Sumando Ideas: Socialdemocracia y Economía

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SUMANDO IDEAS SOCIALDEMOCRACIA Y ECONOMÍA Rafael Simancas Inmaculada Rodríguez-Piñero

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Coordinadores del documento: Rafael Simancas, Secretario de Formación del PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero, Secretaria de Política Económica del PSOE ………………………………………………………………………………………

Agradecimientos: La Fundación IDEAS quiere agradecer la colaboración desinteresada de todos los autores que han contribuido en este documento con sus opiniones y propuestas.

Editado por Fundación IDEAS c/ Gobelas 31, 28023 Madrid Telf. +34 915 820 091 Fax. +34 915 820 090 www.fundacionideas.es ISBN: 978-84-15386-27-8 Depósito legal: M-36650-2012

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Coordinadores: Rafael Simancas Inmaculada Rodríguez-Piñero

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Índice PRÓLOGO. Socialdemocracia y Economía, por Alfredo Pérez Rubalcaba..................................................................................... 7 PRESENTACIÓN. Europa, Democracia y Bienestar , por Rafael Simancas Simancas .......................................................................... 11 INTRODUCCIÓN. La alternativa económica de la socialdemocracia, por Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández .................................................. 33 Socialismo y mercado, por Joaquín Almunia Amann ........................................ 45 Los mercados, el Estado y la Unión Europea, por Francisco Fernández Marugán ................................................................... 53 Socialismo y trabajo, por Soraya Rodríguez Ramos .......................................... 85 La reforma laboral y su alternativa, por Concepción Gutiérrez del Castillo ............................................................ 103 La fiscalidad, instrumento capital para la igualdad, por Ramón Jáuregui Atondo ........................................................................... 113 Una nueva arquitectura fiscal: eficiencia y equidad, por Pedro Saura García ................................................................................... 127 Las reformas económicas y fiscales pendientes, por Valeriano Gómez Sánchez ............................................................... 143

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ALFREDO PÉREZ RUBALCABA Secretario General del PSOE

PRÓLOGO SOCIALDEMOCRACIA Y ECONOMÍA Aunque su título no lo evidencia, este libro está marcado por la omnipresencia de la crisis. Las intervenciones que aquí se reúnen tuvieron lugar en meses convulsos, y en ellas se percibe el temor, por no decir la certeza, de que lo peor aún estaba por llegar. Una percepción que a comienzos de septiembre, al escribir estas líneas, se ha hecho más intensa.

Como viene siendo habitual desde el comienzo de esta crisis, las metáforas acuñadas para hacer comprensible lo abstruso han acabado convirtiéndose en eufemismos que intentan enmascarar la cruda realidad. De esta forma, un término impregnado de connotaciones positivas –rescatar evoca salvación, seguridad- oculta la tozuda verdad de que se trata de un préstamo que lleva asociado duras imposiciones.

Imposiciones que indefectiblemente acaban afectando a aspectos esenciales del Estado de Bienestar.

A estas alturas es evidente que la derecha -por supuesto la española, pero también la europea- ha encontrado en la crisis económica una coartada para imponer su programa máximo, para hacer cosas que hasta ahora sólo se habían atrevido a proponer sus sectores más radicales. Como si los responsables de la crisis hubieran sido los sistemas públicos de protección social, y no la inhibición de algunos y la

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codicia de otros; como si el modelo que ha quebrado no hubiera sido el del capitalismo liberado de cualquier tipo de control; en fin, como si los culpables de este desastre no hubieran defendido el mismo modelo económico que los que ahora se erigen en salvadores, las soluciones que proponen desprenden el inconfundible aroma del viejo discurso de la derecha: adelgazamiento extremo del Estado, precarización de las condiciones de los trabajadores, darwinismo social, etc. Es decir, la única alternativa que ofrecen es una política que se disfraza de ciencia para esconder la ideología, y que se proclama de reformista para imponer retrocesos de varias décadas.

Pero la crisis no sólo amenaza con llevarse por delante derechos sociales conseguidos con mucho esfuerzo. Al negar la sola posibilidad de alternativas, al convertir las recetas en axiomas, al describir el funcionamiento de la economía como algo sujeto a leyes físicas y no como el fruto de decisiones humanas, la derecha está negando la propia necesidad de la política.

Los primeros meses de gobierno del Partido Popular son una expresión elocuente, y algo burda, de un fenómeno que aquí se manifiesta en forma de huida del Parlamento, negativa a dar explicaciones a la opinión pública, y recurso al mantra de la inevitabilidad de las decisiones. Nada, por otra parte, que no nos sea familiar a los españoles, pues nuestra derecha nunca se ha sentido incómoda ante discursos que promuevan el desapego de los ciudadanos hacia la política. La novedad, en un país de profunda vocación europeísta como es España, es que este desapego pueda trasladarse hacia Europa.

La preocupación por las insuficiencias democráticas de la construcción europea es un lugar común; ahora, cuando los españoles perciben que de las instituciones comunitarias sólo nos llegan imposiciones, cuando muchos de los retrocesos que se anuncian vienen con etiqueta

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europea, es inevitable recordar que a la mayoría de quienes deciden esas políticas no los ha votado nadie. Porque si es comprensible que Europa nos fije un techo de déficit público, no lo es que, de paso, nos diga cómo debemos regular nuestro mercado laboral. Es preciso desvelar el engaño: si los gobiernos nacionales aceptan esta intolerable dejación de sus responsabilidades políticas en manos de “técnicos” es porque sustancialmente unos y otros comparten la misma ideología.

Atajar este riesgo es esencial, porque ni podemos ni debemos renunciar a Europa; más aún, la solución a la crisis en España será europea, o no será. Éste es el escenario en el que los socialdemócratas debemos trabajar, defendiendo los dos conceptos que están reunidos en nuestra propia denominación: socialismo y democracia. Como siempre hemos hecho.

Y actualizando permanentemente nuestro discurso, adaptándolo a la situación de cada momento. Pero sin aceptar lecciones de quienes desde la derecha nos reclaman refundaciones, cuando lo que pretenden es que renunciemos a nuestros principios y nuestros valores.

Si hay algo que los socialistas sabemos hacer muy bien es autocrítica; es una de nuestras fortalezas, una de nuestras señas de identidad, y no vamos a abandonarla. Con espíritu autocrítico, con ambición de cambio debemos afrontar el incierto escenario que se nos presenta. Lo que nunca debemos hacer es purgar pecados ajenos. No sólo porque sería injusto; sobre todo porque nos debilitaría para responder al compromiso con el que, hace más de 130 años, nació el Partido Socialista Obrero Español.

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RAFAEL SIMANCAS Secretario de Formación del PSOE

PRESENTACIÓN

EUROPA, DEMOCRACIA, BIENESTAR El presente trabajo recoge las aportaciones realizadas por una decena de socialistas insignes en una serie de seminarios celebrados durante la primavera-verano del año 2012, bajo el título genérico de “Socialdemocracia y Economía” en la sede histórica de Ferraz (Madrid).

Las sesiones se desarrollaron a partir de tres grandes referencias.

Joaquín Almunia y Francisco Fernández Marugán trataron sobre la relación entre “Socialismo y mercado: el gobierno de la economía”.

Soraya Rodríguez y Concha Gutiérrez se centraron en el componente laboral: “Socialismo y trabajo”. Y Ramón Jáuregui junto a Pedro Saura completaron el dibujo con sus alocuciones sobre “Socialismo y fiscalidad”.

La “jefa” económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, estableció la “doctrina” oficial, es decir, el discurso sobre la política económica de nuestro partido. Y Valeriano Gómez, portavoz parlamentario en la Comisión de Economía, recogió algunas de las conclusiones del encuentro.

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El resultado de toda esta labor, enriquecida por cientos de aportaciones en multitud de debates abiertos, queda reflejado en estas páginas.

Durante un tiempo, a la economía se le negaron los apellidos. No había economía de izquierdas o economía de derechas, ni tan siquiera economía progresista o economía liberal-conservadora. La economía era “correcta” o “incorrecta”. El pensamiento único se imponía como un dogma a salvo de críticas y alternativas. A pesar de que la aplicación de tal pensamiento se ha saldado históricamente con éxitos parciales (para unos pocos) y con fracasos globales (para las mayorías).

Desde el triunfo de los socialistas franceses y la aparición en la escena europea del Presidente Hollande, las cosas han cambiado. La economía ha recuperado sus apellidos. El PSOE y Rubalcaba siempre lo tuvieron claro. Defendemos una economía con apellido socialdemócrata. Junto a nuestros compañeros, los socialistas europeos. Y a continuación se ofrecen algunas pistas sobre lo que esto significa.

Europa Los tres términos más repetidos en el desarrollo de los seminarios sobre “Socialdemocracia y Economía”, organizados por la Secretaría de Formación del PSOE durante la primavera-verano de 2012, fueron precisamente estos: Europa, democracia y bienestar. Quizás porque estos tres conceptos son los que mejor identifican, desde una perspectiva progresista, los problemas, los desafíos y también las soluciones del tiempo que vivimos.

Lo es Europa, desde luego. El otrora modelo de desarrollo solvente y equilibrado, la inspiración perenne para los procesos de integración

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económica y política en todo el mundo, constituye hoy el epicentro de una crisis gravísima, que nació en Estados Unidos, que fue global, y que hoy es una crisis fundamentalmente europea.

En estos días, las preocupaciones de Madrid, de Roma, de París, de Berlín, pero también de Nueva York, de Pekín y de Brasilia, están situadas en Europa. Preocupa la envergadura de su deuda, la viabilidad de su moneda, la solvencia de sus bancos, la capacidad de sus instituciones, y la diligencia de sus dirigentes. El mundo sigue de cerca cada reunión del Consejo Europeo, cada decisión de la Comisión Europea, cada debate del Parlamento Europeo. Y las sensaciones van variando de la expectación, a la frustración, el pesimismo y el enfado.

La percepción general es que la crisis ha sorprendido a los europeos y a sus instituciones comunes en una situación comprometida. Europa parece atrapada en una trampa. No puede retroceder ya hacia el tiempo en el que los Estados nacionales contaban con los instrumentos contracíclicos más tradicionales, como la devaluación de la moneda.

Pero tampoco es capaz de avanzar lo suficientemente rápido hacia el tiempo en el que los instrumentos comunes podrán suplir a aquellas viejas herramientas, por ejemplo protegiendo a las deudas soberanas de los ataques especulativos.

En este contexto hay quienes pretenden escapar por la puerta trasera, renacionalizando las decisiones. Otros apuestan por acelerar la integración económica y política. Y, como siempre, unos cuantos optan por no moverse. Los socialistas peleamos por salir de la crisis con más Europa. Solo una Europa unida y eficaz permitirá superar esta situación crítica conforme a nuestros valores de progreso, justicia y equidad.

Ciertamente no existe un “demos” europeo. Es muy poco lo que pueden compartir culturalmente un andaluz con un bávaro o un lapón.

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Pero lo que no excita el “ethos” común, deberá aconsejarlo un ejercicio de pura racionalidad. Si el reto es global y las soluciones son globales, empeñarse en las estrategias nacionales de corto alcance puede llevarnos al suicidio.

Los europeos éramos el 25% de la población mundial en los finales de la segunda gran guerra, y no había forma de concebir la organización política y económica de la Humanidad sin contar con el viejo continente. Hoy apenas representamos el 5% de los habitantes del planeta, y hace tiempo que Europa dejó de ser relevante en el contexto internacional. Juntos tenemos una oportunidad. Por separado, estamos condenados a la irrelevancia definitiva.

Los socialistas proponemos más Europa por valores. Porque Europa es el camino para avanzar en prosperidad y en derechos de ciudadanía.

Pero un pensamiento circunscrito al interés individual de cada uno de nosotros, nos llevará exactamente a la misma conclusión.

Democracia El segundo concepto más citado en nuestros seminarios ha sido el de “democracia”, o lo que es igual, la política democrática.

La política está en el origen mismo de la crisis. Fueron decisiones políticas las que posibilitaron en el mundo la desregulación de los mercados financieros y la proliferación especulativa de sus productos “tóxicos”. Y fueron decisiones políticas, por acción y por omisión, las que dieron lugar en España al burbujeo inmobiliario.

Si la política estuvo en el inicio, la política debe estar en el final. Si la política fue la causa, la política ha de ser la solución. La política democrática.

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Acelerar la unión económica, monetaria y bancaria en la Unión Europea es una resolución política, como lo es otorgar al Banco Central Europeo la función de impulsar el crecimiento, o flexibilizar los plazos en el proceso de consolidación fiscal, o establecer una fiscalidad suficiente, progresiva y valiente para sostener las políticas de bienestar.

Aciertan quienes identifican la crisis económica como el síntoma de una enfermedad que se llama crisis política y crisis democrática. En Europa ha fallado el ejercicio de la política y han fallado las instituciones democráticas. Y las dificultades económicas son tan solo la consecuencia práctica de un problema de fondo. La crisis económica es el sarpullido. La patología es de naturaleza política.

Buena parte de la ciudadanía europea entiende que la política democrática ha abdicado de su responsabilidad a la hora de administrar el espacio común que compartimos. Y ahora son otros los poderes que adoptan las decisiones. A menudo, estos poderes no son democráticos, y a menudo los intereses que defienden no son los intereses generales.

Alguien podría hacer hoy una encuesta a escala europea con una sola pregunta: “¿Qué instancia resulta más influyente en el desarrollo de esta crisis económica y en sus repercusiones sobre su trabajo y su bienestar, el Parlamento que usted eligió con su voto o el banco Goldman Sachs?” La respuesta es tan evidente como preocupante.

Aquellos que dirigen la respuesta institucional a la crisis, exigiendo constantes sacrificios a la población, carecen de una mínima legitimidad democrática. ¿Quién es el señor Rehn? ¿O el señor Juncker? ¿O el señor Draghi? ¿Quién ha elegido a estos señores para que decidan por todos los demás? ¿Por qué los representantes

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legítimos de la ciudadanía europea se pliegan a las recetas discutibles que dictan estas personas?

En estos días se ha sabido que el anterior gobernador del Banco Central Europeo dirigió en el verano del año 2011 una carta al Gobierno español exigiéndole la adopción de determinadas medidas como contrapartida para su intervención en el mercado secundario de deuda.

Al parecer el tono de la carta era imperativo. ¿Con qué derecho democrático?

Y, al parecer también, el contenido de la carta versaba, no sobre política monetaria, sino sobre ¡cambios legales en el derecho laboral!

Los tecnócratas de Frankfurt extorsionaban a un Gobierno legítimo para que torciera su voluntad democrática impulsando modalidades de contratación laboral sin derechos para los trabajadores. Se trata de un comportamiento intolerable, pero no de un comportamiento extraño o aislado. La supeditación de la política democrática a la tecnocracia es un hecho tan incomprensible como cotidiano en Europa.

Los ciudadanos europeos son conscientes de que se les ha hurtado un debate político e ideológico en torno a las decisiones a adoptar para hacer frente a la crisis. Sin discusión previa y sin contraste democrático alguno, los partidarios del “pensamiento correcto” han impuesto el recetario de la “austeridad suicida”, y amenazan con no soltar el acelerador hasta que nos estrellemos todos.

La victoria socialista en Francia, los posicionamientos anticíclicos del presidente Hollande y los agobios de Monti y Rajoy en los mercados de deuda, están forzando un cambio de tendencia. La ortodoxia germana ya encuentra contestación en el seno del Consejo Europeo, y la política comienza a entrar en juego. Frente a la austeridad a toda costa, se plantean programas de crecimiento en clave keynesiana. Frente a los

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calendarios estrictos, se anteponen los intereses flexibles. Frente a la Europa encallada, se apuesta por desplegar las velas de la Unión.

Es importante que cambien las políticas, pero a efectos de la comprensión y el respaldo legitimador de la población europea, resulta aún más relevante que las nuevas decisiones se expliquen, se consulten y se adopten con respeto a las instituciones que nos hemos dado para evitar que el pensamiento (y los intereses) de unos pocos se imponga sobre el pensamiento (y los intereses) de la mayoría.

Bienestar El bienestar social es el tercero de los epígrafes más reiterados en los debates sobre socialismo y economía. Tiene sentido, porque las implicaciones más graves de la crisis financiera están teniendo lugar sobre las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El desempleo galopante, los continuos recortes en las políticas de bienestar y la exclusión social creciente representan el paisaje tras la batalla. Y los únicos que no pueden escapar de este paisaje son aquellos que nada tuvieron que ver con la declaración de la guerra y que nunca obtuvieron parte del botín.

Además, los gobiernos conservadores, en España, sin ir más lejos, han utilizado la crisis como coartada para aplicar algunos de sus programas más anti-sociales. El ideario neoliberal ha encontrado en el argumento de “sacrificarse para salir de la crisis” la oportunidad histórica para reducir el papel del Estado a su mínima expresión, sobre todo en lo relativo al ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos.

La desregulación de los mercados laborales está rompiendo el equilibrio tradicional de poderes entre patronal y trabajadores en el

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seno de la empresa. Las reformas emprendidas por la derecha desarman al trabajador, le privan de sus derechos laborales más elementales, y dejan en manos del empresario la decisión unilateral sobre cuestiones como el salario, la jornada, el horario, la movilidad, el despido colectivo… Al desautorizar los convenios sectoriales, más de un 80% de los trabajadores, todos los contratados por empresas medianas y pequeñas, carecen ya de un escudo protector elemental para la defensa de sus derechos e intereses.

La exigencia institucional para ajustar drásticamente los déficits públicos mediante plazos draconianos no solo conduce a la austeridad suicida y la condena del crecimiento. Los ajustes brutales sobre el presupuesto público están afectando gravemente a los capítulos del gasto destinados a la atención de las necesidades más básicas de la población. De esta manera, en España se ha puesto fin a la universalidad de la atención sanitaria, al acceso equitativo a la universidad y al desarrollo de la Ley de atención a las personas dependientes.

La respuesta de la socialdemocracia debe ser contundente en defensa del modelo social que identifica la idea de Europa y que legitima sus instituciones. La izquierda europea ha de luchar para mantener y recuperar un Estado de Bienestar hoy jibarizado a causa de la aplicación de las recetas neoliberales.

Pero los socialistas no podremos limitarnos a una estrategia de resistencia. Millones de ciudadanos europeos, especialmente en los países “intervenidos”, viven hoy amenazados por la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. En España, por ejemplo, la cobertura social al desempleo ha pasado del 80% en 2008 hasta el 62% en el verano de 2012, y cada mes que pasa la cobertura desciende un punto porcentual.

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Los progresistas de Europa han de impulsar un Programa de Emergencia Social que contribuya a cubrir las necesidades sociales más elementales para todas las personas que han sido arrojadas al paro y la precariedad como consecuencia de la crisis y las estrategias erradas en su combate.

Un Programa de Crecimiento y un Programa de Emergencia Social son las iniciativas más urgentes que la izquierda debe promover en las instituciones europeas, desde sus principios solidarios y desde su voluntad de atender el interés general en un horizonte de recuperación económica y social.

Reinventar la izquierda ¿Está la socialdemocracia preparada para ofrecer respuestas eficaces?

Muchos progresistas europeos han recibido la victoria de los socialistas franceses con un sentimiento ambivalente. El triunfo de Hollande es una gran noticia que abre nuevas posibilidades para cambiar el rumbo de la política europea, superando el bucle del ajuste que lleva a la recesión y que vuelve al ajuste, y promoviendo estrategias anticíclicas de índole keynesiana.

Tal posibilidad no debería postergar, sin embargo, el debate (aún) pendiente en torno al futuro de la socialdemocracia. Ganó Hollande, los laboristas recuperaron terreno y hasta vuelven las esperanzas para el SPD en Alemania. Pero sería un error interpretar el castigo a los administradores de la crisis también en Francia como el triunfo definitivo de las ideas de la izquierda en Europa. Ni tan siquiera como un punto de inflexión irreversible.

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El triunfo de la izquierda francesa debería contemplarse como una nueva oportunidad (puede que la definitiva) para revisar las estrategias políticas de la izquierda europea desde una posición influyente, y no como un espejismo para el regocijo y el inmovilismo.

La socialdemocracia (aún) debe adoptar una decisión: reinventarse o fenecer. O cambia de objetivos, de contenidos, de formas y de actitudes, para convertirse en una fuerza con respuestas útiles a los retos del presente y del futuro, o acabará cediendo espacio político e influencia poco a poco. Aunque gane de vez en cuando alguna elección por razones circunstanciales, como el descarte del contrario.

A pesar de los buenos datos puntuales que llegan de la generales francesas, de las regionales alemanas y de las municipales británicas, el peso político, los respaldos electorales presentes y las expectativas futuras para la socialdemocracia europea aún están por debajo de lo que representó esta fuerza en la segunda mitad del siglo XX, y muy por debajo de lo preciso para constituir una fuerza determinante en este siglo XXI. Los partidos socialdemócratas europeos aún recogen los dividendos de sus logros históricos incontestables durante la segunda mitad del siglo XX: la conquista de los derechos en el trabajo, los grandes pactos de rentas, la construcción del Estado de Bienestar y las prestaciones públicas que han asegurado durante muchos años una vida digna a millones de seres humanos. Importantes conquistas, sin lugar a dudas, pero los ciudadanos del siglo XXI otorgan sus favores electorales en función de sus expectativas de futuro y no de sus recuerdos del pasado. Además, algunos de aquellos logros sufren hoy un serio retroceso a causa de la crisis económica que nos asola y de la que los socialistas no hemos sido totalmente ajenos.

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Las transformaciones más decisivas que han de llevar a cabo las fuerzas socialdemócratas están relacionadas sobre todo con la actitud. La izquierda pierde cuando se hace conservadora. El socialismo es, por definición, proclive al cambio y a la búsqueda de nuevas metas conforme a sus valores de igualdad y emancipación. La defensa de lo conquistado es una obligación moral, pero es mejor salir a campo abierto para ganar nuevas batallas que encerrarse en el castillo de la historia.

Los socialistas harían bien en erradicar de su faz las arrugas del pesimismo crítico permanente, y sustituirlas por la sonrisa jovial de la determinación y la confianza en un futuro mejor.

Una nueva dimensión Además, los socialistas deben pensar y actuar en una nueva dimensión.

Los problemas son de índole global, y las soluciones no pueden limitarse al pequeño espacio de nuestros viejos Estados nación. Unos Estados Unidos de Europa tendrían dificultad ya, incluso, para acompasar sus pasos respecto a las grandes potencias del futuro anticipado: Estados Unidos, China, India, Brasil… Pero a pesar de ser conscientes de este problema, los socialistas seguimos atentos al control de nuestra pequeña parcela. Más vale cabeza de ratón… Y al ratón se lo come el gato, tarde o temprano.

Nos desgañitamos exigiendo un gobierno económico para Europa, que embride los nacionalismos periclitados, que impulse una fiscalidad común, con fuerza para plantar cara a los más pudientes y hacerles pagar el tributo debido al bienestar colectivo. Reclamamos la cesión de la soberanía nacional, pero no somos capaces de ceder la soberanía orgánica. ¿Qué socialista español, incluidos los dirigentes, conoce el

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nombre del actual Presidente del Partido Socialista Europeo? ¿Y el del anterior? ¿Y el del anterior al anterior? Hasta que los socialistas de Europa no pongan en común sus fuerzas y sus esperanzas, cada célula local, regional o nacional mantendrá un tiempo su luz autónoma, pero la luz acabará por apagarse.

Lo realmente relevante, no obstante, es el ámbito de las ideas y las políticas. No fue la expectativa del poder, ni la voluntad de ganar elecciones, ni una decisión táctica en el gran tablero del juego político lo que movió a miles de socialistas a fundar sus partidos y a defenderlos tanto en tiempos de bonanza como en épocas de persecución y sufrimiento. La fuerza de la izquierda está en la superioridad moral de sus valores y en el horizonte utópico de sus promesas de justicia. La fortaleza de la izquierda está en sus ideas. Por eso es tan importante actualizarlas y sacarles brillo con el debate abierto y franco en su base social.

Frente a lo que mantienen los teóricos del fin de las ideologías, la dialéctica que ha movido el mundo político durante el último siglo es la dialéctica derecha-izquierda, y su correspondencia en la tensión entre el interés privado y el bien común. El pacto de posguerra y el temor al avance soviético mantuvo esa tensión en equilibrio hasta la caída del Muro. Desde entonces, la hegemonía de la derecha en el plano de las ideas y la globalización de los intereses privados promovió el triunfo de la codicia, la acumulación y la desigualdad.

El objetivo hoy consiste en alcanzar un nuevo equilibrio entre el interés privado y el bien común, entre la libertad y la igualdad, en una nueva síntesis de justicia global. Esta nueva justicia global es la utopía socialdemócrata en el presente siglo.

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Recuperar la utopía El pragmatismo de los socialistas en la responsabilidad del poder es legendario, hasta el punto de hacernos perder de vista el horizonte de vez en cuando. Sin embargo, la igualdad siempre fue una guía fiable para mantener el rumbo. La equidad, la libertad y la justicia social han sido los principios que cimentaron nuestras propuestas y nuestras acciones. Son, además, los valores mayoritarios entre los españoles.

Mientras formen parte de los cimientos de nuestro comportamiento, no nos equivocaremos.

Los socialistas supimos siempre también diseñar programas máximos ilusionantes y movilizadores. De difícil realización, pero nunca imposibles. Lo fueron en su día el fin del trabajo infantil, la jornada de 40 horas semanales, el voto femenino y la sanidad universal gratuita.

En la actualidad, la utopía socialista pasa por una nueva alianza entre la socialdemocracia, el emprendimiento y los avances científicos y tecnológicos, para forjar un nuevo modelo económico que combine la vigencia de los mercados regulados con la garantía de la prosperidad, el pleno empleo y los derechos laborales como condición inexcusable para la participación en los intercambios globales.

Este nuevo horizonte debe incluir también un gobierno global que asegure la paz, el progreso equilibrado y los derechos sociales básicos a toda la población, mediante una fiscalidad transnacional suficiente, progresiva y justa, en la que contribuyan más los que más tienen.

Pero no nos olvidemos de las formas: una democracia a la altura de las demandas de participación de nuestro tiempo. Gobiernos abiertos, administraciones transparentes y cauces de cogestión democrática para una ciudadanía plenamente consciente de su voluntad y de su

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derecho a ser protagonista de su propio futuro. Y los partidos socialdemócratas, al frente de estas exigencias.

O la socialdemocracia europea ofrece las respuestas y las esperanzas que las mayorías están esperando, o lo harán otros, sean neoliberales (desigualdad), sean nacionalistas (enfrentamiento), o sean populistas (incertidumbres).

Esa es la opción (aún): Reinventarse o morir.

Diez propuestas socialistas En la reunión previa al Consejo Europeo del verano de 2012, los representantes de las diferentes organizaciones nacionales integrantes del Partido Socialista de Europa (PSE) desarrollaron un planteamiento propio para afrontar la crisis.

Las propuestas con respaldo mayoritario entre los socialistas europeos pueden sistematizarse en diez medidas: Flexibilización del ritmo en el ajuste fiscal, a fin de adecuarlo a los objetivos de recuperación del crecimiento y el empleo. Eso sí, flexibilidad sin ajustes adicionales.

Mutualización de la deuda pública y creación de los eurobonos, de forma paralela a la coordinación de las políticas presupuestarias.

Cambio en el estatuto del Banco Central Europeo, dotándole de capacidad para adquirir deuda soberana y mandatándole para que priorice el crecimiento antes que la inflación.

Un programa de crecimiento a partir de inversiones públicas financiadas desde los fondos estructurales congelados y el refuerzo del

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Banco Europeo de Inversiones, con la prioridad absoluta de crear puestos de trabajo.

Creación de un presupuesto público europeo, aprobado en el Parlamento de Europa, orientado hacia un cambio en el modelo productivo: energías renovables, I+D+i y redes transeuropeas de transporte.

Reforzamiento de las políticas públicas de bienestar, en la sanidad, la educación y los servicios sociales, además de un programa de emergencia social para cubrir los riesgos de exclusión social.

Una nueva fiscalidad europea, con impuestos a las transacciones financieras, a los depósitos bancarios y a las grandes fortunas, equiparando rentas del capital y rentas del trabajo.

Intensificación del combate al fraude fiscal y a los paraísos fiscales, además de la aplicación de la fiscalidad verde y los principios de “el que contamina paga” y “el pago por uso”.

Creación de una agencia europea de calificación del rating financiero, de naturaleza pública y realmente independiente.

Impulsar la unión política y económica de los 27 Estados hacia una Europa federal.

Se trata de un punto de partida interesante para fundamentar la alternativa socialdemócrata al “pensamiento correcto”.

Una alternativa válida para movilizar conciencias y sumar apoyos. En el horizonte cercano tenemos el reto de las elecciones alemanas e italianas. En el horizonte medio hemos de atender a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

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Una gran oportunidad para la eclosión definitiva del Partido Socialista de Europa, con un programa común y un candidato propio para presidir la Comisión Europea.

Aún dos reflexiones para finalizar.

¿A quién le interesa prolongar la crisis?

Los análisis que se realizan sobre la persistencia de la crisis europea desde otras latitudes son muy reveladores. En Estados Unidos, en Asia y en las potencias emergentes en general cunde la extrañeza por la falta de respuestas eficaces a la grave crisis económica que sufre Europa. La crisis global surgió en Norteamérica hace cuatro años, se extendió rápidamente a todo el planeta y a día de hoy, en general, sus peores efectos ya se están superando.

Sin embargo, la economía europea permanece incomprensiblemente encallada sobre el arrecife griego, que tan solo representa el 3% de su PIB. ¿Por qué Europa no ha adoptado las medidas que han permitido sortear el abismo en otros territorios? ¿Por qué se insiste en una estrategia procíclica que profundiza la inactividad y el desempleo? ¿Por qué las autoridades monetarias europeas permanecen impasibles ante los ataques especulativos sobre las deudas soberanas?

A menudo fijamos la atención sobre quiénes sufren las peores consecuencias de la crisis, como es lógico. Millones de parados, empresarios en quiebra, recorte de derechos, pobreza y exclusión social… Por el contrario, rara vez atendemos a quiénes no solo no sufren, sino que obtienen ventajas en medio del desastre generalizado. ¿La crisis económica en Europa perjudica a todos por igual? ¿Hay quiénes se están beneficiando de la persistencia de la crisis? ¿A quién

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conviene que la crisis no se solucione a corto plazo? Las respuestas a estas preguntas pueden resultar de gran interés para conocer las razones auténticas sobre lo que está ocurriendo.

Hablemos de Alemania. ¿A Alemania le conviene solucionar rápidamente la crisis económica en el conjunto de Europa? ¿Qué hay detrás del dogmatismo alemán con las recetas de la austeridad y el ajuste fiscal? ¿Por qué Alemania no permite hacer al Banco Central Europeo lo que están haciendo todos los bancos centrales del mundo para proteger la estabilidad de su moneda e impulsar el crecimiento? Y, a todo esto, si los bancos centrales tienen su sede en las capitales políticas, ¿por qué el banco central de todos los europeos está radicado en Frankfurt?

La realidad es que Alemania está financiando su deuda con un interés ínfimo, a veces incluso negativo, mientras las primas de riesgo castran cualquier oportunidad de despegue económico entre sus socios del club europeo. La verdad es que la economía alemana está obteniendo magras ventajas competitivas en el sufrimiento de los países de su entorno. Hubo un tiempo en el que las economías europeas tendieron a homogeneizar sus potenciales en la industria, en la formación de su capital humano, en su esfuerzo investigador e innovador.

Aquella tendencia al equilibrio se ha invertido claramente. Alemania es más primera potencia europea que nunca. Mientras españoles, italianos y franceses sacrifican sus sistemas educativos y sus inversiones en innovación sobre el altar del ajuste fiscal, Alemania consolida su ventaja sobre los demás en lo que Juan Ignacio Bartolomé sigue llamando el “reparto internacional del trabajo”. Mientras nosotros nos desangramos a cuenta de las recetas de austeridad “made in Germany”, nuestros mejores ingenieros, formados a cuenta del presupuesto español, emigran a Alemania para reforzar aún más la

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economía teutona. Lo que no lograron Napoleón y Hitler a cañonazos, lo está consiguiendo Merkel a través de las instituciones comunitarias.

Pero no solo los alemanes obtienen beneficio de esta crisis. Los grandes especuladores de las finanzas necesitan un terreno libre y propicio para sus juegos de riesgo y acumulación. Las autoridades monetarias serias en Wall Street, en la ‘city’ londinense y en el sureste asiático no admiten ya las prácticas de casino que ponen en jaque los cimientos de sus economías reales. Sin embargo, en Europa sigue habiendo barra libre, porque los rectores de su Banco Central, lejos de servir al interés general de los ciudadanos europeos, tan solo sirve al interés de quien les pone, les quita y les manda, desde Berlín. A los especuladores también les viene bien la crisis y su lucrativa inestabilidad.

Y no conviene olvidar a quienes aprovechan la crisis para sacar de los cajones los programas políticos más reaccionarios, aquellos que acumulaban el polvo de los años durante los que nadie se atrevió a ponerlos en práctica. Pero la crisis legitima el discurso del sacrificio, y camufla el abuso como austeridad. Los españoles lo sabemos bien. Ahí está la reforma laboral que desarma los derechos de los trabajadores, y la amnistía fiscal que lava el dinero sucio de los criminales inmobiliarios, y los destrozos en el Estado de Bienestar, que abren la brecha de la desigualdad. ¡Claro que la crisis no afecta a todos por igual! Hay quienes trabajan para que no concluya demasiado pronto. Y el trabajo de los demás debiera ser el de desenmascararlos, denunciarlos y combatirlos.

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Riesgo de quiebra social Cuidado. La cuerda se está tensando demasiado, y puede romperse.

Deben tenerlo en cuenta aquellos que desde la Europa opulenta juegan a demorar la reactivación económica en las naciones del Sur, para seguir ganando ventaja competitiva. Y aquellos que cada día siembran la incertidumbre y la desconfianza en la economía real, para multiplicar sus ganancias en el casino financiero. Y aquellos que cada viernes decretan recortes en las políticas sociales, para figurar como los campeones de la austeridad. Y aquellos que aprovechan la coyuntura de crisis y el miedo de la gente para sumar medio punto de ganancias, a costa de los despidos colectivos. Cuidado. Mucho cuidado. Porque la situación está llegando al límite. Y quizás se arrepientan.

El último informe del Consejo Económico y Social en España arroja datos “pavorosos”, según su propio presidente. Uno de cada cuatro hogares se encuentra en riesgo de pobreza. Más de 400.000 familias viven exclusivamente de la exigua pensión del abuelo. Ya hay más jóvenes menores de 30 años en paro que trabajando. Cada jornada, incluidos sábados y domingos, cerca de 200 familias son desahuciadas y expulsadas de sus hogares. En una gran ciudad como Barcelona el número de las personas sin hogar se ha elevado en un 32% entre 2008 y 2011, al tiempo que se han duplicado los habitantes en asentamientos ilegales.

Una cuarta parte de la población en edad laboral está en el paro, y cerca de 2,5 millones de desempleados lo son de larga duración. En el año 2008, cuando estalló la crisis, el índice de cobertura en las prestaciones por desempleo estaba próximo al 80%. Hoy nos acercamos al 60%, y cada mes se reduce un punto. Es decir, casi 40 de cada 100 parados ya no recibe ninguna ayuda pública. Un peligro más: la última prórroga para la vigencia del “subsidio de los 400 euros”

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finalizó el mes de junio pasado, y el Gobierno aún no ha aclarado su continuidad en el futuro.

No se trata de generar alarma. Todos estos datos son incontestables, y dibujan un panorama muy preocupante. El coste más importante de la crisis se ha cobrado entre los menos pudientes. Más allá de los retrocesos del PIB, de la caída de los índices bursátiles o del castigo a la prima de riesgo, las consecuencias más lacerantes de la crisis se expresan en forma de paro, desahucios y precariedad social. El colchón de muchos años de buenas políticas sociales y la cobertura familiar han amortiguado los golpes hasta ahora. Pero el colchón ha adelgazado tanto que apenas protege ya a unos pocos.

Cuando el calor arrecia y nadie se ocupa de recoger el matorral seco, el riesgo de incendio es grande. Cualquier chispa puede iniciarlo.

Mientras algunos hacen cálculos codiciosos, en lo económico y en lo político, la temperatura del malestar social en nuestro país está creciendo, y puede acabar con un estallido de consecuencias impredecibles.

Por ello, extraña que a la hora de enumerar “los riesgos sistémicos para nuestra economía”, algunos jamás se olvidan de la estabilidad de los grandes bancos, pero rara vez se acuerdan del riesgo de la quiebra social. Esperemos que no se den cuenta demasiado tarde. Y que rectifiquen antes.

Hoy, oposición útil En todo caso, la responsabilidad de los socialistas pasa por trabajar para que la macroeconomía nos conduzca al progreso con justicia

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social, y para que la microeconomía proporcione a cada ser humano los medios suficientes para vivir con dignidad conforme a sus derechos.

En eso estamos. Ahora, mediante la oposición útil. Mañana, aún más útiles desde el Gobierno.

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INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO Secretaria de Política Económica del PSOE

LA ALTERNATIVA ECONÓMICA DE LA SOCIALDEMOCRACIA Esta va a ser la legislatura de la economía, como también lo fue la legislatura pasada.

La crisis económica ha sido la principal causa de la derrota electoral del PSOE, como también lo ha sido en los demás países de nuestro entorno que han tenido elecciones.

Y es evidente que nuestra capacidad de ofrecer una alternativa económica solvente, capaz de crear empleo, de mantener y desarrollar nuestro Estado del Bienestar y de distribuir mejor los costes de la crisis, determinará si volvemos al gobierno dentro de cuatro años (o menos).

Yo apuesto a que sí.

En las siguientes líneas trataré de exponer cuales son los principios de nuestra alternativa económica.

Pero antes haré referencia al contexto en el que nos encontramos y a la forma en cómo está afrontando el gobierno esta situación.

Contexto España, como la mayoría de economías avanzadas, está inmersa en una crisis global que se prolonga ya más de cuatro años.

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Una crisis que los socialistas conocemos muy bien, porque nos ha tocado gestionarla durante la pasada legislatura.

Y lo hemos hecho con aciertos y con errores.

Aciertos, que nos han permitido hacer frente a la crisis consiguiendo un doble objetivo: evitar ser intervenidos y no poner en peligro los pilares del Estado del Bienestar. Aciertos, que quizás no han sido justamente valorados y que, quizás también, puedan ser apreciados con el tiempo por los ciudadanos, ahora que pueden confrontar con la respuesta del Gobierno actual del Partido Popular.

Y errores, como no haber hecho lo suficiente para frenar la burbuja inmobiliaria y repartir mejor los costes de la crisis con una revisión en profundidad de nuestro sistema fiscal.

Especificidad de la crisis La especificidad de la crisis de la economía española se debe a los déficits estructurales que hemos acumulado durante los años de bonanza y que sintetizaría en tres: 1.- Un excesivo peso de la construcción residencial y de la actividad inmobiliaria, provocando un elevado endeudamiento de las empresas privadas para construir más viviendas, de las familias para comprarlas y de las entidades bancarias para financiarlas, dando lugar a una gran burbuja que estalla en medio de la crisis.

2.- Los problemas específicos de nuestro sistema financiero que se resumen en su exceso de capacidad, su elevada exposición al riesgo inmobiliario; sus problemas de liquidez y el empeoramiento de su solvencia por el desplome de los precios de los activos inmobiliarios.

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3.- El elevado déficit exterior por cuenta corriente debido a nuestra baja productividad, fruto de un modelo de crecimiento demasiado ligado a la construcción, un sector poco productivo y no exportable.

Detrás de todo ello figura un denominador común: la burbuja inmobiliaria que se ha desarrollado debido a factores internos y externos. Entre los internos, están la ley del suelo del todo urbanizable que cambiamos en 2006, y los incentivos fiscales a la compra de vivienda que alentaban el endeudamiento y que luego limitamos por nivel de renta. Deducción, que el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a recuperar en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales.

Entre los factores externos, se encuentran una política monetaria global que facilitaba el sobreendeudamiento, porque se carecía de la necesaria regulación y supervisión internacional para impedir los excesos, unas agencias de calificación de deuda que no sólo no previeron lo que estaba pasando sino que contribuyeron a los desequilibrios y unas entidades financieras que aplicaron una política de asunción de riesgos, cuanto menos, imprudente.

Quiero señalar que lo que verdaderamente preocupa a nuestros acreedores es el sistema financiero y los millones de hectáreas de suelo que están en el balance de nuestros bancos.

La crisis financiera Y la crisis financiera se ha precipitado en estos últimos meses.

España pidió formalmente el pasado día 25 el rescate bancario al Presidente del Eurogrupo. Una mala noticia, pese a los intentos del Presidente del Gobierno de mostrar lo contrario.

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Pedir un rescate, aunque sea para el sector financiero, daña la imagen de nuestro país, supone entregar las llaves de nuestra política financiera y someterse a las exigencias de la Comisión Europea. Es decir, supone un estigma y la pérdida de soberanía.

Y ha sido así porque el Gobierno de Rajoy ha cometido varios errores en su reforma financiera.

En primer lugar ha diseñado una reforma financiera sin haber concretado el importe de las necesidades de recapitalización bancaria y sin conocer el detalle de las condiciones del rescate antes de solicitarlo.

Todo ello, ha provocado una gran incertidumbre en los inversores con la consiguiente presión sobre la prima de riesgo y el tipo de interés de la Deuda Pública.

El Gobierno ha abierto en canal al sistema financiero para operar, pero aún no sabe ni cuáles son los órganos sobre los que hay que intervenir, ni el instrumental quirúrgico que va a contar con la operación.

Lo lógico hubiera sido, primero, determinar las necesidades de recapitalización de las Entidades Financieras. Segundo, diseñar el mecanismo de financiación con la UE, el BCE y el FMI y tenerlo cerrado en todos sus extremos. Tercero, presentar la Reforma Financiera.

En segundo lugar, la pésima gestión de Bankia, anunciando el Ministro unas necesidades de capital continuamente crecientes, han desatado la pérdida de confianza en la solvencia del conjunto de las entidades financieras y demonizado al Banco de España.

Quizás, este aspecto ha sido el determinante para llegar a la situación en la que nos encontramos.

Además, hay mucha incertidumbre y falta de transparencia respecto a los criterios de valoración de las carteras de los bancos, respecto a la

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creación de las Sociedades de Gestión de Activos y respecto al proceso de desconsolidación bancaria.

Los inversores requieren tener un marco claro, transparente y seguro antes de decidir invertir en la deuda de las Entidades Financieras y del Estado y, eso, es justo lo que no se da en nuestro país.

La recesión y la pésima gestión de la crisis del Gobierno han precipitado todo, junto a la falta de una hoja de ruta clara y decidida de la UE de apoyo al euro y de apuesta por el crecimiento. Puede que el rescate se pudiera haber evitado. Eso es algo que no podremos saber, pero lo que sí sabemos es que la gestión de este Gobierno no podía haber sido peor.

España tiene un problema de endeudamiento Como decía el origen de nuestros males no es el endeudamiento público.

Nuestra deuda pública es unos 20 puntos inferior a la de la media de la UE. Una diferencia similar a la que había en 2004.

Pero sí que es cierto que España tiene un problema de endeudamiento.

Un problema de endeudamiento privado. En solo ocho años (desde 2000 a 2008) la deuda privada pasó del 100% al 200% del PIB Nuestro endeudamiento privado no fue para invertir en sectores industriales de futuro. Fue mayormente para invertir en ladrillo. Tanto empresas constructoras, como familias.

De hecho las actividades relacionadas con la construcción pasaron de ocupar el 35% del crédito de las entidades financieras con negocio mayoritariamente en nuestro país en 1998, al 60% en 2010.

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Es decir la burbuja inmobiliaria es la principal responsable de nuestro endeudamiento.

Modelo de Crecimiento El crecimiento de la economía española no puede, ni debe, volver a sustentarse en un crecimiento desequilibrado sustentado básicamente en la construcción residencial, fruto del mal llamado “milagro español”, que en realidad escondía la “maldición de la burbuja”.

Tampoco puede basar su modelo competitivo en bajos costes salariales, como defiende el PP y desarrolla con su Reforma Laboral.

Este no es nuestro modelo de crecimiento.

Uno de los ejes de nuestra Política Económica sigue siendo ser más competitivos y exportar más, reorientando nuestro modelo de crecimiento hacia uno basado en una mayor productividad, más diversificado, mejorando nuestro capital físico, tecnológico y humano, haciendo más eficiente nuestra economía y mejorando la competencia.

En definitiva, necesitamos invertir más para crear empleo.

Es muy importante que no dejemos que se extiendan falsedades sobre el origen de nuestros problemas.

Porque, frente a lo que el gobierno quiere hacernos creer, de que no hay alternativa a sus recortes, tenemos que explicar que sí hay alternativa.

Están haciendo recortes ideológicos porque esa es su concepción del Estado, un Estado mínimo en donde cada uno viva de acuerdo con sus posibilidades y no de acuerdo con sus potencialidades.

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España sufre todavía un retraso significativo en capital humano e innovación respecto a las economías desarrolladas. Sin embargo, en lugar de proteger estas partidas, lo que hacen en los Presupuestos es recaer sobre ellas especialmente el ajuste: en I+D+i, en educación, en becas, en formación profesional, en la internacionalización de nuestras empresas. Y junto a ello, se oponen a crear un impuesto a las grandes fortunas o una Oficina contra el Gran Fraude fiscal.

Este Gobierno ha demostrado que no tenía un plan contra la crisis.

Sus continúas improvisaciones, desmentidos, la actitud esquiva de su presidente, son la prueba de que están desbordados por la situación.

No tenían un plan, pero sí tienen una ideología.

Una ideología que aplican, utilizando la crisis como excusa, para desmantelar nuestro sistema de cohesión social e igualdad de oportunidades.

El principal error del gobierno es que la orientación de su política económica está profundamente equivocada.

Existe un consenso bastante amplio entre organismos internacionales y analistas, de que las políticas de ajuste extremo conducen a más recesión.

Sin duda, el ajuste es un instrumento necesario, pero no puede convertirse en el único objetivo de política económica, entre otras cosas, porque nos llevará al incumplimiento de los objetivos fijados.

La consolidación es necesaria, pero los gobiernos son responsables de su velocidad y su diseño. Realizar un ajuste presupuestario extremo cuando la economía entra en recesión es un grave error, cómo también lo es el nivel y composición de los gastos que se pretenden recortar y las fuentes de ingresos tributarios que se pretenden aumentar.

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Es imprescindible, por tanto, revisar la senda de consolidación fiscal de acuerdo con la Unión Europea y acordar una política de crecimiento realista, de tal manera que la Unión juegue el papel estabilizador que le corresponde en un periodo de recesión.

La consolidación fiscal indiscriminada ha generado zozobra en los mercados, preocupados por el crecimiento y la capacidad de devolver nuestras deudas. Los acreedores están exigiendo reformas que eleven las tasas de crecimiento a medio plazo de nuestra economía y una consolidación fiscal realista. Justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno.

Es verdad que necesitamos realizar ajustes y reformas estructurales.

Es verdad que necesitamos racionalizar el gasto público.

Y es verdad que nuestro sistema fiscal requiere una revisión en profundidad para ser más justo, eficiente y estable.

Pero desde el Partido Socialista defendemos que es posible otro ajuste que reparta mejor el coste de la crisis y que no impida el proceso de modernización y desarrollo tecnológico de nuestra economía.

Pero además de equivocarse en el qué, el gobierno también se equivoca en el cómo y ha conseguido generar una gran pérdida de credibilidad ante los mercados, ante nuestros socios europeos y ante los ciudadanos.

Ante los mercados, porque no entienden el retraso en la presentación de los presupuestos por fines electorales y porque no se creen unos presupuestos que no han tenido en cuenta el efecto que la propia consolidación fiscal tiene sobre la contracción del PIB, en términos de menor recaudación y mayor gasto, y porque las estimaciones de ingresos y gastos que plantean no son creíbles.

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Ante nuestros socios europeos, retrasando la presentación de las cuentas públicas para intentar ganar unas elecciones autonómicas, o tratando de imponer unilateralmente un objetivo de déficit, sin plantear una estrategia compatible con las reglas de juego europeas.

Y pierde credibilidad ante los ciudadanos que creyeron que iban a resolver la crisis, que iban a dar confianza a la economía, que iban a bajar los impuestos, que no iban a abaratar el despido, que no iban a recortar en sanidad y educación.

El problema es que la credibilidad de cualquier gobierno cotiza en la cuenta de resultados de su país.

Alternativa Y frente a este panorama, los socialistas tenemos que construir nuestra alternativa desde la oposición.

Nuestra oposición no es engañar a la gente y decir que tenemos la solución inmediata a todos los problemas de la economía española.

En primer lugar, porque no la hay y, en segundo lugar, porque sería poco creíble después de haber estado en el gobierno.

Claro que tenemos que hacer reformas en nuestro país.

Y sobre esto quiero hacer una reflexión general. Porque se habla mucho de que para mejorar nuestra competitividad es necesario reformar el mercado laboral. Yo creo que los cambios son necesarios en todos los ámbitos. En el ámbito laboral también, aunque no en la dirección que lo ha hecho el gobierno. Pero también es necesaria una reforma empresarial en nuestro país.

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Nuestra clase empresarial, en general, aunque hay excepciones, tiene una visión anticuada sobre cuáles son los elementos claves de la mejora de la competitividad.

Oímos demasiado a la patronal hablar de costes del despido y de impuestos, y poco de formación, innovación, conciliación para motivar a los empleados.

Por eso, el Partido Socialista cree que las reformas son necesarias, pero han de ser reformas abordadas por todos los agentes económicos y que sean capaces de combinar los tres pilares de nuestra política económica: Crecimiento, cohesión social y estabilidad presupuestaria.

Políticas de crecimiento que requieren continuar la agenda reformista para - introducir más eficiencia y competencia en nuestros mercados de bienes y servicios, - reforzar nuestro sistema educativo y la formación continua de trabajadores, - consolidar nuestra apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación.

- potenciar la actividad emprendedora y la base exportadora de nuestras empresas y - seguir capitalizando nuestra economía con infraestructuras productivas.

En este sentido el Grupo Parlamentario Socialista planteó una serie de enmiendas, para impulsar el gasto productivo en educación, la

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investigación, la internacionalización de nuestras empresas, o la inversión productiva que fueron rechazadas por el Grupo Popular.

La falta de política de crecimiento es la causa de que, como predice la Comisión Europea, España sea el único país de la zona euro que seguirá en recesión en 2013.

Planteamos políticas de Cohesión, reforzando nuestro estado de bienestar, adaptándolo a las nuevas necesidades de las familias y mejorando su eficiencia. Frente a recortes del PP, como el copago farmacéutico que va a suponer un injusto impuesto a los pensionistas y los enfermos con una dudosa eficacia económica, proponemos eficiencia, como la subasta del suministro de fármacos que ya utiliza Andalucía que ahorrará 1.500 millones.

No es lo mismo recortar que reformar, el Gobierno vende reformas, pero solo hace recortes. La labor de los socialistas es ofrecer reformas para que nuestro sistema de bienestar sea más fuerte y eficiente.

Y por último, políticas de estabilidad presupuestaria: El Gobierno solo ve el ajuste presupuestario por el lado de los servicios públicos, porque por el lado de los ingresos, plantea subida de impuestos, que además de injustos, son temporales por lo que no resolverán nuestro déficit estructural.

Nosotros, además de mejoras en la eficiencia del gasto, proponemos reforzar nuestra base fiscal para que sea más sólida y potente porque los ingresos fiscales del inmobiliario nunca volverán a ser lo que fueron.

Y para ello pedimos un esfuerzo a quienes menos sufren la crisis, que son las grandes fortunas a través de un nuevo impuesto y a las grandes empresas a través de una reforma del Impuesto de Sociedades que aumente verdaderamente su tipo efectivo en línea con el de los países de nuestro entorno.

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Estas propuestas de nuevos impuestos, junto con la propuesta de retirar la subida del IRPF y eliminar la amnistía fiscal, generarían 5.100 millones de euros adicionales.

En definitiva, hay otra forma de plantarle cara a esta crisis.

Sabemos que esta crisis es cambiante. Que no podemos salir solos. Que necesitamos que Europa vuelva a ser Europa y no un conjunto de países sometidos a una política tan equivocada como la que nos propone la señora Merkel.

Pero también sabemos que España es un gran país, que en los últimos 30 años ha avanzado más que ningún otro, y que no merece un Gobierno incapaz de ofrecer una puerta de esperanza.

Se puede salir de esta crisis.

Se debe salir sin dejarnos por el camino el estado de bienestar.

Es nuestra tarea demostrarlo. Y para ello necesitamos la ayuda de todos los socialistas y de todos los progresistas de esta sociedad.

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JOAQUÍN ALMUNIA AMANN Comisario de Competitividad de la Unión Europea

SOCIALISMO Y MERCADO Al final de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia europea empieza a desarrollar su modelo social en el marco de la economía de mercado. La combinación de las ideas de Keynes y Lord Beveridge, es decir de una política económica concebida para la Gran Depresión en Estados Unidos en los años 30 por una parte, y la propuesta de construcción de un Estado de bienestar siguiendo en lo sustancial el esquema anglosajón por otra, es el modelo que la socialdemocracia abraza a partir de 1945.

Finalizado el conflicto mundial, comienza una época denominada los "treinta años gloriosos" en la que el crecimiento económico no constituía realmente un motivo de preocupación. El aumento del PIB y del empleo venían prácticamente dados por las políticas económicas al uso. De lo que se trataba era de extender los frutos del crecimiento y de redistribuirlos de la forma más eficaz y equitativa posible. Por tanto, podemos decir que la socialdemocracia abrazó la economía de mercado a cambio de una redistribución del crecimiento.

La redistribución por el lado de los ingresos y de los gastos es el rasgo distintivo de la socialdemocracia, en el que se han formado varias generaciones de socialdemócratas. El esfuerzo redistributivo ha sido, desde luego, mayor con gobiernos socialdemócratas que con gobiernos de centro o de centro derecha.

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El mercado no lo resuelve todo En este sentido, la socialdemocracia nunca ha estado de acuerdo con el "laissez faire" sin límites. Abrazar la economía de mercado no significa pensar que el mercado lo resuelve todo. Existen fallos y carencias importantes en su funcionamiento; éste es incapaz por ejemplo de proporcionar una educación y una sanidad universal, un buen sistema de pensiones o una protección adecuada frente al desempleo. Para todo ello se necesita la intervención del Estado y esa intervención la ha protagoniza básica –aunque no exclusivamente- la socialdemocracia.

Cuando comienza la transición democrática en España en la década de los 70, tenemos que hacer frente a las dos crisis del petróleo, con una tasa de paro no tan elevada como la actual pero quizás más dañina, ya que la cobertura por desempleo era entonces mucho más reducida, el nivel de recursos de las familias era menor y los servicios públicos estaban menos desarrollados. Es en este contexto en el que a partir de la gran victoria electoral de 1982 tenemos que hacer lo que otros países habían construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70.

Y es entonces cuando surge un debate, lanzado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se centra en el rechazo de la intervención estatal, se muestra favorable a la desregulación y está en contra del aumento de la presión fiscal y del gasto público. Esta corriente, que hoy denominamos neoliberalismo, thatcherismo o reaganismo, se traduce en una estrategia de liberalizaciones y privatizaciones que en un primer momento no alcanza a España. Nosotros avanzamos más bien en la dirección contraria, protagonizando la construcción del Estado de bienestar. En 2007-2008, antes del inicio de la crisis que padecemos

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ahora, España ya se ha alineado en lo sustancial con el núcleo de los países europeos avanzados en términos de tamaño del sector público.

Nuestra presión fiscal era hace cinco años algo más baja que la media de la UE -lo cual tiene su lógica ya que nuestra renta per cápita es todavía inferior a la media- y nuestros servicios públicos similares al de muchos países europeos, aunque el gasto social todavía quedaba algo rezagado.

A lo largo de las dos décadas anteriores al estallido de la crisis nace y se propaga un virus al que, desde la socialdemocracia europea no hemos sabido responder con eficacia y contundencia. Me refiero a la extensión de algunos aspectos importantes del paradigma neoliberal a la socialdemocracia. A partir de mediados de los 90 la mayoría de los gobiernos de la UE están dirigidos por socialdemócratas, pero a pesar de su hegemonía la izquierda no sabe o no acierta a responder a determinados desafíos como el envejecimiento de la población, los flujos migratorios o el surgimiento de los países emergentes. Fueron años desperdiciados para asentar un modelo alternativo al neoliberalismo para afrontar esos desafíos.

Una actitud conservadora Hay que decir que en este debate los socialdemócratas nunca se han sentido cómodos. Nuestra estrategia política no ha sabido contraponer un paradigma nuevo, adaptado a las nuevas circunstancias, que supere, actualice y adapte el proyecto socialdemócrata tradicional a una sociedad en constante evolución. Hemos tenido una actitud defensiva en vez de definir una línea política sintiéndonos cómodos con nuestras propuestas. El modelo enarbolado por los conservadores es apoyado, en gran medida, por las clases medias que ven con buenos ojos la

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reducción de impuestos o la posibilidad de poder elegir entre los servicios públicos y su alternativa privada. Y ese modelo alcanza y contamina a una parte de las políticas que llevan a cabo algunos gobiernos socialdemócratas. Cuando no se cruzan las líneas y no se abrazan las posiciones del adversario, en vez de plantear una alternativa orientada hacia el futuro, capaz de dar respuestas a los nuevos problemas, se intenta muchas veces acudir a los viejos manuales, con lo que la socialdemocracia va tomando una orientación que podemos denominar, con los matices que corresponda, conservadora.

Ha habido un intento de modernizar y de adaptar las políticas socialdemócratas al siglo XXI: la llamada "tercera vía", lanzada por los laboristas británicos -el “New Labour”-, que dio lugar en los 90 a debates de gran interés, intentando responder a la pregunta de qué tipo de políticas la sociedad del siglo XXI espera de un partido socialdemócrata. Pero los errores cometidos en su etapa de gobierno por quién protagonizó la expresión política de ese esfuerzo de renovación, y la trivialización del esfuerzo de reflexión cediendo a la tentación de reducirlo a una campaña mediática, hizo que en la década siguiente la experiencia acabase en fracaso.

En la actualidad, no veo por desgracia entre los partidos socialistas y socialdemócratas europeos un esfuerzo de renovación política y redefinición estratégica que esté a la altura de los desafíos actuales: la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del paro y de la desigualdad, la pérdida de peso y de protagonismo de nuestro electorado tradicional, las consecuencias de los cambios profundos que están teniendo lugar y que se aceleran como consecuencia de la crisis. Por referirme a nuestra principal seña de identidad, si los socialdemócratas no nos ocupamos de la desigualdad, será difícil que fuerzas políticas

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más conservadoras lo hagan. Y, honestamente, carecemos de un discurso claro y potente sobre un tema tan clave como el aumento de las desigualdades que llegue con rapidez y contundencia a los ciudadanos.

Reformas estructurales Quizás, el terreno donde mejor se aprecia la pérdida de credibilidad de nuestras propuestas tradicionales es en nuestra estrategia de política económica. Por citar algunos ejemplos del debate actual: El sistema financiero tiene que favorecer el crecimiento y para ello debe financiar nuevas iniciativas empresariales. ¿Cómo hay que abordar la restructuración de los bancos? ¿Qué hay que hacer para que vuelvan a dar crédito, sin caer de nuevo en una burbuja financiera? ¿Cómo velar para que los ciudadanos no sean quienes carguen sobre sus espaldas con todo el peso de esa restructuración? Por supuesto, ello exige abordar y discutir aspectos tales como las estructuras retributivas, los bonus, y lo que cada año se llevan al bolsillo los consejeros o los altos ejecutivos de algunas entidades financieras.

Respecto de la consolidación fiscal, hay que asumir con naturalidad que la reducción del nivel de endeudamiento excesivo es algo perfectamente acorde con los principios y valores de la buena política.

Es más, tal esfuerzo es imprescindible cuando nos encontramos en una situación de acumulación de deuda pública y privada como la actual. Y no me refiero únicamente a España sino a otros países europeos. De lo que nos debemos ocupar es de discutir qué ajustes hay que llevar a cabo y cómo hacerlo, cuáles son las prioridades y qué sectores deben quedar al margen.

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Del mismo modo, el debate sobre la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales es estéril. Sin ellas, no hay futuro. Desde nuestro punto de vista lo que resulta imprescindible es determinar qué reformas hay que llevar a cabo para retomar la senda del crecimiento, cuáles son las prioridades de cada una de ellas, cómo se reparten los esfuerzos y los beneficios. Y argumentar con convicción que una economía más eficiente y competitiva requiere niveles de cohesión elevados y una atención permanente a la reducción de las desigualdades.

La dimensión europea Por último, para todo ello necesitamos incorporar la dimensión europea. Europa ha sido para España un referente de paz, de libertad, de democracia, de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de bienestar y de un modelo social. En estos momentos, Europa es además el espacio imprescindible para el éxito de las políticas económicas. Un país por sí solo, incluso si tiene el peso económico de Alemania, no es capaz de afrontar con éxito los retos que todos tenemos planteados. Frente a quienes intentan refugiarse en una visión arcaica de la soberanía nacional, nosotros tenemos que explicar que sólo uniéndonos en el espacio europeo seremos capaces de recuperar autonomía y soberanía, en un contexto que va a seguir estando caracterizado por grados crecientes de globalización.

Debemos ser ambiciosos y mirar al futuro sin miedo. Y ello exige apostar por la profundización de la integración europea. Europa es la dimensión mínima imprescindible para poder tomar decisiones con autonomía en un mundo global. De lo contrario, serán otros los que nos impongan sus decisiones. En muchos casos, serán los mercados. En

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otros, terceros países. Europa tiene que ser capaz de superar sus diferencias, dejar de lado la defensa de pequeños intereses particulares y avanzar en su proceso de integración política. De lo contrario, nuestros socios (EEUU, Rusia, China, India) empezarán a dejar de considerarnos relevantes y fiables a la hora de buscar interlocutores adecuados.

Hoy, Europa es mucho más que la posición de un determinado gobierno en relación con la disciplina fiscal. Igual que ayer, la UE ha representado para la España democrática mucho más que el dinero procedente de los Fondos estructurales. Todavía nos falta recorrer un largo camino en términos de integración. Pero cada vez tenemos menos tiempo para avanzar decididamente en esa dirección. La mayor integración de la Unión Económica y Monetaria, la de las políticas fiscales, financieras, tributarias o presupuestarias, sólo es posible llevarla a cabo a través de decisiones políticas que, como en el inicio de la integración europea, exige el concurso de las principales familias políticas.

En el comienzo del proceso de integración europea, los socialdemócratas nos incorporamos al proceso, en cierta medida, a remolque de los demócrata-cristianos. Hoy en día, sin embargo, la derecha y el centro derecha no van a encabezar la integración europea ya que ceden permanentemente a la tentación de refugiarse en el ámbito nacional adoptando actitudes defensivas e insolidarias frente a sus vecinos y socios.

Un ejemplo reciente ha sido la actitud de Sarkozy que, en la campaña para las recientes elecciones en Francia, adoptó una posición de crítica a Alemania y a España y llegó a poner en tela de juicio logros de la integración europea como Schengen. No es el único, como vemos diariamente en el Reino Unido, Holanda, Finlandia y otros países con

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gobiernos conservadores. Esta es una tentación de la derecha en la que la izquierda no puede ni debe caer. Si existe en este momento una fuerza política capaz de liderar y encabezar la integración europea, es la socialdemocracia. Y no habrá posibilidad de impulsar una política de crecimiento con éxito si nos basamos en un motor de integración política fuerte.

Una integración política que exige, al lado de políticas económicas eficaces, una preocupación por mejorar el control democrático y la capacidad representativa de las instituciones europeas, que están llamadas a adoptar decisiones y a desarrollar estrategias que hasta esta crisis estaban encomendadas en exclusiva a cada uno de los Estados miembros.

Gobernar los mercados Por lo tanto, gobernar sobre los mercados es una condición necesaria para el desarrollo de un proyecto socialdemócrata atractivo y creíble, capaz de adaptar a las necesidades y características de la sociedad del siglo XXI el modelo que fuimos capaces de poner en pié en el pasado.

Ese nuevo proyecto requiere un proceso serio de reflexión y de debate, huyendo de la tentación de seguir confiando en fórmulas y propuestas que ya tienen poco que ver con la sociedad de hoy y con las aspiraciones de los ciudadanos. Y uno de los elementos claves para articularlo es, sin duda, la dimensión europea. Sin ella, nuestra voz se escuchará menos y quedará distorsionada por quienes tratan de refugiarse –sin aprender de los errores del pasado- en el populismo y el proteccionismo.

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FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN Ex Diputado del PSOE

LOS MERCADOS, EL ESTADO Y LA UNION EUROPEA La globalización ha ocasionado cambios en el gobierno de la economía mundial. La movilidad de los factores de la producción –en particular del capital financiero- ha hecho que decisiones estratégicas las tomen empresas multinacionales, organismos internacionales y un elenco amplísimo de entidades financieras globales. La diversidad de situaciones es tal que ahora está planteada la cuestión de cómo compatibilizar globalización y democracia.

A la vez que esto sucede las medidas de rescate de los bancos y las de estimulo de las economías, por citar algunas, las adoptan las entidades políticas nacionales.

Semejante asimetría es un factor de inestabilidad, puesto que, el capitalismo depende de un delicado equilibrio entre mercados y normas reguladoras. Aunque los mercados necesitan que los regulen las instituciones públicas, es muy evidente que, hoy día se carece de las mismas.

Esto ocurre, incluso en el Unión Europea, donde se vienen dando avances encaminados a articular respuestas suficientes, que están resultando de difícil plasmación, para la disponibilidad de autoridades, comunes y centralizadas, en ámbitos específicos, como son las cuestiones económicas, fiscales y financieras.

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La economía y los economistas La Economía es la disciplina que estudia cómo los hombres han recurrido, desde tiempos muy remotos, a organizaciones cada vez más complejas para poder resolver las necesidades que les plantea la vida cotidiana. A través de ella, ha resultado factible comprender una de sus principales preocupaciones (J. K. Galbraith). Quizás por eso ha venido estando sujeta a un cambio continuo ya que, los agentes (empresarios, sindicatos, consumidores y gobiernos) que actúan en su seno, evolucionan sin cesar.

Los recientes acontecimientos ocasionados por la crisis han producido un profundo fallo sistémico que ha afectado a múltiples instituciones.

Pues bien, lo mismo ha ocurrido en el planteamiento dominante entre los economistas, donde se ha abierto una brecha considerable. Los modelos que veían utilizando para explicar, el comportamiento de los agentes económicos junto con el funcionamiento de las variables fundamentales, se ha visto que adolecían del vicio del idealismo y del alejamiento de la realidad.

Creyeron que el mundo real era similar al que ellos construían en sus enfoques teóricos. No fue así, ese edificio se vino abajo, como un castillo de naipes, en el momento en el que fue evidente, a los ojos de todos, que la realidad, y en particular los mercados financieros, eran muy distintos del que en sus esquemas habían dibujado (X.C. Arias y A. Costas).

Aquel aroma de certeza que exhalaban, apoyándose en racionalidades simuladas y extremas, se desvaneció sembrando dudas sobre la solidez de la arquitectura intelectual que se había levantado. Aquella idea de que, por fin teníamos una línea de pensamiento que permitía entender, hasta las últimas consecuencias, el funcionamiento del

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sistema económico era algo más que una dulce ensoñación, era simple y llanamente una arrogancia.

Arrogancia que había servido para pregonar la apoteosis de la economía de mercado gracias al triunfo que se pensaba –hasta ese momento- que había alcanzado el capitalismo financiero. Los más acérrimos defensores de estos planteamientos ufanamente se atrevieron a decir que el problema central de la prevención de las depresiones, había sido de hecho resuelto, en todos sus aspectos y para muchos años (Robert Lucas, 2003).

Años después –y no tantos- tan solo se admite que lo mejor que hacemos es explicar los fenómenos que han venido sucediendo, por lo que el poder profético de esta profesión se ha visto limitado y no poco.

Las preguntas que se nos hacen resultan, la mayor parte de las veces, incomodas, para el núcleo central de la doctrina económica. Todo esto conduce a que, la imagen social de los economistas se haya deteriorado extraordinariamente. ¿Tenemos claro hacia dónde vamos? ¿Cómo hemos llegado a estar tan equivocados? ¿Por qué no fuimos capaces de advertir el desastre que venía?

Los economistas, no hemos salido bien parados de este envite. La creencia bastante generalizada, entre nosotros, de que la bonanza continuaría prolongándose indefinidamente, no se ha cumplido. Los mercados no han funcionado bien, una vez más, se ha demostrado que dejados por si solos no son estables. Hasta se ha visto, en esta ocasión claramente, que se comportan como auténticos tornados que se llevan por delante cuanto ven. Tampoco, lo han hecho bien los reguladores

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públicos, quienes con frecuencia se vieron privados de los instrumentos adecuados para llevar a cabo su función.

El resultado de cuanto argumento es muy evidente, en las sociedades avanzadas hay planteados un conjunto de problemas económicos y sociales de gran envergadura. A su emergencia ha contribuido esa visión dominante en la economía, que todo lo orientaba hacia la supuesta eficiencia de los mercados y a la infalibilidad de la técnica.

El mercado y los mercados globales de capital El mercado era el lugar donde, los compradores y vendedores se encontraban realmente, para intercambiar sus productos: alimentos, prendas de vestir, ganado o cualquier otra mercancía. En él, productores y consumidores, se sometían a su poder regulador. Debía ser un instrumento impersonal, situado al margen de cualquier manipulación por parte de un individuo o de una organización. El mercado y la concurrencia en él, eran los garantes del sistema, que debería ser preservado a toda costa. Se decía que cuánto más viva sea la concurrencia más potente será el mercado. En este contexto, el Estado quedaba relegado a un papel menor, cuestión que abordaré más adelante con mayor precisión.

El mercado subvenía a todas las necesidades de la sociedad. Solo si funcionaba mal, por un motivo o por otro era cuando el Estado pasaba el relevo, para evitar la anarquía o la explotación de los débiles por los fuertes. Esto suponía que, el Gobierno podía intervenir para aliviar los atropellos de la concurrencia, para imponer ciertos precios, o establecer precios mínimos. O bien decretar ciertos márgenes de

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beneficios a fin de mantenerlos al abrigo de una competencia excesivamente salvaje.

A lo largo del tiempo, se ha podido constatar una serie de circunstancias durante las cuales, tanto los consumidores como los productores, carecían de rentas suficientes o si las tenían no las gastaban, o aún disponiendo de ellas, no las invertían con la intensidad suficiente para absorber toda la capacidad que esa sociedad tenía para producir bienes y servicios. Cuando eso ocurría la economía de esa sociedad tenía una capacidad de producción inutilizada y por tanto originaba paro. En sentido contrario podía ocurrir que los ciudadanos y los gobiernos gastaran más de lo que permitía la capacidad de la economía. Cuando esto sucedía, se decía que se entraba en un periodo en el cual se originarían elevaciones de los precios.

Para hacer frente a cualquiera de estos supuestos, en el mundo del capitalismo democrático han venido existiendo dos corrientes generales de pensamiento que servían para evitar los efectos perversos de los excesos de producción o de los aumentos de los precios.

Una de ellas estaba vinculada a Milton Friedman y a sus seguidores, quienes proponían controlar las sumas de dinero en circulación, los tipos de cambio de las monedas, los niveles de inflación y los impuestos que gravaban a los empresarios y a los inversores, a quienes consideraban creadores de empleo y por tanto guardianes de la prosperidad para la sociedad en su conjunto (G. Jackson).

La segunda corriente de pensamiento tiene su origen en John Maynard Keynes y en sus discípulos, quienes vienen propugnando que es necesario desarrollar inversiones públicas destinadas a incrementar la demanda con el fin de disminuir el paro, mantener elevados los

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impuestos en los periodos de expansión para, de esta forma, evitar que haya que recurrir al endeudamiento cuando llegue la recesión.

Sendas escuelas han tenido periodos de mayor, o de menor, predicamento, aunque recientemente se han visto muy condicionadas por la aparición, con extraordinaria fuerza, de un fenómeno tan específico y singular, como es el de la deuda soberana.

Algunas de estas prácticas de intervención gubernamental han ido entrando en un progresivo desuso, puesto que a lo largo de las tres últimas décadas, se ha visto como, la política económica, en muchas ocasiones renunciaba a la realización de actuaciones directas por parte del sector público empresarial.

Ahora bien, eso ocurrió en los “tiempos normales” pero es preciso admitir que la actual crisis nos ha situado en tiempos muy diferentes.

Lo que comenzó siendo una pequeña crisis bancaria desencadenada en algunos estados de los USA, ha acabado siendo una enorme crisis financiera global que en cada momento adquiere muy diversas manifestaciones. Con devastadores efectos, perversiones e ilegalidades, que hacen necesario democratizar las finanzas para que esos mercados funcionen mejor y que lo hagan a favor de todos los usuarios (E. Ontiveros).

Hacer una interpretación de la crisis y de cuánto ella viene arrastrando, va más allá de las pretensiones de esta comunicación. No obstante, vemos a diario como los gobiernos han tenido que actuar, a través de distintas formas y modalidades, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema financiero (Alemania, Austria, USA, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Islandia, Portugal, Grecia y ahora en España son un ejemplo de ello). Mientras esto ocurría el dinero quedaba atrapado en el sistema bancario, quien reducía de forma muy notoria

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el crédito, porque dedicaba la parte que obtenía de las expansiones monetarias, que se producían, desde algunos bancos centrales, a desplazar los vencimientos de su endeudamiento, sin que destinaran recursos a la financiación de la actividad real de la economía.

Las opciones de política económica las doy por sobradamente conocidas, tan solo quiero recordar una frase de Keynes quien decía que en política económica “debemos asegurarnos de que la gente pueda comprar y las industrias puedan producir…” Lo hago simplemente porque se viene incumpliendo sistemáticamente.

Quizás por ello, desde el verano de 2011, otra fase de estancamiento viene produciéndose, originando “un doble hoyo” en la marcha de la actividad. Fruto de la misma es que puede sostenerse que la economía mundial se arrastrará por el fondo durante algún tiempo originando un desempleo que en algunos países ha llegado al 20% o más (R. Skidelsky).

Tradicionalmente se ha sostenido que las economías modernas se dividen en dos sectores: uno reducido que agrupa a las empresas de gran tamaño y otro que comprende una multitud de medianas y pequeñas empresas. Siendo cierta esta diferenciación, hoy en día, las cosas han cambiado de forma notoria hasta el punto de que el mercado de ahora apenas se parece al de ayer. Ya no es lo que era.

Ha surgido un nuevo poder regulador, que está jugando un papel central en el modelo de crecimiento de la economía internacional: los mercados globales de capital, que no son otra cosa que una red despersonalizada de inversores. Visto este hecho con perspectiva puede decirse que, entre 1980 y 2007, apareció un sector muy poderoso, dentro del mundo de las finanzas, impulsado por una intensa desregulación, una innovación generalizada de productos y

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servicios financieros y una revolución de las tecnologías de la información. Este sector pasó a denominarse: los mercados.

El objetivo básico de quienes integran “los mercados” es la obtención de beneficios manejando las ingentes masas monetarias que circulan por el mundo. Los integran, junto a grandes entidades globales, que formulan apuestas muy importantes sobre la dirección de las economías, una gama muy amplia de inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de cobertura y/o fondos de capital riesgo, aseguradoras y bancos de inversión; a todos ellos hay que añadir las agencias de calificación de riesgos. Su actuación ha estado dirigida a movilizar ahorros y excedentes, a cambio de una remuneración que, en el periodo de auge que vienen experimentando, les está permitiendo un crecimiento extraordinario y un beneficio muy abultado.

Un aspecto destacado está produciendo la aparición de estas instituciones, el desarrollo de una intensa batalla entre el poder político y el poder financiero. Los lances ocurridos hasta ahora, en la misma, han puesto en entredicho una serie de valores que, otorgaban la hegemonía a la política, a los gobernantes y a la democracia, para desde ellos disponer de la capacidad de ordenar la sociedad.

Por lo que estamos viendo, en esa brega, hemos vivido y viviremos episodios en los que quedara claro que los mercados son muy poderosos, lo que obliga a que el Estado tenga que reaccionar, con la finalidad de acotar el campo de acción de las finanzas internacionales.

Por tanto, hay razones para pensar que el tiempo de la contienda será dilatado, que durante él, no surgirá fácilmente un vencedor definitivo, que habrá diferentes alternancias a favor de unos (los mercados) o de otros (los poderes públicos).

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En medio de ese territorio, definido como la zona de conflicto, las profundas escaramuzas que –en los mercados de antes y en los de ahora- se están llevando a cabo, han servido para clarificar algunas cuestiones: El proceso histórico nos ha alejado de la idea que tenían los defensores de la economía clásica. Hoy los mercados y el Estado se complementan, no se sustituyen. El mercado en estos tiempos se ha convertido en el coordinador de las actuaciones cooperativas de algunos miles de millones de personas.

Quien quiera, que el mercado se expanda, necesitará que el sector público haga lo mismo.

Los mercados no se crean solos, no se regulan solos, no se estabilizan solos, ni se solos se legitiman. El sistema de mercado solo resulta viable cuando alcanza una fuerte interacción entre la seguridad, los derechos sociales, la libertad política y la democracia.

Quizás hay que admitir, con algo de escepticismo, que hay cuestiones que no se pueden arreglar sin los mercados y otras que tampoco se arreglan con ellos. Por eso, debería admitirse que, han de estar sometidos a una permanente rectificación política para que puedan funcionar con eficacia ( Beck) De cuanto vengo sosteniendo podría deducirse que defiendo mecánicamente que el sistema de mercado proporciona, por sí solo, resultados óptimos. No, los logros y los infortunios obtenidos a través de él, han sido posibles gracias a la ayuda que le ha brindado el Estado, ya que el mercado por si solo genera grandes desigualdades.

Por eso en las formaciones sociales avanzadas como la española, el Estado tiene establecido un marco institucional sin el cual las gentes no

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pueden comprar y vender. Además de ello, construye una parte extensa de la infraestructura social, física y tecnológica de la que disfrutamos. Estimula las empresas cuando los riesgos de parálisis hacen notar su presencia. Regula la concesión de créditos. Trabaja para la consecución de la paz social, estableciendo una cartera de derechos de los que pueden beneficiarse todas las personas, al margen de su situación económica, y sin que la libertad que les proporciona pueda ser interferida por los demás.

En un espacio como el europeo se ha venido garantizando, en suma, una proporción mayor de cualquier pastel que haya para repartir.

Porción que viene cambiando constantemente a lo largo de nuestras vidas. Es sencillo de admitir, que los bienes o servicios a los que se desea acceder o tener, son diferentes al comienzo de la vida adulta, que cuando los años van pasando. Se quiere vivir mejor según la vida avanza y cuando se llega a septuagenario lo que se desea es poder disponer de los cuidados característicos del tramo final. A la situación que describo se llegó a través de un proceso político, en el que la disputa aflora a la superficie en forma de opciones respecto del sistema fiscal, de las pensiones o de los derechos de propiedad.

Decía en párrafos anteriores que los sistemas de mercado no solo no llegan a remediar, sino que a veces exacerban las desigualdades. El que lo hagan, depende bastante de que los ciudadanos y los dirigentes así lo quieran. Pues bien, llevamos algún tiempo observando como viene adquiriendo, predicamento un movimiento por el que, la sociedad que levantamos debe alejarse de la igualdad, para encaminarse hacia la extensión de la desigualdad como en la práctica viene ocurriendo ahora. El fundamento de tal planteamiento se basa en la concepción de que la desigualdad proporciona incentivos que promueven las aspiraciones, los esfuerzos y la asunción de riesgos por

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parte de muchas personas. Quienes esto defienden olvidan que la desigualdad no es un acicate, sino que es una trampa que, además, se transmite de generación en generación.

Una última consideración, he aludido a la existencia de una encarnizada batalla entre mercados y política. Si queremos alcanzar en la misma un resultado aceptable será preciso devolver a la política la autonomía perdida, para lo que resultara imprescindible el buscar una salida inteligente a la globalización financiera.

El trilema de la globalización La lectura de los apartados anteriores, abre múltiples interrogantes, en relación con cuestiones claves del sistema de mercado, en un momento en el que este está experimentando una extraordinaria extensión.

En el movimiento impetuoso del mundo hacia un sofisticado futuro, para bien o para mal, el sistema de mercado adquiere institucionalmente una importancia sin parangón, con ningún otro sistema o proceso social. Admitiendo su capacidad, como gran globalizador, también hay que decir asimismo que es un coordinador duro y a menudo, cruel, que cada vez traslada más el riesgo al individuo con el beneplácito del Estado.

Debido a ello, ha sido capaz de dar al traste con muchas y enormes desigualdades históricas pero, una vez hecha esta tarea, ha introducido otras muchas más, producto de su propia cosecha (C.E. Lindblom).

Durante décadas se le defendía porque sostenía al sistema democrático, ya que no hay estados democráticos que no sean sociedades de mercado, pero a la vez que hacía esto, saboteaba

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muchos elementos inequívocamente democráticos de estos mismos estados. Ahora aparece, a la vuelta de cada esquina, una creciente preocupación respecto a la dinámica bajo la cual viene funcionando. La inseguridad y la precariedad erosionan algunas políticas públicas que no hace tanto tiempo se consideraban poderosas: El empleo, las pensiones, la fiscalidad, el bienestar y la libertad para decidir.

Hasta extremos inimaginables, nos estamos desenvolviendo en un mundo globalizado en el que luchan por el poder actores políticos ligados al territorio y actores económicos sin ataduras territoriales. La importancia de este fenómeno ha sido recientemente expuesta por André Glucknnan, quien ha proporcionado una brillante imagen de la situación: “Desde el hundimiento del comunismo en el mundo, como realidad y como aspiración, la nueva globalización lo inunda todo. Trastorna equilibrios geopolíticos, sociales y mentales que se remontan a milenios y se proyecta en la producción y en los intercambios de miles de millones de ciudadanos (chinos, índicos, brasileños, etcétera). Un maremoto así no tiene nada idílico” .

Deberíamos ir algo más allá, puesto que detrás del paisaje, aparece una cuestión relevante, para muchos responsables políticos y académicos, que cristaliza como un elemento central, la relación que puede establecerse entre globalización, pobreza y desigualdad.

La explotación salvaje ha llegado al pleno apogeo, por lo que existe la convicción generalizada, de que las diferencias contemporáneas, en la población mundial, por lo que respecta a la renta, la riqueza, los niveles de vida, las oportunidades y las libertades son de proporciones históricas sin precedentes y sin una justificación concebible para ellas (A. Payne y N. Phillips). Pero a la vez que esto sucede, a lo largo de las

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últimas décadas, igualmente, se ha percibido como en Brasil, China, India, Indonesia o Turquía existen poblaciones muy amplias que alcanzaban mejoras de su bienestar y mayor esperanza de vida. Si las cosas son así: ¿Cómo se ha de gestionar la tensión entre las democracias y los mercados globales?

Para poder hacerlo hay que ser capaz de construir una nueva narrativa, que dé forma a la siguiente etapa de la globalización. Cuanto más meditada sea esa nueva narrativa más sólidas serán las estructuras económicas y sociales que la sustenten. Por lo tanto, el empeño pasa por superar las disfunciones más características de la presente situación en la que, los mercados globales sufren una débil gobernación, que les hacen propensos a la inestabilidad, a la ineficiencia, y a una débil legitimación popular. Son muchas las personas que ven como sus medios de vida que, en otro tiempo, fueron prósperos, ahora están afectados por la inseguridad.

Tenemos un trilema que debemos resolver. La práctica demuestra que las tres cosas no las podemos alcanzar a la vez. Dos, sí, porque son compatibles pero hay que renunciar a la tercera ya que no se acopla convenientemente, con los dos actores anteriores.

Dani Rodrick fija esas tres posibilidades.

Limitar la democracia, rompiendo el vínculo histórico con aquellas manifestaciones más recientes del bienestar, lo que obliga a replegar a los agentes económicos y sociales del interior, haciéndoles víctimas de los diseños de la política económica que se aplica. Esto es lo que en España ahora hace el Gobierno del PP.

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Limitar inteligentemente a la globalización a través de reglas que hagan prosperar, codo con codo, a la globalización y al mercado.

Globalizar la gobernanza, creando instituciones con poder para fijar estándares en el área que se defina. Las modalidades de estas posibles áreas son muy diversas, pero en todas ellas, conforme se avanza en la integración se tendrá que producir una reducción significativa de la soberanía nacional. Esta dinámica es inexorable por lo que llegará un momento en el que habrá que decidir cuándo se quiere dar el salto de la verja.

Esto es lo que viene haciéndose en Europa. A la construcción de esa Unión se han dedicado ya múltiples esfuerzos que deberían intensificarse aún más en el próximo futuro. Acepto que el ritmo que en cada momento y circunstancia plantea esta estrategia ocasiona dudas. Para unos puede ser excesivamente intenso mientras que para otros es vacilante. Así está sucediendo en la UE desde el segundo semestre de 2011. La primera economía del mundo da muestras de su incapacidad para autogobernarse de manera acorde con sus responsabilidades mundiales (J. Solana).

Considero, no obstante, que la fractura que podía haber existido, cuando estallo la crisis, no se produjo, cosa que tiene alguna singularidad. Aunque solo sea, porque podían haberse seguido, las experiencias extranjeras en momentos críticos similares. Los Gobiernos nacionales podrían haber caído en la tentación de buscar soluciones beneficiosas para una parte de los ciudadanos (el populismo dentro de su nación) y perjudiciales para los demás (el conjunto de los europeos) cosa que no hicieron.

Actuando así, los ciudadanos de la UE hemos asistido a un proceso singular, la ampliación del mercado único, la puesta en circulación de la

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moneda común y el premioso alzado de un andamiaje institucional destinado a favorecer el desenvolvimiento de las fuerzas económicas y sociales, sin que hubiera que levantar los baluartes que en ocasiones anteriores se construyeron (P. Sutheland).

A estas cuestiones, dedicaré la atención a lo largo de las dos próximas secciones, pero antes señalaré que considero que las estructuras políticas democráticas tienen todo el derecho a proteger a su organización social y que cuando ese derecho se interfiere con los requisitos de la economía global, es esta última la que debe dejar paso.

Apostarlo todo al libre mercado me lleva a sacar a relucir la idea de que el mercado y la política deben equilibrarse continuamente de manera que no se rompa la red de relaciones solidarias entre los miembros de una comunidad política (Beck y Habermas).

¿Qué le pasa a Europa?

La UE es una de las grandes ideas del Siglo XX, encarna un proyecto extraordinariamente ambicioso, cuyo propósito esencial podía identificarse con el afán de que cristalizara, una zona privilegiada de democracia y de prosperidad, en esta parte del mundo.

Por eso sus fundadores desearon que quedara reflejada, en sus normas, la fraternidad necesaria para superar las enormes dificultades que entrañaba el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. A partir de estos planteamientos la UE, ha venido proporcionando a quienes la construyeron –y también a aquellas otras naciones que más tarde se incorporaron a ella- normalización política, estabilidad democrática y solidaridad.

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La solidaridad no era una noción romántica de los soñadores federalistas. Formaba parte de la argamasa del proyecto, puesto que desde el primer momento fue ella, la que permitió avanzar identificando objetivos nacionales en el seno de una estrategia de integración compartida. Sirvió para facilitar la conexión y el compromiso entre los Estados, los gobiernos regionales y municipales y un sinfín de organizaciones civiles.

La máxima expresión de la solidaridad ha sido la moneda común. Era el exponente de la trabazón conseguida; desde su creación existían dudas sobre si la cubierta del edificio era suficientemente estable. La razón de las mismas se apoyaba en el hecho de que, Europa había introducido la moneda común, sin poseer las instituciones necesarias para conseguir que funcionara adecuadamente. Esta decisión suponía tomar una opción arriesgada que, más tarde, la globalización se encargaría de demostrar que era menos satisfactoria de lo que inicialmente se había deseado.

Pese al arrojo que supuso, o quizás porque detrás de esa decisión vinieron otras igualmente improvisadas, hay que admitir que la imagen que hoy proporciona la UE está teñida por una narrativa claramente conflictiva. Que se ha convertido en un problema acuciante. De hecho, con una frecuencia superior a la deseada vemos como “solo se asocia con restricciones de liquidez, con rescates especiales, financiaciones de emergencia y austeridad, hasta el punto de que a veces resulta difícil recordar que el euro es un proyecto político concebido como culminación de décadas de integración tras la guerra” (Roger Cohen) Hay problemas que surgen cuando las naciones donantes se sienten facultadas para ejercer presiones políticas sobre las naciones receptoras. Ulrich Beck ha dicho que esas presiones llegan “hasta un nivel que supera el umbral del dolor”. En sentido contrario “los

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deudores se sienten sometidos a un dictado de la UE que infringe su autonomía y su dignidad” al decirles cómo deben vivir sus vidas. En ambos casos, se despierta la ira, cuando no el odio por Europa puesto que todos la ven como un cúmulo de imposiciones.

Las tensiones de la crisis han polarizado los planteamientos de las opiniones públicas, por doquier se maneja tanto el mito de los vicios nacionales convertido en factor de difusión de la crisis, como el de los chivos expiatorios responsables de la misma. Se ha creado un ambiente de sospecha, vacilación y desconfianza que ocasiona múltiples fracturas. Para salirse de semejante laberinto resulta imprescindible enderezar la situación económica. El crecimiento ha de impulsarse, sosteniéndolo y extendiéndolos para que resulte más común y más simultaneo en toda Europa.

Desgraciadamente los estrategas políticos de Europa creyeron, durante los años 2007 y 2008, que la crisis financiera que padecían las entidades europeas, era consecuencia del contagio que les había ocasionado su relación con las de USA. El primer grave error. Ya que se está viendo como son las deficiencias del sistema bancario europeo, sus debilidades, las que han hecho que llevemos bastante tiempo instalados en el epicentro de la crisis financiera global.

Como los bancos de la zona euro tienen una parte importante de sus carteras de activos constituidas por bonos de países de la eurozona, están viendo que el riesgo soberano se ha convertido en un riesgo bancario de tal magnitud que acentúa la situación crítica. A la que ha de añadirse, la interconexión existente entre todas esas instituciones, lo que hace que los problemas que aparecen en el sistema bancario de un país terminen difundiéndose por todo el sistema europeo. A estas anomalías ha de agregarse otra, el sistema bancario europeo, tiene una baja capitalización, hasta el punto de que muchas de sus instituciones

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no pueden asumir las perdidas crediticias (que en muchos casos permanecen ocultas) ocasionadas por su propia y normal actividad.

Cierto y verdad que desde el verano de 2010 la UE se ha dotado de una potente artillerías financiera (el fondo europeo de estabilidad financiera, el mecanismo europeo de estabilización financiera y el mecanismo europeo de estabilidad) que hay que reconocer que no ha impresionado a los mercados. Por lo que deberemos admitir que “Europa no puede escapar de la crisis de sus mercados financieros hasta que no reponga sus bancos” (D. Gros).

Pero los problemas económicos en la UE no se quedan ahí, dado que también se han producido divergencias entre los costes de producción de los países llamados periféricos y los del norte de Europa donde el aumento de estos viene siendo menos veloz. La falta de crecimiento se comportó como quien echa leña al fuego al perpetuar temores relacionados con la sostenibilidad de la deuda pública y con la situación de la banca comercial.

Profundas modificaciones cualitativas del sistema productivo habrán de efectuarse, aunque solo sea porque en muchas naciones europeas se ha producido una notable pérdida de competitividad que, según los planteamientos económicos de los conservadores solo se podrá recuperar sí se lleva a cabo una devaluación interior mediante la reducción de los costes laborales unitarios, acompañada de una regresión social que permita a los empresarios despedir con más facilidad a los trabajadores.

Un enfoque de política económica de estas características es insuficiente, a la vez que injusto, por lo que, deberá complementarse con otras actuaciones destinadas a favorecer las actividades productivas. Lo que significa apoyar a aquellos que contribuyan a la

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creación de riqueza, frente aquellos otros en los que el enriquecimiento individual se produce a expensas de la riqueza de los demás, sin que “el saldo conjunto de las operaciones” eleve el importe de la producción agregada.

Claro está, que si la productividad y su evolución resulta ser un elemento central para la recuperación de la economía, lo correcto sería tratar de aumentarla desplazando la producción hacia zonas donde la tecnología resulte ser más compleja. Para que, semejante deslizamiento, resulte posible, necesariamente habría que volver de nuevo a la búsqueda de compromisos redistributivos. La tendencia hacia la desigualdad en nuestras sociedades ha sido expuesta anteriormente, debido a que la capacidad redistributiva del Estado se ha visto muy recortada, lo que ha ocasionado el que de nuevo estén al orden del día los problemas de legitimación en el capitalismo.

No quiero dejar de decir que los países del norte de Europa, pueden hacer algo más para ayudar a cerrar más rápidamente la brecha de la competitividad, estimulando un aumento más rápido de sus propios salarios. Sintetizando estos enfoques, señalaré que se puede lograr un ajuste interno de la eurozona sin necesidad de producir una deflación importante en los países del sur, siempre que estos aumenten su productividad de forma más rápida y que los países del norte les ayuden alentando un aumento salarial algo más veloz que el actual. De no actuarse así el ajuste en la eurozona pasaría por niveles considerables de desempleo y deflación en el sur, algo más difícil e incluso políticamente imposible de lograr (K. Dervis) He hecho un relato, en el que el campo de los problemas a tratar pasa por la recuperación del espacio de la política –y por tanto por reducir aquel que se le ha entregado a los mercados- por favorecer las actividades socialmente productivas, por la potenciación de la

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productividad, y por volver a las políticas redistributivas en el ingreso y en el gasto. En definitiva, por creernos y convencernos de que, hay que luchar para alcanzar la sociedad en la que nos gustaría vivir aceptando pagar lo necesario para ello. (J.V.Sevilla).

Qué lejos de este escenario se encuentran los elementos básicos del diagnostico que se ha venido sosteniendo en la UE respecto de la situación surgida cuando estallo la crisis en el verano del 2007. La austeridad y el rigor garantizarían el crecimiento y la estabilidad. No ha sido así. Un grupo amplio de naciones se han visto inmersos en una nueva recesión que está provocando fuertes conflictos sociales a la vez que castiga a los sistemas políticos tradicionales y alienta al extremismo.

Este es el segundo error grave que han cometido los estrategas de la UE, se han equivocado a la hora de fijar las prioridades y han elegido a las que poseen un carácter instrumental: ajustes presupuestarios intensivos, reducciones de la montaña de deuda soberana, a lo que han añadido la reestructuraciones financieras que balcanizan el sistema bancario.

La cara viva de la economía en Europa es otra, precipita en forma de una actividad real que se destruye a toda velocidad, en la que se ha instalado otra vez la recesión, el crédito se ha congelado cuando no anulado y el paro permanentemente se expansiona. Detrás de todo esto discurre un conjunto de penurias de nunca acabar.

Hacia la unión política Admitiendo que la solución de muchos problemas económicos del continente pasan por la mayor potenciación de Europa, diré que en

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este espacio de grandes dimensiones, densamente poblado, surgió un mercado común, con una moneda única, sin que atrevidamente hubiera dispuesto, de las competencias requeridas para la coordinación efectiva de las políticas económicas de los Estados miembros. Dentro de la UE estos “tienen todavía el monopolio del poder y no obstante aplican, más o menos, sin quejarse, el derecho aprobado en el plano supranacional” (J. Habermas).

La situación tiene algo de paradójica, los que poseen la legitimación democrática en muchas carecen de competencias y quienes tienen las competencias económicas no poseen la legitimidad política ni los medios suficientes para ejercerla.

La razón de semejante aporía podría encontrarse en que, aquellos que han ido impulsando la acción de gobierno, dentro de la zona euro, han estado sosteniendo que la función principal del Estado es la de establecer un marco regulatorio (un orden) propicio para estimular la libre competencia y así desarrollar una economía de mercado que fomente el bien común. Para ello argumentaban que, bastaría el cumplimiento de unas sencillas reglas destinadas a consolidar los presupuestos estatales, con las que se podría equiparar la evolución de las economías nacionales. Desde estos planteamientos, los dirigentes europeos, se autoconvencieron de que el marco regulatorio más adecuado era la desregularización. Este planteamiento les ha pasado factura (M. Otero).

Pese a dibujar tan agradable panorámica, lo que vemos es que las políticas que se están aplicando conducen a un lugar bien distinto, a una austeridad empobrecedora carente de perspectivas de solución, de la que nada mana, a no ser que sea una degradación económica, social y política sin precedentes. Por eso, tras haber analizado los elementos integrantes de las recetas, que se aplican en los memorándum de

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rescate, se llega a la conclusión de que “nuestra crisis es política y surge de una Constitución europea desequilibrada” (J.P. Fitoussi). En la que, como consecuencia de las carencias del diseño original, cuando el flujo de financiación se seco, se produjeron una oleada de crisis financieras y fiscales junto con una marea de deudas imposibles de asumir.

A la vista de ello de manera bastante generalizada, ha surgido la idea de que la zona euro tal como está pergeñada no puede quedarse donde esta, tampoco debe desandar el camino andado. No hay vuelta atrás, porque sus actores están ligados a un sistema de dependencia mutua del que no podrán librarse más que con un coste extraordinariamente elevado. Pues bien, siendo así, tendremos que admitir que también le resulta traumático dar un paso decisivo hacia delante. (M. Wolf).

De no ser así, tendría que aceptar quedarse donde está en este momento. En ser una zona libre para el comercio y para las finanzas, poseedora de una armazón institucional insuficiente aunque sofisticada. Por tanto, solo el avance hacia la estructura federal puede resolver la crisis del endeudamiento, a la vez que se salvaguardan, los valores del modelo social europeo.

Continuar la construcción europea, requiere que se defienda políticamente al euro, lo que implica clarificar algunos nubarrones. Por ello, en tanto esto no ocurra Europa sufrirá una crisis de confianza, producto de que hay dudas sobre si la zona euro es un conjunto de naciones pequeñas, competitivas, muy interconectadas comercial y financieramente, unidas por un tipo de cambio fijo... que piensan que pudieran estar mejor por su cuenta. O si, por el contrario, se trata de Unión irrevocable, de una economía grande, con un destacado poder

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de mercado ocasionado por que emite una moneda de reserva global (Steinberg, F; Stephens, P y Wolf, M).

Aunque entre nosotros no abundan los enfoques que destacan el papel de Europa en el mundo, señalaré contraponiéndolos que en Pekin, en Delhi y en Ankara se percibe más de lo que creemos la irrelevancia de Europa. Por eso, si en algún momento, anunciáramos que no hay más Europa y que volvemos a ser 27 Estados separados, nuestra influencia en el mundo desaparecería. Aunque solo sea porque hay 11 Estados en la UE con una población inferior a seis millones de habitantes y en China hay 11 ciudades con más de ocho millones de habitantes. (N. Ferguson).

Desde estas realidades, solo actuando de manera conjunta es como podrá la UE alcanzar el peso político, con el que tener la suficiente capacidad para llegar a influir en la agenda de la economía mundial.

Para que esto sea posible, se requiere un salto cualitativo que conduzca al conjunto de los Estados miembros, hacia una mayor integración. El The Economist ha manifestado que si se produjera una escisión en el euro, los bancos y las empresas de todo el continente, verían como sus activos y sus pasivos no cuadrarían. Se generaría un torrente de quiebras y de demandas judiciales, a las que acompañaría el hecho de que los gobiernos con déficits se verían obligados a recortar drásticamente el gasto o a emitir moneda.

Los inconvenientes de semejante opción le ha llevado a decir que lo deseable es salvar el euro, a la vez que formula una pregunta: ¿Sienten los alemanes, los austriacos y los holandeses tanta solidaridad hacia los italianos, los españoles, los portugueses y los islandeses como para correr con todos los gastos? Cree -el semanario británico- que hacerlo revierte en su propio interés.

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Las cumbres europeas de junio, octubre, y diciembre de 2011 abrieron unas vías a través de las cuales deberían adoptarse una serie de cambios institucionales de notable amplitud.

Sucintamente diré que en política económica se avanzo con el propósito de restaurar algunas de las fisuras que la crisis había ocasionado en el gobierno económico de la UE. Con esas actuaciones se trataba de parar la dinámica en la que habían entrado los mercados financieros, puesto que de persistir la asfixiante presión y sus desordenados comportamientos, podrían haber ocasionado efectos fuertemente desestabilizadores en la economía europea y en el conjunto de la economía mundial.

Para ello se produjeron cambios en el papel del BCE, quien de una manera mucho más intensa, paso a desempeñar el papel de prestamista de última instancia para la banca privada europea. La finalidad de estas medidas, era la de que se produjera una correcta transmisión de la política monetaria común en toda el área. Que al adoptar un tono expansivo, atenuara las tensiones crediticias que venían padeciendo desde mediados del año 2011 las entidades financieras.

Estas actuaciones no fueron las únicas, estuvieron acompañadas de otras, los recortes de los tipos de interés, el aumento de la liquidez de manera ilimitada, en condiciones favorables a los bancos, junto con otras disposiciones poco habituales destinadas a expandir la oferta monetaria. “El BCE ha hecho cosas que no estaban previstas en sus competencias estrictas” (J. Almunia) se dijo desde la Comisión. El BCE “ha ampliado considerablemente su potestad” puntualizaron desde el Bundesbank (J. Woidmann).

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Las decisiones, como proveedor de liquidez a largo plazo, evitaron el éxito de los ataques especulativos a la deuda de algunos países, así como una mayor contracción del crédito a la economía, pero no fueron la solución a medio y largo plazo. Sin una actuación decidida de los gobiernos para completar las instituciones europeas la tarea del BCE se hará más y más difícil. (X. Vives).

Así mismo, estuvieron también acompañadas de otras destinadas a constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria. El conjunto de medidas que poseen esa finalidad es denominado, “Six pack” (estando integrado por cinco reglamentos y una directiva comunitaria). Constituye el paquete legislativo, más concreto y decisivo, adoptado hasta ahora para garantizar la disciplina presupuestaria, favorecer la estabilidad de la economía y prevenir una nueva crisis en la Unión.

Se ha puesto en marcha, un nuevo pacto presupuestario que establece una nueva regla fiscal que sitúa como límite para el déficit estructural anual el 0,50% del PIB nominal. En España, este planteamiento ha sido roto “con descaro” de forma unilateral por el PP al fijar el objetivo para 2020 en el 0% (Benegas, J.M y Fernández Marugán, F).

Solo una parte de las lagunas que se venían detectando desde el estallido de la crisis han ido suturándose. De hecho, la regulación correctiva no está avanzando al ritmo que la reducción de la desafección de los ciudadanos precisaría (E. Ontiveros). Pese a ello: ¿Es posible la integración económica sin lograr necesariamente una Unión política? La simbiosis de ambos procesos requiere un diseño coherente de instituciones comunitarias: Disponer de reglas claras sobre los cometidos y funciones que han de desempeñar las diferentes autoridades económicas, con el fin de que

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no se produzcan graves desajustes y desequilibrios en el caso de que vuelvan a surgir supuestos de crisis.

En relación con las existentes hoy día el énfasis debería ponerse en la búsqueda conjunta de soluciones, aunque solo sea porque estos desequilibrios van a llevar tiempo en reducirse. A la vista de lo cual es necesario complementar las políticas de ajuste con otras que ayuden al crecimiento en aquellas naciones que padecen mayores tasas de desempleo.

Ha de verse que estamos todos en el mismo barco para lo que los costes de la actual situación –junto con los que ocasione la salida de la crisis- han de repartirse equitativamente. Un objetivo básico debe ser el poner en marcha políticas redistributivas adecuadas, en las que la educación la sanidad y los servicios sociales habrán de jugar un papel destacado.

En materia fiscal (impositiva, presupuestaria y endeudamiento) debería existir una autoridad comunitaria desde la que actuar de forma estabilizadora para poder suavizar los altibajos cíclicos que puedan presentarse. Sin olvidar, además que las grandes diferencias de renta y de riqueza existentes, harán necesarias el que se establezcan, puede que incluso con carácter permanente, transferencias entre naciones.

Igualmente, se requeriría que exista un Tesoro Público con capacidad para emitir títulos destinados a financiar políticas y proyectos europeos.

Todas estas cuestiones exigen articular un marco político coherente que tenga una Hacienda a la que se le permita llevar a cabo las tareas de impulso del crecimiento, estabilización y redistribución como cualquier gobierno del mundo posee.

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La opción en favor de una unión de transferencias permanentes, desde los países más ricos a los más pobres, se produce de hecho dentro de cualquier nación. Tratar de conseguirla en la UE, de manera inmediata, encuentra resistencias notables no sólo entre algunos gobiernos, sino que hay ciudadanos en la zona norte de Europa, que comportante estas tesis. Consideran que cualquier sistema de transferencias fiscales acaba convirtiéndose en una senda de alimentación permanente por lo que terminan por no saber cuánto les costará pagar (Rogoff).

La nueva forma de Unión que se atisba, tendrá que entrar en esta cuestión, abordando políticas de inversión con las que favorezca el crecimiento, junto con los mecanismos a través de los cuales se usan los fondos de recate a los Estados y también la emisión conjunta, desde los Estados Miembros de la eurozona, de deuda con responsabilidad colectiva para proyectos de infraestructura, tecnología o innovación.

La integración del sistema financiero habrá de ir más allá de la simple homogeneización de las reglas, ha de disponer progresivamente de un regulador común, que la aproxime a una autoridad bancaria europea apoyada en la existencia de cuatro componentes: un fondo conjunto de resolución y de recapitalización, un fondo conjunto de garantías de depósitos, un organismo regulador central y organismo supervisor central. El fondo de recapitalización y el fondo de garantía de depósitos habrán de dotarse con una financiación suficiente.

Estos elementos están disponibles en cualquier Estado moderno, pese a lo que, esto no ocurre en la UE que estando formada por Estados democráticos, no es en sí misma un Estado en el sentido convencional de esta palabra. Debido a ello no dispone de estos instrumentos, por lo que son los hechos los que están determinando su actuación. Hasta el punto de que ahora cuando hay que regular estas cuestiones no se encuentra ante una decisión opcional, más bien todo lo contrario, se ve

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forzada a adoptar medidas esenciales, para apoyándose en ellas, poder evitar una desintegración irreversible de la UME. Dado que la arquitectura sigue estando incompleta, otro paso más debería darse: reforzar el BCE, para que no sólo esté dedicado a la dirección de la política monetaria europea sino que se encargue de liderar la nueva Unión Bancaria. Para ello, habrá que dotarlo de la capacidad de garantía, control y supervisión de los bancos sistémicos.

Plantearse reforzar el BCE obliga a pasar de medidas paliativas a actuaciones decisivas, que en este ámbito son imprescindibles, puesto que llevamos meses luchando por la supervivencia de la moneda común.

Entre las medidas poco habituales que el BCE adoptó en el verano de 2011, figuran las adquisiciones de deuda soberana emitida por los Estados Miembros con dificultades (España e Italia primordialmente).

Dichas adquisiciones poseen un carácter excepcional, por lo que, no pueden llevarse a cabo de manera ilimitada y repetitiva. No son eternas, ni son infinitas, por eso, el programa que aplicaba para hacer esas compras permanece, desde hace meses, inactivo al haberse situado el BCE fuera del mercado. En este sentido, poco que objetar al cumplimiento estricto de las leyes.

Tal como fue concebido, el BCE tiene una única misión, el control de la estabilidad de los precios, careciendo de obligaciones respecto del crecimiento. Las estrecheces de este cometido las ha hecho emerger la propia crisis. Por eso, resulta evidente que debería cambiarse el papel que le está encomendado. Aunque semejante tarea lleve tiempo y no poco.

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También debe volver a poder utilizar los instrumentos que están a su disposición, por lo que, ahora tiene una tarea similar a la que desempeño en 2010 y 2011: Estabilizar los mercados.

Corolario: Algo más que reparar Europa El Informe Larosiere (2009) abrió la reflexión sobre la conveniencia de armonizar, mucho más, las normas y las prácticas financieras nacionales, en aquellos casos en los que hubiera bancos con presencia en varios países.

La lógica que subyacía tras sus iniciales y cortos planteamientos era clara: una Unión Monetaria requiere que exista un sector bancario integrado que contribuya a disponer de una sólida infraestructura económica. A partir de ahí, se pensó que deberían hacerse algunos esfuerzos centrados en la constitución de una unión bancaria que posteriormente pasara a incluirse en una unión fiscal más amplia.

Desde un enfoque tan ambiguo resultaba bastante realista pensar que en Europa se esperaría a crear la Unión Bancaria a que estuviera culminada la realización de la Unión Fiscal (G. Ortiz). Pues bien, ahora está comenzando a hablarse de que sería conveniente disponer ya de esa Unión Bancaria. El que esto esté siendo así, tiene una primera explicación, los recientes acontecimientos han forzado a acelerar el paso de la integración europea, dando alas a la idea de completar la actual Unión Monetaria con una Unión Bancaria, aspiración utópica hasta hace poco tiempo.

El que se hable, incluso el que se articule un discurso político en el que tenga cabida la posibilidad de la creación de esta nueva institución, no quiere decir que se vaya a realizar. Las dificultades intrínsecas serán

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destacadas, puesto que se necesitaran amplias modificaciones legislativas que no se harán de un día para otro.

Otras resistencias aparecerán –ya lo están haciendo- con la sola mención de que surja semejante posibilidad. Se ha dicho que no se necesita una unión bancaria más allá de un sistema de regulación común. A lo que se le ha añadido, un no a la inyección de dinero en las entidades financieras con problemas, un no a suavizar el ajuste en Grecia, también a los estímulos Keynesianos y por último también una negativa a que el BCE actúe como prestamista de último recurso (J. Weidmann). Semejante acumulación de restricciones hace pensar que, el resultado de tanto resistencialismo, terminará siendo una Unión Bancaria de pequeña dimensión. ¿Cuándo efectuar el paso a ese nuevo esquema bancario? Se sostiene que debería llevarse a cabo en el momento en el que estén saneados los bancos que ahora padecen dificultades. La asignación de recursos a ellos también es objeto de discusión; podría hacerse mediante los sistemas de rescate europeos (si la regulación permite esa federalización) o también podrían ser asumidas (las pérdidas que estas entidades experimentan) por parte de los respectivos Estados nacionales. Así nacerían estas instituciones como un mecanismo puro de seguro al que se incorporarían los Estados Miembros sin saber previamente si van a ser contribuyentes o beneficiarios. (E. Conthe) Cabe pensar en otra posibilidad, cuya finalidad es la de romper la vinculación entre la deuda privada y la deuda soberana, prescindiendo de la garantía que el Estado compromete para el caso de que los bancos no generen la capacidad suficiente para devolver las ayudas.

(Berges, A y García Mora, A). Si ahora no se ha encontrado la posibilidad de emplear el fondo de rescate permanente (ESM) debería cambiarse su actual legislación en el futuro.

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Igualmente destacada es la estructura por la que se apuesta, ya que quienes fueron avanzando en estudiar la posibilidad de disponer de una unión bancaria, se plantearon la pertinencia de sacar al EstadoNación del sector bancario para que paulatinamente fuera la eurozona la que se responsabilizara de todo.

En este esquema se pensaba que lo adecuado era que todos los bancos importantes dejaran de depender de los Estados nacionales para pasar a pertenecer a la zona euro, coexistiendo con aquellas otras entidades de menor dimensión que seguirían permaneciendo vinculadas a las anteriores estructuras políticas (W. Münchau).

Cualquiera que sea el resultado al que se llegue en el proceso de constitución de la Unión Bancaria, hay que ser conscientes de que, los gobiernos nacionales han sido muy reacios a permitir que los reguladores de la eurozona pudieran examinar el estado de sus sistemas bancarios. Si ahora se produce este nuevo planteamiento, es porque está siendo inevitable ceder soberanía (N. Ferguson y N. Roubini), atribuyendo competencias explicitas a las instituciones comunitarias –y en cierta medida- supeditando a ellas a las actuales autoridades nacionales.

Esta transferencia de poder solo será posible si previamente se ha alcanzado un acuerdo político con los gobiernos nacionales o al menos con alguno de ellos. Lograrlo no es una cuestión baladí, todo lo contrario. Los condicionamientos son varios. El primero de ellos es la dinámica de la crisis. Se avanzara más si la situación económica empeora. Como suena.

Pero también hay que tener en cuenta los intereses en presencia. El Bundesbank ha anunciado que no habría Unión Bancaria hasta que no haya Unión Fiscal. Ángela Merkel dijo que no habría Unión Fiscal hasta

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que no haya Unión Política y François Hollande aseguro que no habría Unión Política hasta que no haya Unión Bancaria (W. Münchau).

Semejante carrusel tiene una posible solución, disponer de una Unión Bancaria, Fiscal y Política, de un cuerpo político común, al servicio de una moneda única (J. Pisani-Ferry). Sin todo esto no podrá funcionar.

La Unión Monetaria tropieza con graves dificultades porque no está acompañada de una unión económica, pero los avances que en esta se puedan producir son insostenibles sin unidad política.

Aquella creencia de muchos líderes europeos de que iban a poder navegar en una nave ligera, sin apenas quilla, pensando que se produciría casi mecánicamente la convergencia, la integración y la unificación no se ha producido. Es más, la situación en Europa es crítica debido a la incapacidad de muchos gobernantes de ponerse de acuerdo en un proyecto que siente las bases para la salida de la crisis.

Es eso, lo que está conduciendo a Europa, a un callejón sin salida donde las “reacciones de corto aliento, disponen de un espacio de maniobra cada vez menor”. (J. Habermas) Son otras cosas y de muy distinta dimensión las que hay que hacer. Ya se hicieron algunas otras de esta entidad y no hace mucho tiempo. La crisis griega dio origen a los sistemas de rescate, la crisis en algunas entidades financieras españolas podrían obligar a crear una Unión Bancaria y la grave amenaza que ahora existe respecto del futuro del euro podría forzar el proceso a favor de la Unión Fiscal (J. Pisani-Ferry).

Algo más que una gran reparación hay que hacer. Con compromisos y con calendario, en un periodo relativamente corto de tiempo, entre cinco y diez años, debería existir una nueva Unión Política Europea.

Llegar a esta estación final obliga a efectuar un recorrido complicado, pero al que no se puede renunciar.

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SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados

SOCIALISMO Y TRABAJO Es mi intención realizar una reflexión en torno a los grandes retos que tenemos en relación con la regulación de las relaciones laborales en el siglo XXI, y sobre cuál debería ser el modelo.

Nosotros hicimos una reforma laboral que costó también una huelga general. A lo largo de nuestra dilata experiencia, hemos tenido -no podemos negarlo- importantes tensiones y contradicciones en nuestro discurso, un discurso muy basado en nuestros años de gobierno.

Los socialistas hemos sido, somos, protagonistas de lo que hoy es España, de la España de después de la dictadura. Hemos protagonizado el cambio en nuestros servicios públicos y también construimos un modelo de relaciones laborales.

Pero es cierto y es evidente que la transformación económica hace que el modelo laboral también cambie, adaptándose a esa transformación.

El modelo laboral sustentado por los socialdemócratas –tanto por nuestros compañeros alemanes y franceses, después de la II guerra mundial, como por nosotros, después de la muerte del dictador-, ese modelo que en esos 30 años gloriosos del derecho laboral, desde principios de los años 50 hasta los años 80, fue muy exitoso, sobre todo

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en el ámbito de las relaciones laborales, obedecía a un sistema económico muy determinado.

Hoy la globalización, la apertura de mercados, la caída de fronteras, las nuevas formas de producción, la descentralización productiva se ha llevado por delante algunos elementos sustanciales en los que se basaba ese modelo laboral, como eran precisamente las fronteras nacionales en los que se producían, los mercados nacionales en los que se consumía y la competitividad en aéreas regionales muy limitadas.

Podrían contrarrestar parte de esta argumentación señalando que también queda el área europea, a la que accedemos después de nuestra entrada en la UE, pero indudablemente cuando nosotros accedemos, cuando vamos en ese camino de ida, de construcción de nuestro modelo laboral, los alemanes, los franceses, los nórdicos y los escandinavos ya están viendo como hay importantes fracturas en el modelo porque el ámbito económico en el que se construyó, en el que funcionaba, estaba cambiando. Y efectivamente ha cambiado.

Globalización sin gobierno La globalización ha sido en parte la causa de ese cambio. Se dice en muchísimas ocasiones que el problema de la globalización es que no hay un gobierno global, que no es una globalización regulada. Yo creo que a la vista de lo que nos está sucediendo, o de lo que estamos viviendo, tenemos que reconocer que la globalización sí ha tenido un cierto gobierno. Sí, la globalización ha tenido unas ciertas pautas de comportamiento y ha estado gestionada, con una gestión centralizada, sí, pero ha sido gestionada.

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Y creo que nuestra conclusión debe ser que quienes no la hemos gestionado hemos sido los socialdemócratas. Pero otras políticas, las políticas liberales, los conservadores, los neocon de EEUU, de los países emergentes, de los tigres asiáticos, sí han regulado una globalización que ha dado lugar al final del “capitalismo compartido”. Un capitalismo en el que las reglas del mercado y del capital han funcionado porque convivían con normas de regulación social. Ese es el capitalismo que ha finalizado dando lugar a otro muy diferente.

Es verdad que nos encontramos en un momento de enormes confusiones, el propio discurso es un discurso de confusión. Quienes están desmantelando servicios básicos, que son la espina dorsal, la columna vertebral del estado social, del estado del bienestar, democrático y de derecho -somos tres cosas como Estado: social, democrático y de derecho-, como digo, quienes están desmantelando a una velocidad acelerada esta espina dorsal: la sanidad, la educación, el derecho laboral –que también es un pilar del estado del bienestar, que no quepa la menor duda-, nos lo anuncian y nos explican que lo están haciendo precisamente para que el estado del bienestar sea un estado del bienestar sostenible en el tiempo; es decir, están destruyéndolo para salvarlo.

Este es el discurso de las reformas estructurales necesarias, de unas reformas absolutamente aplaudidas e impuestas por los mercados, por Europa, por los organismos internacionales, por alguien que no sabemos… Pero este es un discurso muy difícil de contrarrestar porque, indudablemente, se produce en un marco jurídico, social y político en que nosotros nos hemos integrado y nosotros los socialistas, los socialdemócratas, hemos contribuido de forma seria y firme a construir.

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Recordando a Hannah Arendt El otro día leía un libro muy interesante sobre unas cartas que Hannah Arendt escribió. Era una cría de 18 años, estaba en la universidad y, durante el verano, se escribía con su compañera de pupitre. El nacional socialismo de Hitler había ganado las primeras elecciones democráticas en Alemania y comenzaban a ponerse en marcha aquellas normas en las que los judíos no podían hacer o no podían matricularse en determinadas asignaturas. Por supuesto no era porque fueran judíos, no, era porque no reunían las actitudes que se pedían. Cuando esas dos compañeras ya no pudieron realizar actividades deportivas juntas, entonces ella, Hannah, le decía: “qué difícil es soportar el no poder responder a un discurso que sabes que en el fondo tiene el germen de la xenofobia y de la tragedia terrible que trae, que anuncia, y somos incapaces de contestarle por cómo está elaborado”.

Yo me acuerdo de estas palabras cuando escucho todos los días la necesidad de las reformas estructurales, cuando oigo que hay que hacer una reforma laboral porque tenemos 6 millones de parados. Sí, vamos a alcanzar los 6 millones de parados dentro de muy poco, si tenemos en cuenta los datos de la EPA del primer trimestre, 374 mil desempleados más, y, una cifra muy preocupante, las 45 mil afiliaciones menos a las Seguridad Social. Engrosamiento de cifras que se está produciendo, fundamentalmente, por la destrucción que se está llevando a cabo en el sector público. El empleo que se está destruyendo en el sector público en todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP desde mayo, ahí está. Porque cuando se habla de que “se cierra el servicio”, lo que hay detrás son personas que se quedan sin trabajo, que va a la calle, y todas estas personas desempleadas están dentro de esas cifras.

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Nosotros hicimos una reforma laboral, una reforma laboral que, según su discurso, no se puede mantener porque está generando desempleo.

Y como está generando desempleo y hay muchos parados es necesario “hacer algo”. Como si el “hacer algo”, como si el actuar, ya fuera en sí mismo un valor. Y, además, se nos presenta como una necesidad alarmante, incluso por comentaristas, tertulianos…, no de la Cope, que yo no la escucho.

Al respecto, creo que merece la pena recordar como en nuestro último año de gobierno, donde, indudablemente, la crisis era de calado, una crisis de ámbito global, una crisis que se estaba enquistando de una forma casi enfermiza en la zona euro, fundamentalmente, por el problema griego, también escuchábamos a tertulianos que nos decían: “bueno es que ustedes han hecho una reforma laboral, pero no es una reforma de verdad, porque una reforma de verdad, que es lo que hay que hacer, tiene que ir más allá”. Y yo me pregunto: todas esas cosas de verdad, el actuar más, el hacer una reforma estructural de verdad ¿qué es?

Se ha concretado en el Decreto-ley que nos presenta el Gobierno del PP. Y es cierto que no es comparable a ninguna otra reforma, porque lo que hace este Decreto-ley es realmente laminar la negociación colectiva, de lo que se derivan una serie de consecuencias. La primera consecuencia, el abaratamiento del despido. Es necesario abaratar y facilitar el despido para que las empresas puedan ajustar sus dificultades económicas ajustando sus plantillas con el menor coste indemnizatorio posible. La segunda consecuencia, también fundamental, de carácter macroeconómico no menor, es la disminución de los salarios. En España, se dice, es necesario un ajuste de rentas. El Gobierno tenía dos opciones -siempre hay dos opciones para hacer una moderación de rentas en un país- hacerlo con un gran

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acuerdo y moderar todas las rentas, las laborales, las empresariales, a través de precios, es decir, todas las rentas, u optar por la moderación de una de las rentas, las rentas salariales y a través de la imposición, es decir cada empresa según lo que necesite. Evidentemente, este elemento de la reforma, que es troncal a la misma, lo que facilita de forma clara no es una moderación de rentas salariales, sino una bajada generaliza de las mismas, una reducción de los salarios de forma unilateral por parte del empresario, sólo tiene que alegar disminución de los ingresos, que no pérdidas empresariales.

Evidentemente, para conseguir estos dos objetivos, que lo son, la reforma tenía que laminar la negociación colectiva; tenía que hacer desaparecer una estructura de negociación con la que se ha construido todo nuestro andamiaje laboral en los últimos 30 años en España.

La negociación colectiva es un derecho Vamos a ir al Tribunal Constitucional. La negociación colectiva no tiene su origen, ni deriva su legitimidad, en ninguna ley, ni siquiera en la ley orgánica de libertad sindical. La negociación colectiva es un derecho reconocido en el artículo 37 de la Constitución. Ellos lo saben. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho de forma clara –yo he sacado una sentencia de 1985, pero hay mas- que la facultad reconocida a los representante legales de los trabajadores y de los empresarios de regular sus intereses de forma reciproca mediante la negociación colectiva es una facultad no derivada de la ley, sino propia, que encuentra su fundamento jurídico y expresión jurídica en el texto constitucional.

Y hay muchísimas otras sentencias en relación al art. 37 en las que nuestro Tribunal Constitucional se pronuncia en relación a este

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derecho de negociación colectiva sobre todo en relación a su confrontación con otros derechos constitucionales, como el derecho de igualdad o el derecho de la tutela judicial efectiva. Sin embargo no hay tantos pronunciamientos del Alto Tribunal en relación a la vulneración del artículo 37 de la Constitución por una ley. Porque en estos más de 30 años de democracia no ha habido legislador que violentara, que fuera contra el artículo 37 de la Constitución, como la hace este Decreto-ley. En conclusión, hay una gran jurisprudencia constitucional relativa al derecho a la negociación colectiva en confrontación o colisión con otros derechos, pero muy poca en relación a la vulneración de este derecho por una ley, tanto de origen orgánico como ordinario, tan flagrante como la que realiza el Decreto-ley de reforma laboral.

La negociación colectiva es el mejor instrumento que las sociedades democráticas han encontrado para regular el conflicto entre capital y trabajo en términos socialmente aceptables, esta es la realidad. Pero dicho esto, es preciso añadir que la negociación colectiva ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando. Las empresas han cambiado su perfil. Las grandes empresas, que exigían una representación sindical fuerte y a las que respondía, por ende, la construcción de este derecho de negociación colectiva, han desaparecido.

Estamos en un mundo globalizado, donde prima la deslocalización y, sobre todo, la externalización de la producción de bienes y servicios.

Nos movemos en los que algunos llaman “empresa en red”. Una empresa en red es aquella que tiene parte de sus servicios externalizados con una pequeña o mediana empresa, una PYME; otra parte los tiene externalizados con un autónomo; y, a su vez, tiene deslocalizados algunos centros de producción a través de empresas

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maquiladoras en países en vías de desarrollo, donde el coste salarial de la producción concreta de ese bien le resulta mucho más barata.

La comercialización se la hacen estas PYMES y además utiliza una serie de trabajadores autónomos que realizan también un trabajo de distribución, producción, publicidad… El conjunto de todas esas acciones es la empresa. Debemos dar respuesta a estas nuevas situaciones. Y ahora se nos dice: ustedes, la izquierda, no han reaccionado ante esta nueva realidad, no han dado ninguna respuesta.

La negociación colectiva, los sindicatos, tal y como los conocemos, no los han adaptado a esa nueva realidad, han quedado obsoletos, son ineficaces, y ante este erial han venido los neocon y se lo han cargado.

La respuesta socialista Yo creo que sí hemos dado respuestas, ahora bien, ¿hemos dado todas las respuestas? Posiblemente todas, no. Las respuestas que hemos dado ¿han sido las mejores, las más eficientes, las necesarias?

Posiblemente, tampoco. Sin lugar a dudas esta es una reflexión que tenemos que hacer, pero lo que no nos pueden decir es que hemos estado en una situación de inmovilismo absoluto, ni los poderes públicos, ni los gobiernos socialdemócratas, ni las organizaciones sindicales.

Hay un hecho evidente: la negociación colectiva con su máxima expresión en los convenios colectivos, ese marco regulador que afecta a toda la relación laboral, ha ido evolucionando, hasta tal punto que hoy conviven el convenio colectivo con un nuevo acuerdo que también surge de la negociación colectiva: el acuerdo colectivo.

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Un acuerdo que atiende a la peculiaridad de la empresa en la que se adopta, que regula aquellos aspectos que garantizan la funcionalidad de la misma, la necesidad de su restructuración y de su adaptación a las nuevas necesidades, a una economía globalizada, flexible y volátil.

Estos convenios y acuerdos hoy conviven de un forma clara, gracias a las normas de concurrencia, gracias a la estructura de la negociación colectiva. Una estructura que también viene a ser perturbada por el Decreto-ley de reforma laboral que, al otorgar preeminencia absoluta a los convenios de empresa, sitúa el ámbito de la negociación colectiva, la función de los representantes sindicales en meros entes consultivos.

La negociación colectiva tiene una función económica fundamental. Es un instrumento económico muy importante porque, con fuerza vinculante, regula las condiciones laborales y las consecuencias económicas que se derivan de la relación laboral para el trabajador.

La negociación colectiva es la forma de acordar más flexible. Es más flexible que una ley. El legislador puede establecer mínimos laborales a los que debe sujetarse la negociación colectiva. Pero es la negociación colectiva la que otorga a la relación laboral su carácter de flexibilidad, desde la autonomía de las partes, que se obligan a partir de los acuerdos alcanzados, por su carácter vinculante –reconocido constitucionalmente-. Un acuerdo unilateral, adoptado en una relación claramente desigual, como es la relación contractual entre trabajo y capital, siempre será impuesto por el empresario.

Por lo tanto, si es verdad que se necesita una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, nuestro trabajo debe consistir en propiciar que la negociación colectiva, a través de los convenios colectivos de empresa o de grupos de empresa, de respuesta a las necesidades del sector o de la empresa en cuestión. En todo caso, sin negociación colectiva, sin la presencia de representantes elegidos a través de un procedimiento de

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elección sindical, o sin representantes selectivos por parte de los trabajadores, no hay protección del trabajador, esta es la verdadera realidad. Si somos capaces de maquillar también los procesos selectivos en pequeñas empresas sin ningún tipo de control ni de condiciones que permitan que la elección se haga en condiciones de libertad, medidas necesarias para que esa elección sea fruto de un proceso libre de acuerdo, estamos dejando realmente al trabajador sin ningún elemento de protección.

Aquí tenemos un gran discurso absolutamente contrario al que tiene el Partido Popular y el que tiene la CEOE cuando presentan la negociación en la empresa como el elemento absolutamente necesario para poder llegar a la flexibilidad necesaria para que la empresa se adapte, para que pueda estar en los nuevos tiempos, porque si no se adapta entonces no solo tendría pérdidas de ingresos si no de beneficios y entonces tendría que cesar en su actividad y tendría que despedir.

Cuando ese acuerdo en el ámbito de la empresa se ve solamente desde la perspectiva del empresario, de lo que el empresario necesita, esa visión parcial de la relación contractual es una visión contractual injusta, porque es una relación desequilibrada y necesita un ámbito que proteja, que fortalezca a la parte negociadora del trabajador. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que las relaciones laborales basadas en la existencia de agentes económicos, de representantes de los trabajadores que negocian en nombre de un colectivo, de un sector, constituyen un elemento fundamental para que sigamos dando respuestas a la existencia misma de las relaciones laborales, para que las relaciones laborales pueden vivir en una estructura económica y en un modelo empresarial y económico claramente diferencial.

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Quiero decir también que nosotros, junto con los agentes sociales, con los que tenemos legítimas diferencias y discrepancias, como las hemos tenido, hemos avanzado muchísimo, al igual que se han avanzado en países de nuestro entorno.

Quiero decir, en tercer lugar, que son mentira las comparaciones que se hacen en relación a lo que pasa en Francia, Alemania, Reino Unido.

Porque las relaciones laborales que se han construido en estos países, aún basándose todas ellas en este nudo gordiano que es la representación electiva de aquellos que negocian en nombre de los trabajadores, tienen perfiles y fisonomías muy diferentes. Nada tiene que ver lo que pasa en Alemania, con la negociación de empresa, con la negociación sindical, con lo que pasa en España. Son modelos muy diferentes.

Y, en cuarto lugar, la necesidad de avanzar, la necesidad de cambiar, la necesidad de adaptarse tiene que venir acompañada por la voluntad clara - en un marco de respeto constitucional, de respeto a las representación sindical, a la representación de los trabajadores- de un cambio importante en la mentalidad de la empresa en este país, y de los empresarios en este país. Las reformas necesarias en el marco de un convenio colectivo de empresa tienen que tener como objetivo fundamental, primero, una mayor participación de los trabajadores en la empresa en la que trabajan, y, en segundo lugar, un mayor incremento de la productividad del trabajo y mejora de la competitividad de esa empresa, pactando y trabajando con quienes producen y con quienes pueden mejorar esa productividad y esa competitividad.

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El reto de la productividad La idea nefasta que está y que envuelve toda la reforma es que hemos fracasado de forma clara en la mejora de la productividad en este país.

Y hemos fracasado, es verdad. Antes de la crisis, antes de la burbuja inmobiliaria, España incrementaba su productividad a menos de un 1% -desde el año 1996 hasta el 2006 esa fue la realidad-, mientras Alemania lo hacía unos años en el 2% y otros en el 2.5%. Y haber fracasado lo que significa es que tenemos que mejorar claramente nuestra productividad. Pero para hacerlo, indudablemente, el modelo que no podemos elegir es mejorar productividad y ganar competitividad a base de una bajada en el coste salarial, en el coste unitario de trabajo. No vamos a ser competitivos con nadie a base de costes salariales.

Como sabéis, los tres últimos años de gobierno yo he sido Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. He viajado por muchísimos países en vías de desarrollo, por países emergentes y pobres de solemnidad, y os puedo decir que las condiciones laborales de esos países son tales que, fijaros y estoy hablando de un marco muy amplio, es imposible competir. Simplemente porque no hay condiciones, porque son condiciones ínfimas, en horario, en puestos de trabajo, en condiciones sanitarias, en salarios basura. Es imposible competir desgraciadamente en bajada de salarios porque hay salarios basura en el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo dice que solamente el 25% de los trabajadores del mundo trabajan dentro de un sistema regulatorio, de un sistema de bases salariales. Son trabajadores que trabajan dentro de Europa, y uno es el nuestro; son trabajadores de ciertos países americanos. Nos movemos en un margen de legalidad. El 75% de los trabajadores se encuentran fuera de lo que la OIT define

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como “condiciones de trabajo que no llegan al estándar de trabajo decente”. El estándar de trabajo decente es mucho menor de lo que nosotros hemos tenido hasta ahora. No obstante, es preciso subrayar que ese 25% de trabajadores, que trabajan dentro del marco regulatorio, con condiciones dignas, protegidos por una regulación laboral producen casi el 80% de lo que se produce en el mundo. El otro 75% produce el 20% o el 25%.

Por tanto es un trabajo inhumano, trabajo injusto, es un trabajo depredador y es un sistema claramente ineficiente desde el punto de vista económico porque no es un trabajo productivo, no es competitivo y solamente sobrevive y tiene beneficios a base del coste humano de los trabajadores.

Sin embargo este Decreto-ley está basado en el reconocimiento de un fracaso en la mejora de la productividad en España y en la necesidad de mejorar nuestra competitividad a través de la bajada de salarios. En consecuencia, un Decreto-ley que aplica una receta claramente equivocada.

Y por si hubiera alguna duda en torno a la aplicación de esta receta para la mejora de nuestra productividad -que indudablemente pasa por la mejora del capital humano y por la mejora de los medios de producción, con métodos de innovación, desarrollo, tecnología…- el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 nos la ha despejado, pues rebaja la partida en política activas en 1.500 millones. Cuando este país, y somos absolutamente conscientes de ello, también por ser responsables de esa situación, aunque en menor medida que otros, tiene un gravísimo problema de desempleo.

Nuestro desempleo duplica la media de la Unión Europea, y ello es debido a un factor exclusivamente nuestro, made in Spain: la burbuja

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inmobiliaria. De los 2.700.000 puestos de trabajo destruidos desde el desencadenamiento de la crisis financiera, dos terceras partes de los mismos traen causa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Una burbuja que pincha inmediatamente al estar sostenida exclusivamente por la especulación financiera, de tal modo que un patatal podía valer 500 millones, cuando no valía nada, ni había nada construido, pero formaba parte de un plano urbanizable no programado y el banco te decía: yo te doy una hipoteca de 500 millones.

Ladrillazos Vamos a ser claros: Dos terceras partes de los puestos de trabajo destruidos de esos 2.700.000 eran de la construcción y sectores vinculados, esto es, el carpintero, los sanitarios, etc. Una mano de obra poco cualificada. Pero esto es producto claramente de una opción, no trae causa de la reforma laboral, no nos olvidemos: nuestro sistema productivo apostó, de forma clara y equivocada, porque la construcción aportara entre un 18% y un 20% del PIB anual de crecimiento. Este anclaje en el ladrillo era una barbaridad. Es cierto que nosotros nos encontramos con ello y dijimos que lo íbamos a desacelerar. Pero lo hicimos muy lentamente.

Sin embargo nos encontramos con un Decreto-ley, con una reforma laboral, cuyo fundamento máximo es que tenemos más de 5 millones de parados -“hay que hacer algo”, tesis máxima de Rajoy- y que no contiene ni en su Exposición de Motivos ni en su Memoria económica ni una sola frase o palabra que haga referencia a la burbuja inmobiliaria, a la destrucción de empleo en el sector de la construcción como consecuencia de su estallido.

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¿Qué quiero decir con esto? Que cometimos un grave error como país, creciendo de esta forma tan claramente ilógica, irracional desde el punto vista económico. Creamos mucho empleo, pero solo en ese sector. Por primera vez España se acercó a las tasas de creación de empleo de la Unión Europea, al respeto recordar que antes de esta “burbuja” estábamos también muy por debajo del empleo que se generaba en Francia, en Alemania o en el Reino Unido. Sólo a través del ladrillo llegamos a equipararnos a esos países en términos de empleo.

Pero cuando se pinchó esa burbuja comenzamos a tener muchos más parados. Todo el empleo que habíamos creamos en ese sector se ha destruido.

Muchachos muy jóvenes, que dejaron los estudios para irse a la obra del pueblo de al lado, inmigrantes que trabajan en nuestro país en la construcción, toda esta mano de obra es poco cualificada, y es un capital humano que, para no perderlo, es necesario invertir, a través de la formación. Hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar esta fuerza de trabajo, hay que invertir en formación. Porque una cosa sabemos: estas personas no van a volver a trabajar en la construcción.

Y son muy jóvenes y debemos hacer que vuelvan a trabajar. Tenemos claro que si en algo tenemos que hacer un esfuerzo es en formación del capital humano, en la recuperación de la formación de estos jóvenes.

Minorar la partida de políticas activas de empleo en 1.500 millones es, desde un punto de vista económico, una medida equivocada. Pero va en la línea de la opción ideológica por la que ha optado el Partido Popular en esta reforma.

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¿Cómo competir?

Acabo con dos cosas. La primera, no nos olvidemos que es verdad que el Partido Popular y su Gobierno, la derecha europea, no están solos. Si pensáramos esto estaríamos muy equivocados. Son el eslabón de una cadena. La derecha europea está tomando medidas en la zona euro, medidas que tienen efectos a corto plazo. Pero no podemos obviar que están pensando en el largo plazo. Están pensando en cómo competir en un mundo futuro donde el coste de protección, no el coste de los derechos laborales, sino el coste de protección social, sea una rémora.

Porque nuestro sistema de protección, compuesto por derechos laborales, coberturas sociales, de salud pública, no lo tienen en la mayoría de los países que se están erigiendo en líderes económicos mundiales –China, sobrepasará o no a Estados Unidos, pero ¿cómo están los chinos? El problema es, puesto que yo no pienso en cambiar nuestro modelo de protección social, cómo competir con esos países en el futuro.

Por lo tanto, dónde se sitúa la gran carga ideológica es en el impacto de estas medidas en el largo plazo, más que en el corto plazo, basadas en qué me dicen los mercados. La segunda cosa que quisiera deciros, y con la cual voy a acabar mi intervención, es una cita. Una cita extraída de un libro sobre negociación colectiva que el otro día nos regaló a Concha y a mí el profesor Valdés Dal-Re, catedrático de Derecho laboral, como todos sabéis, y profesor mío. El libro en cuestión se titula “Democracia Industrial” y está escrito por el matrimonio Webb, Sidney y Beatrice. Pues bien, cito textualmente: “en fin, ha emergido el convenio colectivo como el nuevo instrumento de futuro para regular las relaciones laborales. El convenio colectivo ha suplantado al viejo contrato entre trabajador y patrón, desterrando ya de la memoria esa vieja idea defendida por los empresarios a tenor de la cual los

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empresarios pagarán a cada trabajador según su necesidad o su mérito y no tratarán con nadie más que con sus operarios”.

El libro lo publicaron en 1898. Podía no haberos dicho la fecha, podía no haberos dicho que está escrito por el matrimonio Webb. Si hubiera omitido estos datos podríais haber pensado que la idea trasnochada sobre la que triunfa el convenio colectivo, y que se critica a través de esta cita, es de alguien de la CEOE, podría ser perfectamente una idea de Arturo Fernández emitida en los desayunos de la TVE 1. ¡Para que Esperanza Aguirre nos llame antiguos!

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CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO Portavoz socialista en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados

LA REFORMA LABORAL Y SU ALTERNATIVA A continuación expongo algunos aspectos relevantes del proceso que hemos vivido tras la aprobación del Real Decreto-Ley de febrero de 2012 que contiene la Reforma Laboral del Partido Popular.

1.- Aprobación de la Reforma Laboral mediante RD-L. Sin Diálogo Social El 10 de Febrero el Consejo de Ministros aprobó una Reforma Laboral inútil, injusta e ineficaz. Inútil para crear empleo, injusta porque hace recaer todo el peso del ajuste sobre los trabajadores a los que culpabiliza de todo, e ineficaz porque agudiza la crisis económica en lugar de ayudar a salir de ella.

Lo hace a través de un Real Decreto Ley no negociado con los Sindicatos, no sometido al diálogo social, ni tan siquiera informado previamente.

Se rompe así un modelo de diálogo social construido a lo largo de todo el periodo democrático. Por primera vez una Reforma de tanto calado se hurta a la consideración de los Agentes Económicos y sociales con significación constitucional: los sindicatos más representativos, UGT y CCOO, y las organizaciones empresariales.

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2.- La Reforma Laboral va en contra de lo acordado el 25 de enero 2012 por sindicatos y empresarios La Reforma Laboral rompe los pilares básicos de nuestro modelo y específicamente el “segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014”, alcanzado por sindicatos y organizaciones empresariales el 25 de Enero. Un acuerdo que, ante la crisis por la que atraviesa nuestra economía (y la de la zona euro), incluía los elementos para dotar a nuestras empresas de la flexibilidad interna necesaria para permitirles su adaptación a la coyuntura, y, además, un pacto de rentas basado en la moderación salarial, con el fin de ganar competitividad y crear y mantener el empleo.

Despreciando este gran logro, reconocido por todos como un acuerdo histórico, el Gobierno, tan sólo 15 días más tarde, aprueba un Real Decreto Ley de Reforma Laboral que no sólo desconoce sino que pulveriza este acuerdo. Destruye así el modelo de negociación colectiva y de relaciones laborales que entre todos hemos ido construyendo como parte del pacto constitucional.

3.- La Reforma provoca una Huelga General El Gobierno cumplía así la amenaza que el Ministro de Economía confesaba días antes al Comisario Europeo de Economía: se trata de una “reforma extremadamente agresiva”. Por ello provoca un gran rechazo en el conjunto de la sociedad.

Los sindicatos, desde el mismo momento de la aprobación del Real Decreto Ley, solicitan al Presidente del Gobierno la apertura del diálogo social, y envían sucesivos textos alternativos encaminados a buscar una negociación real con el Gobierno. También nos los envían a los grupos parlamentarios.

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El grupo socialista pide en sucesivas ocasiones la comparecencia de los sindicatos y de las organizaciones empresariales en la Comisión de Empleo, para que pudieran manifestar sus opiniones y alternativas.

Pero la mayoría absoluta del PP lo impide.

Ante la negativa del Gobierno a abrir el diálogo social, los sindicatos convocan una Huelga General para el día 29 de marzo. El seguimiento fue masivo, saliendo a la calle la inmensa mayoría de los trabajadores.

La reforma no es improvisada. Ha provocado un auténtico descrédito del Partido Popular que, a lo largo de la campaña electoral, se esforzó en esconderla, negándola tantas veces como se le preguntó por sus verdaderas intenciones. Ha provocado una auténtica fractura en la sociedad.

4.- Tramitación parlamentaria: Convalidación del R.D.L El 8 de Marzo de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista vota en contra de la Reforma Laboral en el trámite de convalidación del Real Decreto Ley. Nuestra portavoz, Soraya Rodríguez, pone de manifiesto que la reforma que hace el Gobierno es “una barbaridad económica” ya que, en un momento de recesión económica, lo que hay que plantear son proyectos de regeneración de empleo y no más paro. Según las propias provisiones del Gobierno el año 2012 terminará con 630.000 empleos netos destruidos y la tasa de paro a final de Legislatura (2015) estará por encima de la tasa de paro existente en 2011.

Quiero recordar ahora dos de los grandes temas que nuestra portavoz planteó.

En primer lugar, la ruptura de nuestro modelo de relaciones laborales tanto individuales como colectivas. La Reforma da un poder unilateral

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al empresario y elimina los mecanismos que aseguraban el ejercicio de derechos de los trabajadores. Hoy, en este seminario, Soraya ha planteado los aspectos fundamentales que se refieren a esta ruptura y específicamente a la Negociación Colectiva.

En segundo lugar, el objetivo esencial de la Reforma Laboral: facilitar y abaratar el despido. Y facilitar un despido más rápido y más barato en época de recesión económica es favorecer la destrucción de empleo.

Hoy es mucho más fácil destruir empleo en España Primero, porque esta reforma abarata el despido. El coste del despido improcedente es hoy un 43% más barato que antes de la reforma.

Segundo, porque, según la propia memoria del proyecto del Gobierno, el objetivo declarado de esta reforma es reconducir la mayor parte de los despidos a despidos objetivos y colectivos con tan sólo 20 días de indemnización por año de servicio.

Tercero, porque se suprime la autorización administrativa en el despido colectivo y con ella la negociación con los representantes de los trabajadores. Ahora la mera consulta formal abre el proceso de despido colectivo que depende única y exclusivamente de la decisión del empresario.

Por otra parte la reforma crea un nuevo contrato cuya característica es que durante un año el trabajador puede ser despedido sin más. Y el despido sin causa choca frontalmente con el artículo 35 de nuestra Constitución.

Las empresas utilizarán ese “periodo de prueba” para transformar este contrato en temporal, de baja calidad y con coste de rescisión nulo, con lo cual este contrato aumentará la precariedad y la segmentación del mercado de trabajo.

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También el sector público queda sometido a expedientes de regulación de empleo cuyo único fin, por imperativo legal de esta Reforma Laboral, es la extinción del contrato de trabajo. Aquí no vale la flexibilidad interna, ni la suspensión de contrato, ni la reducción de jornada. Para los empleados públicos sólo el despido: se trata de obligar a las Administraciones a efectuar el ajuste presupuestario a través del paro.

Despido sin control Tras esta Reforma, el despido escapa a cualquier control sindical o administrativo y, lo que es mar grave, al control jurisdiccional, vulnerando así el artículo 24 de la Constitución: el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora la reducción de ingresos o ventas, en cualquier porcentaje y por cualquier causa, habilita para el despido de forma automática. Han desaparecido los elementos de valoración, no es necesaria la proporcionalidad de la medida. Se degrada la actuación jurisdiccional a la simple constatación de una caída de ingresos o ventas. Además la Reforma suprime los salarios de tramitación: el objetivo es nada más y nada menos que disuadir a los trabajadores de que acudan a los tribunales en defensa de su derecho.

Por otra parte esta reforma va contra los derechos de las mujeres, que se han ido consolidando a través de la negociación colectiva, y debilita las condiciones de trabajo y conciliación que contemplaba el Estatuto de los Trabajadores.

Para los jóvenes, que también sufren el paro de forma traumática, sólo prevé contratos de formación y aprendizaje que pueden encadenarse de forma sucesiva en la misma empresa, desde los 16 hasta los 30 años. Se elimina la obligación de primar la formación.

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En resumen: nuestro Grupo votó en contra de esta Reforma porque lamina los derechos del trabajador, es decir, de la inmensa mayoría de los españoles; porque da un poder arbitrario al empresario; hace culpable al trabajador de todos los males de la empresa; rompe el equilibrio que el ordenamiento jurídico daba a la relación laboral; rompe el consenso social y el clima de colaboración que llevó a firmar los acuerdos históricos de 25 de enero de 2012 sobre empleo y negociación colectiva. En definitiva: rompe nuestro modelo constitucional.

El grupo socialista planteó la necesidad de que se tramitara como proyecto de ley, y además que se debatiera en el Pleno de la Cámara. El PP permitió la tramitación como proyecto de Ley, para evitar la inconstitucionalidad del R.D-L en relación con el artículo 86 de la Constitución (un Real Decreto-Ley no es el procedimiento constitucionalmente adecuado y la urgencia no está justificada) pero el PP impidió que se debatiera en el Pleno de la Cámara.

5.- Texto alternativo: Boletín del Congreso de los Diputados serie A nº 4-6 de 27 de Abril de 2012 El Grupo Socialista planteó un texto alternativo a esta Reforma Laboral.

Sus aspectos más relevantes son los siguientes: -.La restitución de los derechos de los trabajadores. Se recupera además el equilibrio en la relación individual de trabajo, que no puede estar sometida a la modificación unilateral de sus elementos fundamentales, como el salario.

La recuperación del modelo de negociación colectiva, que tiene su base en la Constitución y el mantenimiento de la paz laboral en el seno de la empresa. La empresa juega un papel fundamental en el sistema social y de mercado que establece nuestra norma fundamental: precisamente

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por ello es necesario asegurar los mecanismos de negociación, acuerdo y pacto entre el empresario y los representantes de los trabajadores para favorecer la flexibilidad en su organización interna, permitiendo su adaptación a los cambios de la nueva realidad económica, e incluso adelantándose a ellos.

-.La creación de empleo. Es la necesidad más urgente para nuestro país, es la base de la recuperación económica para abrir nuevas oportunidades al conjunto de la sociedad y, especialmente, a los jóvenes. Por ello, uno de los objetivos de nuestra propuesta, a través del Pacto por el Empleo, es comprometer a toda la sociedad en este empeño común.

En estos momentos el estrangulamiento del crédito, sobre todo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, está siendo el principal obstáculo para el mantenimiento de la actividad y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, retrasando con ello la salida de la crisis. Financiar esas iniciativas ligando el crédito a la generación de empleo es precisamente el objetivo del Fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y para el autoempleo de jóvenes desempleados, al que se refiere la Disposición Adicional Segunda de nuestro texto alternativo.

Nuestro texto alternativo ofrece por tanto una respuesta distinta a la planteada por el PP. Una respuesta con la que se tratan de atajar los graves problemas por los que atraviesa nuestro mercado de trabajo, derivados de la crisis económica y financiera. Además restituye los derechos conculcados.

En resumen, los principales aspectos de nuestro texto alternativo serían:

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- Entrada al mercado de trabajo: apostamos por el fomento de la contratación de los desempleados por parte de PYMES a través del contrato de” fomento del empleo”, que incorpora bonificaciones de cuotas a la seguridad social para el caso de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y discapacitados. Para los nuevos contratos que supongan incremento neto de plantilla, el texto alternativo del PSOE apuesta por la concesión de créditos (hasta 30.000€ por empleo).Estos beneficios que ligan crédito a puestos de trabajo se extienden a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, que contraten de forma indefinida a personal investigador en desempleo, o que contraten a jóvenes en modalidades formativas, o les faciliten su primera experiencia profesional. También accederían a estos créditos las personas y los jóvenes que se establezcan como autónomos, o creen empresas, incluidas las de economía social.

- Extinción del contrato: el texto del PSOE clarifica las causas del despido colectivo e incorpora la necesaria valoración de la proporcionalidad de esa medida. Recupera la autorización administrativa y con ello el papel de los sindicatos en el proceso de negociación de los expedientes.

El coste del despido vuelve a su valor anterior a la Reforma del PP y se garantizan los salarios de tramitación.

- Flexibilidad interna y negociación colectiva: la reforma del PP supone una ruptura del equilibrio de las relaciones laborales, al otorgar poder unilateral al empresario para modificar las condiciones esenciales de esa relación. Da prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial, elimina la ultra-actividad del convenio y, en caso de conflicto, incorpora el laudo arbitral de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. Cuestiona seriamente el art. 37 CE sobre negociación colectiva y eficacia de los convenios.

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La flexibilidad interna negociada fue uno de los elementos claves del RD-L 7/2011, sobre negociación colectiva, aprobado por el Gobierno Socialista que, de forma equilibrada, venía a resolver las discrepancias entre empresarios y representantes de los trabajadores en los procesos de modificaciones de condiciones de trabajo colectivas y en los llamados "descuelgues” de los convenios colectivos.

Con base en esta norma la CEOE, la CEPYME y CCOO y UGT pactaron el Acuerdo de 25 de enero de 2012 sobre empleo y negociación colectiva. Nuestro propósito ha sido poner en valor ese Acuerdo y por ello nuestro texto alternativo es respetuoso con el mismo, incorporando una nueva redacción al sistema de concurrencia de los convenios colectivos regulado en el art. 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

- Salario: nuestro texto alternativo recupera la regulación anterior al R-D-Ley sobre la modificación de las cuantías salariales. Sitúa la fijación de las cuantías salariales y de los descuelgues en el ámbito de la negociación colectiva, evitando así la posibilidad de una espiral descendente de los salarios y el dumping social. La flexibilidad interna pactada sustituye así a la imposición unilateral del empresario.

- Especial consideración de empleados públicos, mujeres y jóvenes: el texto del PSOE suprime el despido colectivo en el Sector público que establece la disposición adicional 2ª del RD-L. En cuanto a los derechos de la mujer y la paternidad/maternidad, así como la conciliación, el texto alternativo opta por una mayor protección. Incorpora normas para garantizar la plena igualdad efectiva entre hombre y mujeres, prohíbe todo trato discriminatorio, favoreciendo a aquellos trabajadores que tengan a su cargo menores de 3 años o personas en situación de dependencia reconocida.

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Con respecto a los jóvenes, el texto alternativo incorpora todo el programa electoral del PSOE en relación con el contrato de formación y repone los derechos que el PP, en su reforma, ataca. Por ejemplo, eliminamos el encadenamiento de sucesivos contratos de formación o recuperamos el derecho a la obtención del título de E.S.O. En la Exposición de Motivos de nuestro texto alternativo se recogen las grandes líneas que definen el modelo propuesto. A modo de recordatorio cabría destacar: -

El pacto por el empleo (Disp. Adicional 1ª).

-

La importancia del diálogo social y el consenso político

-

El crédito, la financiación como clave para la creación de empleo

- La restitución de los derechos de los trabajadores y la recuperación del modelo de negociación colectiva constitucional - La preocupación por sectores especialmente necesarios, como los investigadores; o con dificultades especiales: mayores de 45 años, mujeres y jóvenes.

-

La defensa de la igualdad

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RAMÓN JÁUREGUI ATONDO Diputado socialista

LA FISCALIDAD, INSTRUMENTO CAPITAL PARA LA IGUALDAD Socialismo y fiscalidad constituyen una ecuación particularmente importante para los tiempos que vivimos. En la actualidad, el objetivo de la reducción del déficit público y de la deuda del Estado nos obliga a recomponer Ingresos y Gastos.

Pero revisar la fiscalidad no es solo una urgencia de nuestras cuentas públicas, sino que también es una piedra angular del proyecto socialdemócrata en cuanto que constituye uno de los instrumentos capitales en la aspiración de la igualdad. Efectivamente, la igualdad ha sido siempre la estrella polar de la izquierda, como decía Norberto Bobbio y ha sido y es el elemento definidor de una sociedad que hace suya la justicia social, la libertad y la dignidad humana como elementos definidores del proyecto socialista.

Tradicionalmente la izquierda ha operado respecto a este objetivo, conforme a tres grandes instrumentos: 1.- La construcción de ordenamientos jurídicos progresistas desarrollando derechos frente a la discriminación de cualquier tipo (de raza o étnica, de creencias o religiones, de orientación social, de edad, de condición socioeconómica, de discapacidad, de sexo, etc.).

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2.- Mediante las políticas públicas de gasto que desarrollan elementos de redistribución social en las categorías que configuran el Estado del Bienestar.

3.- Mediante la política fiscal haciendo progresivo los ingresos en función de renta y propiedad.

La experiencia socialdemócrata La socialdemocracia tiene en su haber importantes reducciones de las brechas entre ricos y pobres allá donde sus políticas han sido estables y perdurables. Entre 1945 y 1975, los socialdemócratas redujeron la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Europa. Pero, desde la ofensiva liberal de los años ochenta las desigualdades han aumentado tanto en Europa como en Estados Unidos y la globalización económica y financiera está aumentando progresivamente los abanicos entre ricos y pobres en todo el mundo.

Quizás no sea ésta una manera exacta de medir la igualdad. Porque, no es menos cierto que aun habiendo aumentado exponencialmente la diferencia entre los más ricos y los más pobres, paralelamente ha aumentado extraordinariamente la clase media, se ha reducido el número de pobres y el desarrollo económico mundial ha permitido que centenares de millones de personas que sobrevivían con el cultivo en pobres regiones del mundo, se hayan incorporado a niveles de renta absolutamente superiores.

Lo cierto sin embargo es que, la sensación de la injusticia y de la desproporción entre la riqueza de los más ricos con el resto de la población, aumenta considerablemente en la conciencia ciudadana.

Quizás como consecuencia de que los ricos son inmensamente ricos y

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de que son los más desfavorecidos los que pagan siempre las consecuencias de la crisis.

La ofensiva neoliberal de finales del siglo pasado ha acabado instalando categorías culturales y conceptuales profundamente perturbadora de la ideología socialista. El ataque a lo público y al Estado, la creencia de que la regulación perturba y perjudica a la economía o la ley de que con menos impuestos la economía crece y se crea más empleo, han acabado deteriorando los principios de la progresividad en el ingreso fiscal y en la suficiencia fiscal para la cobertura del Estado Social.

Somos deudores de esta perversión y la izquierda sufre por ello.

Tampoco hemos encontrado una respuesta adecuada a la creciente dualización laboral en el seno de las clases medias del mundo occidental. La izquierda no ha sido capaz de reequilibrar la brecha entre ganadores y perdedores de la globalización, entre ganadores y perdedores de la transformación profunda que vive nuestro mundo en el tránsito de la economía industrial o post industrial, a la economía del conocimiento. Brechas entre trabajadores manuales o contingentados y, trabajadores con conocimientos capaces de generar plus valías en la nueva economía. Brechas entre jóvenes precarizados en el trabajo y trabajadores fijos y protegidos por su condición laboral. Brechas entre parados y ocupados. Brechas en los abanicos salariales que crecen especialmente entre los menos cualificados y los directivos de las compañías. Brechas entre inmigrantes y autóctonos.

Tenemos una causa pendiente con la igualdad en todas estas esferas y, repensar la respuesta socialdemócrata a estos nuevos ataques a la igualdad, nos obliga a repensar los tres instrumentos de los que hablaba al comienzo de mi intervención: Reforzar los derechos y blindar a los ciudadanos frente a las desigualdades; sostener las

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políticas de redistribución social, fundamentalmente, a través de los servicios públicos que configuran el llamado Estado de Bienestar y repensar la política fiscal.

Es así como quiero responder a la convocatoria de este seminario. Les iré exponiendo mis propuestas en dos grandes planos en los que, en mi opinión, hay que sustentar una propuesta reformista en materia fiscal: La política fiscal internacional y la política fiscal en España.

Una política fiscal internacional Tenemos que plantear una exigente y creciente Política Fiscal Internacional.

Los tres grandes objetivos de esa política fiscal internacional, son los siguientes: -

Combatir hasta su desaparición a los paraísos fiscales y a los espacios fiscales opacos.

Mejorar la coordinación y la cooperación internacional para una progresiva armonización fiscal.

Crear una nueva fiscalidad trasnacional.

En tiempos de globalización económica, la competencia fiscal resulta sencillamente suicida. Poner en marcha mecanismos que aseguren la coordinación de las políticas fiscales, resulta ineludible. En particular avanzar en la desaparición de la opacidad fiscal (Paraísos, secreto bancario, etc.) y en la coordinación de los tipos fiscales que afectan a la Competencia, sociedades, etc.)

El principal elemento para asegurar la coordinación fiscal internacional y para combatir el fraude fiscal es la lucha contra los paraísos fiscales.

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Existe una gran dificultad para saber la cantidad que atraviesa o se esconde detrás de los paraísos fiscales, pero los cálculos sitúan entre 9 y 12 billones de euros el dinero ubicado en “jurisdicciones nocooperativas”. Una cantidad que equivale al 80% del PIB de EEUU. La evasión y la elusión fiscal (en especial a través del uso de los paraísos fiscales), suponen un flujo anual que el Banco Mundial estima entre 1 billón y 1,5 billones de dólares. Una cantidad que equivale al PIB de España y que no está financiando las políticas públicas.

Hay que insistir en que los paraísos fiscales no solo amparan operaciones ilícitas. Su existencia permite que, sin saltarse la ley, las empresas realicen una ingeniería fiscal que permite eludir la tributación de decenas de miles de millones de dólares anuales. Sólo en España, el 80% de las empresas del IBEX operan (en alguna medida) con paraísos fiscales.

Pero además hay que avanzar en la aplicación de una Nueva Fiscalidad Internacional. Además de la coordinación, el carácter sistémico de algunos comportamientos económicos requiere la implantación de figuras impositivas globales.

1.- Tasa a las transacciones financieras internacionales. El volumen de las operaciones financieras representa en la actualidad 70 veces el PIB mundial y, alrededor del 80% de las transacciones financieras se centran en operaciones de muy corto plazo y alto riesgo. Se trata de operaciones esencialmente especulativas, que han sido criticadas incluso por el propio FMI que, hasta hace bien poco, las defendía. Una pequeña tasa a estas transacciones (de tan solo 0,05%) tendría dos efectos positivos: Por un lado disuadiría del uso de los instrumentos financieros más especulativos de los mercados financieros, que son en buena medida

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responsables de la volatilidad y de la generación de burbujas especulativas. Y no afectarían a la actividad productiva real.

Permitiría recaudar alrededor de 300.000 millones de euros anuales, una cantidad que podría dedicarse a desafíos globales como el cambio climático y la pobreza, sin exigir esfuerzos adicionales a los contribuyentes de los países donantes. El espacio para esta tasa debe ser multilateral y, de hecho, se está discutiendo en el G 20. Pero siendo conscientes de la dificultad que tiene lograr un acuerdo de todos los países industrializados y emergentes, debemos avanzar en el establecimiento de una Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales en la Unión Europea. Una propuesta que ya están defendiendo algunos países de la Unión y que tenemos que defender también con claridad desde España.

2.- Impuesto a las plusvalías a corto plazo. El llamado “trading de alta frecuencia” es un tipo de operación en mercados financieros basado en el uso de ordenadores y programas informáticos que compran y venden, en milisegundos, todo tipo de activos financieros.

Es un sistema prácticamente desconocido por el gran público, pero que domina los mercados. Los ordenadores de los intermediarios financieros pueden estar lanzando constantemente órdenes de compra y venta, buscando infinitesimales diferencias de precios con las que hacer beneficio.

Los márgenes son minúsculos. Pero el volumen de las operaciones, inmenso. Y la capacidad para generar brutales distorsiones en los mercados financieros, enorme. El objetivo de un impuesto sobre las plusvalías a corto plazo que penalice este tipo de operaciones no es tanto la recaudación que podría suponer, sino desincentivar las operaciones de muy corto plazo y de marcado carácter especulativo.

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3.- Impuesto a los activos bancarios. En España tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos, creado en 1977 y que se financia con aportaciones de los bancos y cajas, que garantiza los depósitos de los ahorradores. Recientemente se ha creado el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), para hacer frente a rescates de entidades con dificultades.

Tanto el FMI como algunos países, han propuesto crear un mecanismo global equivalente que, aplicado sobre los activos de los bancos permita financiar un Fondo de Estabilidad. Un impuesto de esta naturaleza, además, podría usarse para desincentivar comportamientos que ponen en peligro el sistema financiero global, como el sobredimensionamiento (que convierte a los grandes bancos en sistémicos, o “demasiado grandes para caer”). El excesivo apalancamiento, los bonos a directivos que estimulan la toma excesiva de riesgos, o la creación de derivados financieros de alto riesgo.

Política Fiscal en España 1.- Observaciones generales.

Un breve diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en nuestro sistema fiscal, nos permite obtener cuatro conclusiones: Primera Al igual que el modelo laboral, el sistema fiscal español fue construido hace 30 años. En muchas ocasiones ha sido reformado con arreglo a circunstancias coyunturales, lo que ha permitido parchear el sistema.

Pero lo cierto es que, nuestro sistema fiscal necesita una revisión más integral y más profunda. Ha cambiado la estructura económica del país; de la España de la Reconversión Industrial de los ochenta, a la España

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del IBEX 35 y sus derivadas, hay una enorme diferencia. Pero no sólo ha cambiado la estructura económica, también ha cambiado la sociología económica del país: el número de activos, el número de pensionistas, el número de autónomos, la renta media, los patrimonios, etc. Todo hace pensar que nuestro sistema fiscal necesita una revisión profunda.

Segunda Se observan crecientes pérdidas de progresividad al recaer en la imposición indirecta la mayor parte de la recaudación.

Además, los impuestos sobre la renta del trabajo, perdieron su capacidad redistributiva al reducirse el factor de progresividad en las reformas de 1998 y 2003. Y encima redujeron el importe recaudatorio un 15% (la mayor parte de los ahorros fueron para las rentas más altas, se favorecen las rentas de capital sobre las de trabajo, etc.). Tenemos que hacer autocrítica también aquí, porque la reforma de 2007 no corrigió esta tendencia.

La inmensa mayoría de la carga fiscal recaen en las rentas del trabajo y la actividad de consumo y compra, ambas actividades cuyos protagonistas son las personas (87% de los ingresos). Frente a ello la aportación fiscal sobre las rentas del capital y sobre los beneficios empresariales a los recursos públicos, es muy inferior (9,7% de los ingresos).

Tercera La política fiscal española es demasiado sensible a los ciclos económicos y demasiado dependiente de algunos sectores económicos concretos, en particular de la construcción.

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El sistema fiscal de los últimos diez años está excesivamente basado en el crecimiento demográfico (más de seis millones de inmigrantes); en el crédito fácil (consecuencia de los bajos intereses de la unificación monetaria en la UE y de la expansión crediticia de las entidades financieras y, por último, por la excesiva influencia del sector inmobiliario (un sector que aportaba alrededor del 10% a nuestro PIB y más de un 20% de nuestros ingresos fiscales).

Mirando al conjunto de la política fiscal española, tenemos que reconocer, como señala la propia UE, que la estrategia fiscal de los últimos 15 años ha pecado de insostenibilidad (ha fallado en eficacia y en equidad), al fundamentarse en aspectos coyunturales.

Esta apuesta de tipo de desarrollo económico y, de política fiscal, generaron crecimientos coyunturales en la recaudación en este período, acompañados de incrementos presupuestarios paralelos de carácter estructural.

Esta estrategia hizo desdeñar otras políticas fiscales más sostenibles en el largo plazo, así como más incentivadoras de un desarrollo económico socialmente más sostenible.

Cuarta Mantiene un diferencial con la presión fiscal media europea que nos obliga a tener un sistema de Protección social y de Políticas Públicas inferior al europeo (entre 4 y 7 puntos medios de Presión Fiscal media).

2.- Objetivos de las reformas fiscales españolas.

Si tuviéramos que sintetizar los objetivos de una reforma fiscal española en profundidad, deberíamos abordar cinco grandes retos:

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2.1.- Aumentar los ingresos fiscales. Para ello es necesario mejorar la eficiencia en la recaudación combatiendo mejor el fraude fiscal, mejorando la fiscalidad de los impuestos existentes y crear nuevas figuras y crear nuevos impuestos.

2.2.- Mejorar la progresividad de nuestro sistema fiscal.

2.3.- Adecuar el sistema fiscal a la financiación de las Comunidades Autónomas.

2.4.- Reducir los costes fiscales del trabajo.

2.5.- Promover los comportamientos que contribuyan a generar bienes públicos y desincentivar los comportamientos que tienen externalidades negativas.

3.- ¿Cómo pueden aumentarse los ingresos fiscales en España?

3.1.- Combatiendo el fraude fiscal. El debate no solo es más o menos impuestos, el debate no solo es que los impuestos sean más o menos progresivos. El primer debate y el primer objetivo, es que el sistema fiscal no permita la evasión y el fraude porque lo que no paguen unos, lo pagan los demás.

3.2.- Modificando el impuesto de sociedades y armonizándolo con la UE. En lo que se refiere a los impuestos sobre rentas de capital y sobre beneficios empresariales, la aportación a los recursos públicos españoles de las empresas de capital español en el extranjero por beneficios de las filiales y participadas repatriados, es muy marginal: sólo el 1,7 ya que tienen mayor acceso a estrategias fiscales que permiten reducir el tipo efectivo del impuesto de sociedades.

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Así las empresas que cotizan en el IBEX sufrieron entre 2007 y 2009 un descenso de beneficios del 14% pero, la recaudación fiscal de estas empresas se ha desplomado un 55%.

Pero éste no es un caso exclusivo de España. Un reciente informe del Parlamento Europeo dice textualmente: “aproximadamente un tercio de las setecientas mayores empresas del Reino Unido no pagaron impuesto alguno en 2005 y 2006, el 25% de las compañías estadounidenses con activos superiores a 250 millones de dólares estadounidenses o ingresos superiores a 250 millones de dólares estadounidenses al año, tampoco pagaron impuesto alguno entre 1998 y 2005 y las mayores empresas francesas están pagando actualmente un índice del 8% sobre los beneficios medios reales, mientras que el índice impositivo oficial es del 33% (Informe sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal, 2009/2174, INI).

Aunque el tipo del actual impuesto de sociedades para grandes empresas es del 30%, lo cierto es que la mayoría de las empresas sobre todo las más grandes- se pueden aplicar toda una serie de deducciones y beneficios fiscales, con lo que acaban pagando realmente a un tipo entre el 10% y el 15%.

El PSOE ha propuesto en una iniciativa parlamentaria reciente, la necesidad de mejorar la capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades a través de una reflexión rigurosa sobre la efectividad de las deducciones y de los beneficios fiscales existentes. El establecimiento de un impuesto mínimo alternativo, por ejemplo del 15%, sobre el resultado contable positivo (antes de aplicar la mayoría de los ajustes que reducen la base), permitiría recaudar alrededor de 7100 millones de Euros procedentes de los grandes grupos consolidados, puesto que estos, tienen un tipo medio sobre el resultado inferior al 15%.

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En concreto la propuesta fiscal del PSOE insta al Gobierno a: “Modificar, de manera inmediata, el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con el fin de racionalizar los beneficios fiscales y de limitar la caída de la recaudación debida a los ajustes extracontables y de consolidación y por la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores.

Para ello, se propone establecer una cuota mínima alternativa sobre el resultado contable positivo, limitar la deducibilidad de los gastos financieros en los grupos de sociedades, asegurar la correcta valoración de las operaciones vinculadas, corregir los abusos que puedan producirse en la deducción por doble imposición, limitar los beneficios fiscales, en especial, en relación con el fondo de comercio, así como modificar el régimen de exención de dividendos de fuente extranjera”.

3.3.- Crear un impuesto y gravamen a las grandes fortunas. El PSOE ha propuesto en tal sentido la elaboración de un Proyecto de Ley sobre grandes fortunas, cuya capacidad normativa correspondería en exclusiva al Estado, que gravaría la capacidad económica derivada de la riqueza, independientemente de dónde esté invertida, con arreglo a los siguientes criterios: Se establecerán mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio, así como para excluir la titularidad de la vivienda habitual, hasta el valor máximo que se determine.

Se incluirán cuantas previsiones normativas sean necesarias para evitar la elusión del impuesto mediante la utilización de sociedades mercantiles instrumentales, o entidades de cualquier naturaleza o tipo, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

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El impuesto podrá contemplar tipos de gravamen diferenciados según la naturaleza o valor unitario de los bienes, de tal forma que se sometan a mayor tributación aquellos bienes de carácter suntuario que pongan de manifiesto una elevada capacidad económica de los contribuyentes. Se adoptarán igualmente cuantas previsiones sean necesarias para evitar la elusión del impuesto mediante la utilización de países que tengan la consideración de paraísos fiscales.

3.4.- Somos también partidarios de aumentar el tipo fiscal en las rentas del capital en el IRPF, aproximándolo al impuesto medio de las rentas de trabajo.

3.5.- Somos también partidarios de aumentar la fiscalidad de alcoholes y tabacos, con destino finalista al gasto sanitario.

3.6.- Deberemos también revisar la reimplantación de un impuesto suave de sucesiones, debidamente armonizado en el conjunto de las Comunidades Autónomas. No debemos olvidar que la fiscalidad, históricamente, ha sido siempre más proclive a gravar el capital que el trabajo. En la cultura fiscal del siglo XX, las herencias siempre se han considerado “rentas no ganadas”. Por otra parte no cabe olvidarse tampoco que las herencias son reproductoras de desigualdad y a veces incluso, las acrecientan.

4.- El debate entre costes fiscales del trabajo y la fiscalidad generadora de bienes públicos, también debe ser abordado desde la izquierda. Un país con una población en paro tan alta, debe contemplar entre sus estímulos fiscales la posibilidad de que la contratación y la generación de empleo tengan un menor coste para el empleador. De hecho estamos en los niveles comparativos más altos de la UE. No debemos descartar la posibilidad de obtener algún ingreso fiscal dirigido a

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mejorar la sostenibilidad de la Seguridad Social, permitiendo alguna ligera reducción de las cotizaciones sociales.

Esta reflexión solo puede hacerse desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, pero, favorecer el empleo y aumentar de esa manera el número de cotizantes, es una tarea primordial de nuestro país. En ese sentido debemos incorporar debates para la promoción de los comportamientos que contribuyan a generar bienes públicos como son el uso de energías renovables, del transporte sostenible, la donación de sangre o de órganos, voluntariado en entidades sociales, el apoyo económico de las actividades culturales o sociales (mecenazgo), el reciclaje, etc.

Paralelamente, la fiscalidad puede ayudar a desincentivar los comportamientos que tienen externalidades negativas. Ya lo hemos hecho respecto del alcohol y del tabaco, pero deben extenderse a las emisiones contaminantes, a la congestión de infraestructuras, a la volatilidad de los mercados financieros, el doping fiscal, la elusión tributaria, etc.

5.- El debate sobre el modelo de financiación de nuestras Comunidades Autónomas y el sistema fiscal, es también un debate abierto que no corresponde a esta conferencia, pero que delimita nuestra reflexión sobre la organización territorial de nuestra fiscalidad. Sobre la mesa tenemos la futura reforma del modelo de financiación, la reivindicación de Cataluña de un llamado Pacto Fiscal que alteraría gravemente el sistema hacendístico español y, por supuesto, las diferentes medidas adoptadas en las últimas leyes de estabilidad financiera para mayor corresponsabilidad entre ingresos y gastos, por parte de las Comunidades Autónomas.

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PEDRO SAURA GARCÍA Portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados

UNA NUEVA ARQUITECTURA FISCAL: EFICIENCIA Y EQUIDAD Desde el punto de vista de la política impositiva, el crecimiento económico y la igualdad, encontramos dos hechos relevantes nuevos1 que hay que tener en cuenta en el debate de los impuestos y del diseño de una nueva estrategia fiscal: Muchos economistas2, y nuevos modelos sobre imposición3, están reconsiderando la idea de que el capital, la propiedad y las herencias no deben ser gravados.

Ahora bien, la globalización económica, la movilidad del capital, y la competencia fiscal por atraer empresas, puede conducir a un concepto usado inicialmente en Estados Unidos a principios del siglo XX , llamado “carrera hacia el fondo”( race to the bottom), es una carrera cuya única 1

La fiscalidad verde no es un hecho nuevo, pero se deberá tener muy en cuenta en la reforma impositiva, por sus efectos sobre la eficiencia económica y su potencial recaudatorio.

2 Algunas referencias: Conesa, Juan Carlos, Sagiri Kitao, and Dirk Krueger.(2009): "Taxing Capital?

Not a Bad Idea after All!" American Economic Review, 99(1): 25–48.

Emmanuel Farhi, Christopher Sleet, Ivan Werning and Sevin Yeltekin.(2012) "Non-linear capital taxation without commitment", Review of Economic Studies.

3 Un ejemplo se puede encontrar en: Peter A. Diamond and Emmanuel Saez. (2011):” The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations “, CESifo Working Paper Series No. 3548. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Department of Economics and University of California, Berkeley .

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ventaja parte de empobrecer al vecino y que termina en niveles fiscales ineficientemente bajos. En definitiva, una subasta a la baja.

Los viejos modelos de la teoría de la imposición óptima, que han tenido una destacada influencia entre los políticos y los policymakers durante, tienen su origen en la teoría económica neoclásica, en el uso estándar de los modelos de equilibrio general de Arrow-Debreu. Más concretamente, del segundo teorema de la economía del bienestar se deriva que no existe argumento de eficiencia a favor de la intervención pública, y la forma eficiente de conseguir los objetivos de equidad consiste en redistribuir de forma neutral, ello hace prácticamente imposible la intervención pública, de tal manera que siempre habrá un intercambio (trade-off) entre eficiencia y equidad.

Dicho de otra modo, los impuestos tienen un fuerte efecto distorsionador sobre la asignación de recursos en la economía.

Impuestos sobre el capital y fuertes niveles de progresividad real pueden influir de forma negativa sobre el ahorro, sobre el capital y en definitiva sobre la producción, y sobre la oferta de trabajo.

Las consecuencias prácticas de la teoría económica de la imposición óptima4 son muy conocidas: una escala de tipos del gravamen más proporcional; moderación en los impuestos a las rentas altas, a las del capital, así como, para los beneficios empresariales, y un mayor peso en el conjunto de la tributación de los impuestos indirectos.

Una parte del análisis económico está reconsiderando las posiciones clásicas de la teoría impositiva: partiendo de supuestos más realistas, se llega a conclusiones distintas a las convencionales. Una buena

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Un resumen reciente se puede encontrar en la revista Papeles de Economía Español, nº 125/126, (2010): “ Claves actuales de la fiscalidad del futuro”.

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síntesis divulgativa de los nuevos modelos de imposición, la podemos encontramos en artículo de la revista de The Economist5 el 5 de mayo de 2012: 1.- Las rentas altas tienen incentivos a pagar más en la medida que unas elevadas tasas de desigualdad en la sociedad implicará, en el futuro, unos incrementos impositivos cuasi expropiatorios.

2.- Los mercados de capital son imperfectos, de tal manera que los contribuyentes de todo tipo de rentas no pueden asegurarse contra todo tipo de riesgos, en ese contexto grabar el capital es una vía para conseguir un seguro personal y familiar contra dichos riesgos.

3.- En los modelos de horizonte infinito el público ahorra para consumir más en el futuro. Sin embargo, con supuestos más realistas, de horizonte finito, justamente cuando suben los impuestos, porque la rentabilidad del ahorro se reduce y para poder tener una pensión mayor se tiene incentivos a ahorrar más en el presente.

4.- Lo mismo sucede con las herencias, en un horizonte finito, para dejar una mayor herencia, cuando se incrementan los impuestos sobre la riqueza en el presente, se tienen más alicientes para ahorrar e invertir en el presente.

Hasta aquí un resumen, muy sintético, de las últimas aportaciones de la teoría económica en materia impositiva. Utilizando las conclusiones de dichos modelos pasaré a discutir las recomendaciones de la teoría de la imposición óptima, para ello utilizaré los conocidos elementos de la curva del conocido economista Arthur Laffer. A partir de dicha

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Zero-sum debate. Economists are rethinking the view that capital should not be taxed

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proposición se podría decir, que hay, al menos, tres derivaciones de la curva de Laffer: 1.- Una subida de impuestos distorsiona el funcionamiento de la economía y la recaudación. A dicha proposición, se puede contraponer, tal como se ha visto anteriormente que hay modelos en la teoría económica que concluyen que la distorsión si existe es pequeña.

2.- Un incremento de la presión fiscal, especialmente, sobre el capital y las grandes empresas, tendría un efecto elusión vía salida de capitales y grandes empresas buscando una imposición más baja. Este efecto es especialmente significativo, y a considerar, en un contexto de globalización económica y para países medianos y pequeños. La manera de combatir este efecto es por la vía de una armonización fiscal e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales. Desde este punto de vista no se entiende que en la Unión Europea no haya una apuesta por la armonización fiscal y que en el seno de la misma existan paraísos fiscales.

3.- Cuando suben los impuestos hay un mayor acicate, sobre todo en un contexto de crisis económica, para incrementar la economía sumergida, el fraude y la elusión fiscal. Es decir, una curva de Laffer a la española. El mayor antídoto en este caso es perseguir el fraude fiscal, el camino es aprobar una amnistía fiscal para los defraudadores.

Finalmente, y a partir de lo expuesto anteriormente, se deben extraer una serie de conclusiones de cara a una reorientación de la arquitectura fiscal en España, en un contexto en el que es preciso, un plan consolidación fiscal para los próximos años de la economía española, creíble, acompasado a la coyuntura económica, que ponga más acento en el incremento de los ingresos que el recorte por el lado de los gastos. La meta es acercarnos al estándar del sistema impositivo

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europeo, no la de alejarnos del nivel de protección social de la Unión Europea, máxime cuando los ingresos públicos se sitúan en el 35,1% del PIB, frente al 44,6% de la UE-27; y el gasto público español es del 43,6 del PIB frente al 49,1 de la UE-27, todo ello con datos de 2011.

A mi juicio, tres grandes conclusiones se derivan de lo anterior para la política impositiva española: Hay un amplio margen para una política impositiva que combine igualdad y eficiencia económica.

Es necesario, una armonización fiscal e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, especialmente en el seno de la Unión Europea, para evitar los efectos de la competencia fiscal a la baja. En este punto, subidas de impuestos a la propiedad, por definición, son las más inmunes a una subasta a la baja, y las que menos distorsionan el funcionamiento de la economía.

Se hace precisa una ambiciosa política de lucha contra el fraude ,esto junto a la necesaria coordinación internacional impositiva, permitirá incrementar las bases imponibles, es decir, que todos paguen para que de esa manera no tengamos que cargar con unos tipos más altos a los que ya pagan en España, que en su mayoría son las rentas medias.

Añadiendo equidad al sistema impositivo.

La lucha contra el fraude fiscal: un eje estratégico en una nueva arquitectura fiscal 1.- En nuestro país la clase media tiene que pagar más impuestos porque hay una importante bolsa de fraude fiscal, de hecho la presión fiscal teórica, en 2011, se sitúa en torno a 8 puntos por debajo de la real, es decir, la resultante de contar solamente con los que pagan.

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2.- Las primeras estimaciones para 2012 de Schneider, F. (2011)6, concluyen que el fraude fiscal español va a ser más en el conjunto del fraude europeo. Mientras tanto, el gobierno apuesta por la amnistía fiscal y no parece que sea muy ambicioso en materia de lucha contra el fraude. Con ese panorama, podemos estar en presencia de esa curva de Laffer “a la española”, que se exponía anteriormente, de tal manera que una subida de impuestos tenga una merma en la recaudación por el mayor porcentaje de fraude. En este contexto, es muy importante que mientras no se aumenten los controles y la lucha contra el fraude no se debería aprobar subidas de impuestos, particularmente, a las clases medias.

3.- La lucha contra el fraude siempre es conveniente, pero la crisis lo hace urgente. El coste de oportunidad para los ciudadanos que cumplen es ahora más evidente, porque reduciendo el fraude a la media europea no serían necesarios ni los recortes ni muchas subidas de impuestos a las rentas medias. La cuantificación es siempre en este ámbito un terreno resbaladizo por su naturaleza y porque ni es plausible aspirar a reducirla en su totalidad ni todas las actividades que no tributan seguirían existiendo con tributación. De un tamaño de evasión total de unos 80.000M€ anuales (más del 70% correspondiente a grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas), si multiplicamos por los cuatro años de prescripción de la deuda fiscal la cantidad puede ser estratosférica. Sin duda, la cantidad que podríamos aspirar a recaudar sería una cifra superior a los recortes en sanidad y educación que el Gobierno del PP ha aprobado y quiere concretar en los próximos meses y años.

6

Schneider,F( 2011): Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts.

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4.- No sólo la crisis económica hace más necesario el dinero del fraude, sino que la propia crisis estimula el fraude. Como se exponía anteriormente las estimaciones presagian un mal año 20127.

5.- Ante aumentos de impuestos, aumenta la injusticia del fraude. Los cálculos habituales de presión fiscal nos dejan un por debajo de la media europea, pero si tenemos en cuenta que esa presión no recae sobre todos, la presión real supera ya dicha media. Ahora bien, dado el aumento de impuestos para 2012 y el aumento de la economía sumergida, en España la presión real se va a disparar.

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Schneider,F( 2011)

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6.-La lucha contra el fraude fiscal nos permitiría que los ciudadanos que pagan pagaran menos impuestos, que la presión fiscal teórica se acercara a la europea para converger a los niveles de bienestar de la Unión Europea.

7.- La lucha contra el fraude fiscal tiene algunas otras ventajas, como su contribución a cambiar el patrón de crecimiento de nuestro país.

Muchas empresas, ante una lucha decidida contra el fraude, no tendrán incentivos a ser competitivas por la vía de pagar menos impuestos a Hacienda, sino por una estrategia más sólida relacionada con la calidad, la innovación de procesos y de productos.

La amnistía fiscal también es ideología Paul Krugman en su habitual columna de El País, el 3 de junio de 2012, terminaba diciendo: “La recuperación económica nunca ha sido el objetivo; la defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla”. Esto es lo que está sucediendo en España con una política económica del Gobierno que, a pesar de parecer improvisada y errática a las instituciones europeas y los mercados, es fría y calculada para beneficiar a los poderosos y laminar nuestro incipiente Estado del Bienestar. La crisis, la reducción del gasto público, incrementar la recaudación, son las excusas perfectas para plantear recortes en educación, el copago en sanidad, para hacer más difícil el acceso a la universidad de los jóvenes, o para plantear una amnistía fiscal. En definitiva, la crisis económica es, en parte, una coartada para implantar un programa ideológico conservador. Habrá que concluir con Krugman, que la derecha, más que luchar contra la crisis, la usa como excusa para imponer cambios que en otro contexto serían inaplicables por el amplio rechazo social que generan.

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La amnistía fiscal de manera directa supone la reducción de los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones, por la vía del perdón de los impuestos a los defraudadores. Ahora, con la nueva Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 31 de mayo, se va a permitir blanquear dinero negro, incluso con orígenes que pueden ser delictivos. El objetivo declarado del Gobierno es la recaudación, pero no debemos olvidar que el relato impositivo de los neoliberales, ese ha sido el de Montoro estos últimos años, es que bajando los impuestos a los más pudientes se incrementa el ahorro y las posibilidades de la inversión privada. Por el contrario, será la clase media con una alta propensión a consumir, haciendo un sobre esfuerzo, la que soporte el coste de los servicios públicos, ello irá en detrimento del consumo y de la reactivación económica.

Una amnistía fiscal tiene costes morales respecto a los contribuyentes y costes reputacionales respecto a todos los ciudadanos, contribuyentes y defraudadores. A cambio, básicamente recauda pero, por sí sola poco. El análisis económico la contempla como una medida excepcional que puede tener sentido sólo en un contexto de endurecimiento de los controles antifraude8. Justo lo contrario de lo que sucede con el Gobierno del PP, cada nueva norma jurídica que aprueba el mencionado Gobierno hace más laxa la lucha contra el fraude. Otra referencia clásica en la literatura sobre las amnistías fiscales9 dice que generalmente no consiguen aumentar la recaudación.

Lo que sí consiguen es debilitar la confianza en el sistema fiscal.

8

Leonhard y Zeckhauser (1987): “Amnesty, Enforcement, and Tax Policy” en Summers L. (ed.) Tax Policy and the Economy, Volume 1, MIT Press.

9

Stella, P. (1991): “An Economic analysis of Tax Amnesties”, Journal of Public Economics 46(3), 383-400.

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Desde luego, el Banco Mundial se muestra muy escéptico10. El economista jefe de la OCDE Carlo Padoan11 ha dicho que “la lucha contra la evasión fiscal no debería ser frustrada con amnistías”. La OCDE12, alerta del riesgo de las mismas.

Pero hay que añadir que la amnistía fiscal regulada en el Real Decretoley 12/2012 ha sido improvisada, torpe y con fundadas dudas legales.

En primer lugar, con serias dudas de constitucionalidad, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución que expresamente prevé que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

En segundo lugar, el Real Decreto no tiene el rango adecuado para dar cobertura a la amnistía penal, de tal manera que el Gobierno, según lo publicado en los medios de comunicación, ahora va a modificar el Código Penal. Así mismo, ante un comienzo torpe, tiene que completar el Real Decreto de amnistía inicial, aprovechando el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio. Y aprueba una Orden del Ministerio de Hacienda que se

10

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERN ANCE/EXTPUBLICFINANCE/EXTTPA/0,,contentMDK:20234486~menuPK:390373~pageP K:148956~piPK:216618~theSitePK:390367,00.html 11

http://www.exporter.com/exports-policy/multilateral-agencies/oecd-economistsays-tax-amnesty-hinders-tax-evasion-fight-agenzia-giornalistica-italia/ 12

http://www.oecd.org/dataoecd/59/45/46252382.pdf

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extralimita en el desarrollo del incompleto RDL 12/2012, extendiendo la excusa absolutoria al delito de blanqueo de capitales.

En definitiva, la amnistía fiscal del Gobierno de España, es injusta (con los que pagamos impuestos), ineficaz (porque no va a recaudar lo que pretende) e improvisada (por el penoso diseño técnico).

Desde el punto de vista de la política impositiva, el crecimiento económico y la igualdad, encontramos dos hechos relevantes nuevos13 que hay que tener en cuenta en el debate de los impuestos y del diseño de una nueva estrategia fiscal: Muchos economistas14, y nuevos modelos sobre imposición15, están reconsiderando la idea de que el capital, la propiedad y las herencias no deben ser gravados.

Ahora bien, la globalización económica, la movilidad del capital, y la competencia fiscal por atraer empresas, puede conducir a un concepto usado inicialmente en Estados Unidos a principios del siglo XX , llamado “carrera hacia el fondo” (race to the bottom), es una carrera cuya única ventaja parte de empobrecer al vecino y que termina en niveles fiscales ineficientemente bajos. En definitiva, una subasta a la baja.

Los viejos modelos de la teoría de la imposición óptima, que han tenido una destacada influencia entre los políticos y los policymakers durante, 13

La fiscalidad verde no es un hecho nuevo, pero se deberá tener muy en cuenta en la reforma impositiva, por sus efectos sobre la eficiencia económica y su potencial recaudatorio.

14 Algunas referencias : Conesa, Juan Carlos, Sagiri Kitao, and Dirk Krueger.(2009): "Taxing Capital? Not a Bad Idea after All!." American Economic Review, 99(1): 25–48.

Emmanuel Farhi, Christopher Sleet, Ivan Werning and Sevin Yeltekin.(2012) "Non-linear capital taxation without commitment", Review of Economic Studies.

15 Un ejemplo se puede encontrar en: Peter A. Diamond and Emmanuel Saez. (2011):” The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations “, CESifo Working Paper Series No. 3548. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Department of Economics and University of California, Berkeley.

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tienen su origen en la teoría económica neoclásica, en el uso estándar de los modelos de equilibrio general de Arrow-Debreu. Más concretamente, del segundo teorema de la economía del bienestar se deriva que no existe argumento de eficiencia a favor de la intervención pública, y la forma eficiente de conseguir los objetivos de equidad consiste en redistribuir de forma neutral, ello hace prácticamente imposible la intervención pública, de tal manera que siempre habrá un intercambio( trade-off) entre eficiencia y equidad.

Dicho de otra modo, los impuestos tienen un fuerte efecto distorsionador sobre la asignación de recursos en la economía.

Impuestos sobre el capital y fuertes niveles de progresividad real pueden influir de forma negativa sobre el ahorro, sobre el capital y en definitiva sobre la producción, y sobre la oferta de trabajo.

Las consecuencias prácticas de la teoría económica de la imposición óptima16 son muy conocidas: una escala de tipos del gravamen más proporcional; moderación en los impuestos a las rentas altas, a las del capital, así como, para los beneficios empresariales, y un mayor peso en el conjunto de la tributación de los impuestos indirectos.

Reconsiderando las posiciones clásicas Una parte del análisis económico está reconsiderando las posiciones clásicas de la teoría impositiva: partiendo de supuestos más realistas, se llega a conclusiones distintas a las convencionales. Una buena síntesis divulgativa de los nuevos modelos de imposición, la podemos

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Un resumen reciente se puede encontrar en la revista Papeles de Economía Español, nº 125/126, (2010): “ Claves actuales de la fiscalidad del futuro”.

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encontramos en artículo de la revista de The Economist17 el 5 de mayo de 2012: 1.- Las rentas altas tienen incentivos a pagar más en la medida que unas elevadas tasas de desigualdad en la sociedad implicará, en el futuro, unos incrementos impositivos cuasi expropiatorios.

2.- Los mercados de capital son imperfectos, de tal manera que los contribuyentes de todo tipo de rentas no pueden asegurarse contra todo tipo de riesgos, en ese contexto grabar el capital es una vía para conseguir un seguro personal y familiar contra dichos riesgos.

3.- En los modelos de horizonte infinito el público ahorra para consumir más en el futuro. Sin embargo, con supuestos más realistas, de horizonte finito, justamente cuando suben los impuestos, porque la rentabilidad del ahorro se reduce y para poder tener una pensión mayor se tiene incentivos a ahorrar más en el presente.

4.- Lo mismo sucede con las herencias, en un horizonte finito, para dejar una mayor herencia, cuando se incrementan los impuestos sobre la riqueza en el presente, se tienen más alicientes para ahorrar e invertir en el presente.

Imposición óptima Hasta aquí un resumen, muy sintético, de las últimas aportaciones de la teoría económica en materia impositiva. Utilizando las conclusiones de dichos modelos pasaré a discutir las recomendaciones de la teoría de la imposición óptima, para ello utilizaré los conocidos elementos de la

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Zero-sum debate. Economists are rethinking the view that capital should not be taxed

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curva del conocido economista Arthur Laffer. A partir de dicha proposición se podría decir, que hay, al menos, tres derivaciones de la curva de Laffer: 1.- Una subida de impuestos distorsiona el funcionamiento de la economía y la recaudación. A dicha proposición, se puede contraponer, tal como se ha visto anteriormente que hay modelos en la teoría económica que concluyen que la distorsión si existe es pequeña.

2.- Un incremento de la presión fiscal, especialmente, sobre el capital y las grandes empresas, tendría un efecto elusión vía salida de capitales y grandes empresas buscando una imposición más baja. Este efecto es especialmente significativo, y a considerar, en un contexto de globalización económica y para países medianos y pequeños. La manera de combatir este efecto es por la vía de una armonización fiscal e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales. Desde este punto de vista no se entiende que en la Unión Europea no haya una apuesta por la armonización fiscal y que en el seno de la misma existan paraísos fiscales.

3.- Cuando suben los impuestos hay un mayor acicate, sobre todo en un contexto de crisis económica, para incrementar la economía sumergida, el fraude y la elusión fiscal. Es decir, una curva de Laffer a la española. El mayor antídoto en este caso es perseguir el fraude fiscal, el camino es aprobar una amnistía fiscal para los defraudadores.

Conclusiones para España Finalmente, y a partir de lo expuesto anteriormente, se deben extraer una serie de conclusiones de cara a una reorientación de la arquitectura fiscal en España, en un contexto en el que es preciso, un

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plan consolidación fiscal para los próximos años de la economía española, creíble, acompasado a la coyuntura económica, que ponga más acento en el incremento de los ingresos que el recorte por el lado de los gastos.

La meta es acercarnos al estándar del sistema impositivo europeo, no la de alejarnos del nivel de protección social de la Unión Europea, máxime cuando los ingresos públicos se sitúan en el 35,1% del PIB, frente al 44,6% de la UE-27; y el gasto público español es del 43,6 del PIB frente al 49,1 de la UE-27, todo ello con datos de 2011.

Vuelvo a repetir otra vez las tres grandes conclusiones, que se derivan de todo lo anterior, para la política impositiva española: Hay un amplio margen para una política impositiva que combine igualdad y eficiencia económica.

Es necesario, una armonización fiscal e intensa coordinación internacional en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, especialmente en el seno de la Unión Europea, para evitar los efectos de la competencia fiscal a la baja. En este punto, subidas de impuestos a la propiedad, por definición, son las más inmunes a una subasta a la baja, y las que menos distorsionan el funcionamiento de la economía.

Se hace precisa una ambiciosa política de lucha contra el fraude. Esto, junto a la necesaria coordinación internacional impositiva, permitirá incrementar las bases imponibles, es decir, que todos paguen para que de esa manera no tengamos que cargar con unos tipos más altos a los que ya pagan en España, que en su mayoría son las rentas medias.

Añadiendo equidad al sistema impositivo.

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VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ Portavoz socialista en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados

LAS REFORMAS ECONÓMICAS Y FISCALES PENDIENTES Para entender cómo se organiza, se relaciona y evoluciona el mundo, siempre es obligado tener en cuenta los parámetros y fundamentos económicos. Y hoy, en los tiempos que corren, es más necesario que nunca hablar de esa disciplina, de la economía, como también es más necesario que nunca hablar de política y de ideología. Para encontrar las soluciones y poder entender por qué estamos dónde estamos, qué es lo que está pasando, hacia dónde queremos ir y, en consecuencia, qué es lo que deberíamos o podríamos hacer, la política y la ideología, además de la economía, están imbricadas y juegan un papel fundamental.

Particularmente, en este seminario de socialdemocracia y economía, me satisface poder hablar de socialismo y fiscalidad, que es lo que hoy nos ocupa, pues tengo que reconocer que estos temas, en el marco de lo que es la política económica, y junto con la política socio laboral, ha estado y está en el vértice de mis preocupaciones y de mi interés.

Perspectiva histórica Me interesa especialmente incidir en una perspectiva histórica. Es decir, lo que significa fiscalidad y socialdemocracia y qué papel tiene la

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fiscalidad en el devenir de la socialdemocracia europea, sobre todo de la socialdemocracia europea, naturalmente, porque en realidad, si lo pensamos bien, no hay mucha más socialdemocracia en el mundo (me refiero a realidades sociales consolidadas no a opciones políticas) y solo un poco en Oceanía.

Es desde esa óptica desde la que me vais a permitir que enfoque un conjunto de reflexiones y algunas conclusiones finales.

Hace algún tiempo se publicó en España un libro: "Las confesiones de un burgués", de Sandor Marái. Este escritor e intelectual comprometido con la libertad y la democracia, y definido por sí mismo como liberal y miembro de la “burguesía humanista”, que dedicó todos sus esfuerzos a combatir la dictadura comunista en Hungría, pensaba que todos los problemas de su país devenían del hecho de que los ricos habían descubierto demasiado tarde que era necesario pagar impuestos.

Pues bien, en mi opinión la política socialdemócrata representa en esencia aquel combate que desde el punto de vista histórico trata de hacer posible que se superara esta vieja enemistad entre igualdad y eficiencia, entre justicia y competitividad. Una hermandad tan difícil de hacer compatible estos dos conceptos que Berlin, -Isaías Berlin-, siempre insistía en la dificultad de obtenerlos a la vez. Algo que la humanidad tenía derecho a buscar pero no siempre tenía la posibilidad de encontrar. La socialdemocracia, por tanto, es precisamente eso, es la lucha histórica por encontrar un camino que permita hacer compatible estos dos conceptos. Y aquí, el papel de la política fiscal adquiere relevancia fundamental.

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Desde el punto de vista histórico este combate comienza al final del siglo XIX. Entonces, los mejores liberales pensaban que no era posible.

Gente como Edgeworth o incluso Stuart Mill pensaban que al final las necesidades derivadas de la competitividad harían imposible este combate.

Alguno de ellos pensaba, incluso, que no era posible luchar ni siquiera contra el trabajo infantil, porque habría que cerrar todas las fábricas del Reino Unido (hay que recordar que entonces la gran fábrica del mundo -el Reino Unido- era la China y la Alemania actual, y era necesario efectivamente mantener la competencia y eso no era posible, se pensaba, si la legislación laboral combatía, por ejemplo, iniquidades como el trabajo infantil).

Ahora sabemos que es posible hacerlo, sabemos que es posible introducir mayores niveles de igualdad en el ámbito de la regulación laboral sin menoscabo de la eficiencia, sabemos que fue posible ir progresivamente atendiendo a las grandes necesidades sociales y sabemos que fueron precisamente los países desarrollados los que primero lo hicieron sin perder su papel en la economía mundial.

Lo que diferencia la fiscalidad del siglo XX en su final y del comienzo del XXI, de la fiscalidad de mediados del siglo XIX, es esencialmente la política social.

La fiscalidad durante toda la historia anterior, al menos desde la edad media, fue fundamentalmente la fiscalidad militar, vinculada al mantenimiento del gasto en defensa y al mantenimiento del gasto suntuario de la casa real correspondiente. Por tanto, lo que nos separa de la fiscalidad del siglo XIX es la atención a las nuevas políticas sociales que surgen en esa vieja pretensión de hacer posible la búsqueda de la

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igualdad en un mundo como el que vivían los viejos socialdemócratas de comienzos del XIX.

La búsqueda de la igualdad Los liberales creían que no era posible y nosotros siempre pensamos que sí. Que era posible. Y en ese combate vencimos resistencias y demostramos la compatibilidad y la posibilidad de equilibrio entre igualdad y justicia. En ese combate ganamos en eficiencia en el ámbito de las empresas y también ganamos en igualdad y justicia en el conjunto de la sociedad.

En esa batalla ganamos en eficiencia provocando una mayor exposición universal de toda la población a la educación.

Produjimos efectivamente la búsqueda y la obtención final en Europa de una sanidad prácticamente universal, que sabíamos muy bien que era una gran palanca para el crecimiento y no solo para la igualdad y la justicia.

En esa lucha obtuvimos también fuertes niveles de protección por desempleo, que no eran un elemento de ineficiencia, como decían los liberales, no solamente no lo eran sino que, además, en muchos aspectos también estimulaban un mejor ajuste en el mercado de trabajo. Ni era entonces la protección por desempleo, como se decía, un gran enemigo de la eficiencia económica, ni lo es ahora tampoco, lo que hay es que saber administrarla bien. Porque además de ser un estabilizador económico es también un imprescindible estabilizador social.

En ese combate, también obtuvimos importantísimas dosis de consumo interno sobre la base de asegurar el futuro. Esto a lo que se

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refería antes Pedro Saura. Si el horizonte es finito, efectivamente es bueno tener esquemas de previsión social porque eso favorece el consumo, porque el ahorro se produce a lo largo de la vida y tenemos la garantía de que al final de ella nuestras necesidades estarán cubiertas.

Los esquemas, estoy pensando en China en estos momentos, que no tienen niveles adecuados de protección social, lo que estimulan es un ahorro permanente y excesivo que perjudica al conjunto del funcionamiento económico.

En esa liza también hubo que financiar políticas adicionales en el ámbito de la vivienda y del urbanismo. Esta no era una idea nueva, el urbanismo fue uno de los primeros bienes públicos en términos históricos. Pero ahora se trataba también de impulsar el acceso universal a la vivienda.

Yo creo que el mundo que vivimos hoy es un mundo que se parece mucho al mundo que trataron de reconstruir nuestros antepasados en el periodo de entreguerras. Es un mundo en el que todos buscaban restablecer un esquema como el que había funcionado razonablemente bien antes de la I Guerra Mundial. Un mundo en el que se pretendía regular a través del restablecimiento del patrón oro.

Pero también, un mundo que había cambiado, por cierto, y mucho, en los lustros anteriores y un mundo en el que las organizaciones sindicales habían crecido mucho en su papel e influencia en las economías avanzadas.

Barry Eichengreen (La globalización del capital. Historia del sistema monetario internacional) decía que la principal explicación para la ruptura de aquél mundo, el mundo del patrón oro, estaba precisamente en el surgimiento de las organizaciones sindicales.

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Porque con su pretensión de hacer posible una política que equiparara y que hiciera viable igualdad y eficiencia, su aparición hacía a la vez imposible el mantenimiento del patrón oro, porque impedía la práctica de devaluaciones rápidas, cuando los países llegaban a ese punto en el que expulsaban el oro de sus economías.

Fiscalidad y moneda única En realidad este es en lo esencial el reto al que nos enfrentamos en este momento. Un momento en el que lo más parecido que hay al patrón oro es la pretensión de construir una moneda única entre países y economías que tienen sus semejanzas, por supuesto. Que han logrado niveles de renta y de desarrollo importantes, pero que también mantienen diferencias suficientemente significativas como para pensar en que efectivamente no se trata de una tarea fácil.

Un gran reto, el de la construcción de un área como la nuestra que tiene en el fondo un patrón oro, sí, pero un patrón oro es una moneda única, porque en realidad aunque hace 80 años, 90 años, existía la libra, existía el franco francés, el marco, todas ellas estaban vinculadas por un esquema de tipo de cambio que, al vincularlo a un peso en oro, en realidad mantenía fija la estabilidad de las monedas entre sí. Este es el reto hoy, y lo que nos preguntamos es qué papel tiene la política fiscal y qué tipo de política fiscal podemos defender los socialdemócratas para Europa en un momento como el presente.

Ya se ha dicho aquí, vivimos un momento también en el que aparecen nuevos problemas y nuevas tensiones, en este caso, dificultades vinculadas al estallido de unas de las recurrentes crisis financieras por las que las economías han atravesado a lo largo de su historia, en más de una, en más de diez y en más de veinte ocasiones. El otro día releía

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el libro de Kenneth y Reinhart, titulado “Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera”, en el que los autores repasan todas las crisis que se han atravesado, de las que se tienen datos en la economía mundial y europea. Y el mensaje es claro: cualquier crisis en la historia del capitalismo obedece a las mismas causas y trae consecuencias sociales semejantes, lo distinto es la incapacidad para reconocer las analogías y el tratamiento de los factores distintos que la provocan cada vez.

Esta vez, por tanto, tampoco es diferente, nunca es diferente. Siempre es la misma forma de desarrollarse, el mismo ambiente que precede a las crisis financieras. Esta que atravesamos ha sido una más, en este caso vinculada a la actividad inmobiliaria, en otras vinculadas a otro tipo de actividades, pero siempre siguen las mismas pautas.

El papel de la socialdemocracia Volviendo a la dialéctica histórica, la pregunta que procede es qué puede y debe hacer la socialdemocracia en una situación como actual, en el marco de un área de moneda única y donde en efecto nuevos interrogantes se abren en el nuevo y dinámico contexto de la globalización.

Vivimos momentos económicos en el que los equilibrios en el plano internacional se han alterado profundamente en los últimos años.

Vemos el nuevo papel de grandes economías como la china o como la hindú, también la brasileña, todo el mundo de lo que llamamos economías emergentes, que ya no lo son, como dice muchas veces Felipe: tan emergentes que ya han emergido y lo hacen incluso mejor que nosotros en muchos aspectos

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En mi opinión, por tanto, el principal problema es tratar de redescubrir cual es el papel de una política fiscal que pueda sostener el edificio que construyeron los viejos socialdemócratas en la alianza con los mejores liberales y con el mundo cristianodemócrata en la construcción de Europa. El sostenimiento de ese edificio tiene que basarse en primer lugar en pensar que no es del todo cierto que haya una cierta sobrecarga fiscal como se decía hace ya 30 años casi. Hay un nivel de convergencia que produce un periodo de tránsito en el cual nosotros, en efecto, tenemos dificultades para competir sosteniendo o queriendo sostener ese edificio social que construyeron nuestros mayores. Eso sí, entonces, en un mundo en el cual era Europa y las principales islas de Oceanía, los que competían y eran capaces de sostener el mundo en el que vivíamos.

Pero hoy esto no es así, y hoy efectivamente nuevas economías se incorporan a la competencia, economías que mientras tanto están produciendo muchas, enormes dificultades en los países desarrollados.

Una reciente obra de Pisani-Ferry (El despertar de los demonios. Cómo salir de la crisis del euro), advertía que cuando Portugal, por ejemplo, cierra una empresa textil, no se relocaliza en Alemania, probablemente se relocaliza en Marruecos, probablemente en Pakistán. Seguramente los portugueses compren textiles chinos. Sí, pero mientras tanto, los pakistaníes y los chinos, los dueños de esas empresas, de clase media, vinculados a ese sector textil, lo que compran son maquinaria alemana, y lo que compran son buenos BMW alemanes.

Se deslocaliza la producción textil en una parte del sur de Europa y el resultado es que se produce un nivel de crecimiento altísimo en una de las principales economías europeas. No hace falta que sea Alemania, puedo exponer el ejemplo danés, yo soy de Jaén y las máquinas con las que se produce el aceite son danesas.

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Pues bien, lo que quiero decir con esto es que la globalización también produce este tipo de efectos y, ahora, ya, lo que tenemos que pensar es en qué parte de la política fiscal en la que siempre pensamos y siempre creímos los socialdemócratas, qué parte de esa política fiscal sigue sirviendo para el futuro y qué nuevos elementos podemos incorporar. En mi opinión, pienso que sigue siendo posible mantener los grandes elementos de la política fiscal que practicaron las principales economías europeas durante la segunda mitad del siglo XX. Creo que es posible seguir manteniendo una imposición sobre la renta progresiva, con tipos marginales que estén en el entorno del 50%.

Considero que es posible también y es necesario el mantenimiento del impuesto sobre sociedades con tipos medios efectivos que no estuvieran demasiado alejados del 20% y, por consiguiente, tipos medios algo más bajos de los que tuvieron en la década de los 60 y los 70 las sociedades europeas.

Es posible también mantener un esquema de cotizaciones sociales que no se separen mucho, en el caso español, del tipo medio actual, y esto significa que no debemos producir mayores incrementos en nuestras cotizaciones sociales.

Igualmente, si no fuera por razones que tienen que ver con nuestro modelo autonómico y con nuestra actual coyuntura económica, creo que sería posible también introducir algún tipo de intercambio entre impuestos indirectos (o directos) y cotizaciones sociales. Sé que ésta es una opinión que no tiene por qué ser compartida pero estoy dispuesto a discutirla, algún tipo de intercambio, aunque no creo que el actual sea el momento adecuado.

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Imposición verde Es necesario introducir nuevos elementos en el ámbito impositivo, de manera especial y fundamental, en todo lo que se ha denominado imposición verde. Parece que ésta debe de ser y tiene que ser la gran novedad fiscal del siglo XXI, como creo que, junto a ella, debemos introducir una imposición sobre las transacciones financieras en el ámbito internacional, que espero veamos pronto. Nuestros antepasados no vieron un sistema de pensiones como el que tenemos, pero nosotros sí veremos una mayor y mejor imposición verde y veremos también un impuesto sobre transacciones financieras. Lo que no sé muy bien, y con esto termino, es si veremos acabar con los paraísos fiscales.

En mi opinión, ésta debe ser nuestra más importante pretensión junto a las que antes he comentado, aunque no estoy seguro de que las sociedades europeas y el mundo progresista tengamos hoy la fuerza suficiente como para poder acabar con esa dificultad. En realidad la principal dificultad hoy, el principal obstáculo para el desarrollo de la política fiscal de la socialdemocracia en Europa, es la existencia de paraísos fiscales.

Son estos tres ámbitos, referidos anteriormente: transacciones financieras, imposición ecológica (impuestos verdes) y el combate decidido contra los paraísos fiscales, los principales retos de la política fiscal de la socialdemocracia en Europa durante los próximos lustros.

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El presente trabajo recoge las aportaciones realizadas por una decena de responsables socialistas de primer nivel en una serie de seminarios celebrados durante la primavera-verano del año 2012, bajo el título genérico de “Socialdemocracia y Economía”, en la sede histórica de Ferraz (Madrid).

Las sesiones se desarrollaron a partir de tres grandes referencias. Joaquín Almunia y Francisco Fernández Marugán trataron sobre la relación entre “Socialismo y mercado: el gobierno de la economía”. Soraya Rodríguez y Concha Gutiérrez se centraron en el componente laboral: “Socialismo y trabajo”. Y Ramón Jáuregui junto a Pedro Saura completaron el dibujo con sus alocuciones sobre “Socialismo y fiscalidad”.

Rafael Simancas, Secretario de Formación, presentó y coordinó los trabajos. La responsable económica del PSOE, Inmaculada RodríguezPiñero, estableció la “doctrina” oficial, es decir, el discurso sobre la política económica de los socialistas. Y Valeriano Gómez, portavoz parlamentario en la Comisión de Economía, recogió algunas de las conclusiones del encuentro.

El resultado de toda esta labor, enriquecida por cientos de aportaciones en multitud de debates abiertos, queda reflejado en estas páginas.