desde luego tiene una repercusión, a veces muy grave, en el orden interno, la “Seguridad Pública” privilegia el orden interno y busca desestimular, frenar y combatir la acción de la delincuencia en ese entorno, el del país en su conjunto, pero que no necesariamente va más allá de nuestros límites territoriales ni busca apoderarse de la autoridad política. Ambas concepciones de “Seguridad” están íntimamente vinculadas porque, en primera y última instancia, las dos buscan la misma finalidad que es la de resguardar a los habitantes de un país de las amenazas que pueden atentar contra su vida y su patrimonio de diferentes maneras. La diferencia de fondo se encuentra principalmente en la magnitud nacional, internacional y política del fenómeno de la delincuencia. El crimen organizado en general y el narcotráfico en particular caen dentro de la materia de la “Seguridad Nacional” y de delitos del orden federal porque buscan tener, no sólo un máximo beneficio por sus actividades, sino, incidiendo en el ámbito político, para controlar las fuerzas públicas del Estado como parte de la protección que necesitan para alcanzar sus fines. La búsqueda de este control ha llegado a la esfera del control político mediante el cohecho, la compra de voluntades, las amenazas y crímenes cometidos en contra de la vida de
funcionarios públicos y sus familias. Un caso muy notorio al respecto fue el que se conoció, como “Operación Limpieza”, en octubre de 2008, en el que se descubrió que funcionarios y jefes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), recibían cuantiosas cantidades de dinero del grupo de los Beltrán Leiva. En esa ocasión también se supo que las infiltraciones del propio cartel llegaron a la Interpol y a la embajada de los Estados Unidos en México.11 Este es un ejemplo muy claro relativo a la Seguridad Nacional, asimismo que el Ejército, la Armada y la Policía Federal tuvieron que intervenir directamente en operativos militares para recuperar amplias zonas de algunos estados del norte y centro del país, que habían sido ocupadas por bandas de narcotraficantes, tanto por ser aptas para el cultivo de estupefacientes (especialmente marihuana y amapola), como por facilitar el paso de las drogas, incluida la cocaína sudamericana, al mayor mercado mundial de drogas ilícitas que se encuentra en los Estados Unidos. Es importante señalar que este fenómeno de contrabando de drogas ilícitas va acompañado de la compra de armas, principalmente pero no exclusivamente, del lado norte de nuestras fronteras para la protección del crimen organizado, asunto 11
Información tomada de El Universal, 26 de febrero de 2009.
que si bien compromete la “Seguridad Pública” tiene mayor vinculación con la “Seguridad Nacional” que es la encargada, precisamente, de incautar esas armas desde su paso por las fronteras y de recuperarlas cuando ya están dentro del territorio nacional. Los casos anteriores y muchos otros son típicos ejemplos de cuando es correcto el empleo del concepto de “Seguridad Nacional”. Regresando al concepto de “Seguridad Pública” como función del Poder Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, mediante el cual se busca la prevención, persecución y castigo de personas que han incurrido en conductas delictivas, encontramos que, si el estímulo para las actividades ilícitas, sus beneficios económicos y de impunidad, es mayor que su castigo, ello llevará a que la cantidad de los diferentes delitos tienda a crecer, pero si la mayoría de quienes delinquen fuera apresada y castigada con la fuerza y en la proporción establecidas por las leyes, es decir, si la impunidad no fuera tan grande y si no hubiera complicidades entre autoridades y delincuentes, la actividad delictiva tendería de manera muy significativa a ser cada vez menor. El estimulo entonces crecería para los habitantes del país, no sólo en razón de una vida de mayor calidad con menores riesgos, sino que aumentaría la
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