Fundación Equitas
tuaciones de exclusión no tanto como política pública sino como una cuestión de derechos. Así, la sociedad cuenta con un argumento constitucional que obliga al Estado a atender la situación de afectación de los derechos de grupos e individuos. Sin embargo, se observa un enorme desconocimiento del marco regulatorio y normativo, lo que impide a la sociedad utilizarlos en la defensa de los intereses de clase, género y etnia. La Constitución Nacional de 1994 consagra especialmente los siguientes derechos de defensa de ciudadanía: el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a la igualdad ante la ley o el derecho a no ser discriminado; los derechos del usuario y el consumidor. El recurso de amparo individual o colectivo11 (artículo 43, sección Nuevos Derechos y Garantías) es el que habilita la defensa contra actos discriminatorios que terminan en ocasiones transformándose en una acción positiva para un colectivo social. La utilización del recurso de amparo junto con los tratados internacionales permite que en el ámbito de la justicia se puedan defender ciertos derechos que comienzan siendo individuales y terminan interpelando y definiendo al colectivo o grupo que está en la base del acto discriminatorio. Desde este escenario, durante la década de los noventa se avanzó bastante en cuestiones ligadas a los derechos de los indígenas, de las personas portadoras de discapacidad, de las mujeres y también se registraron progresos en cuanto a los derechos de los usuarios y consumidores. En esta línea, un hecho importante ha sido la creación de la Defensoría del Pueblo mediante la Ley 24.284, que surge con el propósito de proteger los derechos e intereses generales de los individuos y de la comunidad frente a actos u omisiones de la administración pública, así como ejercer el control de las funciones administrativas públicas12. Al reconocimiento compartido de que existe suficiente marco regulatorio para avanzar en la promoción de medidas de acción afirmativa se suma, en materia de defensa de los derechos de ciudadanía, la falta de conciencia en los grupos sociales respecto de los derechos que les son asignados por la misma Constitución Nacional. Por esta razón, las organizaciones no gubernamentales han comenzado a desempeñar un papel activo en la detección de situaciones en que algún derecho es afectado, para así promover alguna acción reparadora a través del litigio.
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