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seriamente tanto al proyecto como a la cadena de la industria en el pago de sus obligaciones. 28. En caso de no conciliar los “ajustes de costos”, éstos podrán someterse a controversia (artículo 56). En la práctica, la falta de reconocimiento provoca reclamos, afecta la marcha de los proyectos y genera incertidumbre jurídica y económica en los contratos. 29. En la ejecución se da la posibilidad de solicitar la revisión de los costos de los insumos establecidos desde la convocatoria, cuando las partes no estén de acuerdo en la medición ni en la proporción (artículo 57). En la práctica se generan discusiones en los trabajos (insumos), lo que motiva controversias. 30. Se suprime la autorización de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la revisión de los indirectos o en los financiamientos originalmente pactados para ajustarlos a las nuevas condiciones (artículo 59). En la actualidad el proceso por medio del cual la SFP avala el procedimiento provoca contradicciones sobre a quién corres-
Número 603 Marzo • Abril 2013
ponde la responsabilidad y genera incertidumbre económica y jurídica. 31. Se da cer tidumbre a los proyectos estratégicos y complejos en la ejecución de los contratos a precio alzado, o parte de los mixtos, en los trabajos extraordinarios no contemplados dentro del alcance y que se requieran para la seguridad y conclusión de los proyectos por medio de contratos a precios unitarios (artículo 59). En la práctica los grandes proyectos (refinerías, hidroeléctricas y otros), por su complejidad, requieren trabajos extraordinarios. Con esta modificación se transparenta el proceso y se da mayor certidumbre jurídica y económica al contrato. 32. L os contratistas podrán solicitar la suspensión total o parcial de los trabajos cuando existan circunstancias justificadas (artículo 60). Esto dará una mayor certeza jurídica y económica a la industria y evitará “arrastrar” a las pymes a una quiebra técnica. 33. Se incluye un procedimiento para la terminación anticipada (artículo 60). Se regula este procedimiento ya que en la práctica actual deja a las empresas al margen de “caprichos” y no se realiza mediante un proceso ordenado en tiempo y forma. 34. Se fomenta el apoyo a las pymes en los trabajos por administración directa hasta por 25% del monto total de la obra (artículo 70). Por medio de este mecanismo de contratación, se busca impulsar la inclusión de estas empresas en la industria, así como promover el empleo.
35. La SFP deberá limitarse a iniciar los procedimientos o imponer sanciones a los servidores públicos cuando los actos u omisiones no sean graves y hayan sido corregidos (ar tículo 80). En la práctica, los funcionarios son inhibidos en estos procesos ya que la SFP puede abstenerse, lo cual provoca temor a firmar. 36. Se amplían los plazos (de 6 a 10 días hábiles) para la inconformidad. Se señala que es improcedente una inconformidad anónima. Se considera el sobreseimiento en la instancia de inconformidad. Al corregir un fallo no se generará una responsabilidad al funcionario (ar tículos 83 y 86). En la práctica, los funcionarios dejan de actuar en repercusión del contrato y ejecución de las obras cuando se presentan auditorías a causa de los tiempos y procesos limitantes. 37. Los procedimientos de conciliación serán avalados por la SFP y podrán solventarse obser vaciones con los convenios (artículo 97). En la práctica, las dependencias no promueven la conciliación y el funcionario público queda solo en el proceso ya que la SFP se limita a ser observador. 38. Se impulsa el arbitraje en los contratos y en los servicios relacionados; éste se puede solicitar de manera posterior, y en él deben considerarse el monto, plazo y complejidad de los trabajos (ar tículo 99). Esto ser virá para dar certeza jurídica, económica y financiera a los contratos e impulsar este medio para solucionar las controversias de forma oportuna
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