2014 6 11 sentencia segi i

los hechos que se le atribuyen y de las pruebas acopiada en su contra, para permitir que se defienda y que ofrezca una explicación o lectura alternativa de los indicios que le incriminan; un modelo respetuoso con el proceso debido, algo que no puede decirse de la ratificación de lo que consta en la instrucción policial); 16) La denuncia formal de haber sufrido torturas y su suerte procesal; y 17) La detección de signos y síntomas de estrés postraumático sucesivo, o consecuencia de la detención, y de lo vivido en ese contexto, para lo que resulta conveniente la opinión de especialistas.

Seguiremos en el análisis de la prueba esos hitos, en un esbozo de test de voluntariedad de la declaración del inculpado.

De momento, dejaremos constancia de varios datos que arroja el análisis global de la prueba. Las dimensiones del proceso, en origen una investigación contra decenas de personas, que provocó la detención contemporánea de treintaidós de ellos, permiten confrontar números, lo que ofrece información valiosa para conjeturar sobre la libertad de declarar y la detención incomunicada en el caso. Porque de los 36 acusados, 8 fueron detenidos en el extranjero, comparecieron ante el juez y todos ellos se acogieron a sus derechos constitucionales a no confesar contra sí mismos y a no declararse culpables (100%). Frente a ese dato concluyente sobre el respeto a las garantías de la libertad de declaración en sede judicial, hay que hacer constar que 22 acusados -de 28 detenidos la madrugada del 24.12.2009- declararon en sede policial algún contenido que les perjudicaba, directa o indirectamente (78,57%, si se tiene en cuenta la conducta de los cuatro acusados juzgados en acto aparte la proporción asciende al 81,26%, ya que hablaríamos de 26 confesantes de entre 32). El contraste es revelador, hasta el punto de que no resulta fácil explicar la diferencia. Además, 5 acusados se negaron a declarar ante la policía y, sin embargo, denunciaron haber sido objeto de torturas y tratos degradantes para su dignidad. De los 26, contando a los acusados juzgados aparte, que confesaron durante la detención policial, 18 se retractaron ante el juez, cuando aún no se había levantado la incomunicación. Sólo 8 ratificaron en ese primer momento, en el mismo espacio de limitación y suspensión del derecho de defensa, pero todos ellos, luego, rectificaron y denunciaron torturas.