que en la democracia se hayan suscrito siquiera, lo digo con la franqueza y lealtad que me es propia, me ha dolido tanto como sorpresa me ha causado”24.
En el extremo opuesto, también está atestiguada la existencia de carlistas en Mota del Cuervo durante el reinado isabelino, es decir, de contrarrevolucionarios que anhelaban la vuelta al Antiguo Régimen y al absolutismo monárquico. A comienzos de 1855 fue desbarata en la localidad de Los Hinojosos una conspiración carlista dirigida por un antiguo ayudante de un general del Ejército realista que tenía ramificaciones en el distrito de Belmonte25. Junto a eclesiásticos y nobles el carlismo también gozó de un innegable apoyo popular entre aquellos sectores sociales perjudicados con la implantación del Estado liberal. Fue el caso de Ceferino Fernández Granero y Moreno, un alfarero vecino y natural de Mota del Cuervo que fue condenado a siete meses de prisión y al pago de las costas del juicio en 1858 por haber dado gritos a favor del pretendiente carlista durante una discusión que mantuvo con un republicano de la localidad26. Un alfarero que representó el descontento que una 24. La Democracia, 1-11-1865. 25. El Clamor Público, 14-II-1855 y 20-V-1855. 26. AHPAB, Audiencia Criminal, “Guerras Civiles Carlistas”, caja 24, causa num. 2.
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parte del artesanado interiorizó contra el liberalismo y su aneja disolución de la reglamentación gremial del Antiguo Régimen. Frente a estos sectores sociales damnificados con la articulación del régimen liberal se posicionaron unas clases propietarias burguesas que utilizaron las elecciones para dirigir los nuevos eslabones del poder liberal, verdaderas palancas de riqueza. En primer lugar para controlar la Hacienda. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX la Hacienda española descargó preferentemente las imposiciones tributarias sobre las contribuciones indirectas. Es decir, los propietarios controlaron los Gobiernos, las diputaciones y los ayuntamientos para pagar menos impuestos directos y asignar a las tributaciones indirectas una parte significativa del presupuesto, es decir, sobre las cargas que pagaba todo el pueblo al gravar los productos de primera necesidad: la sal, la carne, los aceites, etc., los denominados impuestos de consumo. En suma, eran las clases trabajadoras o menos pudientes las que tenían que soportar y aportar la mayoría del presupuesto tributario. Un inequitativo sistema fiscal que unido a la ocultación y falseamiento de los padrones de riqueza por parte de las oligarquías que controlaban las diputaciones y ayuntamientos dio lugar a que aflorasen numerosas explosiones de protesta en forma de motines contra las autoridades y los agentes encargados de su recaudación. Pero también en forma de protestas anónimas materializadas en la aparición de pasquines amenazantes para evitar la represión27. Controlar los ayuntamientos y diputaciones también otorgó la dirección de mando sobre los guardias municipales encargados de velar por las propiedades y cultivos de los terratenientes de la localidad, muchas de las cuales habían sido adquiridas en la desamortización civil iniciada en 1855. Eran bienes que anteriormente habían sido propiedad de los concejos, en numerosos casos de aprovechamiento comunal, y que habían pasado a manos privadas. En el caso de los montes de especial importancia para la economía de subsistencia de las clases trabajadoras al obtener imprescindibles recursos para la supervivencia, como fue el caso de la caza o de la leña. Unas prácticas que comenzaron a ser penalizadas a partir de este momento y que provocaron un incremento espectacular de los índices delictivos. Veamos otro ejemplo cercano. En 1859 un jornalero de Las Pedroñeras fue condenado a un año 27. Mucho más frecuentes durante la posterior etapa de la Restauración, como ha demostrado O. Bascuñán en un reciente estudio, Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha, 1875-1923, Valencia, Fundación Instituto Historia Social, 2008.
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de cárcel y al pago de las costas del juicio, es decir, prácticamente otro año más de condena al declararse insolvente, por haber robado una carga de leña en los antiguos terrenos vecinales de la localidad de El Provencio recientemente privatizados.28 Una creciente conflictividad que aumentó significativamente en Mota del Cuervo durante aquel periodo con una coyuntura económica adversa, y en concreto ligada al fenómeno del bandolerismo asociado a los asaltos de los viajeros de la ruta que unía Madrid con Levante. Lejos de su carácter romántico, este fenómeno respondió a las necesidades de subsistencia de las clases trabajadoras, quienes encontraron en el robo en despoblado una fuente complementaria para alcanzar los recursos necesarios para la supervivencia. Así lo demuestra el origen social de los encausados por bandolerismo a lo largo de la etapa (jornaleros, zapateros, albañiles, labradores, carpinteros, barberos, etc.). Sirva como ejemplo la causa abierta contra un tratante de géneros y un barbero de las localidades de Minaya y de Belmonte, quienes el 2 de agosto de 1854 robaron al mayoral y pasajeros de la diligencia que unía Madrid con Levante a su paso por Mota del Cuervo29. En suma, los mismos sectores sociales perjudicados por el sistema de reclutamiento implantado por el Estado liberal. Un largo y penoso servicio militar de varios años que las clases más pudientes tuvieron la oportunidad de esquivar pagando una suma económica, pero también falseando los sorteos de quintos efectuados en los ayuntamientos y diputaciones que controlaban. Unas manipulaciones que dieron lugar a motines, frecuentes durante la posterior etapa de la Restauración, y a protestas individuales contra las quintas, como fue el caso de los insultos proferidos en 1858 por Pío Zarco Contreras, un molinero de Mota del Cuervo, contra el Ayuntamiento y el Gobierno central mientras se realizaban en la localidad las medidas y exenciones para el servicio militar30. Más explícito fue un jornalero del municipio conquense de Canalejas tras conocer que su único sobrino había sido declarado soldado: irrumpió en el salón consistorial en el cual se estaba celebrando el sorteo de los mozos e insultó a las autoridades locales y a la propia reina31. Un testimonio que demuestra como la espontánea protesta popular ya no era dirigida exclusivamente 28. AHPAB, Audiencia Criminal, “Usurpación de terrenos públicos”, caja 77, causa num. 10. 29. AHPAB, Audiencia Criminal, “Guerras Civiles Carlistas”, caja 24, causa, num. 1. 30. AHPAB, Audiencia Criminal, “Rebelión y sedición no cantonal ni carlista”, caja 63, causa num. 2. 31. AHPAB, Audiencia Criminal, “Desórdenes públicos”, caja 17, causa num. 21.
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hacia el sistema de reclutamiento sino contra los padres de la quinta, desde las autoridades locales encargadas de ejecutar las operaciones hasta la propia cúspide que amparó todo el sistema: Isabel II. Las nuevas medidas implantadas por el Estado liberal estaban impulsando la traslación de actitudes sociales a comportamientos políticos. En este caso concreto, la de un jornalero soltero y empobrecido de avanzada edad al que se le privó de la única fuente alternativa de ingresos que, en un futuro no muy lejano, debía garantizarle la subsistencia. Un malestar que fue canalizado por los republicanos incluyendo en su programa la abolición de las quintas y convirtiendo la protesta, durante el Sexenio democrático, en un movimiento relativamente organizado. En suma, el manejo de las votaciones permitió blindar la propiedad a las clases propietarias de Mota del Cuervo y el distrito de Belmonte, pero también falsear el sistema contributivo y manipular del servicio militar, eslabones esenciales del entramado caciquil. A pesar de la generalizada corrupción electoral y las evidentes contradicciones, la implantación del liberalismo en estas tierras generó una auténtica politización en los distintos niveles, a los que llegó el reto de participar en el Estado y en las instituciones. La ciudadanía se vertebró desde las clases propietarias ante todo, no cabe duda, pero esto repercutió en toda la sociedad. Por acción o por omisión, por adhesiones y lealtades o por oposición y rechazo.
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Anexos Cuadro nยบ 1 Resultados electorales en el distrito de Belmonte bajo la ley de 1846
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Cuadro nยบ 2 Resultados de los comicios a Cortes celebrados en 1854 en la provincia de Cuenca bajo la ley electoral de 1837
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Cuadro nยบ 3 Resultados electorales de los comicios a Cortes celebrados en 1865 en la provincia de Cuenca bajo la ley electoral de 1865
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Cuadro nยบ 4 Resultados electorales de los comicios a Cortes celebrados en 1867 en la provincia de Cuenca bajo la ley electoral de 1865
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Bibliografía
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