SIMONNE MARÍN S. – ALLISON MARTÍNEZ P.
Una sociedad puede enfrentar vulnerabilidades físicas, naturales, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, educativas, culturales, ecológicas e institucionales, las que sumadas generan vulnerabilidad global (Wilches Chaux, 1989. Como se cita en Foschiatti, 2004). Entre las vulnerabilidades más comunes que se detectaron en el contexto de catástrofe a causa del aluvión estuvieron la económica, la educacional y la social. La primera, referida a la incertidumbre que generó en las familias la inactividad laboral durante la primera semana de emergencia. La segunda, vulnerabilidad educacional, debido a la suspensión de clases por tiempo indefinido; y la tercera, vulnerabilidad social, por los servicios básicos y comerciales limitados que expusieron a las familias a la contracción de infecciones o enfermedades y a un posible desabastecimiento. Todo esto se sumó a la vulnerabilidad física por la inestabilidad habitacional en el nuevo contexto por la condición de allegados, continuas mudanzas por demora en la entrega de la nueva vivienda, o por el terremoto que afectó a La Serena y Coquimbo meses después del aluvión en Copiapó. Para terminar, cabe destacar la relevancia de la reconceptualización de los desastres naturales a desastres socionaturales, debido a que no basta con la ocurrencia de una amenaza natural para que estos últimos se desencadenen, sino que es más bien la preexistencia de vulnerabilidad en una determinada sociedad lo que convierte a las amenazas naturales en desastres. De otro modo, se trataría de perturbaciones naturales sobre espacios vacíos que sólo pondrían a prueba la resiliencia de los ecosistemas (Arteaga y Tapia, 2015).
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Enfoque de derechos: la importancia del rol estatal El enfoque de derechos establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de derechos de todos los ciudadanos. Los desastres como terremotos, tsunamis, sequías e inundaciones suelen limitar el ejercicio de los derechos humanos, impactando la seguridad, educación, salud, vivienda y el acceso a satisfactores de primer orden. En muchos casos, la amenaza a los derechos humanos de los afectados no procede directamente del desastre, sino más bien de una inadecuada planificación, prevención y respuesta por parte de las autoridades. En Copiapó, la suspensión de clases por un periodo aproximado de dos meses, el difícil acceso a servicios comerciales de productos de primera necesidad, riesgos a la salud por escasez de agua, contaminación ambiental, problemas sanitarios e inhabitabilidad de viviendas a causa del barro fueron algunas de las dificultades que implicaron una vulneración de derechos durante las semanas que se extendió la emergencia. Por tanto, en lo que respecta a la seguridad, protección y fortalecimiento familiar (artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, 2005), no fue el Estado el que se encargó de su resguardo, sino las mismas familias, que al experimentar vulneraciones de sus derechos decidieron desplazarse a fin de resguardar la salud física y mental de sus integrantes. Visualizando las consecuencias del reciente desastre en la región de Atacama y según la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2014), el ordena-