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HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
Durante las dos últimas décadas de gobierno colonial español, la Iglesia (especialmente el alto clero, predominantemente español) se mostró más dependiente y subordinada respecto al estado de lo que pudo haberlo sido antes. En la rebelión de los comuneros contra los impuestos en las provincias de El Socorro, Tunja, Sogamoso, Pamplona y Los Llanos de Nueva Granada en marzo de 1780, los protagonistas fueron los criollos (aunque, como en otros lugares, utilizaron a mestizos e indios para defender sus intereses). El representante de la autoridad colonial que tuvo que enfrentarse a la crisis fue el arzobispo Caballero y Góngora, de Bogotá. Su estrategia constituyó una obra maestra de maquiavelismo: aparentó aceptar las demandas de los insurgentes, cuando éstos llevaban las de ganar; denunció los acuerdos firmados y descargó la represión cuando contó con la fuerza militar suficiente para ello.24 Al mismo tiempo, Perú estaba sacudida por la más profunda conmoción jamás registrada en la sociedad andina: miles de indios y mestizos se rebelaron contra los abusos coloniales, antiguos y recientes. En agosto de 1780, la zona central de la Audiencia de Charcas (Alto Perú) —Chayanta, Yampara, Purqu y AuUagas— se levantó en armas abiertamente; en noviembre de 1780 lo hicieron las regiones de Cuzco, Arequipa, Huamanga y Puno; y en marzo de 1781, las de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. ¿De qué lado estaba la Iglesia? Los pocos sacerdotes que lucharon o simpatizaron con los rebeldes lo hicieron por necesidad. En cambio, del lado contrario el aparato clerical identifica su destino intuitivamente con el de la minoría blanca y se deja manipular por el poder civil como instrumento de «pacificación» (es decir, sometimiento) de los no blancos. La tajante división entre los dos bandos aporta una nueva evidencia de que la Iglesia estaba allí para servir al estado colonial más que a los indios. Se ha especulado con las supuestas simpatías tupamaristas del obispo criollo de Cuzco, Juan Manuel de Moscoso y Peralta; sin embargo, nunca las tuvo, tan sólo existió una conspiración entre un canónigo local y dos funcionarios reales, Benito de la Mata Linares y Jorge de Escobedo. Si tales simpatías existieron entre el bajo clero o entre los misioneros, la indoctrinación del aparato eclesiástico habría bastado para ocultar con éxito tales sentimientos. Pero hacia 1808-1810, la lealtad del bajo clero, predominantemente criollo, hacia la corona es menos segura. Aquél se resentía cada vez más del virtual monopolio de los altos cargos eclesiásticos por parte de los «peninsulares». Muchos de sus privilegios, especialmente el «fuero eclesiástico», que les daba inmunidad frente a la jurisdicción civil, estaban amenazados, y una serie de medidas que culminaron en la consolidación del decreto de amortización de 26 de diciembre de 1804 intentaron (sólo con limitado éxito, hay que decirlo) apropiarse las tierras y el capital pertenecientes a las fundaciones y capellanías religiosas. Los párrocos dependían de estos ingresos y legados para complementar sus bajos sueldos. Para el vasto ejército de clérigos que no se beneficiaban del patronato real (se estima que representaban cuatro quintas partes del clero secular en Nueva España afinalesdel siglo xvm), así como para gran número del clero re24. John L. Phelan ha examinado el papel del arzobispo Caballero y Góngora en la supresión de los comuneros de Nueva Granada en The people and the king. The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, 1978.