Prensa 30 noviembre

(como si los consulados en países como Republica Dominicana o Haití contaran con los recursos suficientes para enfrentar la demanda que se generaría), y establecer una serie de condicionantes para el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes.

La reciente propuesta de parlamentarios pertenecientes al conglomerado Chile Vamos, y secundado por el candidato presidencial Sebastián Piñera, es un claro ejemplo. Más allá del tono inicial, que muestra en sí mismo, las pasiones que puede despertar un tema como este, el argumento utilizado es la asociación entre migrantes y delincuencia, señalando que los migrantes son bienvenidos en la medida en que trabajen, pero aquellos que vengan a delinquir, no deben ingresar, o bien deben ser expulsados a la brevedad. Pues bien, de acuerdo con los datos de la Defensoría Penal Pública, los migrantes imputados representan sólo el 2% del total de imputados.

No se trata de prohibir el ingreso de los migrantes, ni de expulsarlos, sino de construir una mano de obra suficientemente vulnerable y desprotegida para que trabaje en silencio, sin reclamos ni capacidad de organizarse, en sectores tan importantes como la industria agrícola, la construcción de pequeña escala, el servicio doméstico, los servicios de limpieza, la atención en restaurantes, el trabajo en fábricas textiles, entre muchos otros sectores donde las ganancias y crecimiento son a costa de miles de hombres y mujeres que han arriesgado todo por una esquiva oportunidad para vivir dignamente.

Datos de Gendarmería por otra parte, señalan que la población extranjera recluida (en 2014) fue de 1824, de un total de 44.316, lo que representa cerca del 4%. Si la población total de migrantes a nivel nacional, no supera en ningún caso el 3%, entonces estas cifras indican que los extranjeros no participan más que los nacionales en hechos delictivos. La razón es sencilla: la migración es un proyecto de vida en el que se ha invertido demasiado como para arriesgar una sanción penal, años de cárcel o una deportación. ¿Es posible que los legisladores busquen entonces restringir el ingreso al país, utilizando un argumento que involucra a un porcentaje tan mínimo de la población migrante?

La asociación con delincuencia no es nueva, como no lo es la idea de que vienen a quitar el trabajo, la vinculación con narcotráfico y hoy en día con el terrorismo, todos mitos que ha sido desechado una y otra vez por diversas investigaciones. Todos estos argumentos, han sido utilizados en distintos períodos históricos y lugares geográficos, para restringir el ingreso de personas que buscan legítimamente una oportunidad para desarrollar sus vidas y las de sus familias.

Lo importante aquí es recordar que las mayores restricciones sólo terminan por incrementar la migración irregular. Esto significa que la migración irregular, que conlleva redes de tráfico y una altísima inseguridad para los migrantes, es una producción de las políticas implementadas en los distintos países. ¿Por qué entonces insistir en la necesidad de incrementar el control migratorio?

Hay dos argumentos que intentan explicar la postura restrictiva. El primero refiere al carácter xenófobo imperante en las sociedades actuales, de la cual Chile no es la excepción. Esto favorecería la exclusión de algunos como mecanismo de reafirmación de una supuesta identidad nacional hegemónica. Situar la alteridad en el extranjero permite asegurar el blanqueamiento de un nosotros que se piensa a sí mismo como no indígena, no negro y no pobre.

El segundo argumento apunta a la naturaleza del sistema económico global. La migración irregular en tanto construcción de la política, es necesaria para el funcionamiento de las economías locales