El 68, Tlatelolco y el PAN
capitalino, se dedica a disolver a macanazos y bombas de gas protestas por la violación de la autonomía, en los más diversos rumbos de la ciudad: Buenavista, Av. Juárez, La Ciudadela, Tacubaya, etc., y hay otros cientos de detenidos más. El general Marcelino García Barragán, ex furibundo henriquista, anuncia que el Ejército tomará “cuantas escuelas sean necesarias”, incluidos Politécnico, Normal, Chapingo y lo que se ponga enfrente, para restablecer “el orden”. La actitud del PRI, sea en desplegados o declaraciones de las más diversas gentes, obedece a una consigna: Martínez Domínguez había dicho en Chilpancingo el martes 10 anterior, que ninguna de las demandas del movimiento eran estudiantiles, y casi letra por letra repiten sus palabras los diputados Octavio Hernández y Luis M. Farías, cuando el día 20 la mayoría del PRI y sus apéndices, a pretexto de atacar la proposición del PAN de que la Cámara pida al Presidente el retiro de las tropas, la restitución de CU a sus autoridades legítimas sin condiciones y la libertad de los detenidos, se lanzaron frente contra el Rector Barros Sierra, a quien llamaron inepto, delincuente y criminal. La prensa cabecearía al día siguiente, con excepción de Novedades, que “la Cámara acusaba a Barros Sierra”. No es cierto, fue sólo la mayoría del PRI secundada por PPS y PARM. Los desplegados favorables a la represión coinciden en plantear la cuestión de quién o quiénes pagan las inserciones favorables al movimiento, pero les resultan piedras en el propio tejado, porque ¿quién o quiénes pagan las de ellos?
Tratan de eliminar al Rector Personalmente Rubén Marín y Kal, secretario de Relaciones Públicas del líder de la mayoría priísta, diputado Luis M. Farías, llama a los periódicos para que den preferencia a los ataques contra el Rector Barros Sierra. Es toda una
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