Rendición Pública de Cuentas para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia se debe no a la falta de registros civiles en los menores, sino al gran rezago con que las notarías y la registraduría pueden disponer de la información. Sucede que la gran mayoría de los registros efectuados en notarías se realizan en medio físico y su procesamiento desde el nivel central se tarda años en completar. Como estrategia se sugiere armonizar los registros de las estadísticas vitales, los hospitales y notarías y acoger la propuesta de la registraduría (que proporciona un software gratuito a los hospitales para que realicen los registros en línea), disponiendo de los funcionarios necesarios para operar el sistema en tiempo real. Categoría Protección Sobre esta categoría no se realizan observaciones pues ninguno de los objetivos incluidos allí es competencia de la administración departamental. Además, los aportes que desde la actual administración se han realizado en estos aspectos, fueron referidos en el capítulo sexto o serán presentados en el apartado siguiente como buenas prácticas de esta administración en el tema de Niños, Niñas y Adolescentes.
En
Caldas También Cuentas
CAPÍTULO VIII
Gasto Público Social Infancia, Niñez y Adolescencia.
l Gasto Público Social es uno de los mecanismos contables más utilizados internacionalmente para E cuantificar la ejecución de acciones de política social por parte de un gobierno. Para asegurar la pertinencia y comparabilidad de este indicador, se siguen definiciones estándares del mismo. Así, la definición de Gasto Público Social en la mayoría de los países de América Latina, se enmarca en los lineamientos del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se establecen estándares sobre la estructura, cobertura y base de valoración de las estadísticas fiscales. A través de un conjunto de acuerdos con el FMI, se han venido aplicando en varios países desde 2004, los criterios del mencionado Manual. Estos criterios permiten realizar una clasificación funcional del gasto, siguiendo además las directrices de la OCDE, el FMI y la ONU. Así, el gasto se puede dividir en: servicios públicos generales; defensa; orden público y seguridad; asuntos económicos; protección del medio ambiente; vivienda y servicios comunitarios; salud; actividades recreativas, cultura y religión; educación, y; protección social. Dado que los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del FMI no estipulan agrupaciones agregadas para las divisiones señaladas, en Chile se utiliza una convención para definir Gasto Público Social como aparece en el cuadro siguiente.
238
239