Venezuela en su antagonismo: las identidades formadas a partir del conflicto del parocívicopetrolero by Noé Hernández

Redes y jerarquías (VOLUMEN 2)

Participación, representación y conflicto local en América Latina

REDES Y JERARQUÍAS (VOLUMEN 2)

Participación, representación y conflicto local en América Latina Gisela Zaremberg y María Antonia Muñoz (coordinadoras)

323.042098 R314 V.2 Redes y jerarquías : participación, representación y conflicto local en América Latina / Gisela Zaremberg y María Antonia Muñoz (coordinadoras). – México : FLACSO México : International Development Research Centre (IDRC), 2013. 174 páginas : ilustraciones : gráficas : 17 x 23 cm. ISBN 978-607-9275-17-4 1.- Participación Ciudadana – América Latina – Estudio de Casos. 2.- Clientelismo Político – América Latina – Estudio de Casos. 3.- Democracia – América Latina. 4.- Conflictos Políticos – América Latina. 5. – Conflictos Electorales – América Latina. 6.- Redes Sociales – Aspectos Políticos – América Latina. 7.- América Latina – Política y Gobierno. I. Zaremberg, Gisela, coordinadora. II. Muñoz, María Antonia, coordinadora.

Primera edición: julio de 2013 D.R. © 2013, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, Carretera al Ajusco núm. 377, col. Héroes de Padierna, del. Tlalpan, 14200 México, D.F. <www.flacso.edu.mx>, <public@flacso.edu.mx> D.R. © 2013, International Developmet Research Centre (IDRC) Canada 150 Kent Street Ottawa, ON, Canada K1P 0B2 <www.idrc.ca> En portada: “Arbre de vie”, mosaico de Corinne Lelaumier. Diseño de forros: Cynthia Trigos Suzán. ISBN 978-607-9275-17-4 Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por académicos externos de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Editorial de la Flacso México. Y es resultado de un proyecto de investigación financiado por el IDRC, Canada. Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, de los tratados internacionales aplicables. Impreso y hecho en México. Printed and made in Mexico.

Índice

Introducción Gisela Zaremberg y María Antonia Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capítulo 1 Fuerza, proyecto, palabra y pueblo: circuitos de representación y conflicto político Gisela Zaremberg y María Antonia Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Capítulo 2 El conflicto social y las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, México: algunas lecciones para el multiculturalismo latinoamericano Todd A. Eisenstadt y Jennifer Yelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Capítulo 3 Oaxaca: clientelismo, protesta y elecciones Jorge Cadena-Roa y Javier Hernández Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Capítulo 4 Venezuela en su antagonismo: las identidades formadas a partir del conflicto del Paro Cívico Petrolero de 2002-2003 Noé Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Capítulo 5 Paramilitarismo y nuevo orden territorial en Colombia Fabio E. Velásquez C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Semblanzas de autoras y autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Capítulo 4 Venezuela en su antagonismo: las identidades formadas a partir del conflicto del Paro Cívico Petrolero de 2002-2003 Noé Hernández

Introducción

El espacio sociopolítico en Venezuela, a partir del triunfo electoral de Hugo Rafael

Chávez Frías (1998), se ha caracterizado por el surgimiento de conflictos que se han traducido al circuito popular y cuyos rasgos distintivos son la aparición de “ciudadanos de a pie” y “líderes carismáticos” en el escenario político, actores políticos que apelan a discursos antagónicos para estabilizar el significado vacío de pueblo, constituyéndose así identidades políticas en lugares de enunciación irreconciliables, las cuales han desembocado, en última instancia, en actos de violencia.1 Para poner en contexto el argumento anterior, iniciamos con una breve perspectiva histórica que nos introduzca en el espacio político2 venezolano actual, construido de antagonismos entre chavistas y antichavistas. En 1977, el historiador Jean Meyer escribía las siguientes líneas: “Todos los países de las Américas Ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela logró escapar a esos generales; Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La única excepción, finalmente, es la de México” (Meyer, 1977: 4). En efecto, con la erosión de la dictadura de Marcos 1

En el presente artículo seguimos las ideas claves de la teoría política posestructuralista de Ernesto Laclau (2010), cuya conceptualización sobre la constitución de pueblo en espacios políticos de antagonismo entraría en lo que Zaremberg y Muñoz analíticamente denominan el circuito popular (véase “Introducción”, en el presente volumen). En la noción “espacio de la política” seguimos la asunción de Henri Lefebvre cuando afirma “el espacio es política”, es decir, el lugar en donde se configuran las prácticas y estrategias políticas (Henri Lefebvre, en Howarth, 2006: 107). Como observa el propio David Howarth (2006), la noción de “espacio” era una categoría que había sido excluida de la reflexión política por el mainstream de la teoría política en años recientes. [123] © Flacso México

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Pérez Jiménez (1948-1958), Venezuela se instituyó en un régimen político democrático producto del Pacto de Punto Fijo de 1958, el cual consistió en un acuerdo que reduciría la participación política a la arena electoral entre los partidos Acción Democrática (AC) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) (Roberts, 2003; Coppedge, 1994). Lo notable de esta mecánica política es que la institucionalización del conflicto político entre las élites del poder político y económico permitió un alto grado de estabilidad social que perduraría hasta 1989. Así, durante un poco más de treinta años, Venezuela funcionó con un régimen democrático basado en un sistema bipartidista que cerró, al inicio, la participación de otras fuerzas políticas ajenas a este pacto inaugural.3 Durante la segunda gestión gubernativa de Carlos Andrés Pérez, de 1989 a1993, esa estabilidad social comenzó a erosionarse por distintos factores, como la recesión económica, el acotamiento del Estado de bienestar producto de las políticas macroeconómicas de corte neoliberal, la pérdida de legitimidad política del discurso gubernamental, el desgaste del bipartidismo —efecto de la ineficacia para traducir las demandas sociales por parte de los partidos tradicionales— y la corrupción lacerante en las instituciones públicas. Este ambiente sociopolítico y económico fue el trasfondo histórico en que surgieron los movimientos políticos fuera del sistema tradicional de partidos. En este entorno social, en 1989 se dieron los actos violentos conocidos como “el caracazo”, una importante movilización popular que se opuso a las medidas de aumento de las tarifas en el transporte público, pero que articuló otras demandas sociales dispersas en el espacio social —acontecimiento histórico que fungió como el origen “mítico” del fin del consenso del modelo económico— y de la élite gobernante hegemónica. Tres años después, Hugo Chávez y un grupo de militares con un discurso “nacionalpopular” intentaron ser la expresión del descontento popular y posicionarse como alternativa política a través de un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. Este discurso nacional-popular fue recuperado por Chávez repetidas veces, tanto en el intento del golpe de Estado como cuando, posteriormente, fue sobreseído por él mismo. Más tarde, ante las exigencias sociales de cambio de rumbo político para Venezuela, hizo que el presidente Rafael Caldera (1994-1999) prometiera en su campaña electoral la reforma de la constitución, ésta no se realizó y quedó como el gran tema pendiente que cumpliría las expectativas de cambio de un sistema sociopolítico ya agotado (Medina y López-Maya, 2003). Existe una discusión importante en torno a si fue Chávez el que instaló las demandas en el espacio político o resignificó las que estaban dispersas en el espacio social. Pero es claro que, siendo plausible tanto 3

Como fue el caso de exclusión, en el naciente sistema de partidos en Venezuela, del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

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un argumento como otro, desde 1995, mientras conducía el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), Chávez ya se posicionaba como un outsider del sistema político y convocaba a la abstención electoral bajo el lema: “Por ahora ninguno”, en relación a los candidatos de los partidos tradicionales; “¡Constituyente ya!”, en lo referente a la necesidad de fundar un nuevo orden político. Así, el presente artículo pretende describir y reflexionar en torno a la formación de dos campos discursivos antagónicos4 o, más específicamente, a propósito de las representaciones discursivas antagónicas (Laclau y Mouffe, 2004;5 Thomassen, 2005: 297) que desde aquellos años se han ido construyendo, aunque con más intensidad a partir de 1999, después de haber ganado las elecciones presidenciales Hugo Rafael Chávez Frías. Como no es posible reconstruir, por motivos de extensión, el devenir de un discurso antagonista que ya lleva más de diez años de formación, intentaremos tomar como caso paradigmático el conflicto surgido alrededor de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Es importante aclarar que cuando hacemos referencia al discurso no sólo nos limitamos a analizar los materiales orales y escritos, sino también a la estructura de relaciones de significación que implica toda práctica ya sea lingüística o extralingüística. Con esta perspectiva teórica queremos romper con la idea de que se puede tener una relación directa con aquellos fenómenos que estudiamos. Éstos sólo existen en tanto producen una significación y, por tanto, podría concluirse que la morfología de lo social es paralela o consustancial con la de la retórica.6 Desde este punto de vista, el antagonismo se puede entender como el enfrentamiento entre dos fuerzas sociales que tienen estructuras de significación diferentes, es decir, identidades que no pueden ser mediadas o sintetizadas por ninguna relación de negociación, representación ni pueden compartir ningún terreno común de sentidos. Se trata de una situación dramática donde los polos opuestos de la relación solamente se atraen por la pura externalidad

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Desde la perspectiva teórica de Carl Schmitt (2007), el antagonismo en el espacio de “lo político” se reduce a la metáfora de amigo-enemigo. En Hegemonía y estrategia socialista… escriben Laclau y Mouffe: “[…] Ahora, sin embargo, debemos preguntarnos: ¿no hay ciertas ‘experiencias’, ciertas formas discursivas, en que se muestra no ya el continuo diferir del ‘significado trascendental’, sino la vanidad misma de este diferir, la imposibilidad final de toda diferencia estable y, por tanto, de toda ‘objetividad’? La respuesta es que sí, que esta ‘experiencia’ del límite de toda objetividad tiene una forma de presencia discursiva precisa, y que ésta es el antagonismo” (Laclau y Mouffe, 2004: 164). Como se ha mostrado empíricamente en la presente obra, la construcción discursiva de pueblo en los circuitos de representación de los comités de desarrollo municipal en Zulia, Venezuela, esto es, la estructura de significación constituye el circuito popular. Véase el capítulo 1 “Fuerza, proyecto, palabra y pueblo: circuitos de representación y conflicto político” de Zaremberg y Muñoz en el presente volumen.

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que les significa el otro y, por tanto, la resolución de ese conflicto es la eliminación, sea simbólica o física, de una de las partes.7 Una vez dicho esto, queda más claro por qué analizar las prácticas entre dos actores estratégicos —el gobierno de Hugo Chávez y la empresa estatal petrolera PDVSA— en el contexto del Paro Cívico Petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003,8 nos permitirá caracterizar el antagonismo que atraviesa y fractura en dos a la sociedad venezolana.

La configuración política de los campos antagonistas: el chavismo estatalista y las corporaciones mercantilistas Hay que señalar que el proceso de constitución del campo político o discursivo “chavista”, también denominado de la “Revolución Bolivariana” y, más adelante, del “Socialismo del Siglo XXI”, se basará en una profunda práctica y retórica antagonista frente a un enemigo denominado como “oligarquía”, “traidores”, o “enemigos del pueblo”. No obstante, las características del proceso no remiten solamente a la formación de un enemigo interno a la sociedad venezolana, sino también a la institución de nuevas relaciones y prácticas sociales entre las que se encontrarán los Consejos Comunales (y antes de ellos, los círculos bolivarianos, las cooperativas, etc.) con una impronta de fuerte participación popular y disputa por los sentidos que deben estructurar el régimen democrático. No es, entonces, casualidad que el inicio de la denominada Revolución Bolivariana y la instauración de la V República de Venezuela fuera, en primer lugar, vía elecciones democráticas, bajo las reglas del formato liberal que le permitieron acceder al poder a Hugo Chávez para, luego, proponer un cambio en la carta magna que expresa la forma que se quiere dar a sí misma la sociedad: una visión estatalista de la política volcada a las prácticas sociales de lo local. El hecho de que el triunfo electoral de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 se efectuara con un alto porcentaje de votación (56.20%), seguido por Henrique Salas Romer, por la alianza entre Acción Democrática y el COPEI (39.97%)9 colaboró 7

En el antagonismo, a diferencia del agonismo que da espacio al diálogo entre las partes en conflicto, las fuerzas políticas en pugna truncan todo diálogo posible, como diría Carl Schmitt (2007), se da paso al espacio de “lo político”. Para un análisis metodológico sobre el antagonismo y el agonismo, véase “Introducción”, de Zaremberg y Muñoz, en el presente volumen. Seguimos en la presente investigación la denominación de “Paro Cívico Petrolero” para expresar en un solo concepto los discursos antagónicos del oficialismo chavista que calificó al movimiento de diciembre de 2002 a febrero de 2003 como “Paro Petrolero” y el de la oposición que se veía a sí misma como un Movimiento Cívico Democrático denominado “Paro Cívico Nacional”. (Véase: Cárdenas, Canavire y Pernía, 2005: 15). Porcentajes del voto electoral tomado del documento “Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo 19582000 (Voto grande)”, fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE), disponible en<http://www.cne.gov.ve>.

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con la posibilidad de llevar adelante la propuesta de reforma constitucional. En este sentido, el gobierno de Hugo Chávez llega al poder con un amplio consenso popular y abre las puertas para un cambio radical en la política venezolana. El año 1999 fue para Venezuela un año axial, caracterizado por una gran intensidad política. En ese mismo año se convocó a un referendo consultivo para conocer el sí o el no para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de diseñar la nueva constitución de la “Quinta República de Venezuela”. Una vez que la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba facultado para realizar dicho referendo, éste se celebró el 25 de abril de ese mismo año. En estas circunstancias se llevó a cabo esa experiencia novedosa en la historia electoral del país.10 A la hora de la votaciones, la primera pregunta tuvo el 87.9% a favor y el 7.3% en contra; mientras que la segunda pregunta tuvo el 81.9% a favor, y el 12.8% en contra. El amplio consenso a favor de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente daba cuenta de una importante participación democrática de ciudadanos que demandaban un cambio institucional profundo, un reordenamiento del orden político venezolano que parecía haberse agotado. Pero además, se daba un voto de confianza al nuevo gobierno para realizar estas transformaciones y se consolidaba el sentido del triunfo bajo la vía democrática de la propuesta chavista de la Revolución Bolivariana.11 La crisis de representación política expresada en el desencanto que había sufrido el sistema de partidos reducido al Pacto de Punto Fijo que había durado tres décadas, más el agotamiento del modelo económico de la última década, le daba a Chávez un amplio margen para la rearticulación de un conjunto amplio de demandas insatisfechas (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000; Hawkins, 2003; Molina y Pérez, 2004). Más allá del alto grado de abstención, Hugo Chávez gozaba de un amplio apoyo. En este contexto, el partido Movimiento V República (MVR) y la alianza Polo Patriótico comenzaron a impulsar la elección de los miembros que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente.12 En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral fijó como fecha 10

En el referendo consultivo se realizaron dos preguntas, a saber: 1) “¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?”, y 2) “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 36 669 de fecha marzo 25, 1999?” (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000). A pesar del triunfo del Ejecutivo nacional venezolano en el referendo consultivo del 25 de abril de 1999, algunos analistas políticos hacían la observación de que era un triunfo ilegítimo debido a la alta abstención en este referendo, pues el mismo había alcanzado un nivel de 62.2% (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000). Institución legislativa que elaboraría en un plazo no menor de 180 días la nueva constitución política para la Venezuela de la Revolución Bolivariana.

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para celebrar dichas elecciones el 25 de julio de 1999. Cumplidas éstas,13 los resultados fueron favorables para el nuevo proceso político instituido con la elección de Hugo Chávez como presidente. Los ciudadanos tenían en sus manos el instrumento democrático del voto para rechazar o darle continuidad a lo que en ese momento ya se conocía como el proyecto político radical de la Revolución Bolivariana. Así, los ciudadanos votaron por la continuidad del proyecto político que Chávez venía construyendo desde tiempo atrás (Molina y Pérez, 2004). La alianza partidista que había conformado Hugo Chávez en torno al llamado Polo Patriótico había obtenido 121 puestos para ser ocupados en la Asamblea Nacional Constituyente. En cambio, los partidos opositores habían alcanzado sólo 4 puestos y los independientes un total de 3. Con este triunfo electoral del Polo Patriótico, el Ejecutivo nacional lograba conformar una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría legislativa, lo que le aseguró que su iniciativa sobre la nueva constitución fuera aprobada casi por completo.14 Con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, que sustituiría al Congreso de la IV República, se empezó a trabajar en la elaboración de la nueva constitución. La Revolución Bolivariana se abría camino con legitimidad política sobre la base de procesos democráticos. Hasta sus críticos coinciden en este punto, a pesar de que evalúan dicho proceso democrático en un sentido escéptico al calificarlo como un proceso político populista (Corrales, 2006; Arenas, 2008; Naím en Krauze, 2010; Krauze, 2010). En este contexto sociopolítico, a los 120 días se le presentó al Ejecutivo nacional el “Proyecto de la Constitución Bolivariana”, más allá de los debates jurídicos y los pormenores de técnica jurídica, el hecho fue que se sancionó el nuevo Proyecto de la Constitución Bolivariana para que, vía referendo, fuera sometido a su aprobación el 15 de diciembre de 1999. Los resultados estaban a la vista, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela había sido aprobada con el 72% de los votos válidos a favor, contra el 28%. Nuevamente el abstencionismo se hizo presente en este referendo pues alcanzó el 56% (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000). En este ambiente sociopolítico, el ascenso de la Revolución Bolivariana al ejercicio del poder político llegaba con un alto consenso popular y una legitimidad democrática 13

Sobre el ejercicio de gobernabilidad que significó el paso de la disolución del Constituyente a la elección de diputados de la nueva Asamblea Nacional escribe la historiadora Margarita López Maya: “El Congresillo fue un órgano deliberativo provisional designado por la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la aprobación de la Constitución de 1999, para resolver problemas político-administrativos en el lapso contemplado desde la disolución de la Constituyente hasta la elección de los diputados de la nueva Asamblea Nacional” (López-Maya, 2004: 5). Una parte importante de la población se mantuvo al margen de las elecciones: el 53.7% se abstuvo de votar para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000; Molina y Pérez, 2004).

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electoral, que se acompañaba de un discurso populista que pronto acentuó el conflicto político. Por supuesto que éste no sólo se redujo al momento específico de la disputa por PDVSA —aunque ésta fue significativa en tanto que en ella se expresaron las principales posiciones— sino que se esparció en toda la sociedad venezolana, reorganizando las posturas políticas de su ciudadanía. Ejemplo de ello fue que los Consejos Comunales, así como otras formas de organización desde lo local impulsadas por el gobierno, fueron ocupados por actores que apoyaban el proyecto oficial, mientras que fueron pocos los que no lo hacían. Esto fue así porque cada iniciativa gubernamental fue leída como un acto a favor de una causa particular y no como una práctica universal. Éste es un entendimiento que no sucede en otros países donde las políticas gubernamentales pueden ser criticadas pero no necesariamente rechazadas por su ciudadanía. Pongamos el caso de otro tipo de instituciones locales como el impulso al presupuesto participativo de Porto Alegre o de los CMDR en Oaxaca, allí oposición y oficialismo se encuentran para disputar el espacio político y los recursos, pero ninguno abandona el espacio por considerarlo originado en el bando “enemigo”. En conclusión, las divisiones que genera un antagonismo se expanden a todos los rincones de la vida social y tienden a imantar a grupos en los polos opuestos que se enfrentan incluso haciéndolos participar en las políticas públicas o, por el contrario, apartándolos de ellas si es que el gobierno es uno de los protagonistas del conflicto. Avanzaremos sobre esto más adelante. A pesar del desgaste de los partidos Acción Democrática y COPEI, durante los primeros años del gobierno de Chávez, éstos pudieron ser referentes de una serie de actores que se posicionaban en contra de las primeras políticas gubernamentales de Hugo Chávez, sobre todo, en el marco del ejercicio legislativo de la Asamblea Nacional de la V República de Venezuela. En este ambiente de diferencias con la oposición, una de las primeras acciones legislativas más controvertida impulsada por Hugo Chávez fue la primera Ley Habilitante publicada en la Gaceta Oficial núm. 36.687 con fecha del 26 de abril de 1999. El oficialismo pudo aprobar la ley debido a que tenía la mayoría en la Asamblea Nacional. Ésta le otorgó al Poder Ejecutivo la facultad constitucional de legislar en distintas materias: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio” (artículo 203, párrafo cuarto, de la Constitución de la República Bolivariana). Así se le confiere al Ejecutivo la facultad para legislar con la figura jurídica de decreto en los siguientes ámbitos: en la Organización de la Administración Pública Federal, en el sector financiero, en el tributario y en el económico sectorial. Esta Ley Orgánica “autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera requeridas por el interés

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público” (Ley Orgánica del 26 de abril de 1999). De dicho modo, esta ley habilitante daba una amplia capacidad de legislar al Poder Ejecutivo, sumando así a Venezuela a la tradición presidencialista de América Latina. Por otra parte, esa misma ley habilitante fue cuestionada por la oposición porque concentraba las decisiones vinculantes en la voluntad presidencial y el grupo de apoyo parlamentario oficialista. Estas circunstancias normativas fueron aprovechadas por el Ejecutivo e inmediatamente se inició un conjunto de reformas radicales en el sector energético. La forma de legitimar las medidas no fueron solamente la fuente legal que permitía este tipo de iniciativas sino que les dio un contexto más amplio, incluyendo transformaciones institucionales en el marco de un discurso “antineoliberal“. Es interesante señalar que, si bien parte de la literatura sostiene que la retórica antagonista de Chávez se presenta como puramente lingüística e irracional, este tipo de reformas institucionales rompen con esa mirada simplista en torno a la construcción de un enemigo. Esta retórica operó no únicamente para formar y reposicionar voluntades sino, también, cristalizó nuevas reglas de funcionamiento en el Estado e instituciones sociales que transformaron un amplio conjunto de relaciones sociales, tanto en el interior del país como entre la nación y el resto del mundo. Fuera de la política doméstica que hemos descrito aquí, una de las primeras medidas del gobierno chavista en el contexto internacional fue reactivar su participación en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para ello emprendió una gira internacional entre los principales países miembros de dicha organización con la intención de crear un control de la producción de petróleo a nivel mundial; esto es, que los países miembros fijaran el precio del barril de petróleo en el mercado global. Tales medidas impactarían en un alza de precios en el mercado petrolero al incentivar la demanda en un mercado con producción controlada. Bajo esta nueva estrategia internacional del presidente Hugo Chávez, el aumento de la rentabilidad petrolera sería dirigido a una nueva función social: distribuir las ganancias entre los sectores de la sociedad con la finalidad de conseguir legitimidad política (Okruhlik, 1999). Estos recursos se fueron utilizando para impulsar las misiones sociales como han sido las campañas de salud de atención primaria, de educación en todos sus niveles, de capacitación para el trabajo, financiamientos para proyectos en el mejoramiento de los servicios públicos de la comunidad, entre otros. Además, se generaron créditos para las cooperativas y la formación de Consejos Comunales donde la comunidad local organizada debía diseñar, coordinar y llevar adelante las tareas que le eran propias a los municipios o ayuntamientos. La reducción de la pobreza y el impulso a la participación local fue una de las consecuencias de esta nueva forma de uso de los recursos fiscales de origen petrolero. En este sentido, la conformación de una retórica antagonista en el gobierno de Chávez tiene una serie de características interesantes de resaltar; se traducen en reformas

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institucionales, no solamente en un exceso “verborrágico” como muchos señalan, sino que son aprobadas en la Asamblea Nacional respetando así los procesos democráticos institucionales y ponen a prueba el statu quo de los intereses económicos creados durante los gobiernos de las reformas neoliberales que precedieron al gobierno chavista. Entre ellos, se contrapuso a la élite de los altos directivos de PDVSA, así como a la creencia dogmática en la eficiencia de la libertad de mercados por sí mismos, sin considerar las dimensiones de lo social y lo político como componentes cruciales en la toma de decisiones de carácter económico (Stiglitz, 1998). Al tener frente de sí un discurso que generaba rupturas radicales que impulsaban el retorno del manejo de los recursos energéticos por parte del gobierno, comenzaron a participar en una oposición a éste, los movimientos de la huelga general impulsada por la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en los primeros meses de 2002, construyéndose así una identidad política reconocida como antichavista. Antes de la huelga, las protestas de agricultores terratenientes y ganaderos ya marcaban posiciones antichavistas, en principio, porque muchas tierras que estaban sin cultivar, o en manos de privados de manera ilegítima, fueron entregadas a otros ciudadanos para su producción y explotación. El descontento se fue extendiendo hacia otras organizaciones corporativas, el sindicalismo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), partidos de la oposición, propietarios de los medios de comunicación privados y el Frente Institucional Militar. Se puede deducir del tipo de cuestionamiento realizado a las medidas económicas radicales emprendidas por el nuevo gobierno que la hostilidad con la que fueron recibidas permitió articular a una serie de actores que se movilizaron en contra de aquél. Por el tipo de acciones colectivas que conllevó la movilización de recursos violentos, se puede derivar que tales acciones gubernamentales estaban amenazando las posiciones de los grupos de poder económico, sobre todo, la del propio grupo Fedecámaras y PDVSA, los dos grandes bloques económicos representantes de las corporaciones mercantilistas.15 Éstos se convirtieron en actores políticos con un fuerte discurso antagonista que, como era de esperar, en su condición de enemistad, se orientó a construir diagnósticos que intentaban deslegitimar las medidas tomadas. Según estos actores, el Ejecutivo llevaba al país a las prácticas populistas de gobiernos anteriores, hacia retrocesos económicos amparados en

Es importante señalar que el bloque de la oposición, conformado ya a principios de 2002, llevó el conflicto hasta los actos violentos del golpe de Estado para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, en abril de 2002, evento histórico que antecedió al conflicto del Paro Cívico Petrolero de diciembre de ese mismo año a febrero de 2003. Dos de los actores centrales de la oposición que participaron activamente en las movilizaciones sociales en el golpe de Estado de abril 2002 fueron la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.

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un nuevo marco legal en donde el Estado se caracterizaba por recuperar la fuerza interventora de antaño (Arenas, 2008). Si bien estas corporaciones lograban instalar demandas en las agendas políticas de los gobiernos previos, se convirtieron en sujetos políticos porque lograron condensar otras posiciones alrededor de su propia lucha. Así, se conformó la Coordinadora Democrática de Acción Cívica,16 que acusaba de antidemocrático al gobierno —a pesar de que se respetaban los procedimientos de la democracia liberal clásica— y se veía a sí misma como la garante de los principios democráticos, la libertad de prensa y la económica, y que se postulaba, asimismo, como la vocera de la sociedad civil. Es evidente que, en el juego de deslegitimación, la democracia quedaba como significante en disputa para ser apropiado tanto por un campo político como por el otro. Los actores estratégicos que se agruparon alrededor de la Coordinadora Democrática fueron los propios medios de comunicación, los partidos políticos como Acción Democrática y Primero Justicia, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), así como los sectores de ingresos medios, ubicados como la sociedad civil democrática (López, 2004). A este bloque, que excedía a los partidos políticos, se le conoció en los medios de comunicación como la “oposición”, jugando un papel relevante —como mencionamos líneas arriba— los medios de comunicación de las empresas privadas en Venezuela, los cuales sirvieron de canales de difusión para configurar la imagen de un gobierno opuesto a las libertades básicas de la sociedad civil. A pesar de autodenominarse “movimiento cívico” o “abanderado de la democracia”, las prácticas utilizadas, paradójicamente, fueron de tipo insurreccional y fuera de los canales tradicionales de la competencia política democrática.

La política de la política petrolera, 1976-1989 La Ley Habilitante fue ejercida por el presidente Hugo Chávez, quien sancionó 49 leyes, en su mayoría de carácter social y económico. En esta dirección, la nueva política petrolera, consistente en el manejo estatal de la renta petrolera para los objetivos sociales del gobierno, así como de otras empresas estratégicas, sumada a la reforma agraria, reorganizó las formas en que la sociedad, el Estado y la economía se relacionaban en Venezuela. La nueva política petrolera del Estado rentístico venezolano, el sistema político bipartidista, las instituciones a nivel local de participación popular, más la intervención del Estado en materia de salud y educación, así como en el funcionamiento de los mercados, marcaron un giro que fue resistido por aquellos que se vieron “dañados” por estas transformaciones.

Conocida popularmente como la Coordinadora Democrática (CD).

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“La maldición de los recursos naturales” es una de las metáforas más ilustrativas para explicar la tendencia sobre la conexión entre crecimiento y el mal desempeño económico entre los países de Estados rentísticos (Sachs y Warner, 2001). En el caso de Venezuela, el petróleo ha significado también una maldición para el espacio de la política. El manejo de los recursos fiscales provenientes de la industria petrolera ha sido crucial para los proyectos gubernamentales y los grupos de interés. Una observación importante es que los proyectos políticos en disputa a lo largo de la historia democrática de Venezuela sobre el manejo de los recursos fiscales de la renta petrolera configuran la legitimidad política del propio gobierno; en otras palabras, la política petrolera marca ante los ojos de la sociedad la legitimidad política del Estado en el ejercicio del poder. Por otra parte, la experiencia histórica en América Latina muestra que la política fiscal en los Estados de renta petrolera tiene que ir acompañada de una construcción discursiva de legitimidad política para llevar a cabo el proyecto gubernamental en turno, pues, justamente, la construcción social de la política fiscal refleja la vida política de la sociedad (Schumpeter, 1991). La nacionalización de la industria petrolera en Venezuela se llevó a cabo en 1976 (Espinasa, 2006), cuando se funda PDVSA. Así, el Estado venezolano ejerció los derechos de propiedad de los hidrocarburos a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Asimismo, la nacionalización obedecía al proyecto político del presidente Carlos Andrés Pérez, quien había impulsado el conocido plan de la “Gran Venezuela”. La ineficacia de la política regulatoria y fiscal sobre la empresa estatal PDVSA por parte del Estado venezolano hizo que en los hechos ésta asumiera independencia administrativa y financiera con respecto al Ministerio de Energía y Minas.17 Durante la segunda gestión gubernamental de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), la empresa PDVSA modificó su gestión para ajustarse a las reformas de desregulación y de ajuste estructural que impulsaría el Estado venezolano bajo el nuevo paradigma económico neoliberal. Éste consistía en un conjunto de políticas públicas diseñadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, legitimadas en el discurso sobre la eficiencia del libre mercado impulsado por el “Consenso de Washington” (Stiglitz, 1998). Así, se impulsó un cambio en la fiscalización de la renta petrolera, lo que se denominó “Apertura Petrolera” (Rodríguez, 2002: 190).18 Ello se tradujo en la incentivación de la participación de las trasnacionales, el debilitamiento del control estatal sobre la empresa y la reducción de la carga fiscal a PDVSA.

Esto le permitió proyectarse hacia un nuevo rumbo de gestión empresarial a través de su internacionalización y adoptar una nueva ingeniería financiera que consistió en acoger un sistema de precios de transferencia a partir de 1983 (Mommer, 2002). La política de la “Apertura Petrolera”, que inicia en 1989, coincide con las políticas de liberalización económica contenidas en el paquete de políticas públicas conocidas genéricamente como “El Gran Viraje”, e impulsadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

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Por otra parte, el nuevo discurso de los altos ejecutivos de PDVSA consistió en reafirmar la eficacia de sus políticas de internacionalización, lo que implicó que el gobierno tuviera una participación menor de los beneficios de la renta petrolera y se impulsaran fuertes inversiones en refinerías en el extranjero.19 En otras palabras, PDVSA se convertía en un poder económico y político clave para el Estado venezolano. Como observó en su momento Bernard Mommer: Las estadísticas ponen en evidencia la declinación de la participación del gobierno en el ingreso petrolero. En 1981, el ingreso bruto por la producción de hidrocarburos, incluyendo la refinación, ascendió a US$19.7 mil millones, un máximo histórico. En 2000 se alcanzó un nuevo máximo, de US$29.3 mil millones. No obstante, en 1981 PDVSA pagó US$13.9 mil millones en ingresos fiscales, pero solamente US$11.3 mil millones en 2000. En otras palabras, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó en 1981 al gobierno 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos, pero sólo 39 céntimos en 2000 (Mommer, 2002: 9).

Así, durante el período neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera (1994-1999), PDVSA se consolidó como un elemento central del poder político-económico, pero no como recurso que pudiera volcarse sobre las políticas sociales ni en ningún otro tipo de impulso para abatir la desigualdad social, sino, más bien, sirvió para establecer una nueva élite empresarial petrolera y una ascendente clase media privilegiada. Bajo la gestión de los gobiernos neoliberales, en especial de Carlos Andrés Pérez, PDVSA se avocó a aumentar la producción y la conquista de los mercados, desestimando el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) debido a la clara influencia de Estados Unidos, su principal comprador, pero también asumiendo el discurso del libre mercado, en el que la formación de “cárteles petroleros” era contradictoria con la nueva doctrina de las corporaciones mercantilistas. Por tal motivo, se dejó de lado el acuerdo internacional sobre las cuotas asignadas por la OPEP, al cual está suscrito el Estado venezolano. La política petrolera de inspiración neoliberal consistía en vender barriles de petróleo de acuerdo con criterios de productividad, y rechazar la lógica del monopolio con poder de mercado que representaba la OPEP. De esa manera, PDVSA, con su política petrolera de internacionalización, se aseguraba un camino distinto al proyecto político del Estado venezolano, y tomaba el rumbo de una empresa de primer nivel en los 19

Cabe señalar que la adquisición de refinerías en el extranjero corresponde a criterios técnicos, pues los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco requieren de una alta sofisticación tecnológica para ser procesados, es decir, la estrategia de PDVSA consistía en tener sus propias refinerías para procesar los crudos extrapesados (Espinasa, 2006).

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mercados globales de hidrocarburos. El discurso de la cuestión social y política le era ajeno, pues, desde la gestión gerencial, no se permitía contaminar el discurso de la eficiencia empresarial con el espacio de la política. Esta concepción de la empresa sería el objeto de disputa durante los primeros años del gobierno de Chávez, pues la intención era convertirla de una empresa basada en la eficacia a fuente de recursos para el nuevo proyecto político. A partir de 1999, la incipiente articulación de un nuevo orden político, al que se le daría el nombre de Revolución Bolivariana, necesitaba de construir el discurso liberal consolidado durante la década de los noventa, que incluía la estructura institucional de PDVSA. La Revolución Bolivariana trajo consigo un nuevo sentido de la política basado en un proyecto articulado, principalmente, por coordenadas claves como la recuperación de los “bienes nacionales”, entre ellos, el petróleo; “la vocación social” canalizada en políticas sociales radicales; la construcción de pueblo a través de la democracia protagónica-participativa ligada a los Consejos Comunales. Esto implicó profundas reformas de las instituciones, entre las cuales PDVSA era fundamental por su posición en la economía nacional. Para darnos una idea de su fortaleza económica, para el año 2000, la producción petrolera representaba el 23% del PIB.20 Estas representaciones políticas discursivas articuladas en torno al espíritu gerencial de PDVSA, por un lado, y en torno a la Revolución Bolivariana, por el otro, entraron en abierta disputa de identidades políticas antagónicas durante el conflicto del Paro Cívico Petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.

El discurso gubernamental del oficialismo versus el discurso liberal de PDVSA PDVSA no solamente era una empresa que funcionaba como organización corporativa con sus propios intereses de subsistencia, también era una fuente de recursos estratégica para cualquier proyecto político que pretendiera convertirse en gobierno. En este sentido, se convirtió en terreno de batalla y sus gerentes en “intelectuales orgánicos” antichavistas. Como se dijo antes, éstos habían defendido un discurso liberal acorde con la nueva lógica de la administración gerencial que articulaba la eficiencia y la meritocracia 20

Es importante subrayar que para nosotros la retórica no es un discurso “vacío” como comúnmente se entiende el término en el análisis del discurso político. Para nosotros, la Retórica se entiende en el sentido del argumento que presenta Ernesto Laclau: “[…] En cierto aspecto podríamos decir que, si estamos buscando un terreno en el que la subversión de identidades resultantes de las relaciones antagónicas pudiera ser representado, la Retórica sería un campo privilegiado para nuestra investigación, aceptando que ésta consiste, precisamente, en el distanciamiento de toda significación literal como resultado del movimiento tropológico” (Laclau, 2006b: 106). (Véase también Laclau, 2006a: 103-114).

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y, con ello, la reducción de costos y el estímulo a la productividad de la empresa pública. Así, PDVSA encarnaba con fidelidad las nuevas formas de administración del New Public Management, predominante durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1998). En este contexto, los principales gerentes de PDVSA se resistían a la nueva conducción del gobierno. En noviembre de 2002, altos ejecutivos de PDVSA en acuerdo con Fedecámaras irrumpieron en la escena pública con una retórica centrada en la disconformidad frente a la política de gobierno desde la perspectiva de corte liberal descrita más arriba. Las declaraciones eran ejemplificadoras: “los empresarios irían al paro tantas veces como sea necesario para que el gobierno rectifique”. Los sectores que se oponían eran principalmente empresarios organizados a través de cámaras empresariales (Consecomercio, Fedeagro, La Federación de Ganaderos de Venezuela, La Cámara Venezolana de Construcción, Conindustria, etcétera). Principalmente el desacuerdo radicaba en que las reformas en el sector energético le daban un más amplio rol al gobierno para el manejo de la empresa, la cual había estado aislada de intervenciones estatales desde principios de la década de los noventa. No obstante, simbólicamente, la intervención sobre PDVSA implicaba un cambio radical en la forma que se relacionaban el Estado y la economía. La Ley de Hidrocarburos le otorgaba, entre las medidas más importantes, mayor peso de gerencia al Estado, que tomaría decisiones sobre los hidrocarburos líquidos, a través del Ministerio de Energía y Minas. Además, la comercialización de los hidrocarburos fue declarada como actividad industrial y comercial sobre la que también podía tener injerencia el Estado, a lo cual se agregaban la actividades primarias donde el sector público debía tener una mayor participación que el privado. En esta instancia el conflicto todavía era de carácter corporativo. No obstante, los voceros de PDVSA y Fedecámaras se convirtieron en el locus de vinculación y de organización de colectivos con reivindicaciones frente a la nueva orientación estatal. La empresa comenzó a convertirse en el símbolo de la nación, de la sociedad venezolana que, para un grupo importante de organizaciones, partidos y corporaciones, encarnaba el dinamismo de la sociedad civil democrática al representar el “ideal” de eficiencia y meritocracia a la que debía aspirar la sociedad entera. Para ellos, el gobierno de Chávez estaba dañando a la sociedad venezolana. Como mínimo, la mayor intervención estatal en la renta petrolera perjudicaba la productividad de la empresa, como máximo, ello expresaba un proyecto político económico inconducente. Incluso lograron interpelar a la principal organización que agremiaba a los trabajadores —la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)—, los que apoyaron el paro “por la democracia, el diálogo social y en defensa del pueblo trabajador”. Con ello, el discurso empresarial que no podía dejar de estar revestido de una imagen interesada o corporativa lograba ampliar sus alcances a otros sectores convirtiendo el conflicto en uno de carácter político “universal”. Ya no se trataba de la defensa de un grupo interesado sino del conjunto del país. El 10 de diciembre

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de 2001, comercios, transportes y bancos no abrieron al público. Muchos diarios no fueron publicados. Por su posición clave en la economía, el paro generó una crisis importante en este ámbito, y el cálculo político era que había que limitar la capacidad de acción de los antagonistas. La Ley Habilitante, y la Ley de Hidrocarburos en particular, que le otorgaba un amplio poder de decisión al presidente, eran la fuente de conflicto pero también un recurso para su solución. Por un lado, durante las últimas décadas, las corporaciones económicas habían condicionado fuertemente la agenda de los gobiernos gracias a la captura de los recursos económicos más importantes y el bajo nivel de diversificación de la economía. No obstante, gracias el amplio apoyo popular, debido a los recursos a los que se accedió después de lograr una nueva legislación pro “estatalista”, el presidente también ganó capacidades para condicionar el campo de acción de los otros. No obstante, las estrategias fueron combinadas. Por un lado, la retórica de imposición se hizo presente, por ejemplo, con la amenaza de retirar los fondos que el Estado tenía depositados en los bancos que se adherían al paro; mientras que, por otro, se convocó a la mesa de diálogo a las corporaciones nombradas. El conflicto, con todo, fue incrementándose. Debido a la poca credibilidad de los partidos políticos, fueron los empresarios organizados en corporaciones los que se convirtieron en superficie de inscripción de un conjunto de posiciones contrarias al gobierno de Chávez. Como dijimos más arriba, para despojarse de la apariencia sectorial, el recurso consistió en mostrarse como “sociedad civil movilizada”, contraponiéndose a las estrategias políticas de lo popular, lo cual daba mayores posibilidades para legitimar posiciones fuertemente contenciosas. Las demandas de PDVSA se radicalizaron a partir de diciembre para desembocar en una clara confrontación con el gobierno de Hugo Chávez. Las formas de enfrentamiento parecían cada vez más irreconciliables. Para ilustrar este conflicto, tenemos que, para el 23 de enero de 2002, se asistía al aniversario del derrocamiento del gobierno militar de Marcos Pérez Giménez. Mientras “la oposición civil” puso el acento en un discurso en torno al nacimiento de la democracia venezolana del puntofijismo, el gobierno y sus partidarios lo ponían en el inicio de los “males” para Venezuela: la celebración del Pacto de Punto Fijo. Un mismo fenómeno mostraba un desacuerdo fundamental, el inicio de un proyecto legítimo democrático que debía ser continuado (para unos, antichavistas) frente al inicio de un acuerdo entre élites que excluía al conjunto de la población (para otros, los pro chavistas). De esta forma, los polos enfrentados PDVSA/Fedecámaras versus el gobierno fueron atrayendo voluntades a favor y en contra. En este contexto, la Iglesia fue adquiriendo un fuerte rol opositor, mientras que quedaba cada vez más claro que los sectores populares eran interpelados por el gobierno. El antagonismo se iba formando progresivamente así, generando fuerzas centrífugas alrededor de las dos posiciones, a las cuales

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universalizaba. Mientras que en un primer momento la disputa se centró en desmantelar la Ley Habilitante y en la no intervención de PDVSA, en un momento posterior se comenzó a instalar un llamado al respeto de las libertades democráticas junto con la solicitud de renuncia de Hugo Chávez. Por otra parte, el gobierno elaboraba políticas para los sectores menos favorecidos y apelaba a la Revolución Bolivariana como ejercicio de refundación de la nación en código popular. En otras palabras, en el conflicto alrededor del paro petrolero y de PDVSA se fueron construyendo dos discursos que no se reducían a posiciones negociables sino a formas de comprender la organización del orden político completamente diferentes. Por un lado, la clara posición de guerra insurreccional contra el gobierno de Chávez, antecedido éste por el golpe de Estado de abril de 2002, la cual fue aumentando los recursos violentos hasta llegar al Paro Cívico Petrolero que paralizó la economía nacional, evento que creó a la vez una profunda violencia simbólica entre el oficialismo y la oposición. Por otro lado, el gobierno de Chávez, que fue ganando adeptos y consenso popular, articulando una clara posición política que prometía superar las exclusiones políticas y sociales de lo que se consideraba un pasado ominoso. El desenlace de este conflicto entre chavistas y antichavistas en el Paro Cívico Petrolero se canalizó a través del despido del personal subversivo de PDVSA —alrededor de unos 22 000 empleados calificados, en el 2003— con lo que se desarticuló la fuerza opositora que representaba este sector petrolero. Así se ponía fin al movimiento insurreccional de PDVSA y, al mismo tiempo, se cerraba un capítulo más caracterizado por la gloria tecnocrática de lo había sido una empresa de clase mundial en el mercado petrolero. Por otra parte, el gobierno de Hugo Chávez tomó las riendas de la renta petrolera, hecho que inicia la profundización de las misiones sociales en el ámbito local. El eje central sería la Misión Barrio Adentro que lleva atención primaria de salud, y que se extendió con los años a otros servicios médicos de la política pública de salud (Hernández, 2011). Por otro lado, la Misión Robinson cuyo objetivo sería reducir la tasa de analfabetismo en los lugares más marginados de Venezuela (Uharte, 2009). Así, las políticas de salud y de educación, en la práctica, alcanzarían gradualmente una cobertura universal gracias a los nuevos recursos proporcionados por la nueva política petrolera del gobierno de Hugo Chávez.

Conclusiones El gobierno de Hugo Chávez no cambió la lógica del Estado rentista pero sí se propuso cambiar la estrategia de distribución y la estructura organizacional de la empresa PDVSA. Para ello, impulsó profundas reformas en el sector energético acompañadas de cierta cantidad de recursos retóricos para deslegitimar a sus oponentes. Debido a la captura del poder político por parte de sectores de la economía organizados, la concentración del

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poder en el Ejecutivo a través de la Ley Habilitante fue la estrategia impulsada para limitar el campo de acción del oponente. La respuesta de los líderes de PDVSA, apoyada por otros sectores empresariales y de clases medias, fue un paro autodenominado “Paro Cívico Petrolero”, que transcurrió de diciembre de 2002 a febrero de 2003. La apelación a lo cívico intentaba dar cuenta de la universalidad de la afectación, de la ausencia de intereses corporativos y la interpelación a algún sentido democrático. Como señalamos en la introducción de este capítulo, en el circuito popular podemos identificar los antagonismos apelando a discursos irreconciliables, así pues, el conflicto alrededor de la empresa estatal PDVSA no pudo resolverse por la vía institucional porque eran las mismas instituciones las que estaban involucradas. La paradoja era que mientras “la democracia” (liberal o popular) era una de las banderas que organizaba las posiciones en el conflicto, éste se terminó resolviendo pero por el camino violento. El 11 de abril de 2002, el “movimiento cívico” (corporaciones empresariales y sindicales, clase media, políticos, etc.) impulsaron un golpe de Estado y el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, ocupó brevemente el Poder Ejecutivo por la vía militar. Si bien el golpe de Estado no pudo consolidarse en el tiempo, con esta operación se terminó de consolidar el antagonismo político que marcaría la siguiente década en Venezuela. Los polos del enfrentamiento eran el “oficialismo”/“la Revolución Bolivariana” liderado por el gobierno de Hugo Chávez versus la “oposición”, reunida en la Coordinadora Democrática (véase la figura1).

Discurso de las reformas radicales ubicado en el oficialismo del gobierno de Hugo Chávez

Discurso asumido como democrático en torno a la Coordinadora Democrática

Fuente: elaboración propia. Figura 1. La construcción del antagonismo en el espacio político del Paro Cívico Petrolero (2002-2003).

La falta de apoyo popular al gobierno de facto y la movilización a favor de Hugo Chávez, quien se encontraba preso de manera ilegítima, obligaron a los golpistas a

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deponer las armas y a permitir que Hugo Chávez, electo en 1999, asumiera nuevamente la presidencia. No obstante, las posiciones enfrentadas continuaron. La resolución de esa confrontación permitió que el antagonismo eliminara los enfrentamientos violentos y se procesara más simbólicamente que el recurso de la fuerza, el caso extremo podría haber derivado en una guerra civil o en la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En este contexto, lo que quedó claro es que este tipo de conflicto, donde no hay terreno común simbólico, no puede resolverse más que por el acceso al poder. Uno de los polos de la disputa se centró en interpelaciones a lo popular, a la participación de las bases populares, a la relación directa entre el líder y el pueblo como solución a la corrupción de la élite política, en tanto que el otro polo se organizó en torno a los mecanismos liberales de control del poder, de no intervención del Estado en la economía y en los procedimientos mínimos de la democracia liberal que habían sido favorables para los actores que los defendían. Pero lo más importante es que las fuerzas políticas que los sostenían percibían al otro como una némesis para su propia continuidad. Lo paradójico de este conflicto es que fue la oposición y no el gobierno el que terminó recurriendo a la fuerza para imponer su proyecto y limitar las acciones del otro. Para concluir, es importante señalar cómo afecta al conjunto de la sociedad este tipo de antagonismos. Pasados casi diez años del conflicto y la formación del antagonismo, Venezuela pareciera seguir atravesado por éste, no solamente en el ámbito nacional sino en el local. Las pasiones surgidas a favor y en contra del líder organizan incluso la vida diaria en las instituciones de base. Como dijimos anteriormente, la constitución institucional de los Consejos Comunales es la expresión de ello. Ya sea por un cálculo racional, la limitación de los recursos, la imposibilidad de interlocución con las instituciones públicas, etc., o por una adhesión que pasa más por el compromiso con un proyecto, la sociedad venezolana no parece poder dejar de estar organizada por estas líneas divisorias.

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