ticada en el río San Juan el 29 de octubre de 2014 y no habría atendido los probables actos de tortura contra sus defendidos cuyos indicios ya obraban en el expediente. 152. En entrevista con la ONU-DH, 17 personas procesadas148 alegaron que fueron amenazadas por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SEIDO, incluso delante de su defensor público. 153. En su ampliación de declaración preparatoria del 20 de julio de 2015, César Nava González asentó que: […] antes de firmar pedí hablar con mi abogado a solas […] y me dijo textualmente te quieren enchorizar yo le dije que no había hecho nada de eso y que eso no era verdad […] el abogado a quien miré muy temeroso me recalcaba, no firmes, volteando para todos lados me decía y repetía, no firmes. Yo lo veía muy nervioso y sólo repetía lo mismo, no firmes, yo le pregunté, oiga y que va a pasar con mi esposa si es que yo no firmo. El abogado me dijo, no lo sé, no sé qué te hayan prometido, pero no vayas a firmar, no tienen nada en tu contra, pero si firmas es aceptar todo lo que ahí está escrito. El abogado se retiró diciéndome, yo me encargo de arreglar lo de tu libertad […] y él me contestó si no quieres firmar no firmes y yo le dije, pero me golpearon y me torturaron hace un rato y el moreno que está ahí lo mandaron para asegurarse de que yo firme y si no lo hago me dijeron que iban a matar a mi familia y a mis hijas y que me iban a seguir torturando y él me contestó, mira mientras esté yo aquí no te van hacer nada, pero yo no puedo estar toda la noche ni cuidar a tu familia así que ahí tu sabes lo que haces. Al ver la actitud del abogado me sentí otra vez indefenso […].
154. La Oficina ha identificado omisiones de parte de algunos defensores públicos federales adscritos a la SEIDO en el contexto de la comisión de violaciones a los derechos humanos de personas detenidas y trasladadas a esta dependencia. Sin perjuicio de lo anterior, también se ha observado que hay defensores públicos adscritos a la SEIDO que realizan su trabajo bajo circunstancias adversas, sin todas las garantías de independencia que requiere la labor de defensor público.
III VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA PERSONAS PROCESADAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO
155. El hecho de que la mayoría de las causas penales relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014149 están radicadas en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, genera importantes desafíos para el adecuado acceso a una defensa. Los defensores públicos que defienden a parte de los procesados en estas causas se encuentran, al igual que el Juez, en la ciudad de Matamoros. Los procesados del caso Ayotzinapa se encuentran privados de libertad en cárceles federales en Jalisco, Morelos, Esta148 149
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No se incluyen sus nombres por su seguridad.
Causas penales: 100/2014-VII; 123/2014-II; 066/2015/II y 065/2015-VII.