Fundación Rafael Preciado Hernández
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Por ello, proponemos:
Promover las reformas necesarias para consolidar un nuevo Sistema de Policía Nacional, basado en una sola instancia nacional con atribuciones de control, seguimiento y en caso de ser necesario, y de acuerdo con la ley, de intervención operativa, que en todos los casos deberá realizarse de manera subsidiaria y temporal, y sólo cuando las policías locales fallen en su encargo de velar por la paz y la seguridad de los ciudadanos. Esta instancia será directamente responsable de la homologación operacional, de la profesionalización y el establecimiento de los controles de confianza, del reclutamiento adecuado, de la formación, entrenamiento y supervisión de todos los elementos de seguridad pública, y fungirá como órgano de certificación y soporte institucional y subsidiario de todas las policías municipales y estatales.
Eficaz profesionalización y certificación de policías, agentes del ministerio público, peritos y funcionarios de seguridad pública, dotándolas de equipo y tecnología para el combate a la delincuencia, mejorando sus condiciones laborales, estableciendo controles de confianza, lograr la recuperación de la confianza ciudadana, su apoyo y un eficaz control ciudadano.
Realizar las reformas necesarias para redefinir y hacer efectivo el mando único como mecanismo subsidiario que respete las atribuciones constitucionales de los municipios en materia de seguridad. Las reformas deberán contemplar mecanismos institucionales para fortalecer las capacidades de los municipios. La intervención directa y exclusiva de las autoridades estatales en la seguridad pública de los municipios se realizará sólo en aquellos municipios que carezcan de los recursos y capacidades para proveer el servicio de seguridad pública.
Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad, y por respeto a sus integrantes, demandamos que el mando civil asuma esta tarea. Los soldados y marinos de México deben regresar, en el tiempo necesario y prudente, a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe iniciar la construcción de la policía nacional y avanzar en la consolidación del mando único en las entidades federativas. Eficientar la coordinación entre las policías estatales y federal. Jamás deberán repetirse ejecuciones extrajudiciales como las de Tlatlaya.
Establecer policías estatales únicas con objeto de crear 32 corporaciones de seguridad estatal y del D.F. confiables, profesionales y eficaces. Mejorar el sistema de información policial y de emergencias ciudadanas en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Establecer un teléfono nacional único de emergencias, cuya operación funcione en red y se establezcan protocolos de actuación y responsabilidad de las dependencias participantes.
Es necesario dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en tareas que corresponden al mando civil, pues ello ha deteriorado al ejército al grado que algunos de sus miembros están sujetos a proceso penal por graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de Tlatlaya. Descriminalizar y despenalizar el consumo de drogas. Garantizar la independencia de los órganos jurisdiccionales de los poderes estatales. Reforma integral del sistema penitenciario, para que al mismo tiempo que los recluidos pagan su deuda con la sociedad, se garanticen sus derechos humanos y el derecho a la reinserción social y evitar que sean escuelas de delincuencia. Promover métodos de investigación policial a través de protocolos de actuación, que eviten la improvisación. Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública como instancia de coordinación
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