Las organizaciones en la región que se han encargado de la documentación de cada uno de los casos desde los países en los que se están implementando, son las siguientes: FARN y FOCO (Argentina), CEDLA y CIDOB (Bolivia), DAR (Perú), ISA (Brasil), CDES (Ecuador), Poder (México/EEUU - regional), International Rivers (EEUU) y AIDA (regional). Es importante aclarar que las organizaciones involucradas en este trabajo investigativo no necesariamente coincidimos con las críticas hechas por cada autor. Cada investigador ha sido quién, derivado de su propio análisis, da comentarios sobre el proyecto que documenta y sus impactos. Además de los estudios de caso, este documento contiene, a modo de conclusión, una comparación analítica de los datos recogidos a lo largo del documento, con base a una encuesta hecha a los autores de cada caso. Dicha conclusión permite, además de evaluar los proyectos de manera particular, obtener un análisis comparativo general, tomando en cuenta datos lo más objetivos posibles de todos los proyectos. En especial se intentó analizar la implementación de políticas de transparencia y socio-ambientales por parte del BNDES. Es pertinente tomar en cuenta que el BNDES argumenta que cuenta y aplica políticas socio-ambientales para los proyectos que apoya y que puedan causar impactos negativos, sin embargo dichas políticas aún no son públicas. Por ello para esta publicación se consideraron los documentos a los que los autores tuvieron acceso a través de la página oficial del BNDES y otra información que el Banco ha publicado respecto de las políticas socio-ambientales. Algunas conclusiones generales que comparten los distintos casos saltan inmediatamente a la vista: En primer lugar, la necesidad de una política de transparencia por parte de BNDES, tanto para proyectos financiados en Brasil como para aquellos que se salen de sus fronteras. En muchos casos la información oficial no está disponible, quedando organizaciones y comunidades completas sin más que presunciones acerca de quién podría ser el responsable de implementar tal o cual proyecto en su territorio, así como de las condiciones para su implementación. Esto viene aparejado, de la imposibilidad de interponer quejas y exigir respuestas por posibles impactos negativos, cosa que debiera ser el mínimo derecho otorgado a quien tiene que recibir en su territorio un proyecto de infraestructura. Adicionalmente, hay carencia de un sistema de comunicación y quejas con el Banco, que sea accesible a las comunidades. Los dos mecanismos existentes, a saber, la Ouviduría y Hable con Nosotros, han dado resultados parciales no efectivos o no han sido abiertamente usados por las comunidades afectadas, lo que demuestra falta de conocimiento de dichas instancias o poca credibilidad en sus resultados.
8