En todas las áreas del desarrollo de infraestructura se menciona como punto crítico la falta de planeación adecuada y la escasa o nula inversión en los estudios preliminares y proyectos ejecutivos. Tenemos muy clara y presente la necesidad de rescatar los niveles de inversión que se tenían en años anteriores, es decir, hace años había presupuestos anuales superiores a los 1,200 millones de pesos para estudios y proyectos, de ahí la relevancia de iniciativas como la que se ha venido perfilando en coordinación con la CMIC y el Colegio de Ingenieros Civiles de México respecto al Instituto Autónomo de Planeación de la Infraestructura, la cual por supuesto apoyamos.
¿Hace cuántos años? Unos 12 años. En 2018, en especial en el ámbito de carreteras, solamente hubo 200 millones de pesos; estamos trabajando para revertir esta tendencia. Lo más importante es que los sectores productivo y gremial, la sociedad y el gobierno nos organicemos y trabajemos coordinadamente para hacer realidad este ente autónomo de planeación que entre otras atribuciones tenga la de realizar proyectos con una prospectiva de mediano y largo plazo.
En casos concretos de la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, ha ocurrido que luego de un sustantivo análisis de las necesidades y prioridades se planifica y se presenta un programa de obras al Poder Legislativo, y éste termina modificando el programa con base en intereses políticoelectorales o compromisos de campaña. ¿Se puede hacer algo para evitarlo? En reunión con los legisladores, el presidente electo de manera explícita les solicitó que apoyen la gestión de las diversas secretarías, entre ellas la SCT, obviamente, haciendo todas las observaciones que juzguen pertinentes, de manera sustantiva y oportuna, respetando el trabajo de planeación y modificando, en su caso, los programas de obra con base en acuerdos con los funcionarios.
Número 636 Noviembre • Diciembre 2018
Una inquietud de las empresas afiliadas a la CMIC es que en los procesos de licitación se tengan en cuenta las capacidades probadas de las empresas participantes. Nos hemos comprometido a rescatar el registro único de contratistas, que está considerado en el artículo 74 bis de la LOPSRM; allí se establece que debe haber un registro único donde se tengan anotadas todas las características de cada empresa, pero donde destaque en especial la experiencia, la capacidad y el grado de cumplimiento de los distintos contratos que haya tenido a lo largo de los últimos años. Es importante actualizar al menos una vez al año dicho registro. No tiene carácter de obligatorio, pero debe ser un auxiliar fundamental.
¿Este registro también se aplicará para el reclamo de muchas empresas locales que no son consideradas en su lugar de influencia? Siempre nos remitiremos a actuar conforme a las leyes, sin hacer contrataciones discrecionales. Y sí, el registro se aplica en este caso también.
En diversos ámbitos de la obra pública se seguirán haciendo los contratos que la ley nos permite: licitaciones públicas nacionales, licitaciones públicas internacionales, concesiones y otras modalidades de asociaciones público-privadas cuando así se requiera, se justifique y se cumpla con todos los requisitos de las distintas instituciones del gobierno federal. Revista Mexicana de la Construcción
9