Bien Comun 186

AÑO 15 NÚMERO 186 JUNIO 2010

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

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AÑO 15

NÚMERO 186

Presidente

César Nava Vázquez

Director General

Gerardo Aranda Orozco

Director General Adjunto

Salvador Abascal Carranza

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos Especiales

Oscar Javier Moya Marín

Director de Formación

Eduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones Institucionales

Armando Reyes Vigueras

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

JUNIO 2010

Director

Armando Reyes Vigueras

Editor

Carlos Castillo

Coordinación editorial

María Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat • Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Mesa de redacción

• Claudio Jones • Paulina Lomelí • Lorenzo Gómez Morin • Francisco R. Calderón • Fernando Rodríguez Doval • Salvador Abascal

Dibujos de interiores Gonzalo Tassier

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier / Carlo J. Torices Vite

Director Administrativo

Eduardo Sánchez Macedo

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Elaborar, editar y publicar, directa o indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videos y similares.

La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana.

Fomentar y financiar actividades de investigación social, política y económica dentro del país.

Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación.

Actividades:

Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados.

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas.

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Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.

Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152.

Certificado de licitud de contenido: 6405.

Reserva: 04–2004–081711193000–102 ISSN 1870–0438 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente.

No se devuelven originales.

Impreso en: Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V. Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72 Correspondencia:

Revista Bien Común Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 00

areyes@fundacion.pan.org.mx www.fundacionpreciado.org.mx

COLABORADORES

Editorial

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Centrales

• Frank Priess. Tiene estudios universitarios en Ciencias Políticas, Comunicación y Filosofía en la Universidad de Mainz. Representante de la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán) frente a Proyectos y Cooperaciones de Medios de Comunicación en América Latina (1987-1991).

• Daniel Zovatto. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba (Argentina). Lic. en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Master en Derechos Humanos y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid (España). Actualmente es director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA). Miembro del Consejo Asesor Internacional de Latinobarómetro y del Comité Ejecutivo de ALACIP. • Andrés Ponce de León Rosas. Director de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Armando Reyes Vigueras. Director de la revista Bien Común y director de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación Rafael Preciado, A.C. • Fernando Dworak. Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, Reino Unido. El presente texto presenta extractos de una investigación que el autor está por concluir sobre las prerrogativas parlamentarias.

• Efraín González Luna. Abogado y fundador del Partido Acción Nacional. Entre sus obras destacan Humanismo político. Fue el primer candidato presidencial del PAN en 1952.

• Jorge Tasloheros. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. • Ivan J. Paoli Bolio. Licenciado en Comunicación por la UIA, maestro en Administración Pública y en Ciencias de la Educación; Consejero editorial y colaborador de La Nación. Asesor en la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Coautor de la antología Comunicación y autor de Propaganda Política en Acción.

• Paulina Lomelí. Economista e investigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Rubén Narciso. Integrante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.

• Monika Dunajecka. Periodista de origen polaco, especialista en temas médicos y sociales.

• Salvador Abascal Carranza. Filósofo y escritor. Director general adjunto de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • María de Lourdes Ramírez Flores. Investigadora del área de estudios políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Andrés Ruiz Pérez. Investigador del Colegio de México.

• María Eugenia Anguiano Téllez. Investigadora del Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas de migración.

Alemania 2005: una campaña electoral muy especial Frank Priess

Regulación de los partidos políticos en América Latina Daniel Zovatto

Elecciones intermedias 2009: Un comparativo historiográfico

Andrés Ponce de León Rosas

Elecciones 2010: De mitos y realidades

Armando Reyes Vigueras

Las elecciones del Reino Unido y sus lecciones para México

Fernando Dworak

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Reflexión en torno a...

Un esfuerzo por la rehabilitación política de México Efraín González Luna

El celibato en la iglesia Jorge Traslosheros

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Dossier

Evolución del narcotráfico en México (primera parte) Ivan Paoli Bolio

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Agendas

México frente a la crisis europea Paulina Lomelí

Dimensión del empleo informal en la región Rubén Narciso

Suicidio en adolescentes Monika Dunajeck

Líderes ricos, trabajadores pobres Salvador Abascal Carranza

La política exterior en México: breve evaluación de los últimos 3 años

Ma. de Lourdes Ramírez Flores y Andrés Ruiz Pérez

La Ley SB-1070 y la complejidad de la reforma migratoria María Eugenia Anguiano Téllez

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Reseñas

Asamblea de Asociados de la FRPH

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En el número anterior, el artículo Medios de Comunicación y Percepción de Inseguridad se publicó con errores en los autores, pues éste fue escrito por Marianna Gabutti Thomas y Rosalina Arteaga Barrón. Ofrecemos una disculpa por la omisión.

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EDITORIAL

Los distintos procesos electorales por los que atraviesa nuestro país en estas fechas son ocasión de análisis, experiencias que poco a poco van contribuyendo a detectar fallas, ponderar aciertos y, en conjunto, a mejorar los mecanismos y engranajes de nuestra democracia. Cada campaña y cada época de comicios representan para las autoridades electorales una oportunidad de ir afinando ese entramado legal que requiere cuidado y atención pues, como la realidad, cambiante y multiforme, también nuestro sistema político debe saber responder a los nuevos retos y desafíos.

En este sentido, el ejercicio electoral de otros países ofrece a su vez prácticas que sirven para mejorar lo que en México se realiza, en el entendido de que naciones de larga tradición democrática tienen mucho que aportar a un sistema de relativamente reciente creación y puesta en marcha y que, a la luz de las campañas de 2010, saca a relucir las todavía viejas prácticas de aquel pasado autoritario y caciquil que, como bien se ha dicho, no acaba de morir y se aferra a conservar los cotos de poder a toda costa, incluida muchas veces la vía ilegal o aquella que usa la ley a conveniencia de los propios y en perjuicio del oponente: esta costumbre aún está enraizada en buena parte de los estados de la República y se convierte en un enemigo que lejos de igualar las condiciones de la competencia, inclina la balanza a favor de los llamados candidatos oficiales y merma de ese modo la calidad de la propia democracia.

Bien Común ofrece en su presente edición una serie de artículos en los que, tanto a partir de los casos de otros países como del mexicano, se analiza el modo de hacer campañas y de presentarse al electorado en entornos donde la democracia se encuentra afianzada y es ya en muchos sentidos una forma cotidiana de vida. Así, Frank Priess, de la Fundación Konrad Adenauer, realiza una análisis del modo en que Angela Merkel ganó la Cancillería alemana en un entorno en el que tanto la publicidad electoral como las diversas coyunturas locales supusieron retos complejos para los distintos partidos, que debieron adecuar mensajes, presencia y discurso de sus candidatos para responder a los intereses del electorado.

En el mismo orden de ideas, Fernando Dworak estudia las más recientes elecciones en el Reino Unido y cómo una democracia establecida y consolidada comienza a adaptarse a nuevos elementos, como los debates televisivos, así como las ventajas de una estabilidad institucional que permite cambios en el equilibrio de las fuerzas políticas sin que ello merme el crecimiento social y económico ni se atente contra proyectos de mediano y largo plazo que más allá de los partidos obedecen al interés general de la población.

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Para el caso de América Latina, Daniel Zovatto lleva a cabo un estudio histórico en el que se desglosan los diversos marcos jurídicos que regulan a los partidos políticos en América Latina, poniendo énfasis en los distintos avances, retos y pendientes que presentan las principales democracias de la región. En el caso concreto de nuestro país, Andrés Ponce de León lleva a cabo un análisis de resultados de las elecciones intermedias de 2009, en el que se desglosan cifras y se traza el mapa electoral de la composición de las fuerzas políticas que actualmente gobiernan en México; este trabajo arroja datos relevantes que ponen de manifiesto cómo la pluralidad de actores políticos a nivel estatal y la correcta representación de los intereses populares no necesariamente van de la mano, antes bien, se obstaculizan por la composición de calendarios electorales que llevan a que cada año alguna entidad se encuentre bajo procesos electorales, lo que a todas luces obstaculiza la construcción de acuerdos perdurables y de largo plazo.

Por su parte, Armando Reyes Vigueras destaca cómo el tan repetido posible regreso del Partido Revolucionario Institucional al Ejecutivo federal es solamente un arma mediática que no sólo no se sustenta en los hechos sino que, además, desvía la atención de temas torales para combatir un escenario que dista mucho de ser un auténtico peligro, toda vez que los comicios federales de 2012 aún requieren de un gran acomodo de piezas –procesos internos para la elección de candidatos, campañas federales, disposiciones del Instituto Federal Electoral, debates y las propias campañas, por mencionar algunos– que hacen que toda predicción de resultados se base en información incompleta e incluso aún inexistente.

Como complemento, además de nuestras secciones de Agenda y Reseñas, presentamos la primera parte de un amplio estudio realizado por Iván Paoli sobre el narcotráfico en nuestro país, de sus consecuencias en la vida diaria de los mexicanos y de las implicaciones económicas, sociales y políticas de las acciones del crimen organizado, en un esfuerzo de nuestra revista por sumarse a un tema que en últimas fechas ha desatado polémicas y discusiones, así como la acción continua y decidida del gobierno federal a lo largo del actual sexenio por hacer frente a una realidad que no acepta ni retrocesos ni concesiones. Esperamos que en este material nuestros lectores encuentren, como nos esforzamos por lograr en cada número, ideas que contribuyan a mejorar el nivel de debate político en México así como elementos que sumen puntos de vista innovadores y complementarios al debate público nacional.

Carlos Castillo López Editor 6

Alemania 2005: una campaña electoral muy especial1 Frank Priess

Personas en lugar de programas El anuncio de nuevas elecciones lanzado la noche de la debacle electoral sufrida por la socialdemocracia (SPD) en las elecciones regionales en el estado de Renania del Norte Westfalia el 22 de mayo próximo pasado por Gerhard Schröder, sin duda fue un balde de agua fría en medio de la fiesta electoral de la democracia cristiana (CDU). En los días posteriores, sin embargo, la decisión pareció volverse en contra de su autor: sorpresa entre el electorado, incomprensión en las filas del propio partido, abierto enojo entre el aliado menor, los Verdes. ¿Suicidio por miedo a 1

morir? ¿Una buena salida con vistas a los libros de historia? ¿O el intento de controlar las deserciones en el ala izquierda del partido y disciplinar a los que se desviaban de la línea oficial? Múltiples fueron los intentos de explicación que se barajaron, sin que ninguno convenciera plenamente. En cualquier caso, el anuncio bastó para que los partidos se abocaran de inmediato a la campaña electoral, aunque el llamado a elecciones anticipadas recién fue convalidado plenamente por la Corte Constitucional Federal el 25 de agosto; con siete votos contra uno, los jueces de la Segunda Sala de la Corte Constitucional legitima-

Este artículo fue publicado en Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C. Año XXIII – No. 2 – Junio, 2006.

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Frank Priess

ron la decisión del presidente Horst Köhler de llamar a elecciones y rechazaron los recursos de amparo presentados por los diputados Jelena Hoffmann (SPD) y Werner Schulz (Alianza 90/ Los Verdes). En esos momentos ya arreciaba una disputa de tipo muy particular, con muchas situaciones muy específicas y generadoras de un extraño espejismo: súbitamente, la democracia cristiana aparecía como partido oficialista. La premonitoria frase de uno de los dirigentes en la Konrad-Adenauer-Haus –“Tenemos que tener cuidado de que el 18 de septiembre el electorado no nos castigue por lago que no hemos podido siquiera hacer hasta ahora”– dicha una diez semanas antes del día de las elecciones, apareció como un sombrío presagio.

El lanzamiento de la campaña electoral del SPD fue tan accidentado como era de esperar en vista de la situación de partida. Un balance de gestión desastroso, un canciller que ya no contaba con mayoría parlamentaria y que públicamente dudaba de la lealtad de su propio partido, a lo que se sumaba una alternativa a la izquierda del partido, cuya rápida formación nadie había calculado. “La cúpula del SPD busca desesperadamente una estrategia electoral”, fue el título del 23 de agosto del Financial Times Deutschland y en el Rheinische Post, el director de la consultora Emnid, Klauss-Peter Schöppner, señalaba ese mismo día: “Al SPD se le acaba el tiempo”. Cuanto más se acercaba el día de las elecciones, tanto más remotas parecían las posibilidades de un nuevo vuelco entre el electorado y una reedición del gobierno rojo y verde. Por falta de alternativas, los socialdemócratas apostaron sin tregua ni cuartel a su canciller, aferrándose a su popularidad como el náufrago a una tabla.

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El partido renunció a establecer un cuartel general fuera del partido como fuera en su momento el kampa, y tampoco contrató una agencia única encargada de brindar todos los servicios necesarios en una campaña. Por el contrario, estableció programas de trabajo divididos, por ejemplo, por internet, eventos con la presencia

del Canciller, publicidad en general, etc., que fueron distribuidos entre diferentes equipos con la conducción general de la campaña a cargo del director de la ofician del partido, Kajo Wasserhövel. La principal parte creativa fue asumida por la agencia Butter, de Dusseldorf, que en los años noventa trabajó para la socialdemocracia a nivel nacional y a nivel regional en las más recientes elecciones en Renania del Norte Westfalia y Turingia. A su labor se sumó la de las agencias face2net, Becker/Kronacher y la agencia de eventos Compact-Team, que colaboró en la puesta en escena del legendario congreso partidario celebrado en 1998 en la ciudad de Leipzig. En total, el equipo que puso en marcha la campaña de polarización estuvo integrado por aproximadamente 130 personas con cuartel general en dos pisos de la Willy-BrandtHaus, sede del partido.

Aun antes de haberse fijado la fecha oficial de las elecciones, dirigentes y funcionarios partidarios lanzaron en internet la plataforma www. wirkaempfen.de, con la que se intentó movilizar a la gente en favor del SPD a través de una “iniciativa ciudadana electrónica”. La idea fue tomada de la página www.moveon.org, de la última campaña presidencial en los Estados Unidos, pese a que en este caso la estrategia no bastó para evitar un segundo mandato del presidente George W. Bush. De cualquier modo, el éxito movilizador fue considerable entre el electorado más joven. A ello se agregó la página de ataque www.die-falsche-wahl.de,1 totalmente diseñada en negro y amarillo,2 y el ataque fue a lo largo de toda la campaña la mejor defensa de los socialdemócratas. “El oficialista SPD impulsó una campaña propia de un partido de oposición”, se sorprendió no sólo Daniel Deckers en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Originalmente el SPD estimó gastar 25 millones de euros en la campaña electoral, pero unas tres semanas antes de las elecciones incrementó esa cifra en 10%, para potenciar la polarización en la fase final, tal como dio a entender el secretario general del 1 2

N.de la R. de PD: die falsche Wahl= la elección incorrecta.

N.de la R.de PD: colores con los que se identifica a los democratacristianos y liberales.

Frank Priess

partido, Klaus Uwe Benneter. Esto implicó un gasto claramente superior al de la CDU/CSU; ni que hablar de los partidos menores, que gastaron entre 3.5 y 4.5 millones de euros.

Cabe señalar que el ministro de Relaciones Exteriores (verdes) no le fue a la zaga al canciller Schröder en el tema de la personalización: también los Verdes apostaron a la figura emblemática del Ministro que recorrió en bus una enorme cantidad de kilómetros tratando de conquistar el apoyo de los ciudadanos con el eslogan “Zweitstimme ist Joschka-Stimme”.3 Súbitamente desapareció de las primeras planas el escándalo de los visados otorgados irregularmente, que durante meses mantuvo en vilo al país, sin que la oposición intentara reinstalarlo. Es posible que más de una simpatizante del partido Verde sintiera cierta envidia al ver que no era su partido el primero en llevar a una mujer como candidata a jefe de gobierno. En todo el horizonte, ni rastros de una cúpula colegiada Fischer/Kühnast. En su lugar, la agencia de cabecera de los Verdes, Zum goldenen Hirschen, con Bernd Heusinger como creativo en jefe, lanzó una campaña de “seria a agresiva” (“staatstragend bis sponti”).

En cuanto al efecto logrado, el partido se mantuvo casi durante toda la campaña a la sombra del canciller Gerhard Schröder. ¿Ha muerto la objetividad?

“Decir lo que se quiere hacer y hacer lo que se dice –claridad y confiabilidad deben convertirse nuevamente en las máximas de la acción política–.” Esta consigna y las variaciones de su programa de gobierno, “Aprovechar las oportunidades de Alemania”, fueron repetidas por la candidata a Canciller Angela Merkel en casi todos sus discursos electorales. Formas concretas adoptó esta política en el anuncio de un incremento del impuesto al valor agregado con el propósito de reducir al mismo tiempo las cargas sociales sobre los salarios, un acto que no sólo los observadores norteamericanos de la campaña calificaron como único. ¿Llegar al poder anunciando un aumento de impuestos? Sin duda algo nove3

N.de la R. de DP: otorgue su segundo voto a Joschka (Fischer).

doso, incluso del otro lado del Atlántico. Se trata de un enfoque que no deja de ser correcto, aun cuando no tuvo el éxito esperado: honestidad y confianza son los valores que, a juicio de los votantes, más se han perdido en los últimos años, motivo de sobra, entonces, para restaurarlos.

La consultora Elisabeth Noelle vaticinó que la personalidad de la candidata la obliga a mantener una “atmósfera de seriedad” y que las expectativas de la población, que relaciona su elección con mayores cargas, no llegaría a perjudicar a la democracia cristiana tanto como en 2002. Un evidente error, pero ¿qué habría pasado si efectivamente se hubiera ganado la elección sin decir nada sobre los sacrificios que exigirían las primeras medidas, para servirse en cambio de parches y pomada blanca? El abanico de posibilidades va desde la creación de una “comisión de mentira” hasta toda una sucesiva serie de elecciones regionales perdidas. Basta con mirar las experiencias del SPD luego de 1998 y 2002.

Llama la atención, sin embargo, que el enfoque serio, casi científico de la solución de los problemas no fuera complementado por ofrecimientos para el corazón y una buena porción de ataque –al margen de irritaciones caseras: fuera de la central de campaña seguramente nadie se atrevería a afirmar que el profesor Kirchhof, shooting star del equipo de expertos, estaba ni remotamente preparado para las funciones que se le pretendían asignar, ni en lo conceptual ni en lo medial–. A muchos les recordó al poco tiempo los conocidos cánones perdidos de los Estados Unidos y ninguno de los máximos dirigentes del partido salió a socorrerlo en forma realmente convincente. Frank Schirrmacher tradujo su estupor en una nota aparecida en el FAZ: “(Kirchhof) esperaba que su concepto fuera combatido. Pero que en tan sólo 48 horas le fuera secuestrado, arruinado y finalmente devuelto en forma de caricatura, eso no se lo esperaba… La causa Kirchhof vino a llenar el vacío de un discurso político que o bien no dice lo que quiere o que no quiere lo que dice o no sabe lo que quiere o lo que le permiten querer. Desde

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Frank Priess

que el partido al que no estaba afiliado, pero al que salió a socorrer a su pedido, dejó solo a Kirchhof, este tipo de actitudes ya no son privativas de los partidos oficialistas. La forma en que una vez más se logró presentar al médico como a un envenenador hasta puede ser digna de admiración. Pero que un hombre de palabra y de espíritu sea tratado desde las propias filas casi como el ejemplo paradigmático de un profesor fantasioso es el colmo”.

Por otro lado, la presentación del equipo de expertos completo desbarató la oportunidad de colocar la oferta de contenidos y de personas sobre una base más amplia: el brillo propio del invitado sorpresa Kirchhof opacó a los restantes miembros del gabinete en las sombras, ciertamente capaces, y los desplazó en forma duradera de las noticias. No en vano, igual que en 2002, en otros casos se prefirió recurrir a la táctica de presentar las cosas de a puchitos, para retener un valor de novedad y poder alimentar de manera permanente a la “bestia medial”. El nombramiento de Heinrich von Pierer como asesor económico de la candidata demostró poco después que la gestión temática funciona a través de las personas. Incluso en una campaña electoral corta hubiera sido conveniente hacer más uso de esta técnica. En su lugar, el país se dedicó durante meses a discutir los estados de ánimo en la parte oriental y occidental del país, un tema traído a colación displicentemente.

Atónitos, los seguidores de la democracia cristiana tuvieron que ver que la sección Ataque corrió, sobre todo en las principales presentaciones en la televisión, casi exclusivamente por cuenta del jefe de los liberales que en definitiva también resultó exitoso. En lugar de preguntar por el señor Trittin, el señor Stolpe y el “maestro de Kaseel”,4 se permitió que el dúo Schröder / Fischer siguiera desarmando al “profesor de Heidelberg”,5 lo que rápidamente mostró efecto, como no puede esperarse de otro modo en el N. de la R. de DP: alude al ministro de Finanzas Hans Eichel.

N. de la R. de DP: alude al profesor Paul Kirchhof, presentado por la candidata a Canciller de la CDU como ministro de Finanzas en las sombras.

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caso de figuras ajenas a la política. Motivo de sobra para el adversario para aumentar la dosis y empujarlo a manifestarse rápidamente a favor de una “solución en tándem”.6 Por otro lado, los representantes más conspicuos de la democracia cristiana dieron una imagen más bien pálida, lo que determinó que muchas veces toda la campaña corriera exclusivamente por cuenta y cargo de la candidata.

De cualquier forma, el problema central de la campaña de la CDU debe buscarse en lo que Renate Köcher, de la consultora Institut für Demoskopie, en Allesbach, llamó un “estado de ánimo resignativo de cambio” (resignative Wechselstimmung), reflejo del descontento existente con respecto al gobierno pero, simultáneamente, de fuertes dudas en cuanto a la capacidad de la oposición de solucionar los problemas. En la lucha entre el cambio y la permanencia, muchos prefirieron quedarse con lo conocido, se taparon la cabeza con la frazada en vista de la cruda realidad, como describió la situación la prensa inglesa luego de conocerse los resultados. Precisamente los sectores socialmente más débiles, los menos cualificados, los de menor educación formal, que en el pasado hicieron de la CDU “el partido de la clase media baja”, la abandonaron igual que a un SPD al que se le adjudicó “frialdad social” y corrieron a los brazos de la fuerza que presentaba una “oferta basada en la negación de la realidad y anclada en el pasado” (Tobias Dürr). Había fracasado una campaña diseñada tan sólo para la mente –faltó calidez, faltó corazón–. Sin políticas sociales –quiérase o no–, las bases del partido popular parecen estrecharse hasta quedar casi a un mismo nivel con el liberal FDP. Es posible que el voto cautivo pueda tolerarlo, igual que la pregunta de hasta qué punto la candidata representa la corriente dominante del partido. En cambio, no parece poder soportarlo el volátil voto independiente ubicado en la interfase con la izquierda.

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N. de la R. de DP: junto con el experto en temas impositivos Friedrich Merz.

Frank Priess

Técnicas de campaña de última generación Tampoco logró revertir la tendencia una campaña bien organizada, que recurrió a las modernas técnicas de campaña –ayudada en los aspectos publicitarios por el equipo de la agencia publicitaria internacional McCannErickson y los jóvenes creativos de Shipyard Nice Media de Hamburgo–. Con una movilización masiva de la base en el TeAM Zukunft, el equipo concentrado en la Adenauer-Haus recogió las experiencias de la campaña de Renania del Norte Westfalia con sus equipos de NRWin. Hoy, eventos con muchas imágenes y multicolores afiches impresos sobre cartón con los mensajes que desea transportar el partido forman parte de cualquier batería de campaña. Un congreso electoral como el de la CDU en Dortmund es uno de los puntos culminantes de la puesta en escena. No siempre, sin embargo, puede decirse si efectivamente surten el efecto deseado entre el público y en qué medida las presentaciones técnicamente perfectas se compadecen con las personas que actúan.

Todos los partidos incrementaron de manera sustancial su presencia en internet –tanto como plataforma de comunicación interna como también con vistas a ofertas de colaboración concretas–. En ese sentido, las técnicas de rapid response y análisis del adversario surtieron rápidamente efecto –en general a través de páginas web especialmente diseñadas–. También estuvieron de moda los diarios web de celebridades que cooperaban en las campañas. En la página iKauder, del secretario general de la CDU Volker Kauder, por ejemplo, no sólo se podía bloguear, sino también obtener asistencia audiovisual y música de moda. Fundamentalmente por internet se obtienen, además, las informaciones actualizadas al día para la campaña local. Es decir que en Alemania estamos hoy por hoy en presencia de una campaña high tech cominada con high touch.

Métodos innovadores ensayó también el FDP en su campaña. Al respecto comenta el director de la oficina del partido, Hans-Jürgen Beerfeltz:

“Nos guiamos por la campaña en los EE.UU. El diálogo con los ciudadanos es un componente novedoso e importante para nosotros”. Estos esfuerzos contaron con el apoyo de una “red de creativos”, entre los que figuraba la agencia Von Mannstein, que durante muchos años tuvo a su cargo las campañas electores de Helmut Kohl.

No sorprendió, por lo tanto, que la publicidad con afiches ocupara un papel destacado y que aproximadamente la mitad del presupuesto de la campaña se destinara a grandes superficies.

Beerfeltz: “Con afiches no se gana una campaña, pero sin afiches se la pierde”. Y Coordt von Mannstein constata: “Cuanto más se aproximan los contenidos políticos y por ende los enunciados, tanto más importante se vuelve la diferenciación óptica”. Los liberales hicieron una inversión considerable en el correo directo, que fue enviado sobre el final de la campaña a unos cuatro millones de hogares, que podían considerarse afines al FDP: un targeting que no resulta de tan fácil acceso para los partidos mayoritarios.

La campaña en los medios, por otra parte, se concentró fuertemente en los diarios y emisoras regionales. Los medios capitalinos, en los que el candidato del partido no se sentía tratado con la debida equidad, en cambio, quedaron mayormente marginados. ¿Decisión en los medios?

“Así como los afiches y mensajes temáticos de los partidos sobre los que valdría la pena discutir son débiles, los talk-shows y eventos son platos ‘fuertes’. Nunca antes una campaña electoral estuvo tan mediatizada. Los medios acercaron a los políticos a millones de personas –si es que en verdad los alcanzan intelectualmente–”, resumió Helmut Herles en el Bonner Generalanzeiger, una situación que expuso a los ciudadanos a un bombardeo sin compasión de mensajes mediáticos. Llevados a su máxima concentración, la política y los políticos estaban presentes en todos los canales, en todos los formatos imaginables: desde la documentación hasta el debate, desde el showmaster Stefan Raab hasta las conductoras Maybrit Illner y Sabine Christiansen.

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Frank Priess

Desde el primero hasta el último momento, el mediático canciller Gerhard Schröder se movió como pez en el agua con un claro mensaje, machacado una y otra vez: “Yo no me quiero ir”. A medida que los sondeos de opinión revelaban que la intención de voto comenzaba a mejorar, aumentó la seguridad del Canciller. La percepción selectiva de muchos espectadores contribuyó lo suyo, ayudándolo incluso en situaciones en los que no aparecía en absoluto como ganador –por ejemplo, en el famoso duelo televisivo que se transmitió el 4 de septiembre por todos los canales, un formato que ya parece haberse instalado definitivamente en democracias en principio parlamentarias como Alemania–.

Unos 20 millones de personas siguieron las alternancias del debate, que duró 90 minutos –cada uno de los candidatos habló por espacio de 37 minutos, el resto se lo dividieron los cuatro periodistas–. Hasta qué punto la agenda se fija en los medios lo demostró la pregunta ciertamente más tonta de la noche, formulada por la conductora Sabine Christiansen quien, insistiendo con el mismo tema en su propio programa después del debate, a toda costa quería arrancarle a Angela Merkel un comentario respecto de la gestión de crisis del gobierno de los Estados Unidos en el caso del huracán Katrina, en momentos en que aún no se había terminado de recuperar los cuerpos de todas las víctimas fatales. Y la “simpatía” alemana ya había sido puntualizada por el ministro de Medio Ambiente Trittin. La decisión de Merkel de no abrir juicio sobre este tema –singularmente relevante para la campaña electoral alemana– fue reinterpretada rápidamente como manifestación de una conducta devota frente al gobierno de los Estados Unidos. Es que el estilo también es cuestión de suerte.

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Las encuestadas publicadas al final del debate –la consultora Forschungsgruppe Wahlen incluso presentó en la segunda cadena de televisión alemana ZDF un “balance de medio tiempo de la opinión pública” relevado a los 45 minutos del duelo– reflejaron las esperadas ventajas del Canciller, fundamentalmente en los valores de simpa-

tía. De cualquier modo, Angela Merkel superó las expectativas de todos claramente y quedó ubicada primera en el importante tema de la creación de puestos de trabajo. No se puede menos que pensar en analogías con los duelos entre candidatos previos a las elecciones regionales en el estado de Renania del Norte Westfalia: también en ese caso el titular del Ejecutivo había ingresado con una imagen claramente mejor al debate, en tanto que su contrincante pudo acumular puntos con ventajas en los temas de economía y trabajo, es decir, áreas a las que los ciudadanos les asignan máxima prioridad en todas las encuestas.

Para documentar la performance de los candidatos, ambos bandos llevaron la noche del duelo verdaderos ejércitos de simpatizantes al canal, donde junto con los periodistas siguieron las alternativas del debate en una sala contigua al estudio de televisión en Berlín-Adlershof para luego dar sus comentarios, por otra parte previsibles. Hasta ese momento, la lucha por la supremacía en la interpretación de los resultados se mantuvo pareja. Otro tanto puede decirse de los numerosos programas en casi todos los canales que seguían el duelo haciendo una interpretación del mismo.

En este caso, las periodistas ejecutivas de las revistas femeninas se transformaron en expertas en efecto mediático al igual que mimos y showmasters. Al día siguiente era posible leer que Angela Merkel había carraspeado una vez más que el Canciller, quien con 63 veces “eh” llevaba una clara ventaja frente a la candidata de la oposición (16 veces “eh”), la que, además, habría sonreído 31 veces más que el hombre de Hannover.

Llamó la atención, sin embargo, hasta qué punto el eco directo de los observadores profesionales difería de la opinión popular, medida en encuestas relámpago. En tanto que la población le asignaba una clara ventaja al canciller Schröder, los periodistas y expertos en campaña mayoritariamente le otorgaban la supremacía a Angela Merkel. En cualquier caso, tuvieron una fuerte influencia las expectativas: quien muestra un desempeño superior al esperado –y para todos los observadores así fue en el

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caso de Angela Merkel– corre con ventaja frente a quien cumple con expectativas que son altas de por sí.

Como siempre, también en esta oportunidad hubo debates acerca del posible efecto de los debates televisivos. La opinión de la veterana experta en comunicaciones Elisabeth Noelle puede representar a muchos: “Naturalmente los duelos televisivos… juegan un papel importante. Reafirman la opinión de los respectivos seguidores de cada candidato y dominan durante varios días el debate público y con ello el clima político, quizás durante semanas. Estudios… han demostrado que la impresión directa que los espectadores tienen de los candidatos en el duelo televisivo tiende a ser menos importante que el tenor básico de la posterior información a través de los medios masivos. No son pocos los espectadores que por influencia de los juicios posteriores cambian su opinión acerca del desarrollo de los debates”. El duelo, afirma Renate Köcher, colega de Noelle en Allnesbach, no tuvo efecto en virtud de la victoria o derrota de uno de los combatientes, sino por el desplazamiento al menos transitorio de los problemas políticos y competencias de solución hacia un plebiscito de candidatos.

Schröder lleva claramente la ventaja cuando se trata de la simpatía que despiertan los candidatos como aspirantes a ocupar el cargo de Canciller. Pero cuando se trata de la capacidad para solucionar los acuciantes problemas, en particular la lucha contra el desempleo, para la mayoría no cabe duda de que un gobierno encabezado por Angela Merkel es más competente.

Lo cierto es que con miras al resultado electoral cabe relativizar la teoría según la cual los duelos televisivos entre los candidato a jefe de gobierno debilitan siempre a los partidos menores. En cambio, no debe relativizarse la influencia de los medios en la percepción de la política por parte de los ciudadanos. “De nada vale –escribe Hans Mathias Kepplinger en su libro Despedirse del electorado racional- que los comentaristas tracen una imagen positiva de un político. Es necesario verlo desplegar simpatía en diferentes

situaciones, para que esto se traduzca en una impresión general positiva.” Y en ese punto, el actual Primer Ministro sin duda llevaba las de ganar. Las personas que están entrenadas para ver televisión se dan cuenta de quién aparece como auténtico en situaciones transmitidas visualmente y quién no. En situaciones como el debate televisivo, Angela Merkel mostró fortaleza traduciendo una presencia altamente concentrada, en tanto que muchas de sus otras apariciones fueron poco felices, frecuentemente como producto de un inadecuado asesoramiento y acompañamiento mediático. En una de las producciones televisivas, por ejemplo, se vio obligada a pasear por su ciudad natal oficiando de guía de turistas y comprando una hamburguesa, una impresión no precisamente favorable; ni qué hablar de la aparición con soldados de la Bundeswehr en los Balcanes, en medio de una maraña de cámaras y fotógrafos en un cuarto. Lo que quedó fue la pregunta por los mosquitos… “Angela Merkel –tal el comentario de Dirk Kurbjuweit, del semanario Spiegel– simplemente no deja de ser torpe, ni siquiera en la campaña. Sigue haciendo las cosas como siempre, habla pesadamente, sonríe de costado y parece la eterna antítesis de la democracia medial”. Sus fortalezas no radican precisamente en sus salidas a escena –pero es allí donde se toman las fotos–.

Recuperación y foto finish Como ya casi se hizo costumbre en elecciones anteriores, el SPD comenzó a ganar terreno inmediatamente después de los debates. “Es obvio que la buena impresión que dejó Gerhard Schröder en el duelo televisivo le permitió al SPD recuperar parte de los electores socialdemócratas indecisos”, señaló el director de la consultora FORSA, Manfred. Claro que también otras consultoras como, por ejemplo, el Institut für Demoskopie Allensbach, hizo referencia a que el potencial de votos del SPD asciende aproximadamente a 35%, lo cual no estaba agotado para nada.

Al igual que en las elecciones parlamentarias de 2002, también es este caso los simpatizantes de la democracia cristiana estaban más motivados y, sobre todo, se lanzaron antes a la campaña,

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por lo que sobre el final de la misma, y debido al repunte del adversario, quedaron psicológicamente un poco a la defensiva.

Las encuestadoras sufrieron su propia debacle la noche de las elecciones cuando se puso de manifiesto cuán lejos estaban de haber acertado el resultado obtenido por la CDU/CSU y el FDP. En ese momento pareció algo curioso la pseudo-exactitud que había demostrado con pronósticos que calculaban los resultados hasta dos dígitos después de la coma. Manfred Bissinger, fundador del semanario Woche y ex viceeditor en jefe del semanario Stern, llegó a exigir la renuncia de los jefes de las consultoras: “Han entregado un trabajo tan deficitario, le han tomado a todo un país el pelo, incluso el viernes antes de las elecciones –porque nadie pretenderá decir que entre el viernes y el domingo las cosas pueden haber cambiado tanto…–. Los periodistas realmente estarían bien asesorados si en lo sucesivo volvieran a pensar en lugar de confiar en las encuestas. Esto fue una catástrofe”.

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Por otra parte, si consideramos que hasta poco antes de las elecciones, e incluso hasta el día de los comicios, 30% del electorado decía estar indeciso, cabe preguntarse quiénes son estas personas. ¿Qué los motiva, en definitiva? ¿Son particularmente influenciables por el esfuerzo final de una campaña? Al menos las consultoras su-

pieron decir que el desagrado del electorado aumentó en la fase final de la campaña. La consultora Allensbach estimó hacia fines de agosto que 44% de los alemanes no consideraba convincente a ningún partido. A 30% del electorado el desenlace de los comicios le daba “bastante igual”.

Señalaron estar convencidos de que después de las elecciones las cosas no cambiarían mucho. Un porcentaje superior al promedio eran germanoorientales y, sobre todo, simpatizantes del nuevo partido de izquierda. 38% de la población germano-oriental y 55% de los simpatizantes del partido de izquierda eran indiferentes al resultado de las elecciones. El desencanto con los partidos políticos se mantenía en un nivel inusitadamente alto.

Actualmente, 55% de la población señala estar disconforme con los partidos representados en el Parlamento. En igual período previo a las elecciones de 1998, los desconformes sumaban 38%; en 2002, 45%. Klaus-Peter Schöppner, de la consultora Emnit, corrobora lo dicho y señala que hasta 70% de la población cree que es indistinto qué partido gobierna Alemania. “La teoría política de los colores ha perdido vigencia”, señala el consultor. “El azar decide”. El análisis revela que, obviamente, las elecciones no se deciden sólo por azar, pero ningún partido podrá dar nada por sentado en el futuro.

Resumen Lo único cierto en un momento de incertidumbre total es que la campaña electoral 2005 va a dar qué hablar durante mucho tiempo más. Demasiadas son las preguntas que exigen una respuesta. ¿Cómo fue posible que la derrota del oficialismo terminara siendo relativamente moderada, considerando la situación inicial? ¿Cómo pudo pasar que la oposición en espacio de semanas pulverizara la ventaja segura que le otorgaban las encuestas? ¿Por qué no se puede ganar una elección en Alemania con la tan mentada honestidad? ¿Cuáles son al final del día los factores determinantes en la decisión de aquellos que se deciden recién camino a las urnas?

Pero también: ¿cuál es la influencia de aspectos directamente concernientes a la campaña sobre un resultado electoral?

Regulación de los partidos políticos en América Latina1 Daniel Zovatto

Origen, desarrollo y relevancia de los partidos políticos El origen y desarrollo de los partidos políticos está ligado al desarrollo de la democracia misma, sobre todo a la extensión del sufragio popular, a las prerrogativas parlamentarias y a la aceptación del pluralismo. De hecho, en 1850 ningún país del mundo (con excepción de Estados Unidos, Uruguay y Colombia) conocía los partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Hoy, siglo y medio después, funcionan en casi todo el mundo.

Hasta 1900, el nacimiento de los partidos estuvo ligado a los grupos parlamentarios, a los comités electorales y a la relación entre ambos.

Después de esta fecha, en cambio, estos cuerpos políticos fueron creados en su mayoría por organismos exteriores, llámese sociedades de pensamiento, clubes populares, periódicos, sindicatos, iglesias, etcétera.

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Específicamente, el término “partido político” comenzó a utilizarse por primera vez para sustituir de forma gradual el de “facción” junto con tres ideas centrales: 1) un partido no es forzosamente una facción; 2) un partido no es necesariamente algo malo; 3) los partidos pueden aportar al bien común. Sin embargo, la transición de la “facción” al “partido” fue lenta y tortuosa tanto en la esfera de las ideas como en la de los hechos.

El debate en torno a la diferenciación entre partido y facción se remota a 1730, cuando Voltaire, en su Enciclopedia, expresó que aunque “el término partido no es en sí mismo odioso, el término facción siempre lo es”. En este mismo sentido, adverso a los partidos, se expresaba el pensador inglés Bolingbroke, quien pese a haber sido el primer autor en escribir extensamente sobre ellos, estaba en su contra, ya que en su opinión el gobierno de éstos terminaba siempre en el gobierno de las facciones, debido a que

Tomado de Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C. Año XXIII - No. 4 - Diciembre, 2006.

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los partidos surgen de las pasiones y de los intereses y no de la razón y la equidad.

Pero sin duda fue Burke, otro pensador inglés, quien a finales del siglo XVIII (1770) por primera vez diferenció claramente el término “partido” del de “facción” y señaló que los partidos pueden tener un uso positivo. Según Burke (Sartori, 2000, pág. 26), los partidos superan a las facciones porque no sólo se basan en intereses sino también, y sobre todo, en principios comunes. Y en esta línea de pensamiento definió los partidos como: “Un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo”.

Pese a ello, durante el resto del siglo XVIII se siguió viendo a los partidos con sospecha. En efecto, ni la Revolución Francesa ni la americana fueron favorables a los partidos políticos. Rousseau, Montesquieu, Condorcet, Danton, Robespierre, así como Jefferson, Madison e incluso el propio Washington, los denostaron. Saint-Just llegó incluso a decir que “todo partido es criminal” y el mismísimo Washington cargó en contra de las facciones y de los partidos en su “Discurso de Adiós” en 1796 (Sartori, 2000, pág. 31), cuando dijo: “existe una opinión de que los partidos en los países libres constituyen controles útiles y sirven para mantener vivo el espíritu de la libertad. Es probable que así sea dentro de ciertos límites (…) Pero en los gobiernos puramente electivos es un espíritu que no se debe fomentar”.

Hubo que esperar la llegada del siglo XIX para que los partidos políticos fueran distinguidos con claridad de las facciones y, en consecuencia, aceptados como instrumentos legítimos y necesarios del gobierno libre. Para ello tuvieron que transcurrir casi 50 años después del “Discourse” de Burke, para que los partidos, tal como él los había definido, eliminaran a las facciones y llegaran a existir en el mundo de habla inglesa.

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Pero como bien apunta Sartori (200, pág.

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aceptados no porque Burke así lo dijese, sino al comprenderse que la diversidad y el disentimiento no son necesariamente incompatibles con el orden político ni perturbadores del mismo. Por ello, los partidos y el pluralismo son concomitantes. De un mundo monocromático se fue pasando poco a poco a un mundo plural, diverso y múltiple.

Finalmente, un último paso de gran importancia para el reconocimiento de los partidos se produjo en el siglo XX con el desarrollo de la sociología política, gracias a pensadores de la talla de Ostrogorski, Mosca, Weber, Michels, Duverger, Sartori, Kircheimer, Panebianco, Pasquino, etc., lo que dio origen a lo que Maurice Duverger denominó la “estasiología”, es decir, la ciencia de los partidos políticos.

Estamos, pues, ante un fenómeno nuevo que apenas tiene 150 años. Para decirlo en palabras de Sartori (2000, pág. 91): “Partido es un nombre nuevo de algo nuevo”, advirtiéndonos a la vez que en este último siglo y medio los partidos han actuado y se han desarrollado más como cuestión práctica que teórica.

La relevancia de los partidos políticos En nuestros días resulta imposible hablar de democracia sin referirnos a los partidos políticos, pues éstos se han constituidos en los principales articuladores y aglutinadores de los intereses de la sociedad. Desempeñan un papel fundamental en la función de la representación, la agregación y la canalización de los intereses de la ciudadanía, y si bien es innegable su importancia cada vez mayor para las funciones de gobierno, también lo es la crisis de legitimidad y credibilidad que atraviesan.

En efecto, después de haber sido “satanizados” desde sus orígenes –o relativizada su importancia–, los partidos fueron ocupando un lugar cada vez más central en los sistemas políticos modernos; tanto, que se ha hecho difícil imaginar cómo podría desarrollarse la política sin su presencia.

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Es por ello que en las últimas décadas se han venido hablando cada vez con mayo fuerza de la “democracia de partidos”. Como bien señalan Morodo y Murillo de la Cueva (2001, pág. 17): “La democracia representativa liberal queda, de esta manera, definida como democracia de partidos.

De considerar a los partidos como definidores negativos del ‘buen gobierno’, se pasa a la convicción, basada en la práctica, de que no hay democracia pluralista si no hay partidos políticos”.

En suma, para la mayoría de los estudiosos los partidos han llegado para quedarse como parte integral de la democracia. De ahí que regular su funcionamiento se haya convertido en un ejercicio imperativo en la dinámica política actual cuando se busca fortalecer la pluralidad, la representatividad y atender las demandas de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.

Empero, no todos son tan optimistas respecto del futuro de los partidos. Así, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso (2005) ha señalado recientemente: “Suele darse por sentado que los partidos son cruciales para la vida política moderna. Constituyen la base del sistema democrático representativo desde finales del siglo XIX. Sin embargo, sus perspectivas en las grandes democracias de hoy no son halagüeñas. Es más, es posible que esas poderosas máquinas políticas desaparezcan pronto (…)”. Y concluye: “Se encuentran en una coyuntura crítica: tienen que transformarse o se volverán irrelevantes.

Para sobrevivir, deben elaborar agendas flexibles que no dependan de las tradicionales divisiones ideológicas y de clase. Necesitarán volver a capturar la imaginación del público. Y tendrán que aceptar que otros también merecen un sitio en la mesa política”.

Características e importancia de la regulación jurídica Pero más allá de las tesis optimistas o pesimistas acerca del presente y futuro de los partidos políticos, lo cierto es que éstos han sido objeto de un intenso y profundo proceso de regulación jurídica en virtud de la cual, y sin perjuicio de las

diferencias nacionales, en toda la región se les reconoce como los protagonistas decisivos de la vida política contemporánea.

Un análisis de la evolución de este rico proceso de regulación jurídica muestra que en América Latina, la incorporación de los partidos al ordenamiento democrático y su constitucionalización se dieron paulatinamente. Las primeras constituciones sólo recogieron el derecho político de los ciudadanos de elegir y ser electos. Posteriormente, tuvo lugar un movimiento progresivo que legalizó la actividad partidaria, incluida su regulación constitucional.

Fue precisamente a partir de la legalización y constitucionalización de los partidos y de sus actividades que en América Latina se inició un frondoso proceso de regulación jurídica de estos institutos, que se intensificó a partir de la llegada de la tercera ola democrática, en 1978. El objetivo de este proceso regulador fue normar los aspectos básicos de su vida jurídica y su operación en el marco del sistema democrático.

Como resultado de esta evolución jurídica, los 18 países que actualmente integran la región han constitucionalizado los partidos políticos y han emitido normas dirigidas a regular su creación, funcionamiento y extinción.

Cabe destacar que la realidad y la cultura política de cada país, así como su tradición democrática, han influido en las características e intensidad de la regulación, todo lo cual ha generado una gran variedad y riqueza en cuento a las normas emitidas en esta materia.

Por otro lado, hay que tener presente que en el mundo en general, y en América Latina en particular, la regulación jurídica de los partidos es un tema de reciente aparición en el ámbito de los estudios jurídicos debido a múltiples razones teóricas, estructurales e incluso, de “rechazo profesional” de los constitucionalistas de antaño hacia la figura de los partidos. Esta aversión inicial de los juristas y los legisladores fue justamente una de las razones que propició que éste

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fuese un tema estudiando en principio sólo por la sociología política y más tarde, por la ciencia política. Como bien expresa Pedro de Vega (1977, pág. 21): “Constituyendo los partidos uno de los datos más sobresalientes de la vida política en toda Europa desde por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, lo cierto es que su existencia fue sistemáticamente ignorada por el derecho”.

Sobre el tema de la regulación jurídica hay posturas divergentes. Existen fundamentalmente dos grandes corrientes antagónicas. Una que considera que el derecho no debe regular en detalle la vida de los partidos, pues el tema rebasa el campo de lo jurídico. Para este sector de la doctrina, el legislador no debe entrar en los detalles y, por consiguiente, la legislación no debe extralimitarse, es decir, no debería ir más allá de asentar o señalar normas de carácter general que permitan a los partidos adquirir una estructura uniforme.

La otra corriente, contraria a la primera, sostiene que la legislación sobre los partidos debe rebasar lo meramente estructural y, por ende, entrar en la búsqueda de precisión y no limitarse a los aspectos meramente conceptuales. El argumento que valida esta posición es que técnicamente es más adecuado regularlos en el máximo nivel jurídico, como una garantía eficaz para el asentamiento y buen funcionamiento del sistema democrático.

Encontramos las mismas posiciones cuando se discute sobre la regulación constitucional de los partidos. Mientras la tesis maximalista aboga por la necesidad de una normativa detallada e integral en el ámbito constitucional, la tesis minimalista es, por el contrario, favorable a disposiciones generales que dejen a la legislación secundaria la tarea de regular los aspectos más específicos.

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Pero más allá de estas tesis y corrientes doctrinarias, en mi opinión existen otras dos cuestiones de relevancia vinculadas con la regulación de los partidos que trascienden la simple extensión de la legislación. La primera se refiere a los límites que el Estado debe observar con respecto a su

regulación jurídica, lo cuál plantea el reto de cómo racionalizar efectivamente esta parcela de la realidad política introduciendo en ella los parámetros del Estado de derecho pero respetando al mismo tiempo la libertad de actuación de los partidos. La segunda se refiere a la necesidad de que hay coherencia entre la ideología democrática que se sustenta en nuestras sociedades (ya plasmada en la Constitución) y la organización y funcionamiento de los partidos.

Constitucionalización de los partidos políticos en el mundo A partir del siglo XIX, pero sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, en numerosos países (sobre todo en Europa continental y en América Latina) tuvo lugar un intenso proceso de regulación jurídica y constitucionalización de los partidos, proceso que fue precedido por uno más lento y polémico, al que ya hemos hecho referencia, que fue el de la aceptación progresiva de su existencia y funcionamiento.

De acuerdo con Triepel (Andrea Sánchez, 2002, pág. 308), existen en este proceso cuatro fases: oposición, ignorancia, legalización e incorporación. La primera etapa se caracteriza, como ya analizamos, por una franca hostilidad hacia los partidos, que junto con otro tipo de agrupaciones como los sindicatos obreros son proscritos. La segunda se caracteriza por una posición de indiferencia hacia los partidos. En la tercera etapa, los partidos son regulados jurídicamente por medio de reglamentos de los congresos y también por leyes electorales, pero ambos casos sin ser mencionados de manera directa. Finalmente, la cuarta etapa corresponde a su plena incorporación constitucional.

En este proceso destacan varios textos fundamentales: la Constitución de Weimar (1919), que reconoció a los partidos políticos por la vía del sistema electoral. Posteriormente, la Constitución de Baden, de 1947, que en sus artículos 118 a 121 consagró el sistema de partidos en el nivel constitucional. Un año después, la Constitución italiana de 1948 estableció en su artículo 49 el

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derecho inherente a todos los ciudadanos a asociarse libremente en partidos para concurrir de manera democrática a determinar la política nacional. Por su parte, la Constitución alemana de 1949 consignó principios muy parecidos y llegó incluso a proscribir los partidos antidemocráticos.

Por último, en Francia, la Constitución de 1958 incluyó en su artículo 40 el reconocimiento de los partidos y su concurrencia a la expresión del sufragio. Se consignó así la libertad de formación y acción de los partidos, pero sujetándolos al respecto de los principios democráticos.

Sin embargo, y pese a su importancia, estas primeras incorporaciones constitucionales de los partidos fueron limitadas y se restringieron a establecer su existencia como actores electorales, a reconocer el derecho de asociación y, en algunos casos, a prohibir cierto tipo de partidos.

No fue sino hasta la década de 1970, en el marco de la tercera ola democrática, que arrancó en los países europeos del mediterráneo (Grecia, Portugal y España) cuando se amplió el concepto de constitucionalización de los partidos. Este proceso de inició con la Constitución griega de 1975, que dispone que su organización y actividad debe estar al servicio del libre funcionamiento del régimen democrático. Continuó con la Constitución portuguesa de 1976, cuyo texto dedicó 22 artículos de un total de 332 al tema de los partidos, y culminó con la Constitución española de 1978, que en su artículo 6 definió los partidos como expresión del pluralismo democrático e instrumentos fundamentales de la participación política. Después de estas leyes fundamentales, la fase de constitucionalización de los partidos se fue acelerando en otras regiones del mundo, de tal forma que es posible afirmar que en la actualidad un importante número de países reconoce a los partidos políticos en sus ordenamientos constitucionales.

Constitucionalización de los partidos políticos en América Latina Los partidos políticos en América Latina, presentes en varios países de la región desde los

albores de la Independencia, han venido evolucionando a lo largo de ya casi dos siglos de activa vida pública, siguiendo diferentes patrones y ajustándose al contexto político en que se han visto insertos.

En su proceso de constitucionalización, América Latina ha transitado por las mismas etapas que los estados europeos. García Laguardia (2003, pags. 256-257) habla de la existencia de tres fases: en la primera -similar a la de los clásicos liberales europeos y estadounidenses- se observó una rígida oposición al reconocimiento de la existencia de los partidos, basada en la desconfianza hacia los grupos intermedios entre el Estado y la ciudadanía. Después, con motivo de la ampliación de los derechos que recogieron las constituciones liberales de la segunda mitad del siglo XX, se inauguró la segunda fase, en la que se incorporó el derecho de asociación con fines políticos. Finalmente, durante la tercera etapa, se produjo la regulación legal y constitucional de los partidos.

Sin prejuicio de ello, un análisis comparado permite desagregar de manera más detallada estas tres etapas: 1. Durante la primera, que podríamos denominar de regulación temprana y que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la regulación jurídica se da más bien en el ámbito de las leyes electorales, con dos excepciones: Uruguay en 1934 y República Dominicana en 1942, los primeros países en “constitucionalizar” los partidos.

2. La segunda etapa se caracteriza por el proceso de incorporación o ingreso constitucional de los partidos políticos en América Latina. Abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1978, con la llegada de la tercera ola democrática a nuestra región. En esta fase se produce la incorporación constitucional en 12 países.

3. La tercera se inicia a partir de 1978. En ella se da un proceso muy rico de reformas constitucionales, promulgación de

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leyes electorales y, en algunos países, la adopción de leyes de partidos, que tienen como consecuencia una regulación más detallada de estas instituciones. En este período, se produce la incorporación constitucional de los partidos en cuatro países y la adopción de leyes específicas sobre partidos políticos en otros seis.

Este proceso evolucionó, obviamente, con diversa magnitud y ritmos en los diferentes países de la región. En algunos se empezó con alusiones breves, mientras que en otros fue motivo de un tratamiento más detallado, pero en ambos casos estas agrupaciones adquirieron rango constitucional. Se trata, pues, de una evolución progresiva que reconoce la importancia de la presencia de los partidos en la vida de los estados y, como onda expansiva, éstos se van haciendo presentes cada vez en mayor número y con mayor detalle en las constituciones.

Cabe destacar que la mayoría de los países latinoamericanos ya había constitucionalizado los partidos antes de la tercera ola, con excepción de cuatro casos: Perú y Nicaragua (1979), Colombia (1991) y Argentina (1994). Como ya se indicó, el primer país en regular los partidos políticos en el ámbito constitucional fue Uruguay en 1934; seis lo hicieron en la década de 1940 (República Dominicana, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Panamá); dos en la década de 1950 (El Salvador y Honduras); tres en la década de 1960 (Bolivia, Paraguay y Venezuela); y dos en la de 1970, antes de 1978 (Chile y México).

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Sin embargo, con la llegada de la tercera ola, la regulación jurídica de los partidos cobró nuevo impulso y se volvió más detallada. En efecto, el reconocimiento jurídico de los partidos se aceleró a partir de 1978, cuando se inició el proceso de abandono de regímenes autoritarios y la transición hacia la democracia. La mayor parte de estas transiciones tuvo como punto de partida la celebración de las llamadas

“elecciones de apertura”, que en general fueron catalogadas como libres y limpias, pero que también pusieron en evidencia la necesidad de realizar profundos cambios institucionales y políticos dirigidos a superar la exclusión política que imperaba hasta ese momento.

Estas necesidades generadas por la transición dieron origen a una serie de reformas constitucionales que pretendieron abrir la competencia partidista, ampliar la participación y asegurar el pluralismo y la representación. Así, la constitucionalización de los partidos en la región cobró nuevos alientos hasta consolidarse en los países donde ya se había iniciado y regularizase en aquellos otros donde aún no se había avanzado hacia ese estadio de la regulación, y ello tanto en el nivel constitucional como en el de leyes electorales y, en ciertos países, en leyes de partidos.

Como resultado de este proceso, la totalidad de las constituciones políticas latinoamericanas regulan actualmente la actividad de los partidos.

Si bien algunas constituciones no los mencionan específicamente, sí hacen referencia a su formación y funcionamiento, como la Constitución de Guatemala. De manera similar, en Venezuela existe un reconocimiento constitucional implícito de los partidos al establecer el derecho de asociación con fines políticos.

Es importante indicar, asimismo, que las constituciones políticas aplican procedimientos disímiles para tratar el tema de los partidos. Con frecuencia, las disposiciones sobre los partidos se hallan a lo largo de varios capítulos, por ejemplo: cuando se habla de los derechos fundamentales, de los derechos políticos, del sufragio, del proceso electoral, del órgano encargado del control, de la organización y vigilancia de los partidos y de las elecciones, de los órganos de gobierno, entre otros. Por el contrario, es poco frecuente que los textos concentren en un capítulo especial lo relativo a los partidos, como sí lo hacen las constituciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Honduras.

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Diferencia entre leyes electorales y leyes de partidos políticos En materia electoral, durante las últimas dos décadas y media se ha venido haciendo una distinción en cuanto al contenido de las leyes electorales o códigos electorales por una parte y, por la otra, de las leyes de partidos políticos.

Originalmente, las legislaciones denominaban indistintamente “ley electoral” o “código electoral” al conjunto de normas destinadas a regular tanto la constitución, organización, funcionamiento y disolución o cancelación de un partido como las reglas relativas al proceso electoral: el carácter de elector, el proceso de empadronamiento, las circunscripciones electorales, el proceso de votación y de escrutinio, entre otros. Sin embargo, el proceso regulador ha evolucionado hacia una especialización de las normas, lo que generó, por un lado, legislación específica sobre el tema electoral y, por otro, la que abarca la temática concreta de los partidos. Esto ha significado que en muchos países existan dos cuerpos normativos especializados: uno para regular el sistema y el proceso electoral (código o ley electoral) y otro para regular la vida y el funcionamiento de los partidos políticos (ley de partido).

A ambos cuerpos normativos se suman, en algunos países, normas complementarias que buscan regular con más detalle aspectos específicos del proceso electoral o bien, del funcionamiento de los partidos, tales como leyes de control de gasto en campañas, sobre el uso de los medios de comunicación, sobre el tratamiento de la perspectiva de género o sobre el control de los aportes del Estado, entre otras.

En América Latina, si bien todos los países cuentan actualmente con un código o ley electoral, no todos tienen una ley de partidos políticos.

Sólo en ocho países la legislación contempla la existencia de ambos cuerpos normativos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por su parte, en Guatemala existe un solo texto legal, denominado Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, cabe

indicar que, con excepción de Venezuela, cuya ley data de 1965, y del caso de Ecuador, cuya norma se estableció en 1978, la totalidad de la legislación destinada a regular específicamente los partidos fue sancionada, en el resto de los países, después de 1985. Importa destacar, asimismo, que en los países donde no se han promulgado leyes específicas sobre partidos, las regulaciones sobre estas instituciones se encuentran contenidas en la legislación electoral.

En suma, la evolución de la legislación demuestra que la importancia de la regulación jurídica de los partidos políticos ha ido en aumento y que esa relevancia ha demandado un tratamiento más detallado y exhaustivo de los temas que les afectan, todo lo cual ha generado la promulgación de leyes más especializadas.

Principales áreas temáticas Sin perjuicio de la diversidad e intensidad existente en la legislación latinoamericana sobre los partidos, se puede afirmar que los temas que con mayor frecuencia se han regulado en la región sobre esta materia son los que se refieren a: 1) los requisitos para su formación; 2) la naturaleza jurídica y sus funciones; 3) los poderes u órganos del Estado que intervienen en su actividad; 4) su estructura interna; 5) los mecanismos de democracia interna; 6) los sistemas de financiamiento, incluido el acceso de los partidos a los medios de comunicación; 7) los mecanismos de discriminación positiva, en particular la utilización de cuotas de género; 8) los requisitos para la formación de coaliciones y alianzas; y 9) las condiciones para su extinción y caducidad. Más recientemente, en algunos países se ha regulado el tema de las candidaturas independientes y el del transfuguismo político.

Un rápido repaso de algunos de los principales temas regulados en América Latina demuestra lo siguiente: 1. Concepto y naturaleza jurídica. En cuanto al concepto o definición de los partidos, así como en lo que se refiere a su naturaleza jurídica, no hay una corriente dominante en el constituciona-

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lismo latinoamericano. Nueve países los conciben como instituciones de derecho público: Argentina (por jurisprudencia), Bolivia, Costa Rica (por jurisprudencia), Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay (por doctrina); cinco, como asociaciones voluntarias con personalidad jurídica (Chile, Colombia, El Salvador, Panamá y República Dominicana); y cuatro, como personas jurídicas de derecho privado (Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela).

2. Funciones de los partidos. Al definir los partidos políticos, muchos textos constitucionales señalan algunas de las funciones que se les atribuyen, funciones que por lo general se amplían en la respectiva Ley Electoral o de partidos. Sin perjuicio de las diferentes clasificaciones realizadas, en general la regulación latinoamericana otorga a los partidos las siguientes funciones: a) representación; b) participación, c) competencia por cargos públicos; d) formulación de políticas; e) formación y socialización; y f) vigilancia del proceso electoral.

3. Formación de partidos. En la actualidad, en América Latina existe amplia libertad para la constitución y el funcionamiento de los partidos. Todos los textos legales, de una u otra forma, señalan el derecho que tienen los ciudadanos para reunirse y constituir partidos.

Todos los textos legales, de una u otra forma, señalan el derecho que tienen los ciudadanos para reunirse y constituir partidos políticos.

Solamente Brasil no indica en forma expresa esa libertad de asociación que, indudablemente, se da en la práctica. Asimismo, la mayoría de las legislaciones establece una serie de controles y condiciones, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, para la formación de los partidos, pero no con la intencionalidad de obtener su control ideológico como sucedió en el pasado, sino con el fin de que estos institutos sean compatibles con la dinámica política de los estados democráticos.

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4. Democracia interna. En los últimos años, el tema de la democracia interna de los partidos

ha cobrado mayor relevancia en América Latina.

Con la premisa de que los partidos y los estados deben buscar mecanismos que contribuyan a mejorar el funcionamiento del Estado democrático y representativo, la legislación y la práctica política en la región ha venido incorporado mecanismos de democracia en la vida interna de los partidos. En general, este tema se asocia a aspectos tales como los mecanismos de selección de candidatos, la protección de los derechos de los afiliados, la participación de los militantes en la formulación de la voluntad partidista, la elección de autoridades y la distribución del poder dentro de la organización, entre otros.

En ese sentido, como bien indica Navarro Méndez, el concepto de democracia interna en los partidos no puede ser absoluto ni puede lograrse una definición universal válida para todo momento y todo lugar (Navarro Méndez, 1999, pág. 527). Sin embargo, está claro que cuando se habla de democracia interna se hace referencia a quién ejerce el poder dentro del partido, a cómo se tuvo acceso a ese poder y a la forma en que éste se ejerce ante sus afiliados. En pocas palabras, se refiere fundamentalmente a cuáles son las reglas de juego dentro del partido político.

Esto genera un reto para todo el ordenamiento, sea constitucional o legal: lograr un equilibrio o armonización entre dos principios o valores fundamentales aparentemente contrapuestos: 1) el derecho de los afiliados a participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria y 2) el derecho de los partidos a la libre autoorganización, en cuyo respeto se debe preservar la existencia de un ámbito libre de interferencias de los órganos del poder público en su organización y funcionamiento interno. Ahora bien, habrá de entenderse que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de asociación, en el caso de los partidos ese derecho de auto-organización tienen un límite, determinado por el derecho de los propios afiliados a participar democráticamente en su organización y funcionamiento.

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En América latina, durante la década de 1990 (sobre todo en su segunda mitad), numerosos partidos latinoamericanos empezaron a reformar sus prácticas internas con el propósito de generar mayores niveles de transparencia y participación.

De igual forma, muchos estados buscaron someter a los partidos a exigencias legales en esta materia, previendo una serie de mecanismos dirigidos a garantizar que el funcionamiento de los partidos responda a la imagen que de ellos tuvieron las constituciones al incorporarlos en sus textos.

En efecto, una mirada al período 1978-2005 permite identificar una clara tendencia, en un número considerable de países de la región, en favor de mayores niveles de transparencia, apertura y democratización interna, tanto en materia de la elección de los candidatos a cargos de elección popular como de las autoridades partidarias, si bien esto último en menor grado. Actualmente, en trece países de la región se han incorporado regulaciones en materia de la democracia interna para la selección de candidatos, y ocho lo han hecho en materia de selección de autoridades internas.

Un balance de la incorporación de prácticas de democracia interna en los partidos de la región arroja resultados mixtos. Entre los efectos positivos debe destacarse que la introducción de elecciones internas competitivas en los partidos ha refrescado sus tradicionales estructuras oligárquicas, ha disminuido el grado de centralización del proceso de elección de candidatos y ha facilitado la inclusión de otros actores en la toma de decisiones internas. Al respeto, Freidenberg señala que, si bien es cierto que sigue habiendo mecanismos, procedimientos y reglas no escritas que condicionan la selección de los candidatos y la definición de las autoridades, no puede negarse que la realización de elecciones internas ha sido una medida positiva que ha enfrentado directamente a la selección informal y discrecional de los candidatos. Los efectos negativos de esta apertura en la vida de los partidos se manifiestan sobre todo en términos de cohesión y armonía internas. Ciertamente, la

adopción de prácticas democráticas en su interior ha significado, en muchos casos, el surgimiento de confrontaciones entre las diferentes facciones partidarias, la fragmentación del partido e incluso su división. Además, y en relación con los resultados electorales, Colomer ha indicado que la inclusión de las elecciones internas no necesariamente ha aportado un éxito electoral a los partidos latinoamericanos, ya que en algunos casos los candidatos seleccionados sobre la base de elecciones primarias tienden a ser relativamente poco populares o perdedores en las elecciones presidenciales correspondientes (Colomer, 2002, pág. 119).

En mi opinión, y sin querer con ello desconocer el importante progreso registrado hasta la fecha en cuanto a la prácticas de democracia interna en los partidos, lo cierto es que la rica casuística de las diversas experiencias nacionales y el corto tiempo transcurrido no permiten extraer conclusiones definitivas acerca de los efectos positivos y negativos que este proceso ha tenido en pro del fortalecimiento de los partidos ni en la relación con la representación política y la gobernabilidad democrática.

5. Financiamiento de los partidos políticos. Por su creciente importancia, este tema ha venido ubicándose progresivamente en el centro de la agenda política latinoamericana, como parte de las reformas electorales de segunda generación.

Después de estar prácticamente ausente de la agenda política regional, recibe cada vez mayor atención, no sólo en el nivel nacional, donde se registra un intenso proceso de reformas aunque con diferencias significativas entre los diversos países, sino también en el nivel internacional.

Asimismo, este tema está estrechamente relacionado con el desencanto democrático de nuestros días. Los escándalos continuos de corrupción, por una parte, y de narco-financiamiento, por la otra, no hacen otra cosa que profundizar el sentimiento de repudio que grandes sectores de la ciudadanía sienten actualmente respecto de la política y de los políticos, que ge-

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neran incluso en algunos países condiciones que afectan la estabilidad y gobernabilidad. El desconocimiento público que caracteriza actualmente el funcionamiento de los partidos en general, y específicamente su comportamiento financiero, rodea de sospecha la actividad partidaria y el proceso democrático. Dicha sospecha proviene no sólo de los escándalos de corrupción revelados y comprobados, sino también de la “apariencia de corrupción” originada por la falta de transparencia respecto de la totalidad de los fondos adquiridos y utilizados, así como por las acusaciones entre los mismos partidos y candidatos, mediante las cuales se atribuyen unos y otros el manejo u origen dudoso de sus fondos.

País tras país, encuesta tras encuesta, constatamos la pobre imagen que la ciudadanía tiene de los partidos y de sus dirigentes, a quienes perciben como corruptos, faltos de transparencia, persiguiendo únicamente sus propios intereses e incumpliendo, en la mayoría de los casos, las promesas hechas durante la campaña electoral.1 Lo anterior trae aparejadas varias consecuencias negativas para la legitimidad del sistema democrático. En primer lugar, la pérdida progresiva del prestigio de la política, que pasa a estar “bajo sospecha”, aunada a un incremento marcado de la antipolítica y la consecuente aparición de outsiders (Zovatto, 1996, pág. 15).2 En segundo término, un pronunciado desinterés por la política, en especial de los jóvenes, lo cual se traduce, entre otras consecuencias, en un aumento de los votos en blanco y votos nulos y una disminución en la identificación y afiliación partidaria, así como en un incremento del abstencionismo (Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Argentina y Costa Rica, para citar algunos de los casos más recientes). Finalmente, un ensanchamiento de la brecha entre los ciudadanos y la política, así como el incremento del cinismo de cara a ésta, todo lo cual International IDEA: Democracy Forum. Véase el resumen de las conferencias de Lagos, M., y Zovatto, D. (1996): “The State of Democracy in Latin America”, Estocolmo, cap.

5, págs. 39-43. Véase también los resultados de Latinobarómetro de los años 1995, 1996 y 1997. Corporación Latinobarómetros, Asociación Latinoamericana de estudios de opinión pública, Santiago, Chile.

2 Zovatto, D. (3 de abril de 1996). Véanse asimismo los artículos de Perelli, C., y Zovatto, D., y de Perelli, C., págs. XIX-XXI y 163-204.

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repercute en una pérdida progresiva de la confianza respecto de las principales instituciones de la democracia representativa, fenómeno que de no ser corregido a tiempo, tarde o temprano puede llegar a afectar la legitimidad misma de la democracia como sistema.

Un análisis comparativo sobre la legislación electoral respecto de 10 variables en América Latina permite llegar a las siguientes conclusiones: 1. En relación con el tipo de sistema de financiamiento, predomina en toda la región (94% de los países), con excepción de Venezuela, el financiamiento mixto, en el que los partidos reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales o para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. De igual forma, en lo que se refiere específicamente al financiamiento público, 94% de los países cuenta con subvenciones directas (en dinero o bonos) o indirectas (servicios, beneficios tributarios, accesos a los medios de comunicación, capacitación, etcétera).

2. Actividades objeto de financiamiento público. En esta categoría se encuentran los gastos operativos de los partidos, los gastos de campaña y una combinación de ambos. Diez países latinoamericanos proporcionan financiación pública directa para el funcionamiento de los partidos y para las campañas electorales, en tanto otros seis financian únicamente las campañas. Durante los últimos dos años, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú, se ha asignado un porcentaje de financiamiento público para cubrir actividades de capacitación e investigación en los partidos políticos.

3. Barreras legales. En 71% de los países de la región donde las leyes regulan el financiamiento público directo existe algún tipo de requisito para determinar la elegibilidad para recibir financiamiento. Éstas refieren, específicamente, a que los elegibles para el subsidio mencionado obtengan un por-

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centaje mínimo de votos o que cuenten con representación parlamentaria.

Criterios para la asignación de fondos.

Los métodos de distribución del financiamiento público directo en la región son fundamentalmente de tres tipos: proporcional a la fuerza electoral (53%); un método combinado en el que una parte se distribuye equitativamente entre todos los partidos y la otra, de acuerdo con la fuerza electoral (41%); y un tercer método, en el que una parte se distribuye proporcional a la fuerza electoral y otra, de acuerdo con la representación parlamentaria (6%).

Prohibición de contribuciones provenientes de ciertas fuentes. La mayor parte de los países establece restricciones en cuanto al origen de las contribuciones privadas, en las que predominan las prohibiciones de donaciones de gobiernos, instituciones o individuos extranjeros (72%), de contratistas del Estado (50%) y de fuentes anónimas (50%). La prohibición de donaciones por parte de determinadas organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones, grupos de intereses especiales, grupos religiosos, etc. son menos comunes.

Límites o “techos” a las contribuciones privadas. En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú se establecieron techos o límites en los montos máximos de los partidos pueden recibir en concepto de contribuciones privadas, en especial de particulares y, en menor medida, las contribuciones provenientes de organismos públicos o privados.

Calendario de desembolsos. En cuanto al desembolso del financiamiento público, si bien no existe un patrón homogéneo, prevalece el sistema que divide el desembolso en un monto anterior y otro posterior a los comicios (59% de los países), seguido por el mecanismo de reembolso que se realiza después de las elecciones (24% de los países) y, en tercer lugar, el que se en-

trega antes de las elecciones, que se da en un solo país, Argentina. En la actualidad son muy pocos los países que proporcionan facilidades de financiamiento público, y en condiciones diferentes, a agrupaciones que participan en el proceso electoral por primera vez (Argentina, Colombia, Chile, Honduras, México y Panamá).

8. Acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. En América Latina, la mayoría de los países (76%) confiere a los partidos espacios gratuitos a los medios de comunicación electrónicos, sobre todo en la televisión pública.

Por otro lado, se observa en la región la intención de otorgar este tipo de financiamiento indirecto exclusivamente para fines de propaganda electoral, donde son Brasil, Colombia, México, Panamá y Perú los únicos países donde la legislación electoral especifica que el acceso de los partidos a los medios de comunicación es de carácter permanente. No obstante la existencia de beneficios estatales en este sentido, en la mayoría de los países queda aún mucho por avanzar en relación con la regulación referida al acceso a los medios, particularmente en razón de que los efectos alcanzados sobre la equidad en la contienda y sobre el control de los gastos electorales no parecen haber sido significativos.

En cuanto al acceso de los partidos a la prensa escrita, en la mayoría de los países éste es amplio, si bien en algunos casos existen límites, como en Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

9. Aplicación de la ley y órganos de control.

En casi todos los países, con excepción de Uruguay, la legislación electoral especifica la existencia de un organismo responsable de vigilar o supervisar el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, y en la mayor parte de ellos esas funciones recaen sobre el organismo electoral, en algunos casos acompañado del órgano contralor del Estado.

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10. Mecanismos de sanción. Finalmente, la mayoría de los países prevé un régimen de sanciones dirigido a castigar la inobservancia de la legislación sobre el financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Entre éstas prevalecen, por un lado, las penas pecuniarias (83%) y, por el otro (aunque en menor medida), las sanciones administrativas o de otra índole (50 %), que conllevan la eliminación del registro partidario o bien la reducción o suspensión de los fondos estatales para los partidos que han violado la ley. Por su parte, 39 % de los países contempla sanciones penales para candidatos y 33% para donantes.

Sin embargo, pese a los avances registrados en materia de regulación del financiamiento político, en América Latina aún existe una gran distancia entre la retórica y la práctica. Estos adelantos en materia normativa han ido acompañados de un bajo cumplimiento de las leyes, un reducido nivel de transparencia, órganos de control débiles y un régimen de sanciones poco eficaz, todo ello con serios efectos en la credibilidad y legitimidad de los partidos ante la ciudadanía.

6. Normas sobre enfoque de género y otros grupos. Otra de las cuestiones de gran importancia que afectan actualmente la regulación jurídica de los partidos en la región es la de la participación de las mujeres en la organización y la estructura interna de dichas agrupaciones, así como en la selección de los candidatos a puestos de elección popular. En efecto, ante la proliferación de instrumentos internacionales que no sólo tienden a favorecer la incorporación de la mujer en todas las esferas de la vida de un país sino también a subrayar la importancia de su inclusión en la dinámica política de los países, los estados latinoamericanos han empezado a legislar en ese sentido.

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Aunque la evolución se ha dado con lentitud, ha habido avances, principalmente a partir de la

década de 1990, en que el principal logro en las diversas legislaciones fue el establecimiento de cuotas de participación de las mujeres, ya sea en las asambleas de los partidos, en los cargos de autoridad o en el nombramiento de candidatos a cargos de elección popular.

Un recuento de la situación actual muestra un panorama con avances significativos, pero también con importantes tareas aún pendientes. En relación con las candidaturas a cargos de elección popular, un total de 11 países ha regulado la inclusión de cuotas de participación femenina en sus listas de candidatos, a saber: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Por el contrario, en lo que refiere a las cuotas de participación en las asambleas partidarias, de los 18 países de la región, sólo seis tienen disposiciones dirigidas a la inclusión de la mujer.

Pero si en relación con la perspectiva de género la incorporación de normas incluyentes en la legislación latinoamericana ha sido lenta y presenta aún importantes carencias, el vacío es prácticamente total con respecto a otros sectores de la población tradicionalmente subrepresentados. Así, por ejemplo, resulta sorprendente que en una región como la latinoamericana, con un alto grado de presencia de etnias aborígenes, haya una ausencia casi total de normas referidas a la inclusión política de grupos étnicos. Sólo seis países latinoamericanos han regulado sobre la participación política de las etnias: Bolivia, Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

Y en cuanto a las legislaciones especiales dirigidas a la juventud, el análisis comparado de la legislación nacional muestra que en la gran mayoría de los países latinoamericanos se pasa por alto el tratamiento de esta temática, lo que causa que las políticas con respecto a ese sector queden generalmente dispuestas en los estatutos de los partidos.

7. Candidaturas independientes. La historia reciente de América Latina muestra que la legisla-

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ción ha avanzado hacia la incorporación de otras formas de participación política fuera de los partidos. Entre ellas se cuentan movimientos políticos, agrupaciones y candidatos independientes.

Claramente, la aparición de estas nuevas instancias de representación ha tenido sus efectos en la vida jurídica de los estados y de los partidos, y las legislaciones también han debido adaptarse para regular su participación en la vida política.

En América Latina, en el nivel presidencial, ocho países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela) regulan las candidaturas independientes. Asimismo, 10 países de la región mantienen el monopolio de la representación política en los partidos, si bien en algunos casos éste se da solamente en el nivel de candidaturas presidenciales y de diputados. Estos países son: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

Cabe señalar, empero, que este tema es objeto de un amplio debate. Ello es así porque la hegemonía de los partidos políticos está siendo socavada por la presencia cada vez mayor de las candidaturas independientes, que la mayoría de las veces carecen de la estructura necesaria para articular y poner en práctica un buen programa de gobierno.

Los defensores de las candidaturas independientes señalan que cercenar a los individuos su derecho a participar en la gestación y dirección de la política estatal puede estar reñido con la igualdad de oportunidades garantizada en las constituciones. Por su parte, los opositores a las candidaturas independientes piensan que éstas debilitan el sistema de partidos y que, cuando llegan al poder, no tienen el amarre necesario para asegurar la gobernabilidad.

Sean cuales fueren los argumentos de aceptación o rechazo hacia formas de participación diferentes a los partidos, la realidad latinoamericana

muestra, como hemos visto, que en muchos países de la región se despojó a los partidos del monopolio de la representación política que habían mantenido durante varias décadas. De igual manera, la experiencia demuestra que estas nuevas formas de representación política cuentan en ciertos países con la aceptación de grandes sectores de la ciudadanía, por lo que, necesariamente, se han promulgado normas con el fin de regular los términos de la competencia política para que sean incorporadas a la vida jurídica del Estado.

8. Transfuguismo político. Uno de los problemas que afectan a los partidos y los principios de representación y gobernabilidad del sistema democrático es el “transfuguismo”, entendido éste como “aquella forma de comportamiento en la que un individuo, caracterizado como representante popular democráticamente elegido, abandona la formación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otra” (Reniu i Vilamala). Se trata de una conducta que, para algunos, atenta contra la voluntad popular y constituye incluso un ejemplo de corrupción personal. Sin embargo, hay quienes opinan que no es un problema tan grave, ya que en todos los países la naturaleza del juego democrático implica cambios de orientación en coyunturas específicas.

El transfuguismo, fenómeno que viene cobrando una importancia creciente en América Latina en los últimos años, ha sido objeto de amplios debates por sus efectos en la representación política. En el centro de la discusión se encuentra el tema de la titularidad personal del escaño. Para algunos juristas, la titularidad de un cargo público representativo constituye una habilitación normativa para la expresión de la representatividad conferida por los electores, con lo que los representantes no son los dueños de esa representatividad sino, más bien, un instrumento al servicio de su realización. En virtud de ello, la pretensión de asegurar al máximo la fidelidad partidaria es una exigencia consustancial al sistema representativo democrático (Presno, 1998).

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En suma, quienes se oponen al transfuguismo señalan que este comportamiento ocasiona una modificación en la legitimidad otorgada por los electores. En sentido contrario, otra interpretación jurídica ha señalado que un individuo, una vez electo, es dueño de su escaño y, por consiguiente, puede marcharse libremente a otro partido diferente del que lo presentó a las elecciones, sin que ello signifique un falseamiento del proceso de expresión real de la voluntad popular. Éste ha sido el caso de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional de España.

Así, esta interpretación provee de cobertura jurídica al transfuguismo, por lo que este comportamiento aparece como jurídicamente inatacable. Sin embargo, comporta una connotación moral negativa. Desde el punto de vista político, independientemente de su justificación jurídica, se ha señalado que en la práctica, el comportamiento del tránsfuga debilita el sistema de partidos, favorece la inestabilidad política partidaria, afecta la credibilidad no sólo del tránsfuga en cuestión sino del conjunto de la clase política, deteriora la cultura democrática y distorsiona efectivamente la representatividad surgida de las elecciones. En ese sentido, el especialista español Josep María Reniu i Vilamala ha señalado que del transfuguismo se desprenden algunas consecuencias: • conlleva un falseamiento de la representación (…) constituye una especie de estafa política al ciudadano que ve modificada la expresión de su voluntad política; • supone el debilitamiento del sistema de partidos, puesto que la correlación de fuerzas resultantes de las elecciones sufre modificaciones que afectan a los demás elementos del sistema, y • posibilita la generalización de la corrupción (…) y favorece a su vez el proceso de debilitamiento de la elite política ante la ciudadanía.

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Los efectos del transfuguismo han generado acciones de los partidos para tratar de evitar

este tipo de prácticas políticas. En América Latina, países como Argentina, Brasil, México y Perú, entre otros, han experimentado en los últimos años casos de transfuguismo, si bien en grados diversos en los diferentes países, lo que ha generado preocupación y la propuesta de iniciativas para atacar este fenómeno.

Un análisis de la legislación latinoamericana muestra que ésta en general es omisa en el tratamiento de este tema y, en algunos casos, más bien separa de los partidos políticos (por una ficción jurídica) a los electos o diputados al darles carácter nacional, como sucede en Chile y Costa Rica. Los únicos países que regulan expresamente el tema de los tránsfugas en su legislación nacional son Bolivia y Ecuador, en donde se han previsto sanciones.

Conclusiones Lo hasta aquí analizado en materia de la regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina arroja 10 conclusiones principales: 1. En nuestros días, la totalidad de los países latinoamericanos regula el funcionamiento de los partidos, si bien existen diferencias de importancia entre los 18 países de la región. En los últimos años se han logrado avances importantes, al regularse prácticamente todos los aspectos principales de la vida jurídica de estas organizaciones. Consecuencia de ello, hoy día los partidos tienen rango constitucional en los 18 países y, a nivel de legislación secundaria, todos cuentan con una ley o un código electoral que norma su funcionamiento. Asimismo, en 50% de estos países, además de la ley electoral, se han promulgado leyes especiales sobre partidos.

2. Este proceso de regulación jurídica y constitucionalización de los partidos en América Latina se dio, al igual que en el resto del mundo, de manera gradual. Las primeras constituciones sólo recogieron el derecho político de elegir y ser electo para los ciudadanos. Posteriormente, en

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el siglo XIX, pero sobre todo en el XX, tuvo lugar un movimiento continuado que legalizó la actividad partidaria, incluida su regulación constitucional. A partir de ese momento, se inició en la región un frondoso proceso de regulación de los partidos, que se intensificó a partir de la llegada de la tercera ola democrática en 1978.

3. Esta evolución entraña, sin embargo, una paradoja: si bien el inicio de la tercera ola vino acompañado de un resurgir de los partidos y de un incremento de la regulación y la consolidación del proceso de su constitucionalización, su legitimidad y credibilidad fue decreciendo. En efecto, la pérdida del monopolio y de la legitimidad de los partidos ha coincidido con el aumento de su regulación y, en algunos países, con una clara intervención del Estado en su vida interna.

4. No obstante los avances registrados hasta la fecha, aún quedan aspectos por mejorar y vacíos que llenar. Es fácil observar que mientras ciertos temas se han tratado adecuadamente –financiamiento, órganos de control–, otros, en cambio, cuentan con una regulación escasa o carecen de ella –estructura interna de los partidos, candidaturas independientes, participación de pueblos indígenas y sectores juveniles, afiliación a organizaciones internacionales, transfuguismo, entre otros asuntos–. De igual forma, cabe señalar que en algunos países latinoamericanos la legislación no es suficientemente clara o exhaustiva en ciertas áreas y, por lo tanto, puede resultar ambigua y prestarse a diversas interpretaciones cuando se intenta hacer un análisis más pormenorizado.

5. La regulación jurídica de los partidos es un tema complejo y en continua evolución, cuyo perfeccionamiento se alcanza por aproximaciones sucesivas más que por amplias y ambiciosas iniciativas de reforma. Se trata de un asunto fundamental

para el ordenamiento de los partidos, su funcionamiento y, por ende, para la calidad y buena marcha de la democracia.

6. Es fundamental, también, contar con órganos de control autónomos, eficientes e imparciales que garanticen el efectivo ejercicio de la democracia y contribuyan a la modernización, democratización e institucionalización de los partidos.

7. La regulación de los partidos debe ser vista como parte integral de la reforma político-electoral en su conjunto, debido a la estrecha relación e interdependencia que esta materia tiene con el sistema electoral y con el régimen de gobierno.

8. Esto quiere decir a la vez, que toda reforma de la regulación jurídica de partidos no debe hacerse de manera general, sino en función de un país, un momento y una situación determinada (institucionalismo contextualizado).

9. El objetivo principal de toda regulación jurídica de los partidos (sin perjuicio de los específicos que puedan existir para cada país determinado) debe ser el mejoramiento de la representación, la gobernabilidad y el fortalecimiento del régimen democrático, todo lo cual supone, como requisito sine qua non, la existencia de un sistema de de partidos debidamente institucionalizado.

10. Una nueva normativa jurídica sobre partidos políticos no es una bala de plata, pero sin lugar a dudas es de gran ayuda (y viceversa, su ausencia complica). Sin embargo, hay que poner énfasis en la importancia de que exista plena coincidencia entre las normas y las buenas prácticas (vigencia real y no meramente formal); y en este tema, las élites políticas tienen una cuota de responsabilidad muy importante.

Reflexión final sobre los partidos políticos En la actualidad constatamos la existencia de un intenso y profuso debate en torno a los partidos.

La doctrina no es pacífica sobre esta cuestión.

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Hay opiniones para todos los gustos. Desde los optimistas que consideran que es posible –mediante reingeniería política, reformas jurídicas y cambios en el comportamiento de las elites– mejorar su desempeño y fortalecer sus niveles de legitimidad, hasta los escépticos.

Pero más allá de ser optimista o escépticos en relación con el cambio de los partidos políticos, lo cierto es que la experiencia comparada de América Latina demuestra que para lograr la consolidación de la democracia, el crecimiento económico y el desarrollo, importa, y mucho, la calidad de las instituciones y de la política. No es posible tener instituciones y política de mejor calidad si no fortalecemos, democratizamos, profesionalizamos e institucionalizamos los partidos. En este proceso, los marcos jurídicos son determinantes si su existencia va aparejada de un efectivo régimen de control de cumplimiento de las normas.

En mi opinión, y siguiendo en este punto a Lipset, nada contribuye tanto a la credibilidad y a la consolidación de la democracia como el prestigio y la institucionalización de un sistema de partidos; y a la inversa, nada erosiona más la vida democrática como el desprestigio y la parálisis de los partidos y su incapacidad para ofrecer respuestas eficaces a las demandas de la ciudadanía.

En otras palabras, pero con la misma idea: si la clave del buen gobierno y la estabilidad de la democracia descansa fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en un sistema sólido, estable y bien estructurado de partidos, es imperativo buscar una salida a la crisis actual de los partidos y sus sistemas, que responda a los tres retos principales que enfrentan: el organizativo, la crisis de representatividad y el problema de la gobernabilidad.

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Aunque en América Latina los partidos han sido los protagonistas principales del tránsito democrático, de no resolverse adecuada y oportunamente la crisis de legitimidad y credibilidad

que hoy atraviesa la mayor parte de la región, la sostenibilidad de la democracia puede verse seriamente comprometida.

Para ello es necesario, ciertamente, reformar las instituciones y las reglas, pero también es fundamental crear ciudadanía, fortalecer la cultura política y ayudar a cambiar, y para bien, a la clase política. La sostenibilidad de la democracia, su profundización y consolidación demandan el fortalecimiento e institucionalización de los partidos, no su extinción. Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos y no con outsiders; con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de mejorar su calidad, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética. Pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente. Hay que poner fin, y de manera urgente, a este proceso perverso y absurdo de una política vaciada de sociedad y de una sociedad vaciada de política. De ahí que para cerrar esta reflexión, retomo las preguntas que Duverger (1987, pág.

449) se hiciera hace ya más de cuatro décadas y que mantienen plena actualidad: “¿Sería más satisfactorio un régimen sin partidos? He ahí la verdadera cuestión. ¿Estaría mejor representada la opinión si los candidatos se enfrentaran individualmente a los electores sin que éstos pudieran conocer realmente las tendencias de aquéllos? ¿Estaría mejor preservada la libertad si el gobierno no encontrara ante sí más que individuos aislados, no coligados en formaciones políticas?”.

En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, tal como surge claramente de la experiencia latinoamericana del último cuarto de siglo.

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Elecciones intermedias 2009: Un comparativo historiográfico Andrés Ponce de León Rosas

Introducción El sistema político mexicano elige cada tres años a sus Diputados Federales, y cada seis al Presidente y a los Senadores de la República. La Figura 1 muestra la coincidencia de las diferentes elecciones (diputados, senadores y presidente) en los procesos electorales federales.

Figura 1 Diputados Senadores Presidente

Diputados Senadores Presidente

Diputados 32

Fuente: Elaboración propia

Diputados Senadores Presidente

Diputados

Cada intervalo en el esquema anterior, representa 3 años naturales. En el caso de nuestra realidad concreta, las últimas elecciones presidenciales en México, acompañadas como se muestra por elecciones a diputados y senadores, se han celebrado en los años de 1994, 2000 y 2006. Esta caracterización de tiempos y periodos nos sirve, más que para precisar un hecho electoral mexicano, para aclarar que en lo que resta del documento, nos referiremos a las elecciones federales en las que sólo se eligen a diputados, como Elecciones intermedias.

Establecida la precisión conceptual, las pasadas elecciones intermedias del 5 de julio de 2009 estuvieron acompañadas, antes y después de la elección, de los juicios y debates que pretenden ubicarlas en su adecuada posición histórica.

Efectivamente, como se dijo en el sumario inicial, los comicios federales de julio tuvieron elementos que los hacen distinguibles de otros, y sin

Andrés Ponce de León Rosas

embargo, el conjunto de sus características definitorias es una realidad añeja que recuerda a Carlos Castillo Peraza, que decía que en los procesos de transición, necesariamente conviven “un pasado que no termina de morir” con un “futuro que no acaba por nacer”.

azules son los que albergaron a una mayoría de votación panista, y los amarillos restantes simbolizan a las mayorías perredistas.

Cuadro 1

Las diferentes investigaciones sobre la dinámica electoral en México han mostrado que la agenda de consolidación democrática tiene, en la representatividad legislativa, a su gran área de oportunidad. La pluralidad en la conformación del Poder Legislativo es pues, es el espacio donde más urgentemente se necesitan los cambios que aseguren la equidad en la contienda y más aún, la ciudadanización de la política.

Pudiera derivarse una confusión con las afirmaciones anteriores, clarifiquemos. Efectivamente, los avances democráticos que se derivaron de la victoria histórica del candidato de Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, han sido notorios y han asegurado un conjunto mínimo de condiciones democráticas para el país. Sin embargo, cuando no hay elecciones presidenciales que coincidan con las elecciones a diputados, es decir cuando nos encontramos en el escenario de una elección intermedia, no damos cuenta que los retos de la efectiva democracia participativa siguen estando en la agenda, cada vez más urgentemente requieren de solución.

PRI PAN

A manera de comprobación, el Cuadro 1 nos presenta el mapa de México, dividido en los 300 distritos electorales, iluminado cada uno según el color representativo del partido ganador.

Sólo con mirar la realidad que cada seis años se presenta, en la que el antiguo partido oficialista gana la mayoría apabullante de distritos electorales, podemos entender que los ciudadanos mexicanos tienen pocas oportunidades de efectiva representación. El Cuadro 1 nos muestra al país, por distritos electorales, iluminados estos según el partido ganador; así, en los distritos de color rojo, el PRI obtuvo la mayoría de votos para sus candidatos a diputados federales; los distritos

PRD Fuente: Elaboración propia. Para fines de este artículo, lo marcado como rojo corresponde al gris oscuro; el azul, al gris medio y el amarillo al gris claro.

Este cuadro anterior, con sus colores, no presenta de golpe una realidad, según la cual cada seis años, la representación legislativa ha sido y correspondido al Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido oficial y hegemónico.

La historia del proceso electoral 2009, que en este caso no tiene referido un mapa iluminado por distrito –aunque sí por estados (Mapa 1)– es similar, y por eso decimos que recurrente, a las que presentamos en el Cuadro 1.

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Andrés Ponce de León Rosas

Mapa 1

PRI PAN

relativa, como es común en los diferentes sistemas políticos del mundo, requiere sólo de una mayoría simple para la definición de la elección; es decir, basta con que uno de los candidatos tenga un voto más que los demás para que gane la elección. Para su propio conocimiento geográfico, el Mapa 2 nos presenta, con una división territorial por estado (líneas gruesas), la división política de México en los 300 distritos electorales (líneas delgadas).

Mapa 2

PRD Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE

Así pues, con un ejercicio de contraste cuyas herramientas principales son meros mapas iluminados estratégicamente, nos podemos dar cuenta de cómo la realidad política de México, a pesar de los grandes avances democráticos, aún es tarea inacabada.

Hasta aquí, hemos, sólo, insistido en que el pasado 5 de julio, como referente principal de un proceso más largo y complejo, es una confirmación recurrente de lo que ha sido la historia electoral mexicana, para demostrarlo plenamente, no bastan cuatro mapas, en adelante emprendemos la tarea de clarificar en sus detalles.

Si en la sección anterior dijimos que las variables relevantes para nuestra investigación y ejercicio de comparación son las características agregadas de la votación y la inducción de las características personales del votante promedio, implícitamente estamos presentando la metodología que habremos de seleccionar para desarrollar nuestro ejercicio de investigación. A continuación, los materiales de la estadística, de la política electoral y geografía mexicanas darán cuerpo al estudio sobre la pasada elección 2009.

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El 5 de julio de 2009, las instituciones mexicanas enfrentaron un proceso electoral en el que se eligieron, a nivel federal, 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. El sistema de mayoría

Fuente: Elaboración propia

Las votaciones del 5 de julio definieron, en la estructura distrital mexicana, un acomodo de representación que se expone en el siguiente Cuadro 2.

Cuadro 2 Partido

Diputados Mayoría Relativa

PAN

70

PRI

184

PRD

39

PVEM

4

PT

3

Nueva Alianza

0

Convergencia

0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados

Andrés Ponce de León Rosas

Tenemos que decir que paralelamente a la elección de Diputados Federales, las diferentes regiones del país enfrentaron, a discreción, procesos estatales y locales. El Cuadro 3 nos presenta los números de lo que se eligió el pasado 5 de julio.

Cuadro 3 Gobernadores

6

Alcaldes

588

Delegados (DF)

16

Diputados Federales (MR*)

300

Diputados Federales (RP**)

200

Diputados Locales

368

Asambleístas***

66

Total

1544

* Mayoría Relativa ** Representación Proporcional (Plurinominales) *** Representantes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia con datos del Periódico Reforma

Mil 544 cargos de elección popular, con todo lo que ello implica desde el punto de vista comercial, social y político.

Los resultados que prevalecieron en el ámbito de la representación proporcional requieren, para ser presentados, una clarificación conceptual. El Mapa 3 nos muestra la división territorial de México según las 5 diferentes circunscripciones electorales.

Mapa 3 1a

2a

PRI PAN PRD Fuente: Elaboración propia

3a

5a 4a

1a

Por cada circunscripción, de acuerdo con el nivel de votación de cada partido, se elegirán a los diputados que aseguren la representación a través de un sistema de listas, según el cual, cada partido presentará un listado de 40 nombres por circunscripción que de acuerdo al nivel de votación, irán entrando (convirtiéndose en diputados) de a uno. Como hicimos con la estructura de los diputados de mayoría relativa, presentamos a continuación la de los diputados de la Representación Proporcional (Cuadro 3).

Cuadro 3 Partido

Diputados Mayoría Relativa

PAN

73

PRI

53

PRD

32

PVEM

17

PT

10

Nueva Alianza

9

Convergencia

6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados

De esta manera, independientemente de la agenda de medios y su franca apuesta por las interpretaciones que entienden a la elección del 2009 como la gran derrota de unos y la gran victoria de otros, entre introducción y desarrollo metodológico hemos presentado una realidad que ya parece ser, según nuestros argumentos, vieja y recurrente; lo que sigue sólo es insistencia de los mismo.

No podemos pensar que haya una mejor manera de iniciar esta investigación, o el cuerpo específico de su desarrollo, que mostrando inmediatamente cuál fue el saldo, en términos de los porcentajes.

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Andrés Ponce de León Rosas

Cuadro 4 Partido

Votación (%)

PAN

28%

PRI

37%

PRD

12%

PVEM

7%

PT

4%

Nueva Alianza

3%

Convergencia

2%

Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE

Si hemos insistido en que este documento presenta a lo largo de sus diferentes secciones un comparativo histórico, la siguiente gráfica se hace necesaria, pues solo la exposición de los resultados no dan, de nuevo a pesar de lo que algunos actores de la sociedad hacen, para enjuiciar al anterior proceso federal; para ello necesitamos de un marco de referencia, que en este caso serán las dos elecciones intermedias anteriores, 1997 y 2003.

el siguiente, mientras que el Partido Acción Nacional ha mantenido un nivel constante de votación a favor, el PRD ha mostrado, a lo largo de estas últimas tres elecciones, un franco deterioro en su capacidad para representar ciudadanos, pasando de 26 por ciento a 12 por ciento, lo que significa una caída de 14 puntos porcentuales o un decremento del 54 por ciento. El PRI en cambio, con una mínima variabilidad, mantiene un promedio elevado de votación a favor.

Podemos ir más allá de la simple comparación que proponemos en este documento. Si revisamos la composición de la Cámara de Diputados a lo largo de las últimas 14 legislaturas, un periodo que abarca de 1970 a 2009, sí podremos observar un incremento sostenido en la pluralidad partidista en México. Representando la posición de los tres principales partidos en la Cámara de Diputados, según el número de legisladores en cada legislación, la Gráfica 2 nos muestra gráficamente ese fenómeno.

Gráfica 2

Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

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La Gráfica 1, en ese danzar de barras multicolores, no presenta los porcentajes de votación a favor de los tres principales partidos en tres momentos de su historia política: las ya recurrentes tres últimas elecciones intermedias. El análisis es

Así pues, tenemos que echando un vistazo a lo que ha sucedido electoralmente en México entre 1997, 2003 y 2006, sólo el Partido de la Revolución Democrática ha mostrado una consistente modificación en su patrón de comportamiento electoral. Tanto el PAN como el PRI, de nuevo, sólo revisando el número de sus diputados en el Congreso de las últimas elecciones intermedias, mantienen religiosamente su posición relativa.

Andrés Ponce de León Rosas

Si estos datos no son suficientes, hablando de la omnipresencia priísta, e insistiendo en que aún conviven en nuestros procesos electorales un pasado que no muere y un futuro que no acaba de nacer, los siguientes cuadros –Cuadro 5 y Cuadro 6– nos presentan, a los estados de la república según el partido ganador (Cuadro 5) y a los segundos lugares por cada estado (Cuadro 6).

El intenso color rojo que ilumina únicamente con intenciones expositivas, representa la omnipresencia priísta en tres momentos de nuestra historia: 1997, 2003 y 2009 (de izquierda a derecha), de los cuales el último sólo es una recurrente confirmación. En la tercia de mapas del Cuadro 6 predomina el azul que representa al PAN. Si el Cuadro 5 es símbolo de la omnipresencia nacional del PRI, la suma de los 6 mapas, acomodados de a tres en los cuadros 5 y 6, representa a un creciente bipartidismo local. Bipartidismo desigual, si consideramos 80 años de presencia priísta en todos y cada uno de los rincones del país; bipartidismo desigual también, si consideramos que la constante en el siglo XX fueron las barreras para la participación política; bipartidismo desigual, si enfrentamos un pobre porcentaje de participación ciudadana, agravado en esta pasada elección por la flagrante promoción del voto nulo.

PRI PAN PRD

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Cuadro 6

Cuadro 5

PRI

PRI

PAN

PAN

PRD

PRD

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Andrés Ponce de León Rosas

PRI PAN PRD Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Pero como hicimos antes, ampliando el horizonte de nuestra comparación temporal, la Gráfica 3 nos muestra la historia de la votación efectiva (número de votos totales) por partido político, desde 1961 para el caso del PAN y desde 1991 para el PRI y el PRD. Con este juego de subir y bajar, cada línea nos dice cómo cae secularmente la votación total en las elecciones intermedias.

que se nos manifiesta en 2009–. Ni la tendencia creciente de los votos a favor del PAN, ni la disminución constante, independientemente del comportamiento cíclico, de los votos priístas, o ni siquiera la variabilidad en los votos perredistas pueden negar este fenómeno que hemos, insistentemente, presentado en este documento: el PRI sigue, porque las instituciones que se lo permiten fueron diseñadas para ello, presente y ganando distritos electorales cada nueva elección intermedia. Como ya hicimos de la insistencia la estrategia de nuestra investigación, la Gráfica 4 fortalece, según las zonas geográficas de México –norte, bajío, centro y sur-sureste– la tendencia de crecimiento sostenido que ha observado la votación panista durante los últimos cuarenta años.

Gráfica 4

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

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En efecto, la tendencia que han seguido los tres principales partidos, nos habla de un franco posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas, que sin embargo, en el contexto de elecciones intermedias, no aparece por ningún lado.

Podemos decir que en las elecciones intermedias se respira el viejo tufo del pasado totalitario del PRI, la inequidad en la contienda electoral que lo caracterizaba y sus estructuras corporativistas que lo alimentaban –o alimentan, por aquello de la recurrencia en la historia política

Ya lo dijimos reiteradamente, y lo seguimos sosteniendo con los datos de la gráfica anterior en mano, en ninguna de las cuatro zonas geográficas previamente definidas, el crecimiento sostenido de la votación por Acción Nacional, ha significado un verdadero pluripartidismo en elecciones donde más que las curules de la Cámara de Diputados no haya nada en juego. El electorado en el año 2006 muestra algunas diferencias interesantes respecto al de seis años antes. El 2 de julio de 2006 Felipe Calderón, candidato del PAN, venció por un estrecho margen a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos (integrada por el PRD, PT y Convergencia). El priista Roberto Madrazo ocupó un muy lejano 3er lugar.

Andrés Ponce de León Rosas

Ya adelantamos que las principales razones para que este fenómeno no tenga nada de nuevo y si mucho de histórico, están inmersas en la explicación de los vicios en el ejercicio del poder absoluto del presidencialismo priísta –el hiperpresidencialismo como María Amparo Casar lo ha llamado–. Sin embargo, quienes no han querido reconocer esto dicen y aseguran con vehemencia que uno de los factores es el nivel de aceptación que tiene el Presidente de la República en el momento en que se desarrollan las elecciones, intermedias por supuesto. La idea de que la aprobación presidencial esta correlacionada con la intención de voto y voto efectivo por diferentes paridos es falsa en la realidad electoral mexicana, esto como consecuencia de una de las particularidades de nuestro sistema político. A diferencia de otros países, en los que una elección intermedia es, en efecto, un referéndum de la gestión presidencial, en México no lo es, principalmente porque en México el presidente no encabeza la campaña de su propio partido –el Cofipe prohíbe expresamente que el presidente haga cualquier tipo de acto proselitista–. Así, esta inadecuada importación de las concretas realidades de otras democracias es la justificación para entender a la aprobación presidencial como variable relevante en la definición de elecciones intermedias.

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky

Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky

La Gráfica 5 nos trae, según los datos de Consulta Mitofsky, los niveles de aprobación y desaprobación de los últimos dos presidentes en el horizonte de sus tres primeros años de gobierno. La Gráfica 6 compara a los último cuatro presidentes, en el nivel de aprobación que mostraron en los 10 primeros trimestres. Si sólo la aprobación presidencia determinara caídas en la representación legislativa, la disminución que observó Ernesto Zedillo, que tiene el nivel más bajo de aprobación, debería haber sido proporcional y no lo fue. No negamos que tenga un efecto importante en el conjunto de las percepciones ciudadanas, y en ese sentido en la definición final del voto, pero negamos categóricamente que sea una variable toral en el debate sobre la inexistente pluralidad de la representación legislativa.

Una característica coyuntural de la pasada elección, que conviene desglosar aquí en los tres procesos que definen nuestra agenda de revisión histórica, es el comportamiento del voto nulo.

La Gráfica 7 tiene el porcentaje de votos nulos divididos según si se presentaron en elecciones presidenciales o intermedias. El color azul representa al conjunto de las elecciones intermedias, mientras que el verde a las presidenciales. Lo primero que resalta es que salvo en la elección de 1997, los votos nulos son mayores, como porcentaje de la votación total emitida, en elecciones intermedias que en presidenciales.

Otra característica que nos muestra el Cuadro 7 es el componente geográfico del voto nulo, en el horizonte de nuestras tres elecciones-objeto de

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Andrés Ponce de León Rosas

estudio. La flagrante promoción del voto nulo en esta elección, independientemente de su carencia de acción programática, sólo tuvo efectos en elevar considerablemente la media de votos nulos, ya que la variabilidad en la composición geográfica de las entidades federativas que a lo largo de estas tres elecciones han estado por arriba del promedio nacional de votos nulos (estados de color verde), que no parece corresponderse con una acción colectiva clara.

Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Cuadro 7

PRI PAN PRD Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Conclusiones Los resultados del 5 de julio pasado, desde nuestra perspectiva de contraste historiográfico, no son sino una confirmación de una recurrente realidad.

A esta interpretación subyace una afirmación implícita, según la cual la creciente competencia electoral en la alternancia del poder ejecutivo, sólo distorsiona la correcta apreciación de la efectiva capacidad que tienen los partidos de competir con el antiguo partido oficialista –el PRI–. Concluimos que las elecciones que coinciden con elección de Presidente de la República no reflejan verdaderamente la pluralidad partidista, que nominalmente existe en México, y puntualizamos con toda claridad las implicaciones que tiene para el desarrollo de la acción de gobierno del partido en el ejecutivo –en este caso el PAN– que a la mitad de la administración federal, la recomposición legislativa lo aceche, como ese fenómeno que inevitable se aproxima cada seis años. Los retos de la democracia mexicana son cada vez más notorios, y los adelantos democráticos que sucedieron al triunfo del candidato de Acción Nacional, Vicente Fox, en el año 2000, palidecen frente al tamaño de los retos que aún nos exige ese sueño de la democracia mexicana, específicamente en su apartado de representación federal, equidad en la contienda electoral y ciudadanización entera del espacio público.

Bibliografía

PRI PAN PRD

40

• Anthony Downs, El viraje de las urnas, Nueva York: Harper Collins, 1957.

• Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

• Juan Molinar y Rafael Vergara, Los estudios sobre el elector mexicano. México, mimeo, 1996.

• Alejandro Moreno, El votante mexicano. Democracia, actitudes políticas y conducta electoral, México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

• Instituto Federal Electoral. www.ife.org.mx

Elecciones 2010 De mitos y realidades Armando Reyes Vigueras

Este año –se ha dicho hasta el cansancio–, viviremos una jornada electoral intensa, antesala de lo que nos espera en 2011 en el Estado de México y, sin falta, en el 2012 con la elección federal que definirá a los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, y al presidente de la república. Cifras, encuestas, consideraciones y campañas han inundado a todo el país, aún para quienes no participarán como votantes en dichas elecciones.

Y es que ahora hasta las elecciones se utili-

zan para adelantar el resultado de las elecciones futuras; así, lo que pase este 4 de julio es, para algunos interesados –por supuesto–, augurio de lo que pasará en 2011 y 2012.

Pero en esta loca carrera propagandística, se han acumulado distintos mitos –si se me permite el término– que son difundidos al por mayor. La idea es que si se repiten lo suficiente –diría Goebles–, el votante acabará convencido de que no importa que pase, el tricolor ganará el 2012. Estos mitos son:

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Armando Reyes Vigueras

1. La maquinaria priísta es arrolladora y ganará, de todas, todas. Si bien es cierto que el PRI recupera posiciones, también lo es que eso se debe a que su estructura clientelar se mantiene intacta en muchas entidades, pero no en todo el país. Querer presentar esto como un descubrimiento es, simplemente, un engaño. Si bien el partido fue creado para eso, para ganar elecciones como sea –y lo intenta–, la experiencia previa nos muestra que a nivel federal y en los estados y municipios puede perder, algo común en toda democracia para todos los partidos.

Pero los priístas están en eso, en sentirse ganadores y en declarar que “ya nadie nos para”, como recientemente asegurara Beatriz Paredes. En Yucatán, si bien recuperaron Mérida, la distancia no fue tan grande como ciertas encuestas mostraban. Es decir, pueden ganar o perder, si pensamos en términos de lo que la democracia implica, pero de ahí a asegurarlo tajantemente es simple propaganda.

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Por cierto, que las encuestas previas no concordaran con los resultados finales en Mérida, por citar un ejemplo. Denuncias periodísticas sostienen que encuestadores como Gabinete de Comunicación Estratégica –una de las que fallaron en Yucatan–, tiene tratos comerciales con el PRI –como Consulta Mitofsky que asesoraba al gobierno de Eduardo Bours en Sonora–; en la pasada elección estatal no dio los resultados para presidente municipal en Hermosillo, por lo “tan cerrado” de las cifras, aunque las oficiales mostraron 12 puntos de diferencia a favor del PAN–; todo esto nos hacen pensar que hasta de las encuestas debemos desconfiar.

2. Ganando 2009 y las demás elecciones, 2012 es seguro. Eso quieren hacernos

creer, pero olvidan que en el 2003 presentaban el mismo argumento y en 2006 perdieron. La sensación de que el PRI es infalible es otro mito que no debe quedar, pues con la suficiente participación ciudadana cada elección cuenta con una característica propia de las democracias: la incertidumbre en el resultado.

3. El PAN no sabe gobernar y eso facilita el regreso priísta. Obvio y claro como el agua, el ciudadano no quiere en el gobierno a ineptos... Sólo que les falta aclarar la gran cantidad de reformas propuestas por los dos últimos ejecutivos federales bloqueadas por el partido que tenía la mayoría en el Poder Legislativo: el PRI, quien por lo tanto es corresponsable de este pobre accionar del gobierno. Eso no quita culpa en errores panistas, aclaramos.

Pero este punto aborda otro dogma que se nos presentan machaconamente, pues la conclusión de que el PAN no sabe es: el PRI sí sabe hacerlo, pero esta afirmación no responde estas preguntas: ¿cómo sucedió la crisis del 95, las devaluaciones de los ochenta, la crisis del 68, el desarrollo de todo un sistema montado en la corrupción, el corporativismo que engrendó al SNTE, entre otros sindicatos, y el bajo nivel educativo que hoy padecemos?

Pero vamos a épocas más recientes: ¿Por qué la crisis de inseguridad en entidades como Tamaulipas, en donde siempre ha gobernado el PRI; por qué los problemas financieros que obligan a recortes de personal como en Tabasco, en donde –también– ha gobernado siempre el PRI?

Con un simple repaso de estas preguntas nos damos cuenta que el ciudadano tiene la palabra.

Armando Reyes Vigueras

Portillo. Hoy aparece como el intelectual armónico del regreso del PRI a la Presidencia”.2

Finalmente, llama la atención que en este tema, uno de los que actua como punta de lanza en esta estrategia sea el escritor Carlos Fuentes, quien en una declaración dada en Madrid, España, el pasado 21 de mayo, “afirmó que el PAN no está hecho para gobernar, que llegó descalzo al poder, y por eso ahí están los resultados”.1 Es de resaltar que la idea se quiera transmitir a través de un intelectual, quien presta su credibilidad a la causa.

4. El PRI está unido, no así la oposición. Por supuesto que un partido dividido aleja a los votantes, pero el PRI no es la excepción, baste ver a la gran cantidad de candidatos que, al no recibir la oportunidad, abandonaron al antiguo PNR o los grupos de priístas que discretamente están ofreciendo trabajar en contra de sus correligionarios.

Entre los argumentos que Fuentes ofrece, tenemos que: “El PAN entró al poder sin esa base que, nos guste o no, tenía el PRI: las bases campesina, obrera, una clase media, intelectuales, profesionistas, tenía una burocracia bien armada, todo un aparato de gobierno muy extenso. El PAN llegó descalzó prácticamente a la Presidencia, es un partido que nunca ha tenido una base popular, de clase media, católico, minoritario, pero que nunca ha aspirado a tener la base del PRI, de repente llega al gobierno y los resultados son los que vemos”.

Aunque, claro está, Fuentes nunca abundó en cómo el PRI consiguió esa base, ni mucho menos reconoce que el PAN ha tenido representantes de todos esos sectores en diversos momentos de su historia.

Como afirmara Raymundo Rivapalacio en su columna, “el músculo que el PRI mostró este sábado en Querétaro (el pasado 29 de mayo) es sólo una fotografía del partido, no la radiografía de su interior. En ella se podría ver que la unidad no es tal y peor aún, que las tensiones dentro de las estructuras jerárquicas del partido están creciendo y se están agriando.

La polarización tendrá una expresión política tras las elecciones de julio próximo, cuando se vean los resultados en 12 gubernaturas y se redibuje el mapa político nacional. Tras esos comicios vendrá el primer round por la candidatura presidencial, que en estos tiempos de calentamiento, ya mostró que los golpes prometen estar duros”.3

5. Las alianzas son contranatura con partidos con ideologías contrapuestas. Claro que eso dicen de las formadas con el PAN y PRD a la cabeza, pero no miran las que hacen con el Verde. Es curioso, pero cuando se trata de coaliciones entre panistas, perredistas y demás, los calificativos son crueles, exigentes y concluyen dejando sin esperanzas a quienes piensan que estas alternativas pueden

Para el columnista Carlos Ramírez, “Carlos Fuentes puede ser considerado un intelectual orgánico del sistema político priista. Crítico, claro, pero al final de cuentas leal. En 1971 apoyó a Luis Echeverría por el halconazo contra estudiantes y en 1976 fue asesor del candidato presidencial priista José López

Carlos Ramírez, Indicador Político: Carlos Fuentes, Echeverría, JLP, El Financiero, 25 de mayo de 2010.

Raymundo Rivapalacio, Estrictamente personal, El Financiero, 31 de mayo de 2010.

2

1

Fuentes: “El PAN no está hecho para gobernar”, Milenio diario, 22 de mayo de 2010.

3

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Armando Reyes Vigueras

ganar. Pero si se trata de priístas y verdes, ni una palabra. ¿Qué tienen en común verdes y tricolores, ideológicamente hablando, cuántas posiciones de gobierno le ha dado el PRI al Verde cuando ganan?

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León para la campaña del candidato priísta en Zacatecas, concesionario que tiene una relación con el gobernador de Nuevo León. Si eso es nuevo...

Además, salvo Peña Nieto, Rodrigo Medina, tenemos casi al mismo elenco que viene subiendo al escenario desde hace 4 sexenio: Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Beatriz Paredes Rangel, César Augusto Santiago, Emilio Chuayfet Chemor, Fancisco Rojas Gutiérrez, por mencionar a sus principales liderazgos, todos tienen antecedentes en sexenios anteriores. Si eso es nuevo...

Tan sólo en el estado de México tenemos un miembro del gabinete que viene del Verde. En Nuevo León no conocemos un caso de un funcionario de Rodrigo Medina que provenga del Verde; lo mismo con Ivonne Ortega en Yucatán.

Entonces, ¿de dónde la aceptación a esta alianza?

Además, un partido verde aboga por la vida, está en contra de medidas como el aborto, tiene una agenda ecológica y nada de ésto lo hemos visto en este caso; es más, el Partido Verde de México ha sido expulsado de la Internacional Verde por su falta de congruencia. Mientras eso pasa en el ámbito internacional, en México dicho instituto político mantiene un 10% de la votación y, como vimos en el párrafo anterior, recibe pocas posiciones en los gobiernos que llegan con parte de sus votos y mantiene una bancada mínima pero aceptable para mantener perrogativas, quizá el trato debe ser a otro nivel.

7. Ya tenemos al ganador de la elección 2012. Con escuestas muy anticipadas, los mexicanos sabemos que el puntero en las preferencias rumbo al 2012 es un gobernador priísta, por lo tanto la conclusión es fácil: ellos ya ganaron la elección federal de ese año. Si eso funciona, algo similar tuvimos que hacer para que nuestra selección nacional de fútbol llegará como favorita a Sudáfrica, pero en la realidad, el querer sustituir las elecciones por encuestas anticipadas sólo demuestra un gran desprecio por los electores y busca ser un mecanismo que sustituya a la democracia.

Aún así, esta alianza no recibe cuestionamientos. Curioso, por decir lo menos.

6. Este es un nuevo PRI. Sólo que les falta agregar que es uno nuevo... pero con todas las viejas prácticas del corporativismo: clientelas electorales que dan su voto a cambio de privilegios, compra de sufragios, campañas que desalientan la participación. En esto, cómo explicar la entrega, prestamo o lo que sea que involucra autos de un concesionario de Nuevo

Como mencionamos al principio, incluso hay que desconfiar de las encuestas, pues da la casualidad que un par de empresas que se dedican a realizar sondeos de opinión, a la vez mantienen contratos con el PRI, ya sea como asesores o como parte de estrategias de mercadotecnia política de la mano de una empresa televisiva. Moraleja: ojo, mucho ojo, amiguitos.

8. Es mejor el PRI que estos dos gobiernos panistas que hemos tenido. Comparar

Armando Reyes Vigueras

diez años de gobiernos panistas con 70 priístas es un ejercicio que no ayuda claramente a marcar diferencias, pero vamos a revisar algunos indicadores: la inflación en estos diez años no ha superado un digito, el PRI de los 80 nos dió inflaciones de más de 100 puntos; la deuda externa, casi eterna durante el priato, se redujo en estos 10 años y las reservas se incrementaron sustancialmente; el gasto social o en educación ha sido mayor en estos 10 años que en los 70 anteriores. Además de que en estos 10 años no ha caído ningún gobernador por orden del Presidente de la República, como antaño.

Deficiencias o errores, se han presentado, pero incluso el PRI no puede presumir un récord limpio en ese terreno, recuérdese el error de diciembre.

9. El bajo rechazo que se observa en las encuestas hacia el PRI es reflejo de su eficacia como partido. Que la valoración ciudadana premie al PRI –aun y cuando no encontremos rastros de esa supuesta eficacia– y castiga a los demás partidos –que no han comunicado adecuadamente sus logros, hay que reconocerlo–, está en tela de juicio. En mayo, la firma encuestadora Parametria, en el marco de la presentación de la iniciativa de Ley Antimonopolios, preguntó si los entrevistados conocían lo que era un monopolio.

Sorpresivamente, poco más de la mitad respondieron que no conocían el concepto. Así, es fácil explicar que el Partido que más se anuncia tenga como resultado una valoración positiva, pero si preguntamos que políticas públicas ha promovido o que programa exitoso ha propuesto, creo que nos quedaremos esperando, pero con todo, la gente piensa que el PRI es el indicado para mostrar su preferencia.

Todo es percepción Así, todo apunta a que la percepción de los mexicanos refleja que en estas y las futuras elecciones no hay otra opción que el PRI. Pareciera masoquismo, pero es un hecho que nuestro pueblo olvida y lo hace con mucha facilidad. ¿A qué se debe lo anterior, que han hecho mal los gobiernos panistas –y muchos perredistas en los ámbitos municipal y estatal–, para cargar ahora con esta imagen; realmente no saben gobernar?

No es una respuesta fácil, pero pareciera que el elector mexicano mide con distintos raseros a cada partido. Se dice que tenemos el gobierno que merecemos, ojalá las siguientes citas con las urnas nos demuestran que a pesar de tanta propaganda podemos distinguir cada oferta política.

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Las elecciones del Reino Unido y sus lecciones para México Fernando Dworak

Una democracia estable es capaz de proveer certidumbre hasta en situaciones excepcionales, mientras adapta sus instituciones al nuevo entorno. Cuando esto sucede, el Estado es sólido. De lo contrario podría caer en una crisis que lo podría llevar a su quiebra.

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El pasado 6 de mayo hubo elecciones parlamentarias en uno de los sistemas políticos más estables desde su última revuelta, en 1688: el

Reino Unido. Ese día la voluntad popular no favoreció a partido alguno en la Cámara de Representantes, lo cual dio como resultado un gobierno de coalición entre el partido Conservador y el Liberal-Demócrata.

Tal escenario es raro en un país que tuvo gobiernos mayoritarios desde 1974, y donde la última coalición tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial por razones de Estado.

Fernando Dworak

Mucho se especula sobre la estabilidad del actual gobierno y si podrá instrumentar un paquete de reformas electorales que implicarían un cambio significativo a la forma en que operarían las instituciones británicas: la introducción de un sistema mixto (es decir, que combina asientos de mayoría y de representación proporcional) y periodos fijos de mandato para el Parlamento.

ello el órgano legislativo es poco más que un foro para el debate político antes que un órgano de control y vigilancia del gobierno. Además la Cámara de los Lores sólo tiene la capacidad para dilatar el proceso legislativo gracias a su integración, que hasta 1999 se componía mayoritariamente de miembros hereditarios y el resto por designación; dominando hoy la segunda categoría.

Más allá del análisis coyuntural la experiencia del Reino Unido es importante para nuestro país, al invitarnos a reflexionar sobre temas que conciernen a lo que aquí llamamos “reforma política” o “del Estado” como el sistema electoral, la conveniencia o no del cambio de régimen al parlamentarismo, o el sobredimensionar los cambios sin tener un diagnóstico previo sobre qué se puede modificar y cuáles son los asuntos urgentes.

Aunque a partir de 1997 ha tenido lugar un proceso de devolución de facultades a Gales, Escocia e Irlanda del Norte según las presiones nacionalistas en cada región, el gobierno central mantiene amplias facultades en cuanto a los asuntos públicos y la distribución de los recursos.

Las instituciones británicas: continuidad y cambios El sistema británico ha sido ejemplo de bipartidismo, donde conservadores y laboristas controlaban las instituciones de manera alternada.

Hasta hace unas semanas el gobierno dependía de la confianza de una sola bancada en la Cámara de los Comunes. Gracias a esto el Reino Unido pudo consolidar reformas estructurales de gran calado que generaron crecimiento económico, bienestar y liderazgos políticos durante la administración conservadora de Margaret Thatcher (1980-1990) y la laborista de Anthony Blair (1997-2008).

La hegemonía de dos grandes partidos se debe a un sistema electoral de distritos de mayoría uninominales de mayoría relativa, que subrepresentar a las minorías. Aunque existen otros institutos políticos, las reglas vigentes los subrepresentan sin importar su apoyo popular.

Tales características hacen que los grupos parlamentarios sean altamente cohesivos. Por

A manera de corolario, la constitución del Reino Unido no se encuentra escrita. En su lugar existen un conjunto de leyes básicas, seguidas de principios, costumbres y convenciones. Se considera que la soberanía popular recae en el Parlamento, quien tiene la capacidad de cambiar con una mayoría simple cualquier ordenamiento jurídico.

No obstante el Reino Unido ha gozado de estabilidad desde finales del siglo XVII, nunca hubo un diseño premeditado. Lejos de ello, cada pequeña transformación en algún aspecto ha llevado a cambios significativos en la operación de todas las instituciones. Tomemos como ejemplo las reformas electorales de 1832, 1867 y 1888, que abrieron la participación política a las clases medias y después a las populares.

A principios del siglo XIX el rey designaba a sus ministros. La Cámara de los Lores dominaba sobre la de los Comunes, pues representaba los intereses de la aristocracia terrateniente. Había dos partidos basados en facciones: los Tories, que en el siglo XVIII simpatizaban con la depuesta casa de los Estuardo y que poco a

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poco se identificaron con posturas conservadoras; y los Whigs, que apoyaban a los Hanover (la casa reinante) y con el paso de los años adoptaron una ideología liberal.

En ese entonces las elecciones eran controladas por los aristócratas, quienes tenían la facultad de designar a los miembros de la Cámara de los Comunes a través de elecciones que ellos controlaban. Sin embargo en las primeras décadas del siglo XIX las clases populares exigieron derechos políticos como lo hacían sus similares en el continente europeo. Por ello, y con el fin de evitar los conflictos sociales que se vivían al otro lado del Canal de la Mancha, se optó por abrir el derecho al sufragio.

Como resultado a partir de 1832 la Cámara de los Comunes adquirió fuerza política independiente, al representar los intereses de la ciudadanía. Gracias a ello sus miembros exigieron al monarca que los ministros fuesen parlamentarios. La Cámara de los Lores inició durante esos años un proceso que la convirtió en poco más que un órgano decorativo. Hacia 1868 el Primer Ministro Benjamin Disraeli renunció al ver que las elecciones no favorecían a su partido; asentándose el criterio de que el gobierno debía sostenerse gracias al apoyo de una mayoría legislativa. Y después de 1888 apareció un partido que reivindicaba las causas de la clase trabajadora, el Laborista, empujando a los Liberales a la marginalidad en las primeras décadas del siglo XX.1 Tampoco los momentos de revisión a las instituciones británicas se han asumido como parteaguas para “refundar” al Estado. En 1997 Anthony Blair emprendió una serie de cambios profundos que incluían la devolución de atribuciones a Gales, Escocia e Irlanda del Norte y la creación del Ayuntamiento de Londres; la reforma a la composición de la Cámara de los Lores; 48

Gary W. Cox, The Eficcient Secret. The Cabinet and the development of political parties in Victorian England (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

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la autonomía del Banco Central; la incorporación a la Convención Europea de Derechos Humanos y la aprobación de una ley de libertad de información. Las transformaciones aprobadas quizás no estaban a la altura de las expectativas de algunos actores políticos y todos saben que estos cambios llevarán, por su dinámica, a otros.2 Las elecciones de 2010: arreglos y escenarios Aunque los electores británicos votan sólo por los candidatos a la Cámara de los Comunes en sus distritos, saben que el Primer Ministro será el líder del grupo parlamentario que gane la mayoría de asientos. El liderazgo en una bancada se adquiere tras una carrera política construida a través de numerosas reelecciones, de tal forma que ese individuo pudo mostrar la suficiente ambición y autoridad para ascender en jerarquía y autoridad.

A partir de 1997 las elecciones parlamentarias han atravesado, en opinión de analistas políticos británicos, un proceso de “presidencialización”. Esto es, las campañas políticas se centran cada vez más en los líderes de los grupos parlamentarios y sus propuestas que en los candidatos a los demás distritos; sin que eso signifique que los últimos no tengan que ganar el apoyo de sus respectivos electores.

Dicho fenómeno permitió que en el primer debate la intervención del candidato Liberal-Demócrata, Nicholas Clegg, ganase la atención del electorado.

La Cámara de los Comunes está formada por 651 asientos, ganando la mayoría absoluta quien tenga 326. La Tabla 1 muestra los resultados de las últimas elecciones.

Fernando Dworak, “El cambio institucional en el Reino Unido, 1997-2003”, La Gaceta de Ciencia Política, 4, 1, primavera / verano 2004. Se puede descargar en: http:// www.fernandodworak.com/www.fernandodworak.com/A56324FB-202F-4C82-BF4D39ACFB83F3C7_files/Reforma%20UKK.pdf.

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Tabla 1 Resultados de las elecciones parlamentarias, mayo de 2010

Coordinador

Asientos

Porcentaje del Pleno

Porcentaje de Sobrerrepresentación / subrepresentación

Conservador

David Cameron

307

47

+ 11

Laborista

Gordon Brown

258

40

+ 11

Liberal-Demócrata

Nicholas Clegg

57

9

− 14

Varios

28

4

Varios

Partido

Otros

Los resultados de las elecciones arrojaron dos posibles escenarios de gobierno. El primero, una coalición entre los laboristas y los liberaldemócratas, con 315 asientos. Se hubiera requerido el apoyo de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para adquirir una mayoría.

El segundo escenario fue el alcanzado el 12 de mayo pasado: una coalición de conservadores y liberal-demócratas, reuniendo 364 asientos.

Los liberal-demócratas consiguieron cinco ministerios, con Nicholas Clegg como el número dos de gobierno en el rango de Vice-primer Ministro.

El programa de coalición incluye reformas políticas. La primera busca incorporar asientos de representación proporcional en las dos cámaras del Parlamento, la cual será ratificada vía referéndum. En segundo lugar se encuentra el establecer legislaturas fijas de cinco años, cambio que deberá ser aprobado por 55% de los votos de los Comunes.3 ¿Se aprobará la reforma electoral? La moneda está en el aire. La proporcionalidad no ha sido un tema relevante pues no hubo por décadas una De acuerdo con las leyes vigentes, salvo en caso de retiro de confianza no se pude convocar a elecciones antes de tres años y no después de cinco. Esto ha provocado que un Primer Ministro que goce de un alto grado de aprobación en sus primeros años convoque a elecciones anticipadas para permanecer, por lo menos, otros cinco.

3

oposición significativa que sirviera para catalizar el debate. Blair prometió, pero no cumplió, convocar a un referéndum sobre reforma electoral en su campaña de 1997 y eso no le generó costos políticos. Sin embargo, las asambleas regionales y el Ayuntamiento de Londres incorporaron elementos de representación proporcional en la elección de sus integrantes desde su creación.4 Es posible que los electores tengan una opinión más clara sobre la conveniencia o no de este cambio después de más de diez años de aprendizaje.

En todo caso, nadie en el Reino Unido ve la aprobación o no de estas reformas como un hito en el rediseño del Estado, sino como una de tantas transformaciones que llevarían a la adaptación de las instituciones a un entorno cambiante y que llevarían por su propia dinámica, a nuevos cambios en el futuro.

Las lecciones para México Nuestro país se encuentra inmerso desde hace más de veinte años en la discusión sobre la reforma política, conocida también como “del Estado”. Aunque se han realizado ya innumerables foros, consultas y negociaciones, los resultados han estado debajo de las expectativas que se tejen cada vez que resurge el tema. La experiencia Parliaments and Assemblies of the United Kingdom (Londres: Dyson Bell Martin / Parliamentary Monitoring Services Ltd., 1999).

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del Reino Unido puede ser útil para reorientar nuestras discusiones y eliminar debates falsos. ¿Grandes pactos o reformas concretas?- Un amplio sector de quienes promueven la reforma política hablan de que ésta se debe realizar a raíz de un gran acuerdo entre las diversas fuerzas políticas y sociales, donde salgan reformas fundamentales sobre el rumbo de la Nación.

Este tipo de procesos solo se presentan en un escenario concreto: el país en cuestión acaba de enfrentar la quiebra de sus instituciones y, generalmente tras un periodo de dictadura, vuelve a construir las nuevas reglas del juego desde cero. Hablamos aquí de casos como Alemania (1949) tras la caída de la República de Weimar, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial; Francia (1958) después del colapso de la IV República; y España (1978) una vez terminado el régimen de Francisco Franco, quien asumió el poder a raíz de una guerra civil.

Quienes proponen la creación de un gran pacto ignoran otro elemento de la experiencia comparada: ese tipo de procesos son casi siempre impuestos, conducidos o catalizados por militares. Los aliados impusieron a Alemania un sistema democrático tras la guerra. La V República fue diseñada por el general Charles de Gaulle. Y la transición española no hubiera cuajado sin la intervención del coronel Tejero en el Congreso de los Diputados.

Por el contrario en países democráticos los procesos de reforma institucional son graduales, incrementales y permanentes, en el entendido de que todo cambio arrojará efectos deseados, inesperados e indeseados. Además las transformaciones impactarán en el funcionamiento de otros aspectos del sistema, llevando a su vez a otras mutaciones. Tal es el caso del Reino Unido.

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Es necesario apreciar que, hasta el momento, los cambios en nuestro país se han dado por la vía pacífica y han sido conducidos por civiles.

Debemos centrar el debate y encontrar no más de tres o cinco reformas concisas que, por su propia dinámica, impacten en el funcionamiento de nuestro sistema político y los incentivos bajo los cuales opera. No hay reformas perfectas.

Creer en modelos generales es apostar por la quiebra de la democracia. ¿Proporcionalidad o sobrerrepresentación?- Otra vertiente en el debate sobre la reforma política gira en torno a mantener la pluralidad política o generar mayorías en el Congreso, bajo la creencia de que lo último llevaría a gobiernos más eficaces. Aunque la evidencia comparada muestra que gana cada vez más terreno la incorporación de elementos de representación proporcional,5 es necesario revisar el contexto de cada país.

Si bien ha cobrado impulso en los últimos diez años, el debate sobre la proporcionalidad en el Reino Unido es relativamente viejo. Aunque es promovido principalmente por los liberal-demócratas, no habían tenido la fuerza política para impulsarlo hasta que los dos principales partidos entraron en una etapa de desgaste. Y sabiendo que todo proceso institucional está sujeto a la prueba y el error, en los años noventa del siglo pasado se instauró para los órganos legislativos regionales. En México la proporcionalidad fue una necesidad, primero para darle legitimidad al partido hegemónico en 1963 y después para incluir a los partidos de izquierda, que adoptaron posturas antisistema, en 1977.

Es decir, la incorporación de estos asientos no es sólo una cuestión de eficacia, sino de legitimidad para el régimen político en su conjunto. Bajo esta óptica su eliminación podría generar problemas de gobernabilidad a corto plazo.

Más allá de cualquier valoración sobre la eficacia o no que traería reducir la pluralidad, ese debate pasa por alto un aspecto central: el problema no es el número de partidos representados en el Congreso sino un sistema de toma de decisiones orientado a la siguiente elección, 5

Josep Colomer, Cómo votamos (Barcelona: Gedisa, 2004).

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donde ningún actor es responsable de sus actos al no competir por el mismo puesto en las siguientes elecciones. Si no se considera esto cualquier otra reforma arrojará resultados similares a los que hemos tenido, independientemente de quién esté en el poder o la correlación de fuerzas políticas en el órgano legislativo. ¿Presidencialismo o parlamentarismo?- Existe una corriente de intelectuales, políticos y académicos que plantea transitar hacia un régimen presidencial o semiparlamentario, pensando que con ello se generarían alianzas entre los partidos políticos que destrabarían los temas pendientes en la agenda política. Incluso piensan que con esto se fortalecería al Congreso como un verdadero contrapeso al Ejecutivo.

Este debate adolece de seriedad, pues no se basa en un estudio sobre el funcionamiento real de los regímenes parlamentarios. Veamos algunas de las razones: En primer lugar, un sistema parlamentario se basa en la confianza de un partido mayoritario o coalición hacia el gobierno. De esa forma la dinámica se centra en mantener a esa administración, no a vigilarla. Por ejemplo en los parlamentos las comisiones no son instancias profesionalizadas. Tampoco los órganos de auditoría son eficaces, de existir. Para decirlo de otra forma, un parlamento profesional es una amenaza para la estabilidad de un primer ministro –y la oposición tampoco se interesa por fortalecerlo, pues sabe que un día ascenderá al poder–.

De lo anterior se observa que es un contrasentido creer que un cambio de régimen generaría un Congreso fuerte. Cualquier propuesta de restarle atribuciones al Ejecutivo para otorgárselas al Legislativo no es “parlamentarizar” al sistema, sino generar un gobierno de asamblea donde imperarían los intereses de las facciones. Otro argumento en contra de un cambio de régimen como es la concentración de autoridad en manos de un primer ministro. En términos mexicanos, tanto Mar-

garet Thatcher como Anthony Blair y Gordon Brown tenían el poder el Presidente, los coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios y los presidentes del partido en el gobierno.

Si revisamos otros países con sistemas parlamentarios y gobiernos de coalición, la situación se complica: el primer ministro puede convertirse sólo en un primero entre iguales, con escasa autoridad para hacer cambios al estar constreñido a un programa de gobierno por lo general demasiado detallado.

Como tercer argumento, hay que tomar en cuenta que en los sistemas parlamentarios sólo hay una vía de acceso al poder: llevar a cabo una carrera política que inicie, se desarrolle y culmine en la cámara baja, la cual se logra sólo a través de habilidad política y reelección continua e indefinida.

La aprobación de reformas “parlamentarizadoras” sin reelección inmediata de los diputados y senadores haría que los gobernadores y líderes de los partidos dominen al Ejecutivo federal, pues son éstos quienes controlan las carreras de los legisladores. Lo anterior haría más ineficaz al gobierno, pues carecería de márgenes de maniobra no sólo para la administración del país, sino para enfrentar emergencias.

La reforma política no es cuestión de innovar, sino de adaptar las instituciones a un entorno que siempre cambia. ¿Por dónde empezar? Necesitamos una clase política que, en vez de reinventar los debates cada tres años, pueda acumular experiencia para establecer los diagnósticos adecuados y darles seguimiento a largo plazo. Además, debe ser responsable ante los electores por lo que aprueba. Esto significa que debe iniciar por eliminar un elemento de nuestro sistema político que ha generado una clase política irresponsable, improvisada y que sólo se preocupa por la siguiente elección: la no reelección inmediata de los legisladores, tanto federales como locales.

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Un esfuerzo por la rehabilitación política de México Efraín González Luna

El domingo 15 de junio de 1952, Efraín González Luna terminó su campaña para la Presidencia de la República, con el mitin que se celebró en la ciudad de México en la Plaza del Caballito.

Señoras y señores:

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Termina aquí mi gira electoral realizada por el territorio de la República. Y termina no con el análisis final de una experiencia clausurada, sino con el milagro de una nueva experiencia, original e intacta como el amanecer de un día de génesis. Termina aquí con la renovación de la misma expe-

riencia, del mismo milagro, de la misma deslumbrante revelación recibida en múltiples escenarios distantes. El viajero encuentra al regresar lo que había visto en el viaje. Le precedieron en el camino del retorno los romeros que en multitud innumerable cruzaron con él palabras, saludos y signos que se han vuelto vinculaciones definitivas; los romeros de todos los caminos de México que se niegan a ser meros transeúntes y a dejarse encerrar en el recuerdo y en el pasado.

Encuentro aquí de nuevo la misma presencia magnífica del

pueblo de México que me acogió por todos los rumbos de la Patria.

Resuena aquí el clamor innumerable, la suma de las voces limpias y claras que resonaron en todos los rincones de la Patria.

Se continúa aquí, en esta inmensa asamblea, la serie incontable de las asambleas que reunieron a hombres y mujeres en ciudades y en pueblos para afirmar su verdad, para gritar su carencia y su dolor, para proclamar la exigencia irrenunciable de su derecho, el ansia incontenible de su salvación.

La ciudad, la ciudad capital, es como una suma, como una síntesis de México. Confluyen aquí de todos los rumbos, de todas las provincias, de todas las comunidades mexicanas, los hilos humanos que con la comunidad aquí nacida integran la inmensa familia que es el pueblo de México, unido con los vínculos tenaces de la sangre, de la memoria, de la tradición, de la historia, de la geografía, de la cultura, del lenguaje y de la fe. ¿Cuál es la razón de nuestra presencia aquí? Ustedes y yo, todos los mexicanos que participan en la empresa de la rehabilitación política de México, obedecemos a las mismas motivaciones hondas, substanciales, respetables. A todos nos mueve el mismo impulso.

Estamos aquí, en primer término, empujados por un dolor; nos duele el dolor de México, el dolor propio y el de nuestros semejantes, sentido por todos en carne viva. Nos duele la miseria, nos duele el abandono, nos duele la persecución, nos duele el desprecio que sufre todo el pueblo de México.

Estamos aquí también empujados por un derecho. Tenemos la conciencia deslumbrante de un patrimonio que nos pertenece y que nos ha sido usurpado y queremos gritar nuestra decisión de reivindicar ese patrimonio. Estamos cansados de ser los despojados impotentes, los mendigos

inútiles de nuestro derecho y estamos resueltos irrevocablemente a ser los combatientes decididos de su recuperación.

Nos mueve también un deber; un claro, un esencial, un eterno deber que, sin embargo, teníamos olvidado. El deber de gestionar un orden político que estructure un orden social para que en México hombres y mujeres vivan como seres humanos, para liquidar en México miseria, opresión, injusticia, fraude, explotación y violencia.

Nos mueve también una necesidad vital incontenible.

Nos moriríamos de asco si no nos pusiéramos de pie para condenar tantas inmundicias que están manchando nuestro presente y comprometiendo nuestro futuro. Nos ahogaría, señoras y señores, nos ahogaría la náusea si no nos pusiéramos de pie para contrarrestar tantos deslizamientos, tantas actitudes quebradas, reblandecidas y viscosas, para contrarrestar tantos deslizamientos, tantas cobardías, tantas ventas de conciencia, tanta aceptación mezquina de mínimos miserables, cunado aceptarlos significa renunciar a reivindicaciones esenciales.

No nos mueven ni ambición ni interés; sino motivos tan fundamentales y tan limpios como los que he mencionado; motivos superiores a los que engendran las posibilidades de deserción y de traición.

Hay quienes consideran que nosotros somos idealistas; que de los manantiales de que procede nuestra conducta política no pueden brotar fuerzas victoriosas. Tampoco somos ilusos, sino perfectamente realistas; pero partimos de una realidad como ella es, conocida en sus términos indeformables, para alzarnos sobre ella. Vemos claramente que estamos pisando en el lodo, pero alzamos la vista hacia arriba y en la presencia del cielo queremos subir a él.

Hay quienes pretenden también que somos pesimistas o resentidos y que capitalizamos los males del pueblo para hacer de ellos palanca de movimientos políticos; que explotamos el dolor de México para encumbrarnos por él al poder público.

Tampoco. Ni pesimistas ni resentidos; sino desbordadamente optimistas, jubilosamente optimistas. Entendemos muy bien los datos negativos de nuestra situación, de nuestra realidad; pero localizamos y aclamamos junto a ellos los datos positivos, las magníficas potencialidades de progreso y de dicha, de libertad, y de justicia que México tiene. No somos pesimistas.

Hay, ciertamente, la miseria dolorosa de México. Esto no es un argumento político en los labios de los candidatos, es un dolor estrujante en las entrañas y en el alma del pueblo. Solamente no ven esta realidad

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quienes nadan en la abundancia de las riquezas mal habidas.

Solamente no ven esta realidad quienes integran la oligarquía privilegiada que considera al pueblo de México materia de explotación y no de servicio, capacidad de producción de utilidades y no entidad humana con derecho a ser tratada con respeto en su patria, con derecho a vivir sobre la tierra con el pan material para el cuerpo y con la justicia y la luz para el alma, sin los cuales un hombre no es plenamente hombre.

Vemos la miseria y queremos remediarla. Esto es ser al mismo tiempo realista y honrado. Negarla o explotarla es no ser ni realista ni honrado; es simplemente ser mercader de la miseria del pueblo. Pero no es irremediable esa miseria. Al lado de ella, con qué satisfacción señalamos las posibilidades del remedio.

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Hay posibilidades económicas en México. Indudablemente hay recursos naturales inexplorados. Indiscutiblemente estamos viviendo sobre un mínimo de trabajo, sobre un mínimo de explotación de los recursos naturales. Hay un pueblo ansioso de trabajar que carece de oportunidades de trabajo, que clama por un salario justo, que tiene que buscar en el destierro medios de vida, que abandona el campo, y hay un país que tiene en sí lo necesario para multiplicar los centros de producción y de trabajo. Pero no hay estos centros ni

hay satisfacción para la miseria. Las posibilidades las tenemos enfrente. Falta la institución, la suprema fuerza social limpia, apta y enérgica, que reúna al sujeto humano de necesidad y de trabajo, al pueblo de México que sufre miseria y que es capaz de remediarla con su esfuerzo, con los elementos materiales, no sólo inexplorados sino abandonados, ni siquiera inventados, que pudieran hacer nuestra normalidad y nuestro bienestar.

Hay ciertamente –y sería también torpe negarlo–, hay ciertamente en México opresión, desconocimiento de derechos esenciales en la ley en la práctica, incluso en la ley constitucional. Los derechos humanos esenciales, para el estado faccioso mexicano sirven como pretexto de simulación democrática en escenarios internacionales, para la participación de los representantes de México en instrumentos diplomáticos inoperantes, inútiles en relación con los males que el pueblo sufre; pero aquí dentro de México hay persecución legal por los derechos esenciales.

Hay atentados monstruosos contra la persona humana, contra la familia, contra la conciencia religiosa del pueblo.

Hay caciquismo bestial, hay desprecio, humillación y abandono del pueblo. El mexicano sufre en su integridad personal y en su integridad jurídica. En México no tienen vigencia prác-

tica los derechos esenciales del hombre y de las comunidades.

Que no se nos diga que tienen tolerancia de hecho esas prerrogativas irrenunciables. Los más nobles, los más sagrados bienes del hombre y de la comunidad no son susceptibles de confinación en zonas de tolerancia. Son dignos de respeto y acatamiento práctico, de vigencia franca pública y real, nuestros derechos. No tienen tratamiento propio cuando solamente son tolerados o permitidos por concesión o gracia del Estado. Nuestros derechos son bienes naturales: No nos los da el Estado como se da un mendrugo a un mendigo. Son patrimonio esencial del hombre y tienen que ser garantizados por la comunidad.

Pero al lado de estas violaciones hay también la contrapartida espléndida: el pueblo invariablemente fiel a sus valores personales y colectivos; el pueblo abrazado para siempre con las esencias de dignidad humana, de decoro, de libertad y de justicia que dan vida a la civilización occidental y cristiana; el pueblo que no se vende, que no se rinde, que no traiciona, que no se conforma con mendrugos de tolerancia, que sabe que sus derechos no son mercancía averiada ni vicio repugnante, si no el más alto atributo social de la substancia humana, la flor suprema de la dignidad personal, el brillo magnífico del espíritu en su peregrinación temporal, necesariamente cumplida en comunidad.

Hay también la injusticia social. La inmensa mayoría de nuestro pueblo vive en condiciones miserables, carece de mínimos necesarios para alcanzar niveles estrictamente humanos. Este problema, como el de satisfacción de los requerimientos imprescindibles, materiales y espirituales, de quienes no tienen más patrimonio que su capacidad de trabajo; como el de aumento y equitativa distribución de la renta nacional, permanecen abandonados. No ya el mexicano perteneciente a las categorías sociales más desamparadas, sino aún el trabajador medio carece de los bienes materiales más necesarios, soporta en salario insuficiente y en múltiples privaciones las consecuencias del desorden monetario y del desequilibrio económico general. Peor aún, se le cierra el camino de la reforma de la Nación entera y en primer término el trabajador mismo, tienen el derecho y el deber de gestionar para la instauración de un orden social, justo y suficiente.

faccioso. Así el obrero y el campesino, en vez de encontrar representación limpia, protección y defensa en el sindicato y en la comunidad agraria, son uncidos al yugo del Partido Oficial precisamente a través de sus organizaciones profesionales, secuestradas por el régimen faccioso, desviadas de sus fines naturales y degradadas a la categoría de piezas auxiliares del mecanismo imposicionista y monopolizador. Se trata a los trabajadores de la ciudad y del campo como si, por el hecho de no tener para vivir más que su capacidad de trabajo, tuvieran que renunciar a su calidad de ciudadanos. ¿Es que en México y bajo un régimen que se pretende revolucionario, el Sindicato y la comunidad agraria han de negar la capacidad y el derecho de los trabajadores para organizar la vida pública de su patria y para gestionar aquí un verdadero orden social, no una pantomima de reforma social que simplemente sirven de pantalla para ocultar el inmenso negocio de los privilegios del régimen?

No sólo carecemos de instituciones posibles y necesarias para el cumplimiento de la reforma social; sino que las ya existentes son desnaturalizadas, corrompidas y frustradas por la servidumbre política. Así se desvía de sus nobles fines de amparo y de servicio la Seguridad Social, apéndice burocrático y partidista centralizado, inepto, sacrificado al bajo apetito lucrativo y al exclusivismo

Y hay el tremendo problema del campo de México, problema no solamente económico, sino de integración social de la Patria, de normalidad económica y, ante todo, de dignidad personal de los campesinos.

Hay el problema de la incertidumbre de la propiedad de la tierra, el problema de la esterilización del campo y de la producción insuficiente, del abandono de las tierras por los

campesinos, asqueados del caciquismo, azotados por la miseria, perseguidos por la maquinaria infame de explotación que es todo el sistema agrario oficial.

Hay el timo de la tierra prestada que debiera ser propia, la tierra utilizada como eslabón de una cadena de servidumbre que se echa sobre el cuello de los campesinos para someterlos a explotación política. Hay la necesidad de la tierra propia que no se ha entregado al campesino y la necesidad del crédito oportuno y barato y, sobre todo, del crédito limpio; la necesidad de liquidar la usura abominable, la explotación monstruosa de los organismos oficiales de crédito que pesan sobre la agricultura privada y ejidal como una maldición.

Hay la necesidad de asistencia técnica, de acceso al mercado, de acceso a la organización profesional de los agricultores; hay la necesidad de abrir oportunidades nuevas de trabajo agrícola. El problema angustioso del campo, es también el problema angustioso del hombre del campo: el campesino sujeto todavía a la triple servidumbre de la miseria, de la humillación personal y de la explotación política. El fin primario de la Reforma Agraria en México fue la liberación del campesino. No se trataba simplemente de una recomposición física de la propiedad rural, sino de ir, a través de estos medios, hasta el hombre, hasta el destinatario

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final del orden político y del orden social, hasta el dueño, el beneficiario de la reforma, hasta el personaje único que tiene derecho en México a ocupar el primer plano en la escena de su historia y de su vida: el pueblo. Se trataba de ir al pueblo, de liberarlo, de hacerle dueño de su tierra; de capacitar al campesino para que fuera productor, empresario agrícola, con ingresos suficientes para la vida decorosa suya y de su familia para que, a través de la independencia económica, lograra su independencia personal y su independencia política.

Nada de esto se ha logrado. Simultáneamente se trataba también de lograr el robustecimiento de la economía agrícola de México, de aumentar la producción del campo, base de la normalidad económica nacional. Nada se ha logrado tampoco. Económicamente el campo es insuficiente. La mayor parte de las tierras entregadas en ejidos a los campesinos permanece inexplorada, porque rechaza el campesino una situación de miseria y servidumbre, no por que tenga repugnancia al trabajo, necesidad y anhelo constante; no porque se haya debilitado su amor a la tierra, amor visceral, tan profundo y fervoroso como sus más grandes amores. No está en la tierra del campesino, no se abraza a ella en el afán del trabajo fecundo y va a engrosar el triste proletariado de las ciudades o la trágica caravana de los desterrados, porque en el campo no hay propiedad, no hay

orden, no hay garantías, no hay posibilidad de trabajo productivo, sino miseria, caciquismo y explotación.

Pero junto a los datos negativos del problema, también aquí localizamos la presencia de las posibilidades, de los datos positivos que hacen no sólo probable, sino cierta, la solución. Hay la tenaz vocación agraria del pueblo de México, ese visceral amor del campo, esa vinculación con la tierra que se vuelve idilio en la presencia de todos los días, abnegación en el esfuerzo fecundante y júbilo incontenible en la cosecha. Hay la vocación agrícola de México; la necesidad imperiosa de estructuración social de México, como sobre una columna vertebral, sobre la clase de pequeños propietarios rurales, fieles al espíritu y a la tierra, es decir, irrevocablemente fieles a la patria, que es tierra y espíritu. Hay la generosidad de nuestra geografía, crítica, contradictoria atormentada, es cierto; pero generosa también.

En la economía, como en su figura física, junto a la roca áspera comienza el valle tierno, acogedor y amoroso como el seno de una madre. Tenemos la riqueza olvidada de nuestras costas, los litorales inmensos de México que no nos sirven casi para nada por culpa de la miopía, de la ineptitud y de la corrupción del Estado Mexicano. Son ciertamente escasas las tierras cultivables; pero hay todavía grandes posibilidades de apertura de tierras nuevas al

cultivo, para acoger millares y centenares de millares de familias campesinas que en ellas fincarán sus tiendas, que en ellas alumbrarán la fuente de su bienestar material, de su libertad y de su dicha.

Son posibles también la capacitación y el alumbramiento de aguas mediante obras modestas y eficaces, aunque no sean costosas ni espectaculares, que resolverán problemas vitales de un gran número de comunidades agrícolas. Son posibles igualmente la organización cooperativa en el campo, la asistencia técnica al campesino, el crédito fácil, oportuno y barato. Simplemente con los centenares de millones –tal vez hayamos llegado a los millares– con los centenares o millares de millones que el Estado Mexicano ha perdido por el manejo inepto, insincero y corrompido de un crédito agrícola destinado no a fecundar la tierra ni a servir al campesino, sino a engrosar las filas del Partido Oficial y las fortunas de los mercaderes del privilegio, se hubiera podido formar ya un sistema privado de crédito agrícola que sí fuera manejado con acierto y con limpieza.

Por ejemplo, se hubiera podido constituir un importante fondo de garantía de las inversiones del crédito privado en la agricultura, asegurando su recuperación substancial. Si además de crédito hubiera en el campo garantías, certeza del régimen jurídico de la tierra, tranquilidad y estímulo para los agricultores,

lo mismo pequeños propietarios que ejidatarios y aparceros, otra suerte corriera para México. No estaríamos dependiendo tan considerablemente como dependemos de la importación, aun para las necesidades más elementales de alimentación de nuestro pueblo.

En todas partes junto la carencia, junto a la desviación, junto al sufrimiento, hemos encontrado la fuerza espiritual o el recurso físico, el dato positivo para la solución de nuestros problemas. Somos un magnífico país potencial y somos un pueblo admirablemente dispuesto para el esfuerzo salvador.

En cuanto al Estado presta un mínimo de cooperación o de garantías, en cuanto el Estado simplemente no estorba, la recuperación, la normalidad y el progreso se afirman. Y conste que aplaudimos la acción del Estado cuando presta esa cooperación o cuando se abstiene del estorbo. Quisiéramos tener muchas ocasiones de prodigar este aplauso. Decía que en cuanto al Estado estimula o respeta en vez de obstaculizar, florece la iniciativa privada, construye el pueblo de México empresas magníficas, demuestra su capacidad de iniciativa de gestión y de trabajo, al nivel de cualesquiera otros pueblos o países de la tierra.

Con qué satisfacción proclamamos el progreso y el bienestar que se observa en ejemplares comunidades agrícolas que, alrededor de sistemas de riego

bien concebidas y ejecutados, han rescatado del desierto tierras que ahora son vergeles y han producido una riqueza que es una inyección de vigor y una posibilidad de salvación para nuestra economía. Donde quiera que hay oportunidades el pueblo demuestra aptitud, donde quiera que hay un problema y posibilidad de resolverlo, la solución al menos parcial, se realiza. Somos desbordantemente optimistas, jubilosamente optimistas. Hay país, hay pueblo, lo que nos ha faltado siempre es gobierno.

El notorio desequilibrio de nuestra economía puede solucionarse, si no precisamente con facilidad, porque no puede hablarse de facilidad frente a problemas enquistados en la realidad de México, por culpa principalmente del Estado. Durante más de un siglo, sí al menos con esfuerzo accesible a nuestros recursos, es seguramente posible la solución de todos nuestros problemas económicos. No somos un país desahuciado, sino capaz de recuperación de progreso, de abundancia y de dicha. México puede sostener en condiciones decorosas a un pueblo varias veces superior al que actualmente lo habita.

Hay también otros males tremendos de México, la centralización por ejemplo, que anemia la vida local, el desprecio de las comunidades municipales sacrificadas al centralismo provincial y, sobre este

centralismo, el absorbente centralismo, la hipertrofia patológica de la administración central que reconcentra recursos económicos, vida política y energías sociales y quita sus recursos al resto del país, como si hubiéramos de ser un enano monstruoso con una cabeza gigantesca y un cuerpo raquítico.

En ésta inversión torpe de una ley biológica elemental.

Todo el organismo debe estar saturado de energías vitales para que su realidad íntegra sea sana y vigorosa. Si se deja que perezcan en la asfixia y en la miseria los elementos de la periferia, las unidades de que está hecho el cuerpo total, todo esto sufriría decadencia ruinosa. ¿Cómo hemos de ser un país fuerte si son raquíticas las provincias y los municipios? ¿Por qué razón no han de tener vida propia nuestras provincias y nuestros pueblos, cuyo amor permanece vivo y acendrado en la familia metropolitana, vinculado al metropolitano entrañablemente con las comunidades lejanas de donde vinieron muchos de los hombres y las mujeres que están aquí, o vinieron sus padres, y que siguen amando su paisaje, su pueblo, que siguen recordando y amando su escuela y su templo, su hogar físico y espiritual? En la agitación de su vida presente han guardado como en un relicario el recuerdo de la cuna y del sepulcro. ¿Por qué hemos de dejar que esa realidad magnífica que

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comienza en las orillas de la capital, todo el país, en suma, sea una inmensa mendicidad impotente, tendiendo la mano a la limosna del poder central?

Es México entero el que tiene derecho a la vida propia, al bienestar, a todos los bienes que debe dar al hombre la convivencia, es México entero el que debe ser suficiente. La tesis de la hipertrofia del poder central y de la dependencia de provincias y municipios respecto de aquel poder, es disparatada y criminal. No deben acumularse en el Gobierno central todas las posibilidades de acción y de fuerza, dejando alrededor de él un vacío de miseria.

Necesitamos municipios con vida propia, provincias con vida propia, bastándose cada una de estas entidades sociales para cumplir sus fines, para respetar y servir a los hombres, a las familias y a las demás comunidades naturales que dentro de aquéllas viven. Esta escala, no de miserias dominadas por la engañosa plenitud desbordante de un poder parasitario, jineteando sobre el dolor total de la Patria, esta construcción armoniosa y equilibrada de suficiencias legítimas, limpias, ordenadas, represente lo que debe ser México.

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Pero también aquí junto al dato negativo, está el dato positivo, el entrañable amor de cada mexicano a su tierra, no sólo a su patria grande, sino a su patria chica y la tenacidad de la tradición que se abraza a las piedras de los viejos tem-

plos y a los troncos de los viejos árboles, como la niebla a la roca en las montañas, afirmando la irrevocable decisión de que permanezcan en México, fieles a sí mismas, sus esencias espirituales, para construir sobre ellas la realidad de la familia, del municipio, de la provincia y de la Patria.

No el país ni el pueblo, es el Estado que nos ha fallado. Y que no se queje el régimen de excesos de crítica, de desestimación de esfuerzos, cuando excepcionalmente los realiza con provecho para el país.

Puede haber, hay indudablemente obras acertadas de éste o de otros regímenes; pero el pueblo que palpa la incoordinación de los planes, que comprueba la falta de un programa coherente de trabajo, de un sistema lógico de soluciones; que sufre su dolor abandonado a sí mismo; que ve aplicarse atención y recursos del Estado preferentemente a actividades secundarias o decorativas, cuando hay clamorosas urgencias gravísimas de que no se hace caso; en presencia de la corrupción que hace del régimen faccioso inevitablemente una inmensa empresa de lucro, es natural que considere más como subproducto del apetito de lucro que como resultado de un propósito sincero de servicio esas obras excepcionales a que acabo de referirme.

Ha fallado el Estado y permanecen vivos y destructores y dolorosos nuestros problemas

en todos los órdenes de la vida colectiva, por falta de un Estado representativo. No cualquier tipo de Estado sirve al pueblo, no cualquier tipo de gobierno es capaz de hacer el bien a la Nación. Se necesita un gobierno ungido con el voto del pueblo, nacido de la voluntad del pueblo. Un gobierno a quien el pueblo designe y a quien el pueblo confiera por medio del sufragio la misión de servirlo limpia y abnegadamente, no será nunca un gobierno capaz de afirmar con osadía y con cinismo sublevante que no entregará el poder al pueblo sino por la fuerza de las armas.

Un gobierno nacido de la voluntad del pueblo y para servir al pueblo no será nunca capaz de hacer del pueblo y del país materia explotable en vez de comunidad digna de respeto y de servicio, dueño del destino de la Patria. Sólo un gobierno representativo es capaz de servirnos, sólo un gobierno representativo puede remediar nuestros males, darnos los bienes que tenemos el derecho de gestionar y exigir.

Permítaseme, para concluir, volver al punto de partida de mi exposición. Enumeraba los motivos determinantes de nuestra conducta política, describía las causas de nuestra presencia aquí, de nuestra participación en el magnífico esfuerzo por la rehabilitación política de México, del que es manifestación elocuente esta Asamblea, no episodio local, sino un paso

más de una larga marcha, un momento más en ese espléndido movimiento que no serán capaces de detener ni calumnias ni falsedades, ni compra de cómplices, ni exhibición de reblandecimientos sumisos.

Las formas sociales son como círculos concéntricos que rodean, que envuelven al hombre personal. Los más próximos al centro, los más íntimos, los más pequeños, pero más entrañablemente vinculados con la persona humana, determinan la conducta del sujeto en los más amplios y distantes.

Pero no acontece la peregrinación del hombre en recintos cerrados, sino en planos sucesivos de un mismo escenario abierto. El movimiento que comienza en el centro ondula la superficie total de la vida y llega a las riberas más remotas. El grito que resuena en un punto cualquiera del escenario se escucha en todo él, vibra en la totalidad de esta realidad inextricable, de este sistema moral único, de esta tela inconsútil de la vida humana que ata todos los momentos, todas las posturas, todas las actividades de la persona en su tránsito por la tierra. El hombre personal, sujeto único, es siempre responsable de su conducta, lo mismo en el rincón del hogar que en el escenario más encumbrado de la vida pública.

Esta verdad tiene para nosotros una importante aplicación. Estamos empeñados, por

los superiores motivos que mencionaba al principio, en un esfuerzo específicamente político. Si lo continuamos con limpieza, con acierto y perseverancia infatigable, necesariamente nuestra acción influirá sobre la realidad política de México. El pueblo logrará la rehabilitación que estamos procurando; se renovarán nuestras instituciones públicas, tendrá vigencia en México la representación del pueblo como origen y el servicio del pueblo como origen y término final del Estado. Y entonces, señores, el movimiento que nuestro esfuerzo determinó en el orden de la vida pública, la ondulación que partió del centro personal de nuestro sistema vital propio, refluirá hacia el mismo centro, regresará a nosotros en instituciones, en servicios, en limpieza, en fuerza reconstructora que reordene todas las formas de la vida social calcinadas por la maldición facciosa. Entonces se cerrará el ciclo de la vida moral del hombre y contemplaremos con claridad cómo nuestro esfuerzo político hizo el bien de México y, más acá, el bien de la provincia amada y, más cerca, el bien de nuestra ciudad o de nuestro pueblo, y, más junto a nosotros el bien de la familia, el bien de la esposa y de los hijos. Finalmente, una inefable iluminación y un júbilo incontenible nos saturarán hasta la médula del alma al entender cada ciudadano, en lo hondo del misterio ontológico de su ser personal, que por esa conducta realizó

también su propio destino en la tierra y más allá del tiempo.

Para cerrar el mitin, hizo uso de la palabra el Licenciado Manuel Gómez Morin, fundador del Partido Acción Nacional: “Una jornada como ésta, como la campaña toda deslumbrante de espontaneidad, de fervoroso entusiasmo, conmueven, estimulan, convencen.

Estamos deshaciendo patrañas. La sucia patraña de que “si el gobierno no hace las elecciones, no habrá elecciones”.

Lo que el pueblo exige es que el gobierno no impida las elecciones; que cumpla con su deber fundamental y mínimo de no ser beligerante contra el pueblo. Y logrará el cumplimiento de su exigencia justísima.

Una reunión como ésta, como toda la campaña, demuestra cómo está afirmándose cada vez más esa fuerza –la ciudadanía– contra la cuál nada aquí abajo, prevalecerá; contra la que no podrá perdurar ninguna usurpación. Crear esa fuerza, es nuestro deber y nuestro derecho. Es la tarea de todos. Una tarea sin odios ni rencores, sin resentimientos y sin venganzas. La tarea de crear la ciudadanía, la única fuerza que no necesitará ser violenta para imponerse, para imponer el bien común. La única fuerza que puede formar la Patria que anhelamos para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos”.

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El debate por el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica y la responsabilidad de los laicos Jorge E. Traslosheros

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El cardenal secretario de Estado del Vaticano Tarcisio Bertone declaró, no hace mucho, que “el celibato no es intocable” y que existen sacerdotes casados dentro de la Iglesia. Nadie debería llamarse a sorpresa por semejante comentario.

Lo cierto es que el celibato está a debate dentro de la Iglesia y no de tiempo reciente. Como historiador puedo afirmar que siempre lo ha estado de una u otra forma desde el inicio de la Iglesia (como introducción al tema remito al excelente libro de Jean Meyer). También me queda claro que la institución y el debate de nuestros días se entiende poco y mucho menos se comprenden sus implicaciones y consecuencias para nosotros los laicos. Vale la pena, pues, invertir unas palabras en el asunto dejando de lado, en esta

ocasión, hechos como que el celibato es una forma de vida apreciada en prácticamente todas las grandes religiones del mundo y en todas las culturas, asunto que sería tinta de otros papeles.

Para ubicarnos bien frente al debate en curso en la Iglesia Católica Romana es necesario considerar que: primero, el orden sacerdotal es un sacramento que imprime carácter a la vida de un hombre y que sólo existe en las iglesias cristianas de tradición apostólica que son aquellas fundadas por los apóstoles. Las más conocidas –que no las únicas– son las ortodoxas y la Católica Romana. El pastor protestante no es un sacerdote ni por analogía. Segundo, que existen tres “grados” en el sacerdocio: diácono, presbítero y obispo.

Tercero, que el celibato es una disciplina de vida y puede ser modificada. Cuarto, que el celibato es parte sustancial de la vida de los religiosos por lo que quedan fuera del debate.

Es un error común pensar que la Iglesia Católica es monolítica. Nada de eso. A su interior conviven distintas tradiciones que se dejan sentir de manera especial en sus diferentes ritos.

De forma un poco ruda se pueden dividir en dos: los orientales que suman más de veinte y, el latino que es el más conocido. Así, de manera muy general podemos decir que en las iglesias apostólicas –romana y ortodoxas– el celibato es opcional para los diáconos, obligatorio para los obispos y sólo en el rito latino del catolicismo romano lo es para los presbíteros. En cualquier caso, el matrimonio debe ser previo a la ordenación sacerdotal.

Pues bien, lo que actualmente se discute al interior de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la conveniencia del celibato de los presbíteros en el rito latino, toda vez que en este rito sí existen sacerdotes casados en grado de diáconos permanentes y, de manera excepcional, de presbíteros como sería el caso de clérigos anglicanos que, teniendo familia, vuelven a la comunión con Roma. Pocos están enterados de que, por ejemplo, en el sínodo episcopal sobre la eucaristía (2005), Benedicto XVI puso a consideración de los prelados el asunto del celibato. La principal oposición provino de los obispos de rito oriental en cuyas iglesias éste es opcional. Afirmaron que, lejos de ser una solución, el presbítero casado (uxorado se dice con elegancia) conlleva muchos problemas, entre ellos su falta de disponibilidad para ponerse al servicio de la comunidad. Como sea, el debate sigue abierto. El problema, entonces, no radica en el celibato como tal por mucho que éste escandalice a las conciencias “políticamente correctas” de nuestros días. El asunto es más complejo y afecta la forma de ser Iglesia, de vivir la comunión de los bautizados, de peregrinar como pueblo de Dios, la forma de ser dentro del Cuerpo Místico de Cristo.

Muchas ideas circulan para cuestionar el celibato de los presbíteros que, no obstante, bien podemos reducir a tres razones: una, porque genera comportamientos sexuales perversos; dos, porque al ser obligatorio genera frustraciones y; tres, porque le falta personal a la Iglesia.

Analicemos cada una de ellas.

La primera razón está asociada, sobre todo, al problema de la pederastia. Sin embargo, los análisis serios sobre este crimen demuestran que no existe relación causal entre el celibato y el comportamiento sexual perverso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 45 años fueron condenados por esta causa 54 sacerdotes de un total de 109 000; en Alemania, durante los últimos 15 años, se denunciaron 210 000 delitos contra menores, de los cuales sólo 94 involucraron a miembros del clero. De igual suerte se ha comprobado que un niño está más seguro en un medio en que se practica la castidad, que en sus clubs deportivos por escandaloso que esto resulte para algunos. En otras palabras, el criminal se esconde en la sotana, pero la sotana no hace al criminal.

El abuso contra del menor, así fuera contra uno solo, nos causa indignación por lo que el sacerdote representa. Esperamos que sea capaz de dar testimonio del amor de Dios y al prójimo, que sea una persona entregada a su pueblo en la vida sacramental, en la vida litúrgica y en el servicio a la comunidad. En todo caso, la tragedia nos ha permitido renovar nuestra conciencia de lo que significa un sacerdote. La profunda reforma al clero emprendida por Benedicto XVI, cuyo corazón es la carta a la Iglesia de Irlanda en el contexto del año sacerdotal bajo la protección del santo cura de Ars, está más que justificada.

La segunda razón contra el celibato aduce que, nadie puede ser obligado a renunciar a una vida matrimonial y sexual plena lo que es totalmente cierto. La obligación generaría frustraciones y resentimientos terribles. Por lo mismo, es necesario atender al hecho de que el celibato

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siempre es voluntario. Se llega a la decisión después de un largo proceso formativo, por lo que no es de sorprender que, la mayoría de quienes lo inician no alcancen la ordenación. Se trata de un compromiso que se asume y se sostiene en libertad. Pensemos tan sólo en que, incluso después de la ordenación, cuando no se puede seguir con esta forma de vida es factible solicitar la reducción al estado laical lo que, a tiro por viaje, se concede.

En cualquier hipótesis, a nadie se le impide que agarre sus chivas y se vaya a otro lado. Podemos afirmar con certeza que, lo común, es encontrar buenos sacerdotes a pesar de limitaciones y defectos. El que esté libre de desviaciones neuróticas que aviente la primera piedra. El alto índice de confianza que genera la Iglesia, según las mediciones publicadas, me parece que está directamente relacionado con este hecho.

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El tercer y mayor problema que veo con este argumento es que obedece a una visión clericalista de las relaciones y funciones al interior de la Iglesia que está costando mucho trabajo erradicar. Una actitud, un modo de ser Iglesia que es necesario desterrar pues, en nuestros días, puede convertirse en un auténtico pecado como lo señalara Juan XXIII en los documentos preparatorios al concilio Vaticano II. No nos engañemos, quienes tal argumentan son tradicionalistas involuntarios. Me explicaré.

Ahora bien, de un presbítero casado es justo esperar el mismo compromiso que de un célibe, pero con una carga adicional. Tendría que ser, además, marido y padre ejemplar, ser al mismo tiempo todo para su feligresía y todo para su familia, lo que se antoja francamente imposible como bien lo han hecho notar los obispos católicos en cuyos ritos sí existe el presbítero casado. Como podemos apreciar, ninguna de las dos razones hasta ahora analizadas resulta ser causa suficiente como para terminar con la disciplina del celibato.

Durante siglos casi todas las funciones de liderazgo dentro de la Iglesia fueron asumidas por los presbíteros de suerte que, por ejemplo, el diaconado permanente desapareció y los agentes claves de la pastoral, así como los teólogos eran todos sacerdotes. Podemos comprender que, este modo de ser Iglesia requería de la movilización permanente de un ejército de presbíteros para funcionar. En su forma más viciada podía reducir al laico a un personaje poco productivo a la disposición de las necesidades del clero. Obvio es decir que no siempre fue así, que la vasta red de cofradías que sustentaba este modelo conservaba un grado de autonomía elevado que solía ejercerse sin miramientos. En su momento, lo digo como historiador, tuvo su razón de ser y sus frutos fueron muy abundantes; pero aquella época ha pasado y el Espíritu, estoy cierto, nos conduce por distintos derroteros.

Un tercer argumento muy socorrido para cuestionar el celibato de los presbíteros es la escasez de personal en la Iglesia. Se dice que, si se dejara a los hombres casados acceder al presbiterado, entonces tendríamos suficientes sacerdotes. El argumento tiene tres problemas. Uno, que el sacerdocio sigue siendo un don, un llamado, una vocación con independencia del celibato. Dos, que el problema de la contradicción entre el servicio al altar, a la comunidad y la familia no depende de la cantidad de personal, sino de la vocación misma. ¿Queremos muchos y malos presbíteros? Yo prefiero pocos y muy buenos, capaces de vivir con intensidad su relación con Dios que es el sostén y corazón de su vocación.

Es tiempo de superar esta visión terriblemente tradicionalista del modo de ser Iglesia –aunque se presente en no pocas ocasiones como visión progresista y liberal– que se confronta con el Concilio Vaticano II y el magisterio pontificio. El concilio llamó a recuperar el diaconado permanente para los hombres casados por ser un servicio a la liturgia, a la Palabra y a la comunidad en la cual se vive inserto, en armonía con la vida familiar y profesional. Tal es el carisma que lo distingue. Sería bueno que los obispos lo tomaran muy en cuenta. De igual suerte puso énfasis en la función del presbítero como “cabeza en Cristo” al servicio del altar y de la Iglesia. En la misma lógica, hizo un llamado a que los laicos

nos incorporemos a la vida de la Iglesia, a que nos dejemos de hacer los occisos y asumamos de una vez por todas nuestra responsabilidad en la comunión de los bautizados, a que dejemos de ser católicos vergonzantes y participemos de manera decidida en la vida cultural, política, científica, artística, etc., de nuestra sociedad.

Me parece elemental que los laicos dejemos de pedirle todo al clero, que depongamos esa actitud de culparle siempre de los problemas de la Iglesia. Una actitud cuya finalidad está en justificar nuestra inacción, que en aras de ser “católicos adultos y críticos” nos reduce a simples escuincles berrinchudos. De lo que se trata es de asumir responsabilidades, de ser auténticamente católicos adultos capaces de ocuparnos de los demás y dar ancha cabida a la multiplicación de los carismas que caracteriza a esta nueva primavera de la Iglesia –como le ha llamado Benedicto XVI– y que, claro está, escapa a los ojos de los medios de comunicación y de los observadores poco atentos. El que lo dude que se ponga a observar con detenimiento el florecimiento de los variopintos movimientos de Iglesia de nuestros días que para gustos hay de todo, desde los sencillos, francotes y solemnes Caballeros de Colón, pasando por la mística de Schönstat, la sofisticación litúrgica de Camino Neocatecumenal, la alegría sobresaltada de la Renovación Carismática, hasta la amistad incondicional y profundidad teológica de Comunión y Liberación, sin que esto signifique que sólo dentro de estos, y muchos otros movimientos, se pueda actuar. Las opciones de participación abundan empezando por las parroquias que siguen siendo la primera opción pues siempre nos pone en la posibilidad de florecer ahí donde Dios nos ha sembrado. Y puestos a participar, abría que empezar por el sencillo testimonio cotidiano en nuestro trabajo, comunidad y familia sin ostentación altanera y sin ocultamiento de la identidad. ¡Opciones sobran, lo demás son pretextos!

Estoy cierto que, la demanda del fin del celibato de los presbíteros favorece el clericalismo en cualquiera de sus formas: ya sea como demanda de clérigos ante los cuales los laicos nos

comportemos clericalmente, como “laicos con sotana” como solía decir de forma muy atinada el obispo Casaldáliga, lo que convierte a la Iglesia en una especie de club social en donde la membrecía tiene sus privilegios; ya sea como laico berrinchudo que se la pasa tirando de piedras a los sacerdotes, señalándolos con dedo flamígero y culpándoles de cuantos males existen en la Iglesia, exigiendo “democracia”, “gobierno compartido” y linduras por el estilo, es decir, tratando a la Iglesia como partido político o simple estructura de poder.

Ambas posiciones olvidan que, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo del cual todos formamos parte, que es el pueblo peregrino de Dios y también Sacramento de Salvación. Que la Iglesia no es un club, ni un partido, que tiene un anuncio que ofrecer al mundo en seguimiento de Cristo y que este afán va marcando distintas formas de ser Iglesia, siempre renovadas y siempre en armonía con la tradición apostólica. Ambas formas de abordar el problema del celibato reproducen el mismo problema, favorecen un clericalismo que nos distrae del fondo de las cosas. Es tiempo de poner el vino nuevo en odres nuevos.

Si ponemos atención al concilio, al magisterio pontificio y a los signos de los tiempos, resulta fácil entender que no se requieren muchos presbíteros, sino pocos y muy bien formados en lo espiritual e intelectual, que ha llegado el momento de decidirnos a dar cauce a los carismas dentro de la Iglesia sin confusión, sin confrontación, en comunión. Laicos, consagrados, diáconos, presbíteros, obispos, religiosos y religiosas tenemos distintos talentos y distintos carismas, todos ellos necesarios, que es menester poner al servicio de la comunidad. Sólo así daremos testimonio de la fe y razones de nuestra esperanza, con verdad y en caridad. Es tiempo de dejar de añorar una Iglesia “clerical” repleta de presbíteros, que para el caso daría lo mismo que estuvieran casados o se mantuvieran célibes. Es tiempo de asumir responsabilidades en esta bella forma de vivir que es el encuentro constante con Jesús, empezando por nosotros los laicos.

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Evolución del narcotráfico en México, primera parte Iván Paoli Bolio

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Panorámica general El trabajo se encuentra dividido en apartados en los que se pretende cubrir diferentes facetas de la existencia del narcotráfico, sus antecedentes y la cultura del poco respeto por el cumplimiento de la ley en el país que le ha permitido desarrollarse, y el combate al mismo, haciendo énfasis en el enfrentamiento iniciado por el presidente Felipe Calderón en 2007, que está siendo una experiencia histórica inédita en México porque hasta antes de enero de ese año, se convivía con el tráfico de drogas suponiendo, probablemente, que esta actividad resultaba un mal menor, que en todo caso México era un país de

paso de las drogas y también que sólo dañaba a una pequeña parte de la población.

Durante el sexenio de Vicente Fox la lucha contra el narcotráfico se intensifico en el sentido de la incautación y destrucción de grandes volúmenes de drogas, particularmente de la marihuana, la amapola y la cocaína proveniente de Sudamérica, y la aprehensión de un número importante de capos. No obstante, se mantuvo la infraestructura organizativa de los narcotraficantes, particularmente la que operaba desde los cuerpos policíacos desde diferentes niveles jerárquicos, lo que se ha venido a comprobar con

las aprehensiones a finales de 2008 de mandos policíacos federales, de la Interpol y de policías estatales y municipales.

Y si bien es cierto que no puede asegurarse que los cuerpos policíacos, especialmente los de estados municipios, han sido totalmente depurados de malos elementos, sí lo es que se ha avanzado de manera importante en esta limpieza, que es una de las claves que históricamente han permitido el desarrollo de esta forma de operación de la delincuencia organizada.

Los narcotraficantes se habían apoderado de regiones importantes para sembrar y cosechar estupefacientes, especialmente la marihuana y la amapola, áreas rurales en las que, o se apoderaban de su conducción gubernamental, ya fuera por la vía electoral pagando las campañas de los candidatos locales, o por la fuerza, mediante la estrategia de ofrecer a las autoridades la disyuntiva de que si aceptaban sus condiciones tendrían “plata” y si no tendrían “plomo”.

Lo anterior además de extender exitosamente su influencia mercantil perniciosa a las áreas metropolitanas para ampliar sus mercados en el ámbito nacional. Sólo en el Distrito Federal (DF), entre 2003 y 2004 los expendios de venta al menudeo de estupefacientes se multiplicaron en más de 700 por ciento. En ese momento tanto la Procuraduría General de la República (PGR), como la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y del DF (SSP DF), estimaban que había entre 10 mil y 11 mil de esos expendios en el Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM), lo que representa millones de pesos al día si se considera que si sólo el dos por ciento de una población de más 20 millones de habitantes del área metropolitana consumiera drogas, eso representaría un mínimo de 400 mil clientes adictos u ocasionales a cualesquiera de los estupefacientes que se ofrecen en esos mercados, y si cada uno de ellos pagara un promedio conservador de 400 pesos al mes (dados

los precios de las diferentes drogas), ello arrojaría una suma nada despreciable de 160 millones, que al año sumarían alrededor de 2 mil millones de pesos solamente en el AMCM. Se estima que un pequeño paquete (grapa) de cocaína, dependiendo de su pureza, puede variar entre los 40 y los 120 o más pesos. Al consumo de esta droga habría que agregar la más común que es la marihuana y las drogas de diseño que, con algunas variaciones desde el siglo pasado han venido ganándole terreno a los estupefacientes tradicionales (marihuana, cocaína y las derivadas de la amapola: la morfina y la heroína).

La cocaína y los estupefacientes sintéticos dependen de los envíos que se hacen desde Sudamérica, particularmente de Colombia y Bolivia y, en el caso de las drogas sintéticas, de los envíos de materias primas tales como la pseudoefedrina de otros países, particularmente de Asia, que se procesa con facilidad en laboratorios clandestinos en nuestro país que, por su bajo costo, se destinan tanto al mercado interno principalmente de la zonas metropolitanas, como fundamentalmente al de los Estados Unidos y más recientemente a Europa por la asociación entre las bandas mexicanas y grupos mafiosos del viejo continente.

En razón de lo anterior, en este trabajo, en primer lugar, se exponen los antecedentes del poco respeto al estado de derecho en nuestro país, inculcado a grandes sectores de la población por las prácticas del contrabando, la evasión de impuestos y las incongruencias tanto económicas como jurídicas a lo largo de trescientos años de vida colonial y dos desde el inicio de la guerra de independencia hasta nuestros días.

El cambio de estas inercias, contrarias al estado de derecho, supone que el combate al crimen en general y al organizado en particular, debe empezar desde la formación escolar y culminar

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con el combate que destruya o al menos haga mínima la esperanza de impunidad para los delincuentes que durante mucho tiempo ha resultado ser el máximo estímulo para las prácticas del crimen organizado y no organizado en todas sus modalidades.

Es importante señalar que aunque se combata al crimen organizado, si el estímulo para la actividad delictiva, sus beneficios económicos y de impunidad, es mayor que su castigo, esta situación hará que éste tienda a crecer, pero si la mayoría de los delincuentes fuera apresada y castigada en proporción a sus delitos, y sin complicidades de los cuerpos de seguridad pública, la actividad del crimen organizado tendería a ser cada vez menor y ello contribuiría a mejorar la seguridad pública ya desde la prevención en la escuela en contra del consumo de drogas y aún a aumentar la confianza en el país de inversionistas nacionales y extranjeros al considerar que correrían un menor riesgo, ellos, sus familias y sus inversiones.

En este punto es importante señalar que, cuando se cierra o se obstaculiza más allá de ciertos límites alguna forma de operación del crimen organizado, esta puede derivar en otras tales como el secuestro en una o más de sus modalidades, el robo de vehículos, la extorsión, el chantaje y el robo a las instituciones financieras, por lo que resulta necesario armonizar , en una estrategia integral, todas las formas de represión de estas prácticas delictivas, además de tomar medidas preventivas, especialmente desde la currícula de los estudiantes desde la escuela primaria hasta los diversos niveles de educación superior.

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La evolución histórica del narcotráfico, a partir del hecho de su aparición como actividad ilícita en 1920, en que se prohíbe (el tráfico de drogas, antes era considerado una actividad legal en México y en muchas partes del mundo), es el hilo conductor de este trabajo que, como historia, tiene lagunas debidas a la dificultad de

obtener información oficial y extraoficial, la primera por la corrupción y el contubernio de autoridades de alto nivel, en un tiempo en el que había temas vedados a la opinión pública, y que ahora, con la detención de funcionarios infiltrados por el crimen organizado en la Subprocuraduría para la Investigación del Crimen Organizado (Siedo), de la PGR, de SSP y aún de la Embajada Norteamericana y de Interpol, ha empezado a reconocerse, que si bien el problema se extiende a niveles inferiores de los cuerpos policíacos este se llegó a extender hasta mandos medios y superiores.

La censura oficial, que antes impedía el reconocimiento de esa realidad, ejercida directamente por la Secretaría de Gobernación (Segob), fue una actividad permanente en México hasta finales de los años noventa. En realidad, la libertad de expresión por parte del gobierno, empieza a vivirse en nuestro país hasta finales del siglo pasado, con el breve paréntesis de principios de ese siglo, del gobierno de Don Francisco I. Madero, en que esa libertad fue aprovechada por muchos periodistas, que antes habían sido beneficiados por la dictadura, para golpear al gobierno que la respetaba.

Por lo que se refiere a la información extraoficial que podía provenir de las mafias del narcotráfico o de sus allegados, era excepcional, salvo algunos casos muy notables debidos a periodistas que se han jugado la vida y, en muchas ocasiones la han perdido heroicamente por investigar lo que ocurre en el mundo del narcotráfico, tal es el caso de Manuel Buendía y J. Jesús Blancornelas creador de la revista Zeta, que también padecieron la censura de aquellos años y como muchos otros pagaron con su vida el haber llevado una existencia profesional tan digna como su sacrificio.

Al respecto la citada revista consigna en su versión electrónica: “Nunca se cansó. No lo asesinaron las balas del narcotráfico, Jesús Blancornelas, custodiado por el Ejército Militar y

aguerrido periodista, no murió de cáncer aunque sí lo padeció. Su legado queda impreso.”

Sin embargo, la libertad de expresión y la relativa transparencia con que hoy se cuenta en el país ha permitido saber, día a día, cómo avanza el combate al narcotráfico, las consecuencias tanto de muertes como de las aprehensiones de la guerra declarada contra él, los decomisos de drogas, de dinero, de armas y otros elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de los narcotraficantes, que ni en el sexenio de Vicente Fox habían sido más cuantiosos.

La transparencia, que durante la mayor parte de los gobiernos priistas era muy limitada, comparada con la que se tiene hoy luego de que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental del 12 de junio de 2003, reformada el 6 de junio del 2006, que si bien es todavía imperfecta, la transparencia es un hecho, cada vez más patente en la vida política, en la económica y en la opinión pública, a pesar de muchas denuncias probadamente infundadas de la oposición al régimen actual y al anterior, tanto que se han creado comisiones legislativas para investigar supuestos tráficos de influencias, cuyos resultados han sido objetivamente nulos; y que de no haber servido como pretextos para llevar a cabo campañas de propaganda negativa, no hubieran servido para nada.

Además, hoy el Legislativo es un poder independiente, que cuenta con los recursos necesarios, jurídicos, económicos, técnicos y de base social para investigar lo que se requiera y, en su caso, someter a juicio los presuntos infractores de la ley.

El siguiente apartado da una breve descripción de los principales carteles del tráfico de drogas con información que ha hecho pública la PGR. La información de la PGR hace una estimación de las zonas en que han operado o siguen operando estas bandas, así como de sus

áreas territoriales de influencia y las confrontaciones entre las mafias para ampliar sus territorios y sus rutas de acceso a los mercados, lo que ha originado que más del 80 por ciento de las ejecuciones ocurridas correspondan a elementos que operaban a favor del narcotráfico y contra las bandas opositoras. Este dato por sí solo es un indicador de quién está perdiendo la guerra, pero no de que esté ganada todavía por ninguno de los bandos.

El dato anterior representa el argumento más sólido en relación con quien está ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico en México y es que nadie que absorba un porcentaje de tal magnitud de las bajas en una guerra puede considerarse que la está ganando; a ello habría que agregar, no sólo la captura de importantes capos de la droga, sino decenas de miles de personas encarceladas pertenecientes a ese bando.

El apartado correspondiente a los “rendimientos de la droga” ofrece un panorama de las estimaciones que ha realizado el investigador Carlos Reza Nestares de la Universidad Autónoma de Madrid, desde el punto de vista de la organización administrativa del narcotráfico y de la evolución de sus utilidades en relación con las diferentes drogas y su preferencia cambiante en el mercado norteamericano que, dicho sea de paso, arrojan rendimientos que, groso modo, concuerdan con estimaciones de la Agencia para el Combate al Narcotráfico de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa.

El apartado de “la contracción y sus consecuencias” permite apreciar cómo ha crecido la demanda interna de drogas en México, en relación con la significativamente menor demanda del producto que proviene del territorio mexicano o pasa por él con rumbo a Estados Unidos, donde se ha desarrollado una producción importante de marihuana y otros estupefacientes.

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Con ello los narcotraficantes latinoamericanos no sólo enfrentan crecientes barreras para pasar sus productos a Norteamérica, sino una mayor competencia en ese mercado, con los inconvenientes de haber dejado de ser una especie de oligopolio del narcotráfico en ese país que ahora produce una parte importante de su consumo.

La protección de las bandas trata de cómo buena parte de las policías estatales, municipales y federales se convirtieron y, en alguna medida han seguido siendo, protectores regionales de las bandas del narcotráfico. No es difícil percatarse de esta realidad cuando en casos como el de los linchamientos del pueblo de Ixtayopan en Tláhuac el 23 de noviembre de 2004, se observan algunas fotografías y testimonios de que policías locales destinados a esa área, se quedaron mirando las acciones en contra de los tres elementos de la Policía Federal Preventiva sin hacer el menor intento por protegerlos, que fueron linchados por la población y sólo uno de los tres sólo pudo conservar la vida. Al respecto puede considerarse probable que los policías locales asignados a esa zona no actuaron por miedo o quizás por estar recibiendo dinero de los narcomenudistas.

En este apartado se señala también la influencia que han tenido en la protección del narcotráfico organizaciones que operan a nivel nacional e internacional y que se aprovecharon de las mafias nacionales, en un intento por conseguir recursos para deshacerse de opositores políticos tales como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en los años ochenta.

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Conviene recordar que el linchamiento de Ixtayopan, en la delegación de Tláhuac, fue promovido por narcotraficantes al menudeo en esa Delegación, con el pretexto de que los policías federales tenían la intención de secuestrar a niños de las escuelas de la zona. En relación con ese caso, es importante dejar en claro que los habitantes del pueblo de Ixtayopan que participaron fueron engañados por los narcotraficantes

de la zona y que, en consecuencia, no puede culpárseles de lo ocurrido. El verdadero culpable, en este caso como en otros, tales como las manifestaciones para que el ejército se retire de zonas clave para la introducción de drogas a los Estado Unidos, es el narcotráfico.

Se presenta también la evolución reciente del consumo en nuestro país y el caso de las drogas sintéticas o “de diseño” que, por sus posibilidades sencillas de fabricación, por la facilidad de conseguir sus materias primas, por su maniobrabilidad y bajo precio, se están convirtiendo en el producto preferido por los narcotraficantes en México y en el mundo, como puede verse tanto por el incremento de su presencia en el mercado mundial de estupefacientes, como por la simplicidad de los laboratorios en los que se pueden producir. Además una buena parte de las materias primas que se utilizan en las drogas de diseño son de uso común en la industria farmacéutica, tales como los medicamentos que suelen utilizarse para combatir los síntomas de la gripe.

Finalmente se pone sobre la mesa la discusión sobre la posibilidad de legalizar las drogas, tomando como antecedente el conflicto que se desató en la Unión Americana a raíz de la Ley Seca y su posterior derogación, los inconvenientes de que México tomara unilateralmente esa medida si no se acompaña de compromisos internacionales semejantes en los Estados Unidos y Europa. A modo de conclusión, se señalan las informaciones mal intencionadas o incompletas que han dado lugar a afirmaciones tales como la de que México es un estado fallido, que está perdiendo la guerra contra el narcotráfico o las secuelas delictivas que podrían seguirse en caso de que las condiciones internacionales y nacionales hicieran posible la legalización.

Antecedentes históricos: época colonial y el inicio de la vida independiente El fenómeno del narcotráfico y la subcultura que ha generado tiene antecedentes que se remontan a tiempos anteriores a la guerra civil de 1910,

pero es hasta 1920 que puede denominarse propiamente como narcotráfico, con las connotaciones actuales de violencia y crimen organizado, que es la perspectiva desde la que se observa el fenómeno a lo largo del presente trabajo, y cuya intención es la de proporcionar elementos que permitan tener una mejor comprensión de esta preocupante realidad en nuestro país, sin desviaciones de tipo ideológico, que ha sobrepasado con mucho la inseguridad pública que en algunos momentos de nuestra historia reciente han representado los movimientos guerrilleros, aunque en últimas fechas han ocurrido sucesos que permiten plantear, más que hipótesis, hechos en los que están relacionados unos y otros, a partir de los nexos existentes entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que de acuerdo con diversos indicios parecen están vinculadas con la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que opera en nuestro país y con otros grupos.

La subcultura del narcotráfico se asienta en algunos de los aspectos culturales anteriores y por lo mismo más profundos del país, que vienen desde la época colonial y cuyas raíces se empezaron a desarrollar en los 300 años de historia colonial, un siglo más de lo que llevamos de vida independiente. En ese tiempo era común que medidas legales que se promulgaban en todo el Imperio Español, eran realmente diseñadas para España y, en la Nueva España, venían acompañadas de la leyenda: “Obedézcase pero no se cumpla” porque, o no eran aplicables a la realidad social de la Nueva España, o su aplicación podría haber sido inconveniente, con lo que el cumplimiento de la ley caía en un relativismo que provocaba en el habitante común de la colonia un efecto de ambigüedad respecto del cumplimiento y el respeto a la ley.

Ese efecto tenía, ya desde entonces, resultados tales como el contrabando y de la fabricación de productos reservados para los fabricantes del viejo continente, para desalentar el

crecimiento industrial y comercial de las colonias, y que eran prácticas comunes en la Nueva España: “El nacionalismo español no permitía que comerciara con América ningún extranjero, considerando en ocasiones como tales aún a los mismos habitantes de algunas regiones de España.

Al principio sólo podían ejercer este comercio los súbditos de Castilla y León”. (1) Posteriormente se pusieron límites al comercio con otros países latinoamericanos y aún con Las Filipinas, lo que nuevamente favoreció la cultura de no respeto a la ley al obligar a la práctica del contrabando, ante las barreras legales impuestas por y las necesidades de importación y exportación de mercancías que reclamaba el desarrollo de las colonias: “Por cedula real del 8 de abril de 1734 se concedió al gobierno de Manila (Filipinas) traer a Acapulco 500,000 pesos de mercancías anualmente y retornar 1,000,000 de pesos fuertes.

Humboldt opina que generalmente el volumen de este comercio era mucho mayor de lo que las leyes señalaban, llegando a tener un valor de dos millones de pesos. El mismo autor afirma que ‘las comunidades eclesiásticas son después de los comerciantes de Manila, quienes toman la mayor parte de aquel comercio”. (2) “Los contrabandos … se llevaron a cabo con suma frecuencia durante toda la época colonial sobre todo cuando España se hallaba empeñada en una guerra. El Barón de Humboldt dice que ‘en tiempo de guerra se ha visto muchas veces que las fragatas que bloquean la rada desembarcan el contrabando en la Isla de los Sacrificios’ (frente al puerto de Veracruz)”. (3) El Dr.Walther Breneker, director del Programa de Estudios de España y América Latina de la Universidad de Erlangen de Nürembreg, Alemania, experto en la historia económica de México en el siglo XIX, explica que la enorme extensión

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del contrabando en el México de ese siglo se debía a varias causas que remiten a la corrupción como fenómeno histórico. Por un lado los aduaneros corruptos que hacían posible el contrabando, en muchos casos tenían que recurrir a un ingreso extralegal si querían sobrevivir, y como la corrupción se entronizaba en la mentalidad de la época, los funcionarios se dejaban sobornar sin mayores cargos de conciencia.

Muchos funcionarios públicos administraban su cargo según los principios del mercado y lo usaban como fuente de ingresos, lo que puede considerarse un legado de la administración española en las colonias. El cargo público era tomado como una posesión de la que había que sacar el mayor provecho posible. Además, como el sector económico se desarrollaba muy débilmente, muchas personas recurrían a la vía burocrática en busca de riqueza y prestigio. No regía la norma “riqueza es poder”, sino la de “poder es riqueza”.

Sin embargo, a la situación mexicana del siglo XIX no se puede aplicar la categoría moderna de corrupción como abuso de un cargo público, ya que no existía la separación de lo público y lo privado. Regía más bien una mentalidad del antiguo régimen que consistía en que tener un cargo público no exigía lealtad incondicional al Estado. Las lealtades personales o de grupo, como todavía se observa en nuestro país, eran las más importantes. Esta inercia ha continuado hasta nuestros días y, aún después de iniciada la alternancia democrática en el año 2000, ha contagiado de diversas maneras a varios partidos políticos.

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Esta interpretación de la corrupción permite ver al contrabando como un buen indicador que permite investigar aspectos relevantes del Estado y la sociedad. Uno de los problemas que tuvo que enfrentar el Porfiriato fue precisamente el del contrabando que se fue gestando durante el siglo XIX sobre todo en las aduanas de los principales puertos y en la frontera con los Estado Unidos. (4)

El siglo XX En México, entre 1888 y 1911 las cantidades de opio importado oscilaron entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas. El consumo de opio en forma de láudano –mezcla de opio de alta calidad, alcohol de 30º, azafrán y esencias de canela y clavo– y otros compuestos opiacios, era legítimo y usual. En Sinaloa, datos estadísticos de 1886 consignan ya desde entonces la existencia de la adormidera blanca (amapola blanca), rica en morfina, entre la flora de la región.

Sin embargo, el opio se importaba de Estados Unidos, Europa y Asia (5) . En 1920 las autoridades mexicanas se sumaron a la tendencia internacional de criminalizar el consumo de dichas drogas, e influidas por reuniones internacionales promovidas por Estados Unidos empezaron a controlar la producción de opio y sus derivados y se establecieron “Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza” (6), que prohibían el cultivo y la comercialización de la marihuana, salvo para su utilización con carácter médico. Sin embargo, todavía se permitía el de la adormidera y la extracción de sus productos cuando se tuviera el permiso correspondiente. Un lustro después la prohibición se extendió a ambas plantas; en consecuencia, los productores, vendedores y consumidores se convirtieron en traficantes, viciosos y criminales.

En la década de los años cuarenta del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que formaban el denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivo de la marihuana y amapola.

Esta actividad se fue convirtiendo en una enorme mina de oro para las bandas de narcotraficantes, pero también trajo consecuencias funestas para la población por la violencia que desató y permitió crear bases de apoyo en una ciudadanía que no los denunciaba por temor a sufrir igual suerte que los integrantes de organizaciones rivales.

Por sus condiciones geográficas y climáticas, el municipio de Badiraguato ofreció refugio a los cultivadores de plantas tóxicas, a fin de extraer de sus bulbos los narcóticos para el suministro médico de las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. La demanda en el norte hace altamente redituable la producción en el sur y la operación de los conductos transfronterizos para la introducción de la droga a Estados Unidos.

Las reseñas orales sobre la historia negra de las drogas en Sinaloa hablan de los sucesos de esa época que han sido recogidos por historiadores y escritores locales. Los textos precisan que el cultivo de la amapola no la implantó ningún lugareño del denominado.

Triángulo Dorado de la Droga, sino los chinos que llegaron al país como mano de obra barata para el tendido de vías para el ferrocarril.

Entre 1880 y 1920 los asiáticos se asentaron en Badiraguato y transmitieron las técnicas de siembra de la adormidera y su procesamiento en heroína. La amapola, que como flor de ornato en patios y jardines era un gran atractivo, se volvió codiciada con la crisis de la actividad minera y la desaparición de cortijos que daban ocupación a pobladores de Alisos, San Javier, Santiago de los Caballeros, Otatillos, Tameapa y Tepeacan, en el municipio de Badiraguato. Así, en 1939 prolifera la siembra de la amapola y se configuran grupos recolectores de los jugos que se extraen de sus bulbos para convertirlos en morfina y heroína.

De acuerdo con Alberto Cedillo, autor del libro Los nazis en México (7) con documentación de archivos secretos recientemente puestos a la luz de México y Estados Unidos, los nazis o simpatizantes de ese movimiento de diversos países (Alemania, México y norteamericanos tales como el actor Errol Flynn) buscaron inundar de marihuana a Estados Unidos para financiar, con las ganancias del

comercio de la droga los planes bélicos de los germanos, y sostener el espionaje político de los nazis en los más altos círculos de la política nacional. “La organización era dirigida por el general Francisco Javier Aguilar González, importante diplomático, y sus principales cómplices eran los gobernadores y exgobernadores de varios estados: Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí; Donato Bravo Izquierdo, de Puebla; Miguel Alemán Valdés, de Veracruz, y Maximino Ávila Camacho, ex mandatario de Puebla”.

Y añade, ”La organización impulsada por los nazis no sólo utilizó las rutas inauguradas por los chinos, sino que abrió nueva vías para llevar los estupefacientes enviados desde Alemania y Japón a ciudades como El Paso, Douglas, Laredo y San Diego. La logística y las operaciones de campo del cártel eran supervisadas por un teniente coronel desde la mismísima Oficina de la Presidencia. Para lo referente al lavado de dinero, el cártel incluyó a un banquero de origen sirio”.

Para el escritor sinaloense Leónidas Alfaro Bedoya, la goma de opio –producida inicialmente con fines médicos– se transformó en un negocio. En la posguerra aumenta la siembra y el tráfico de la goma, se organiza en forma clandestina en la ciudad capital, en un barrio clave, con características semirurales: Tierra Blanca, en virtud de que al término del conflicto bélico la demanda de narcóticos crece con el retorno de soldados adictos de Estados Unidos. Después de los sesenta, el negocio se concentra en pequeñas familias del barrio de Tierra Blanca.

Figuras emblemáticas de esos años, como Eduardo Fernández “don Lalo” y Jorge Favela se convirtieron en las cabezas visibles del tráfico, con recolectores de la goma en la sierra, y los apellidos Fonseca, Caro, Payán y Quintero comenzaron a conocerse como vinculados al tráfico de estupefacientes.

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La primera represión oficial al narcotráfico se da veinte años antes. En 1941, por primera vez, autoridades de Sinaloa comisionan al jefe de la Policía Judicial del estado, Alfonso Leyzaola, a emprender acciones en contra de los cultivadores de marihuana y adormidera. El 1 de abril de ese año el jefe policíaco, en la administración del gobernador Rodolfo Tostado Loaiza, al mando de un fuerte grupo ubicó y destruyó un predio sembrado de amapola y decomisó varias latas de goma en una zona cercana al poblado los Alisos, en Badiraguato.

Horas después, en una cañada cercana al poblado de Santiago de los Caballeros, 12 hombres ocultos en las partes altas emboscaron al jefe policíaco Alfonso Leyzaola y a su gente. Una lluvia de balas hizo huir a los uniformados. Sólo Francisco Urías, ayudante del jefe de la Policía Judicial, se quedó para auxiliarlo y trasladarlo herido a una choza cercana, de donde poco después los narcotraficantes lo sacaron para someterlo a tortura y luego colgarlo de un árbol como advertencia al gobierno y a la población.

Más tarde Sinaloa se convirtió en la estación de paso de los cargamentos de cocaína que llegaban desde el sur, rumbo a la frontera. A principios de noviembre de 1947 se anuncia un viaje de trabajo de altas autoridades judiciales, militares y de salud, con el fin de poner en marcha un plan presidencial para combatir a los traficantes de drogas en el noroeste.

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En la prensa del DF se publican rumores escuchados en la PGR, según los cuales dos gobernadores norteños estarían “mezclados en el tráfico de enervantes”. El 14 de noviembre de 1947 el periodista de Excélsior, Armando Rivas Torres, quien había acompañado a los funcionarios en la gira, califica a la capital sinaloense de “base de operaciones de los contrabandistas de opio”, y anota que el gobernador Pablo Macías Valenzuela “es señalado por mucha gente como uno de los cabecillas de la banda

de traficantes en drogas, cosa que está por probarse”. (8) Con base en informes de Harry J. Anslinger, comisionado norteamericano, puede afirmarse que el mafioso Siegel regó dinero a montones y obtuvo el `visto bueno’ que buscaba. A continuación se le vio por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California: “estaba en pleno proceso de organización”. A raíz de esto, México se habría convertido en el principal proveedor de drogas para Estados Unidos. (9) Una vez aprobado el proyecto, Siegel hizo su aparición en el D.F. acompañado de Virginia Hill.

Organizaron “las fiestas más fastuosas de que se tiene memoria con el fin de ‘convencer’ a los políticos de entonces que asistían a ellas”. Nuevos personajes, otra camada de jóvenes, entre los que destaca Rafael Caro Quintero, Juan José Esparragoza Moreno, alias “el Azul” y Rubén Cabada, entre otros, incursionan en el negocio.

Con el crecimiento de la demanda de enervantes y la formación de una nueva generación de gomeros forjados en sus comunidades rurales, emergen figuras como Pedro Avilés, “el león de la sierra”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “don Neto”.

El cruce de los embarques de cocaína, procedentes del sureste del país, negocio del que al parecer se aprovechó el gobierno estadunidense de 1930 a 1962. Se ha llegado a decir también que cuando Estados Unidos entró a la Segunda guerra mundial, los mafiosos estadounidenses ligados al grupo de Luciano, especialmente a Benjamín “Bugsy” Siegel, propusieron impulsar el cultivo de adormidera en México para suplir la escasez de heroína y morfina en el país vecino.

A mediados de enero de 1977 el gobierno federal lanza en el noroeste la Operación Cóndor: “la más gigantesca batida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México hasta

ese momento, con la participación de 10,000 soldados”. Al mando de ella se encontraban el general José Hernández Toledo, por parte del ejército, y Carlos Aguilar Garza de la PGR. Con estos militares, el veterano de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la toma de universidades como la UNAM, la Nicolaíta en Morelia y la de Sonora en Hermosillo, pronosticó el “fin al narcotráfico” para el mes de mayo de ese año y señaló que en la sierra había suficiente armamento para “una revolución chiquita”. (10)

se convirtió en el principal proveedor de cocaína a Estados Unidos (EEUU). Su control se extendía también a miembros del ejército, de la policía y la de clase política en el poder en aquellos años. Según la Agencia para el Combate al Narcotráfico de EEUU (DEA por sus siglas en ingles, Drug Enforcement Administration), el cártel de referencia ganaba alrededor de 200 millones de dólares por semana, de los que se destinaba cerca de 20 millones para el soborno de autoridades.

El operativo tuvo un éxito relativo y al poco tiempo las bandas de narcotraficantes se habían reorganizado. La cocaína, más rentable que el tráfico de marihuana y adormidera, dio origen a los cárteles y al surgimiento de otra nueva generación de traficantes, cuyos nombres tomaron fama en el país: los hermanos Arellano Félix, Manuel Salcido Uzeta, Amado Carrillo Fuentes y Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”. (11)

En esa época se consideraba que Carrillo pasaba cuatro veces más cocaína a EEUU que ningún otro narcotraficante. Uno de los lugartenientes de Amado Carrillo fue el general Francisco Jesús Martínez Molina, al que el gobierno mexicano puso a encabezar la lucha contra el narcotráfico en el país por las detenciones que había realizado de narcomenudistas, pero unos meses más tarde se descubrió su vinculación con quienes se suponía estaba persiguiendo; fue detenido y Carrillo huyó hacia Chile; en 1996 viajó a Cuba y luego a México, donde un grupo de cirujanos plásticos lo operó a principios de julio de 1997 en un hotel del Distrito Federal que había sido equipado para el efecto, y el 4 de julio le aplicaron un sedante que le causó la muerte.

En virtud de la prohibición, tanto la marihuana como la adormidera (amapola) y posteriormente la cocaína no dejaron de consumirse, pero sus precios subieron constantemente y su cultivo resultó altamente redituable, y es así como se inicia la conformación de bandas de narcotraficantes que en diferentes lugares fueron protegidas por autoridades políticas y policíacas.

Cuando la guerra por el mercado entre los narcotraficantes de Cali y Medellín debilitó a los narcotraficantes colombianos, los intermediarios mexicanos se quedaron con el control del comercio y el principal beneficiario, luego de la muerte de Pablo Escobar Gaviria en diciembre de 1993, fue Amado Carrillo Fuentes, al que llamaban ‘el señor de los cielos’ porque tenía una flota de Boeing 727 con la que distribuía diferentes narcóticos, especialmente la cocaína colombiana.

Desde la desaparición de Pablo Escobar el cártel de Juárez que controlaba Amado Carrillo

En relación con lo anterior, hay algunos estudiosos del tema que especulan que Amado Carrillo está vivo y logró engañar a la DEA con el cadáver de un primo suyo al que se le extrajeron pruebas de ADN. El doctor encargado de la operación, Wilfredo Barrios Chávez, fue asesinado unos días más tarde.

El siglo XX como los anteriores esta lleno de ejemplos de corrupción y contrabando, ingredientes que se fueron combinando para generar un ambiente que favoreció la aparición y posterior consolidación del narcotráfico en las últimas décadas del siglo pasado, tanto más cuanto que ya formaban parte de la cultura existente en muchos burócratas y, por supuesto, de la de quienes decidieron unirse a la delincuencia, que

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sabían que la corrupción oficial era no solamente una garantía de éxito en sus trabajos ilícitos, sino también como una seguridad, o al menos una alta probabilidad de llevar a cabo sus actos delincuenciales de manera impune.

De ahí se originaron o se hicieron más comunes algunas expresiones que denotan cierta profundidad en la cultura popular de la corrupción: “El que no transa no avanza”; “Señor, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay”; “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”; “En este mundo os dejo, para que los más chingones viváis de los más pendejos”; “No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre”; ”Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; etc.

La subcultura del contrabando y de otras prácticas de poco o nulo respeto por la ley se traducen en actitudes de menosprecio por el estado de derecho, lo que ha continuado sin interrupción desde la colonia, que en siglo XX se expresó por la concurrencia al mercado de productos electrónicos, alimenticios, venta de drogas a relativamente baja escala, de armas, de productos piratas y todavía, en lo que va del siglo XXI de esos mismos productos, vino a reforzar una corrupción que llevaba aparejada la lacra de la poca o nula transparencia oficial y de la negación del rendimiento de cuentas que pretendía disimularse año con año con un informe presidencial, que en ese tiempo era avalado prácticamente en automático y sin críticas por un Poder Legislativo que operaba como un apéndice más del poder Ejecutivo Federal, en una ceremonia que parecía más propia de una monarquía sexenal que de un régimen democrático.

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Entre las décadas de los setenta y ochenta, el popular barrio de Tepito se convirtió en el clásico lugar en el que se podía comprar todo tipo de contrabando, desde radios y calculadoras hasta drogas y armas. Las drogas decomisadas por la Dirección Federal de Seguridad,

en alguna medida iban a parar a ese barrio popular para su venta clandestina; sin embargo, un tiempo después fueron los grupos del crimen organizado los que desplazaron a los federales y organizaron sus propios sistemas de distribución y venta.

Estas prácticas han continuado con altibajos prácticamente hasta el día de hoy. De acuerdo con Icela Lagunas en una nota publicada en El Universal del 11 de noviembre del 2007, en Tepito las drogas como la cocaína, mariguana y las tachas duplicaron y triplicaron sus precios luego de las expropiaciones del gobierno del Distrito Federal en ese barrio.

Joel Ortega Cuevas, entonces secretario de Seguridad Pública del DF, informó de una investigación de campo llevada a cabo por policías preventivos en el barrio bravo para conocer los nuevos precios de las drogas y entre otros datos se encontró que: un gramo de cocaína que se vendía en 100 pesos ahora está en 200. Las tachas pasaron de 100 a 200 pesos. La cocaína “lavada” o de la mejor calidad que se vendía en 250 pesos ahora es distribuida en 500 y hasta 700 pesos la dosis; en tanto que el carrujo de mariguana paso de 25 a 60 pesos.

De acuerdo con la nota referida, desde el 14 de febrero del 2007 en que se expropiaron los predios de Tenoch 40 y Jesús Carranza, la Policía Preventiva ha detenido a 72 personas por diferentes ilícitos, principalmente distribución de droga y robo.

Respecto al encarecimiento de las drogas en el barrio, argumentó que se debía a que con dichas expropiaciones se había desmantelado la infraestructura de los principales distribuidores al menudeo. Sin embargo, era un hecho que los narcomenudistas continuaban con el negocio pero ahora con precios mayores.

Las pesquisas en Tepito también tuvieron el efecto de que los distribuidores de drogas se

refugiaron en otras partes del Distrito Federal, principalmente en algunas colonias de Iztapalapa y en zonas del área conurbada con en Estado de México. (12) Siglo XXI Consecuencias de lo ocurrido en el siglo pasado son, entre otras, las dificultades para combatir la corrupción con más eficiencia, y que en múltiples ocasiones, el solapamiento y el contubernio con las bandas del crimen organizado y particularmente con el narcotráfico, por el gran volumen de recursos económicos que maneja, le haya permitido generar una presencia relevante en el tejido social, cuyas ramificaciones se han encontrado en todos los estratos sociales y en múltiples instancias de gobierno, que van desde los cuerpos policíacos municipales y estatales, hasta los federales; y desde los policías comunes hasta los mandos medios y altos de los cuerpos de seguridad pública.

Seguramente por ello el testimonio de Sandra Ávila, luego de su aprehensión, en el reportaje de Julio Sherer García, “La Reina del Pacífico”, dice: “que si voltea a un lado ve el narco, si voltea hacia el otro observa a las autoridades y si mira al frente los ve juntos.” Y más adelante señala que el corrido “Fiesta en la Sierra” de los Tucanes de Tijuana, fiesta en la que ella estuvo presente, la letra estuvo muy apegada a lo ocurrido en esa celebración. Una parte del corrido relata: “Los jefes de cada plaza ahí estaban reunidos, no podían fallar al brother, era muy grande el motivo. Festejaban su cumpleaños, en su ranchito escondido había gente poderosa del gobierno y fugitivos…” (13) Es importante apuntar también que luego de más de dos o tres décadas de contubernio entre diversas autoridades y el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico, no tiene nada de extraño que, ante el ataque frontal a la delincuencia instaurada en el país, el narcotráfico

conteste con la diversificación de delitos, entre ellos el homicidio practicado con la saña que conlleva la tortura y la decapitación de seres humanos, la venta de protección, la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, etc. con una virulencia que pocas veces se había visto en la historia del crimen organizado en el país.

Tampoco es extraño que haya utilizado medios de comunicación nunca empleados en los años anteriores, como las llamadas narcomantas y las decapitaciones a las que se suele acompañar con mensajes para provocar el terror entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y de paso a la sociedad en general. Y que ha resultado ser un elemento, no sólo noticioso, sino de un amarillismo tal que magnifica esos actos y hace perder la proporción entre la realidad de la seguridad pública en el país como un todo y la realidad de lo que representan los hechos del crimen organizado y particularmente del narcotráfico. De acuerdo con un estudio de Fernando Escalante Gonzalvo, investigador y catedrático de El Colegio de México: “En ninguno de los textos hay cifras, salvo las cuentas que han llevado los propios periódicos sobre asesinatos vinculados al narcotráfico en 2007 y 2008, pero todos transmiten una sensación de seguridad de quien ha visto los números y los ha comparado con otros. Y si uno se remite al término de comparación que proponen, es posible conjeturar una cifra aproximada, aunque no se mencione de modo explícito en los términos: en Colombia … entre 1990 y 1993, la tasa de homicidios se situaba entre 75 y 79 víctimas por cada 100 mil habitantes de modo que –de ser cierta la idea que maneja la prensa– la taza mexicana debería ser de al menos 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si calculamos a partir de la población del país eso equivaldría a unos 82 mil homicidios sólo en 2005, unos 84 mil 2008”.

“El 17de marzo de 2009, una académica mexicana (Denisse Dresser) insistía en la compa-

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ración en los mismos términos de la prensa: ‘Durante la administración de [el presidente] Fox, México se convirtió en un país más violento que Colombia’. (14) Lo cual es a todas luces absurdo.

De acuerdo con el estudio de referencia que se publico en la revista Nexos, con datos del instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) los homicidios en México se redijeron de 14 mil 520 en 1990 a 8 mil 507 en 2007.

También se presentan casos como el del diputado Manuel Cloutier Carrillo que no parece haberse enterado de los operativos recientes y no tan recientes del Ejército en su tierra, Sinaloa, o no ha tenido el tiempo para valorarlos y ha llegado a afirmar que la guerra contra el narco no ha llegado allí. Y recurre, sin dar datos específicos, porque sólo tiene sospechas, a hacer afirmaciones fuera de proporción. Sospechas propias de la teoría de la conspiración, cuyo eficaz sensacionalismo tuvo efectos positivos para la campaña de López Obrador, y que el señor diputado pretende emular, aunque en su momento la famosa teoría fuera rechazada por personajes notables de la vida intelectual del país como José Woldenberg, Gilberto Rincón Gallardo (de grata memoria), Roger Bartra y otros que, en su momento, la rechazaron en virtud de que su único fundamento era la especulación sin una sola prueba digna de tal nombre.

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Si bien es cierto que en las cifras del crimen, y del crimen cometido por los narcotraficantes en particular, hay algún nivel de imprecisión o margen de error, también lo es que, el rango que hay entre las cifras del INEGI y lo que podría significar las aseveraciones de algunos medios de comunicación, comunicadores y políticos es tan amplio y desproporcionado que permite establecer que tales afirmaciones corresponden más a prejuicios ideológicos y preferencias políticas que a la realidad. Con esto no se pretende desconocer o minimizar la realidad trágica ocasionada por el narcotráfico, sino ubicar esa realidad en sus justas dimensiones.

De acuerdo con datos del artículo, “Las tres guerras, violencia y narcotráfico en México”, de Eduardo Guerrero Gutiérrez, cerca de 90 % de las ejecuciones por parte del narcotráfico, que se registraron entre diciembre de 2006 y mayo de 2009, ocurrieron en las ciudades de Durango, Ciudad Juárez, Tijuana, Chilpancingo, Morelia, Culiacán y Chihuahua, de estas siete ciudades sólo dos están en el centro y en el sur del país y las otras cinco en el norte. Los casos más trágicos son los de Ciudad Juárez con 34 % de las ejecuciones, Tijuana con 19 %, Culiacán con 15 % y Chihuahua con casi 10 %, que en conjunto concentran 78 % de las ejecuciones, con un rango que va de entre 417 en el estado de Chihuahua sin contar a Ciudad Juárez a mil 610 en dicha Ciudad. (15) Si bien es cierto que los datos para esas ciudades y otras ocho en las que también se ha padecido de manera significativa la violencia del narcotráfico pero con una intensidad mucho menor (con menos de cien ejecutados entre diciembre de 2006 y mayo del 2009), también es cierto que ninguna de ellas es representativa de la inseguridad pública en todo el país, que se ubica, con algunas variaciones más o menos recientes, entre ocho y nueve ejecuciones por cada cien mil habitantes, cuando en Colombia, por sólo citar el caso más aludido en los medios, en 2007 alcanzaba los 40 homicidios por cada cien mil habitantes.

Los cárteles Actualmente, y a pesar de los golpes dados a las mafias de narcotraficantes por el gobierno de Vicente Fox y sobre todo por el combate frontal que ha iniciado Felipe Calderón, de acuerdo con información de la PGR existen siete familias que tienen o se disputan el control del narcotráfico en el país: Los Arellano Félix Los Arellano Félix, encabezan el llamado cártel de Tijuana, que tiene su asiento principal en la frontera noroccidental, pero con presencia en el

sur y sureste del país. Todo indica que el iniciador de esta banda fue Miguel Ángel Félix Gallardo, quien manejaba el negocio desde Culiacán, hasta que fue encarcelado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Después del encarcelamiento los Félix Gallardo dejan de comercializar sólo drogas autóctonas (marihuana y heroína), constituyendo una alianza estratégica con los colombianos para introducir cocaína a Estados Unidos.

este poderoso grupo, en razón de que “Existe la versión de que el Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán a cambio de la liberación de su hijo … a sólo tres meses de la caída del Mochomo, El Chapito fue liberado”. A fines de abril de 2008. Esto provocó a su vez el comienzo del enfrentamiento “que a lo largo de 2008 dejó en la entidad (Sinaloa) un saldo de mil 156 ejecusiones”. Y la unión de la banda de Arturo Beltrán Leyva con el Cártel del Golfo.

El 16 de agosto de 2006 esta banda recibe un golpe con el encarcelamiento de Francisco Javier Arellano Félix. Sin embargo, el cártel continuaba operando, de acuerdo con la información de la PGR, desde la prisión de La Palma, Estado de México, con la ayuda de Manuel Aguirre Galindo “el Caballo”.

Finalmente Arturo Beltrán Leyva fue abatido en su departamento de la torre Elbus del fraccionamiento Altitude en Cuernavaca, Morelos el 16 de diciembre de 2009.

El cártel del Golfo El cártel del Golfo tiene influencia en 13 estados del país, y se supone encabezado por Osiel Cárdenas, quien fuera detenido en marzo de 2003, pero sigue dirigiendo su organización desde el presidio. El cártel del Golfo es uno de los más temidos porque cuenta con el grupo paramilitar llamado los “zetas”, que actúan como comando para llevar a cabo ajustes de cuentas y también para controlar las zonas de influencia del cártel en 13 estados de la República.

El Cártel de Juárez Una de las mafias más poderosas es la representada por la familia Carrillo Fuentes, grupo llamado cártel de Juárez que se supone tiene influencia en 21 estados de la república. Al parecer, su principal antecedente se remonta a los años 80, entonces encabezado por Ernesto Fonseca Carrillo; sin embargo, alcanza su máximo éxito con Amado Carrillo Fuentes, que se supone murió en una operación de cirugía plástica para cambiarle el rostro en la ciudad de México.

El Chapo Guzmán La mafia controlada por Joaquín Guzmán Loera, ‘el Chapo’, quien se fugara de la prisión de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, opera en la región del Pacífico norte y desde su fuga ha ampliado su margen de acción hacia las zonas centro y sur del país, y se le ha vinculado con hechos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas.

Con base en información oficial, la mafia de Ciudad Juárez es la mayor organización criminal de América Latina que, a la muerte de Amado Carrillo quedó dirigida por un consejo en el que supuestamente participan Vicente Carrillo, Rodolfo Carrillo, Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. De acuerdo con Jorge Fernández Menéndez este ya es más que un cártel, es una unión de grupos poderosos. Un “holding” al que la información de Julio Sherer indica pertenecía o todavía pertenece Sandra Ávila, la llamada Reina del Pacífico.

De acuerdo con Héctor Mauleón (16), la captura de Alfredo Beltrán Leyva (alias el Mochomo), hasta entonces aliado del cártel de El Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, también llamado cártel de Sinaloa, provocó una ruptura de

El cártel del Milenio El cártel del Milenio, o de los hermanos Valencia es liderado por Armando Valencia Cornelio y tiene sus principales centros de operación en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán

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y el Distrito Federal. Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional la historia delictiva de este personaje se inicia en 1990, año en que proveía y distribuía drogas de los Arellano Félix y de Cárdenas Guillén. En 1999 agentes federales detuvieron a Gilberto Garza García “El Güero Gil” quien fue el primero que aportó información sobre el cártel del Milenio de los hermanos Valencia. Después el colombiano detenido en México Gino Brunetti confirmaría lo dicho por Garza García ante la PGR. Según información recabada por la PGR el cártel de los Amezcua Contreras, José de Jesús y Adán, conocidos como los reyes de las metanfetaminas, actualmente en prisión, acusados de importar efedrina desde Europa, India y Pakistán que introducían ilegalmente (lo mismo que Zhenli Ye Gon) a México y Estados Unidos. Esta sustancia llegaba por vía marítima por Veracruz y Manzanillo, Colima, de donde se trasladaba a laboratorios que la procesaban en el propio Colima y en Jalisco, y de allí la llevaban a Tijuana y Baja California para hacerla llegar a territorio estadounidense.

A pesar de estar en prisión, la presencia creciente en el mercado del “éxtasis” de los Amescua Contreras continúa, y ello parece indicar que los hermanos continúan al frente del negocio, si bien pueden haberse sumado otros narcotraficantes al creciente negocio de las drogas sintéticas.

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Los hermanos Parada Desde la década de los setenta el cártel de los hermanos Parada controla la región del istmo de Oaxaca y han extendido sus redes a Veracruz, Tabasco y Chiapas, y se considera que son los mayores productores y traficantes de marihuana en la zona y adicionalmente de cocaína. El jefe del cártel es Pedro Díaz Parada, que ha estado preso en dos ocasiones y en ambas se ha fugado. A él se atribuye el homicidio del juez Pedro Villafuerte Gallegos, quien lo condenó a 33 años de prisión.

Zonas de influencia y bajas importantes de los principales cárteles Los enfrentamientos entre los cárteles de la droga revelan que estos se disputan principalmente los estados del norte de país y particularmente los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Sonora. En el centro y sur Michoacán, Morelos y Guerrero, sin que se exceptúen otros en los que la violencia ha sido menor como Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Un rasgo que parece común es que en los enfrentamientos entre las diferentes bandas de narcotraficantes es que todas ellas se enfrentan contra el cártel de Sinaloa que es el único que parece tener un carácter nacional, mientras que los demás tienen influencia en diversas regiones del país. Lo anterior no excluye al Distrito Federal y la zona conurbada con el Estado de México, en virtud de que en ella se encuentra la mayor parte de los establecimientos de narcomenudeo y de que concentra una densidad de población equivalente a cerca del 25 % del total del país.

De acuerdo con el diario Milenio en febrero de 2010 el número de ejecuciones llevadas a cabo por el crimen organizado llegó a 799, que son 105 menos en relación con los 904 de enero, en Chihuahua y Ciudad Juárez, hubo 258 ejecuciones y en los ocho meses anteriores se había registrado más de 300 casos mensuales y concentra 32 % de los homicidios causados por el narcotráfico y de estos 67% se concentran en Ciudad Juárez donde el número de este tipo de asesinatos alcanzó los 380 muertos en los primeros dos meses del año. (17) El segundo estado con más ejecuciones es Sinaloa con 152 ejecutados, le sigue Guerrero con 69, Michoacán con 35, once menos que en enero. En Tamaulipas 34 en febrero que es un número que genera particular interés y preocupación en virtud de que en todo el 2009 fueron 31. De acuerdo con el citado medio de

comunicación los estados en los que se ha incrementado la mayor presencia militar concentraron 84.5 % de los narco asesinatos: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero y Tamaulipas.

Entre enero y febrero del 2010 se han registrado mil 703 ejecuciones, 904 en enero y 799 en febrero. Siempre de acuerdo con Milenio Diario, en lo que va del sexenio se han registrado 18 mil 588 ejecuciones, lo que representa que en los primeros dos meses del año un 9.2% del total en sólo dos meses. (18) En este caso la información puede interpretarse en diversos sentidos, que en los últimos meses la confrontación entre las bandas de narcotraficantes el Ejército y la Policía Federal está llegando a su clímax y que, en consecuencia, tenderá a disminuir y, en el caso más pesimista, que se está iniciando una etapa aún más sangrienta. En ninguno de los dos supuestos estaríamos llegando a los niveles de criminalidad que todavía se observan en Colombia, en Centroamérica y en Brasil.

Por otra parte no es posible pasar por alto los datos que representan los fuertes golpes que han sufrido las bandas del narcotráfico en virtud de la lucha principalmente de las policías federales el Ejército y la Marina Nacional. En los últimos tres años: • • • • • • • •

Laboratorios destruidos 227 Decomisos en dólares 389 millones Armas largas 30, 500 Armas cortas 24, 900 Aeronaves 409 Embarcaciones 310 Vehículos 22, 900 Toneladas de drogas diversas 5,000, que incluyen 90 mil kilogramos de cocaína, 4.8 millones de kilogramos de de marihuana, 4,500 de metanfetaminas, y 18,000 de pseudoefedrina • Adicionalmente se han extraditado, casi

todos a los Estados Unidos, 286 narcotraficantes • Se ha capturado a 89,500 personas vinculadas al tráfico de drogas, que incluyen 47 financieros, 60 lugartenientes, 2,061 sicarios y 600 funcionarios.

Para acercarnos a lo que esto significa, por ejemplo en el caso de las armas decomisadas, estas son más que las de los ejércitos juntos de Honduras y El Salvador. (19) A esto es importante agregar que entre el 80 y el 90 por ciento de las cerca de 18 mil 600 bajas corresponden a las bandas de narcotraficantes y la diferencia o sea menos del 20 por ciento, a los diferentes cuerpos policíacos, el Ejército Nacional y la Marina lo que números reales equivale a más de 15 mil 500 bajas de parte de los grupos de narcotraficantes, esto, en muy alta medida se debe a que las bandas se confrontan entre sí mismas y con las fuerzas de la seguridad pública. Esta información le da validez a la afirmación de quien pone los muertos en la proporción que se señala y los detenidos que suman cerca de 90 mil, está perdiendo la guerra.

La superioridad numérica y en organización y la del tipo de armamentos, con toda la gama de que disponen el Ejército y la Marina, las fuerzas del orden público tienen además la ventaja de que ellas se enfrentan a las mafias del narcotráfico, pero éstas se enfrentan con aquellas y entre sí.

La apreciación en contrario se debe, por una parte, a lo escandaloso de los crímenes que han venido cometiéndose principalmente en las ciudades próximas a la frontera norte y, por otra, a que los medios de comunicación suelen hablar del número creciente de muertos pero sin hacer la aclaración pertinente del bando al que pertenecían. Por lo demás, el número tan importante de detenidos, salvo algunas excepciones, casi nunca es mencionado.

Continuará...

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México frente a la crisis europea Paulina Lomelí G.

Los mercados financieros internacionales han mostrado un alto grado de volatilidad, frente a lo cual México no ha quedado al margen, a pesar de la baja dependencia comercial con Europa.

Existe una gran incertidumbre frente a la crisis económica europea, originada en Grecia.

Esta situación ha puesto al descubierto la vulnerabilidad de España, Portugal, Irlanda e Italia debido a los problemas que han tenido en sus finanzas públicas. Y la reacción de los mercados ha llevado a una depreciación del euro frente al dólar, de aproximadamente 13%, en lo que va del año.

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El informe del Fondo Mone-

tario Internacional –referente a la situación de Grecia– reporta un escenario poco alentador para la economía de ese país ya que prevé años de altos niveles de desempleo, recortes salariales y se teme que los 110 mil millones de euros en préstamos ofrecidos por la Unión Europea (UE) no le sean suficientes porque dentro de año y medio, se acabará el plazo de la ayuda externa para Grecia, por lo que tendrá que llamar de nuevo a la puerta de los mercados.

La aversión al riesgo ha aumentado, por lo que la inversión extranjera de cartera está buscando destinos más confiables como los bonos del Tesoro estadounidense y los de aquellas economías que muestren mayor

fortaleza. Ante este escenario, el Banco Central Europeo tomó varias medidas para dar mayor liquidez a los mercados y aunado a esto, la UE y el FMI aprobaron un paquete de hasta 860,000 millones de euros para evitar una mayor especulación frente a la amenaza de suspensión de pagos de Grecia y otros países mediterráneos. Además, estos países tendrán que hacer correcciones fiscales, lo cual, aunque aminore los efectos no podrá disminuir el grado de aversión al riesgo.

México es un país que se ha mantenido una clara disciplina fiscal, por lo que se ha logrado diferenciar no sólo de los países emergentes, sino de países con un alto nivel de desarrollo; es

por eso que es tan importante el manejo de las expectativas, comunicando las fortalezas de la economía. Los capitales buscarán economías con un alto nivel de liquidez y México es una buena opción.

La calificación crediticia de Grecia, Portugal y España ha ido disminuyendo ya que los inversionistas temen que estos países no sean capaces de reducir su creciente deuda a pesar del paquete de emergencia que busca ayudarlos, por lo que se discutirán regulaciones más severas a fin de reforzar la confianza en la economía de la Unión Europea.

Entre las respuestas dadas por España y Portugal, para enfrentar la crisis se encuentran: España estableció nuevas medidas de austeridad exigidas por otras naciones de la Unión Europea y el pronóstico de su crecimiento económico se fijó en 1.8% para 2011. El FMI dijo que los retos para España son varios y muy serios: mercado de trabajo, la burbuja inmobiliaria, un gran déficit fiscal, la deuda elevada, un nivel bajo de crecimiento, falta de competitividad y un sector bancario debilitado.

Portugal anunció que aumentará los impuestos y reducirá el sueldo de los funcionarios para calmar el temor de los mercados por el elevado monto de su deuda soberana.

Respecto a este punto, el primer ministro, José Sócrates, dio a conocer que las tasas del

impuesto sobre la renta de las personas físicas aumentarán entre 1% y 1.5% y el Impuesto al Valor Agregado aumentará de 20% a 21%. Además, el impuesto corporativo aumentará en 2.5 puntos porcentuales para las empresas con beneficios anuales de más de dos millones de euros.

Entre las ventajas que tiene México, para enfrentar los posibles efectos de esta crisis están: En términos de déficit público como porcentaje del PIB, Inglaterra, Grecia, España y Portugal presentan fuertes desequilibrios; mientras que Alemania e Italia presentan un déficit elevado pero razonable (de alrededor de 5%). México, en cambio presenta un déficit de sólo 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por otra parte, en cuanto a la deuda pública como proporción del PIB Italia y Grecia enfrentan un monto mayor al 100 por ciento de su PIB, mientras que Inglaterra, Portugal y España muestran proporciones considerables de 60 y 80 por ciento, respectivamente. Incluso, el monto de la deuda de Alemania y Francia es mayor al 80 por ciento, mientras que la deuda de México como proporción del PIB alcanza sólo 31.3 por ciento. Además, los saldos de la cuenta corriente de Portugal y Grecia muestran déficit superiores al ocho por ciento del PIB, mientras que el de México es de 1.90 por ciento.

Otros aspectos que tienen que tomarse en cuenta son los citados por el secretario de hacienda, Ernesto Cordero, quien dijo que México está fortalecido debido a las medidas que ya se habían tomado hace unos meses, como la de incrementar los impuestos y la reducción del gasto público. Además, los recursos del Fondo de Estabilización para enfrentar contingencias suman 100 mil millones de pesos, mientras que las reservas internacionales tienen un monto de 98 mil millones de dólares. Por último, es preciso enfatizar que México seguirá buscando coberturas para garantizar sus ingresos petroleros y protegerlos de la volatilidad en los precios internacionales del crudo. En 2009, la estrategia de contratar coberturas hizo que México obtuviera un beneficio de más de 5 mil millones de dólares; para este año, México tiene coberturas petroleras para garantizar un precio de 57 dólares el barril de petróleo, con un costo de 1,172 millones de dólares.

Sin duda, la política económica del país ha ido un paso adelante en la toma de decisiones acertadas, a pesar de que en su momento tuviera que enfrentar oposición. México ha mantenido finanzas públicas sanas y una política monetaria no laxa, a diferencia de muchos países de Europa, y hoy se están viviendo las consecuencias. Por ello es importante insistir en la responsabilidad en el manejo de la política económica a pesar de tener que ir contracorriente.

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Dimensión del empleo informal en la región* Rubén Narciso

1. Concepto de informalidad Uno de los grandes avances en el esclarecimiento del concepto de economía informal fue la distinción entre empleo formal informal y sector informal. El sector informal está constituido por un conjunto de unidades económicas que cumplen con una serie de características, mientras que el empleo informal es el conjunto de trabajadores que laboran en ciertas condiciones ya sea dentro del sector formal o informal.

Desde el punto de vista estadístico, la OIT establece con claridad esta distinción: el concepto de sector informal se refiere a unidades de producción como unidades de observación, mientras que el concepto de empleo informal se refiere a los empleos como unidades de observación.1 En el Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas d 1993, se establece que la totalidad de las unidades económicas de un país pertenecen a uno de cinco sectores institucionales: Organización Internación del Trabajo, resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por decimoquinta Conferencia Internacional del Trabajo, 1993; Párrafo 6(2)

1

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Artículpo tpomado de la Revista Real Card, num. 2-2010, editada por ASIES de Guatemala, con el apoyo de lGobierno de Canadá.

*

sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno, hogares e instituciones sin fin de lucro que sirven a los hogares.

Todas las empresas que pertenecen al sector de las sociedades financieras y no financieras se consideran formales; asimismo, de gobierno se catalogan como formales así como las cooperativas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, etc., debidamente autorizadas Esquema 1 Sector instituciones según las cuentas Nacionales Sectores económicos institucionales

Sociedades no financieras

Gobierno

Sociedades financieras

Instituciones sin fines de lucro

Hogares Sector informal

Fuente: elaboración propia

clara entre las actividades de producción de las empresas y los propietarios”.3 Es importante aclarar que no todas las empresas de hogares son informales. Por ejemplo, la mayoría actividades profesionales son empresas de hogares que, si están debidamente registradas, no son catalogadas como empresas informales. Por ello, dentro del grupo de empresas de hogares solamente dos tipos se consideran informales: “las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia y las empresas de empleadores informales”.4 Las empresas informales de trabajadores por cuenta propia son empresas de hogares que no tienen trabajadores asalariados en forma continua y no están registradas conforme a la legislación nacional; las empresas de empleadores informales, por su parte, son aquellas empresas de hogares que emplean uno o varios trabajadores de manera continua, pero no poseen más cierto número predefinido de empleados y no que están registradas o bien no ocupan empleados registrados.

En el cuadro siguiente se esquematizan los conceptos dados.

Esquema 2 Caracterización del sector informal

Según la definición de sector informal de la OIT, éste se encuentra inmerso dentro del sector de hogares: “a los fines estadísticos se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev.4), forman parte del sector de los hogares, como empresas que hogares, es decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad”.2 Dentro de la cita anterior aparece el concepto de empresa de hogares, el cual debe entenderse “como aquella que no constituye una entidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los miembros del mismo y que no llevan una contabilidad completa que permita una distinción 2

Ibid.

Empresas de hogares

Empresas de hogares informales (sector informal)

Empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia - No tienen salario de forma continua - No están registrados conforme a la legislación nacional Fuente: elaboración propia 3 4

Ibid.

Ibid

Empresas de hogares formales

Empresas informales de empleadores informales - No están registrados conforme a la legislación nacional - Emplean a uno o más trabajadores - El número de trabajadores es inferior a un número

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Teniendo ya nociones del concepto de sector informal, es posibles aclarar el concepto de empleo informal que, según las Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre-diciembre 2003) es el conjunto de trabajadores que cumplen con alguna de las siguientes características: 1. Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal.

2. Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal.

3. Trabajadores familiares auxiliares, independientes de si trabajan en empresas del sector formal o informal.

4. Miembros de cooperativas de productores informales (es decir, que no estén legalmente inscritas).

5. Asalariados que tienen empleos informales (aquellos que su relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral nacional) ya sea que estén empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados.

6. Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para uso final de su hogar.

La definición anterior es bastante clara y exacta, sin embrago son muy pocos los países que realizan encuestas de hogares en las que sea posible ponerla en práctica. Por ello, para medir el trabajo informal se utilizan definiciones más sencillas que la anterior; empero, si se desea tener mediciones comparables entre países deben utilizarse definiciones todavía más generales, ya que las encuestas de hogares varían de país en país y no todas tienen las mismas preguntas.

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Por ello, para efectos de medición de la infor-

malidad se utilizan con frecuencia dos definiciones: la productividad y la de protección social.5 Según la definición de productividad un trabajador es informal si cumple con alguna de las siguientes condiciones: trabaja por cuenta propia y no tiene educación superior; es asalariado en una empresa privada pequeña; o si es un empleado sin ingreso.

Conforme la definición de protección social un trabajador es informal si no tiene derecho a una pensión vinculada a un empleo cuando tenga la edad de retiro.

En general ambas definiciones arrojan resultados parecidos. En la sección siguiente se presentan las estadísticas de informalidad para los países de la región.

2. Estadísticas de la región Las estadísticas que se presentan en esta sección fueron calculas por el Centro de Estudios Distributivos y Laborales (Cedlas) mediante encuestas de hogares de la región; en concreto las bases de datos utilizados fueron: Costa Rica: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2003; El Salvador: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2003; Guatemala: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 2002;, 2003; Honduras: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 2002; Honduras: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2003; Nicaragua: Encuesta Nacional de Hogares sobre medición del Nivel de Vida, 2001; Panamá: Encuesta de Hogares, 2003; República Dominicana: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, 2004.

Según la definición de productividad, el tamaño del empleo informal respecto de la población económicamente activa, en los países de la región se observa en la gráfica siguiente: Estas son las definiciones utilizadas en el estudio Laboral Informality in Latin America and the Caribbean: Petterns and Trends from Household Survery Microdata del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas), estadísticas que se presentan en este artículo.

5

Gráfica 1

Por nivel educativo, en todos los países la informalidad se concentra en los empleados con educación baja.

El país que tiene más informalidad dentro del grupo de empleados con educación alta es República Dominicana, seguido de Nicaragua y Panamá; los países donde la informalidad es más alta en el grupo de trabajadores con poca educación son Guatemala y El Salvador, aunque vale la pena recalcar que en cinco de los siete países la informalidad en grupo es casi de 70%, con la excepción de Costa Rica y República Dominicana.

Fuente: CEDLAS, 2007

Gráfica 3

Como puede observarse, el país con más participación de trabajadores informales es Guatemala y el menor Costa Rica. Honduras y Nicaragua junto con Guatemala son los tres países donde la informalidad es mayor; El Salvador, Panamá y República Dominicana podría catalogarse como países con una incidencia media de informalidad. En Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica la informalidad afecta más a las mujeres que a los hombres, situación que no se da en República Dominicana y Panamá. En Guatemala es donde se observa la mayor diferencia entre la informalidad de mujeres y hombres y el Panamá, la menor. Los datos muestran que las mujeres tienen en general peores condiciones laborales que los hombres en el istmo centroamericano.

Gráfica 2

Fuente: CEDLAS, 2007

Fuente: CEDLAS, 2007

Por grupos etarios se percibe que en todos los países de la región la informalidad prevalece más en el grupo de 65 años o más, lo cual pone en evidencia la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad en términos de empleo digno.

Aunque la diferencia es muy pequeña, en general se observa mayor incidencia de la informalidad en el grupo de 15-24 que en el de 25-64, lo que posiblemente sería consecuencia de falta de experiencia, el menor nivel educativo y la mayor propensión a ser empleado familiar sin pago en el grupo 15-24 años.

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Gráfica 4

Fuente: CEDLAS, 2007

El porcentaje de trabajadores informales respecto a la población económicamente activa medido a través e la definición de protección social sólo puede calcularse en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

En estos países la mayor incidencia de la informalidad se da en Nicaragua, seguida de Guatemala y El Salvador.

Gráfica 5

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Fuente: CEDLAS, 2007

De los datos expuestos se pone de manifiesto que en la mayoría de países de la región con la excepción de Costa Rica, por lo menos uno de cada dos empleados son informales, situación que tiene una serie de repercusiones económicas y sociales, debido a que este tipo de empleo dista mucho de proveer las mejores condiciones de vida a los habitantes de la región.

Suicidio en adolescentes Monika Dunajeck

Sobre las sombras del pasado corre el futuro.

La felicidad es encontrada a lo largo del camino, no al final de él.

Un niño triste y solitario buscando la felicidad y asustado por al porvenir. Durante la adolescencia, etapa de desarrollo por la que atraviesa todo individuo, se presentan en los jóvenes cambios difíciles que les producen ansiedad y depresión hasta llegar, en muchas ocasiones, a una tentativa de suicidio.

Este intento plantea el problema de la depresión como vivencia existencial y como una verdadera crisis de la adolescencia. La manipulación de la idea de la muerte en el joven suele ser frecuente, pero debe hacerse la diferencia entre el adolescente que piensa en el suicidio como una llamada de auxilio, como una manera de comunicar su descontento a los demás, el que ve el suicidio como una idea romántica y aquél que realmente lo lleva a cabo.

Si cerca de nosotros se encuentra algún adolescente cuyo comportamiento indique que intentará suicidarse, atendamos sus señales, pues podemos darle el apoyo necesario para superar su problema.

El suicidio de los adolescentes es un tema que suele callarse y evadirse pues impacta y cuestiona el sistema familiar y social en que vivimos. Importante es conocer y reflexionar en las causas que llevan a un joven a su autodestrucción, así como saber cuál es el significado de este acto y cómo puede prevenirse.

Los expertos en el tema, dicen que el suicidio es un fenómeno complejo que comprende factores físicos, sociales y psicológicos que actúan e interactúan; sin embargo, la forma en que el individuo se relaciona con su medio ambiente y cómo afecta este último su personalidad, son causas que determinan que el individuo intente suicidarse o no.

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Todos los suicidios y los intentos suicidas hablan de una crisis emocional, de una perturbación en la forma en que se vive, de un desacuerdo social, además de otros factores adicionales que revisaremos más adelante.

Farberow menciona que, en la gran mayoría de los casos de suicidio, suele haber un elemento de comunicación en el comportamiento del adolescente y que, generalmente, éste exterioriza llamadas previas de auxilio.

El suicidio es el resultado de un acto de la víctima dirigido contra su propia vida, acto que puede ser una lesión autoproducida o suicidio, o la realización de una actividad extremadamente peligrosa que, con toda probabilidad, conduce a un accidente fatal.

Dicha comunicación puede presentarse en forma verbal, por medio de amenazas o de fantasías; o no verbal, en donde surgen desde verdaderos intentos de autodestrucción hasta comportamientos dañinos menos inmediatos y menos directos. Estas llamadas de auxilio se dirigen frecuentemente a personas específicas con el objeto de manipular, controlar o expresar algún mensaje a dichas personas, y con ello se espera provocar una respuesta particular.

Otro tipo de suicidio es el que se conoce como submeditado, en donde la intención de morir no es consciente, de manera que la víctima –sin reconocerlo– se autodestruye lentamente. Es el caso de las personas que padecen una enfermedad provocada por sentimientos negativos o estados emocionales que afectan la salud física.

Otra forma indirecta de autodestrucción consiste en la ingestión de substancias dañinas para la salud como drogas, alcohol y tabaco.

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Schneiderman clasifica la conducta suicida en cuatro tipos: 1. La conducta suicida impulsiva, que generalmente se presenta después de una desilusión, de una frustración o de fuertes sentimientos de enojo; 2. La sensación de que la vida no vale la pena, sentimiento que suele resultar de un estado depresivo. Aquí, el adolescente considera que sus sentimientos de minusvalía y desamparo nunca desaparecerán; 3. Una enfermedad grave, que puede llevar al individuo a pensar que “no hay otra salida”, 4. El intento suicida como medio de comunicación, en donde el joven no desea morir pero, quiere comunicar algo por medio del suicidio y, así, cambiar la forma en que lo tratan las personas que lo rodean. También puede ser un intento por atraer el interés de los demás o un medio para expresar sus sentimientos de enojo.

El joven intenta producir acciones o sentimientos particulares en las personas que lo rodean o pretende avergonzar o despertar sentimientos de culpa en ellos. La adolescencia, como etapa de desarrollo de todo individuo, es una etapa dolorosa en que el joven pasa por cambios difíciles que le producen ansiedad y depresión. Por esto, la tentativa del suicidio es una de las conductas más significativas del adolescente.

Por el contexto depresivo que la envuelve, la tentativa de suicidio plantea el problema de la depresión como vivencia existencial y como una verdadera crisis durante la adolescencia.

La manipulación de la idea de muerte en el joven suele ser frecuente; sin embargo, hay que distinguir entre el adolescente que piensa en el suicidio, inclusive como una idea “romántica”, y aquél que realmente lo lleva a cabo.

Durante esta etapa, el adolescente se siente muy inseguro en razón de su desarrollo corporal y, en ocasiones, puede llegar a sentir “que su cuerpo es algo aparte de él”. De hecho, siente la necesidad de dominar su cuerpo que se encuentra en constante cambio; pero como puede vivir su cuerpo como un objeto casi externo y extraño, siente que en el momento del intento

suicida su cuerpo no es el que realmente recibe la agresión ni que canaliza hacia él sus tendencias agresivas y destructivas. Por otro lado, durante la adolescencia, el individuo abandona gran parte de sus ideas e imágenes infantiles, tan importantes para él durante todo su desarrollo anterior.

De esta manera el intento suicida puede ser la representación de su trabajo de duelo. De acuerdo con Aberastury, durante la adolescencia se elaboran tres duelos básicos: a) el duelo por el cuerpo infantil, b) el duelo por la identidad y el rol infantil, y c) el duelo por los padres infantiles, es decir, el duelo por la imagen con que percibía a sus padres durante la infancia.

En una situación ideal, la elaboración de estos duelos permitirá que el adolescente continúe con su desarrollo.

El suicidio de los adolescentes puede tener varios significados, aparte de los mencionados. Éstos son aplicables a todas las edades de la vida, pero debe advertirse que, en función de la madurez del individuo, hay significados que se aplican preferentemente a ciertos períodos de la vida.

Beachler describe varios significados posibles: 1. La huida, es decir, el intento de escapar de una solución dolorosa o estresante mediante el atentado en contra de su vida, ya que ésta se percibe como insoportable; 2. El duelo, cuando se atenta contra la vida propia después de la pérdida de un elemento importante de la persona; 3. El castigo, cuando el intento suicida se dirige a expiar una falta real o imaginaria. Aquí el joven se siente responsable por un acto negativo y desea autocastigarse para mitigar la culpa; 4. El crimen, cuando el joven atenta contra su vida, pero también desea llevar a otro a la muerte;

5. La venganza, es decir, cuando se atenta contra la vida para provocar el remordimiento de otra persona o para infligirle la desaprobación de la comunidad; 6. La llamada de atención y el chantaje, cuando mediante el intento suicida se intenta ejercer presión sobre otro; 7. El sacrificio, en donde se actúa contra la vida para adquirir un valor o un estado considerado superior, es morir por una causa, y 8. El juego, común en los adolescentes, cuando se atenta contra la vida para probarse a sí mismo o a los demás que se es valiente y parte del grupo.

Se menciona también que no puede considerarse la conducta suicida del joven como un acto plenamente dirigido por el deseo de morir; Se dice que el intento suicida involucra un debate interno, una lucha entre el deseo de morir y el de seguir vivo.

El adolescente que intenta suicidarse, lucha internamente entre ambos deseos. Este dato es importante para las personas que desean ayudar a los adolescentes, pues se sabe que en su interior sí existe un deseo de seguir viviendo.

Por otro lado, algunos autores consideran que la impulsividad propia del adolescente explica en parte el acto suicida. Así, mientras mayor sea la impulsividad de un individuo, mayor será la posibilidad de autodestrucción.

Sin embargo, para Haim, el factor más significativo del adolescente que intenta suicidarse, es su incapacidad interna de elaborar y superar los procesos de pérdida y duelo por los que pasa, de manera que prolonga sus sentimientos de decepción y dolor. A su vez, Peck encontró una relación entre la incapacidad del joven para manejar las situaciones angustiantes y la tendencia al suicidio, y una preocupación excesiva con respecto al fracaso. Así, la conducta autodestructiva puede entenderse como un mecanismo utilizado por algunos jóvenes para manejar tanto el estrés como las situaciones indeseables en la vida.

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El adolescente suicida, la familia y el medio En toda conducta destructiva existe una buena cantidad de agresión que puede dirigirse hacia adentro; es el caso de los estados depresivos y las tendencias autodestructivas; o dirigirse hacia afuera, por medio de actos delictivos o agresivos.

Desde el punto de vista “interaccional”, se ha aceptado que cuando la agresión se dirige hacia afuera, se establece una relación entre el que agrede (en este caso el adolescente) y quien recibe la agresión. Como la interacción puede darse en muchos niveles, desde el verbal hasta el físico, las dos personas o grupos que interactúan en este juego de agresión, lo hacen de la misma forma en que manejan el resto de su relación (la cual originalmente promovió la agresión) y, con seguridad, caerán en un círculo vicioso.

Es decir, si el adolescente percibe cierto rechazo o la situación familiar le provoca sentimientos de enojo y de agresión, expresará estos sentimientos o el rechazo por diversos medios; a su vez la familia recibirá estas expresiones agresivas de la misma forma, lo que fomentará una mayor agresión hacia el joven y de esta manera se alimentará un círculo vicioso en donde se requiere de una verdadera comunicación para romper la cadena de agresiones.

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En caso de que el suicidio ocurra dentro de un contexto interaccional como éste, se observa que el comportamiento autodestructivo es un medio para comunicarle a los demás sentimientos, demandas o súplicas que el adolescente no sabe expresar de otra manera. Por lo tanto, el comportamiento autodestructivo se convierte en una comunicación con un propósito determinado y con un contenido dirigido hacia un público específico. La seriedad del intento suicida radica en lo que el joven hace o deja de hacer para ser descubierto antes de morir. Si el fin del acto es comunicar un estado de descontento en general, el joven provocará ser descubierto antes de

alcanzar su cometido de morir; sin embargo, aunque esta actuación es de menor gravedad que la de un adolescente que arregla todo para no ser descubierto, siempre debe prestarse la atención debida y ayudar al joven a elaborar y superar la crisis por la que pasa. ¿Pero qué factores familiares pueden llevar a un joven a desear quitarse la vida? Existen desde luego factores que fomentan el suicidio en los adolescentes, pero que en sí mismos no son decisivos para que se decida hacer un intento suicida. Muchos de ellos pueden contribuir a la confusión y a la depresión del joven, pero se requiere la conjunción de una diversidad de factores para que se llegue al extremo de la autodestrucción. Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas los padres tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el momento en que pasa, sufre esos mismos sentimientos, no posee las pulsivos en su enfrentamiento diario con la vida. También puede existir una tendencia familiar a manejar el estrés de manera inadecuada, y el joven aprende que éste o cualquier tipo de presión son situaciones intolerables que deben evitarse a toda costa.

En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente separaciones, y antecedentes patológicos especialmente de alcoholismo o alguna adicción en uno o ambos padres.

En general, en estas familias existe una estructura alterada que se caracteriza por un sistema cerrado que inconscientemente prohibe a sus miembros comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior. De manera que el joven se siente aislado dentro y fuera de casa, en donde tampoco la comunicación se da abiertamente. En relación con el manejo afectivo, las familias de los adolescentes que tienden al suicidio, suelen mostrar un patrón agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo y la agresión, así como una depresión familiar

generalizada. Las relaciones intrafamiliares se encuentran desbalanceadas y el adolescente -por norma- sirve de chivo expiatorio que carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la familia. De esta manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere, tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio del aislamiento y, posteriormente, de un intento suicida.

Resumiendo, las razones psicodinámicas más comunes en los intentos suicidas son: • Un dolor psíquico intolerable del cual se desea escapar; • Necesidades psicológicas frustradas, tales como : seguridad, confianza y logros; • Un intento por acabar con la conciencia, sobre todo la del dolor; • Falta de opciones, o bloqueo para verlas; • un impulso súbito de odio a sí mismo, en un marco de alineación grave, y • Una autoevaluación negativa, con autorrechazo, desvaloración, culpa, humillación, sensación de impotencia, desesperación y desamparo.

• Un impulso súbito de odio hacia sí mismo, en un, humillación, sensación de impotencia, desesperación y desamparo.

Como se mencionó anteriormente, en el acto suicida siempre habrá una lucha interna entre el deseo de morir y el de seguir viviendo. Generalmente, el individuo suicida pedirá auxilio de una u otra forma.

Si cerca de nosotros se encuentra algún adolescente cuyo comportamiento, ya sea verbal o no verbal, revela que el joven podría intentar suicidarse, hay que atender esas señales pues existe la posibilidad de ayudarlo o de buscar el apoyo de profesionales que pueden guiarlos en el manejo de sus problemas.

La familia siempre será la fuente principal de apoyo y aceptación. En ocasiones, la inexperiencia o las propias vivencias pueden alterar el funcionamiento de la familia. Este hecho puede

verse reflejado en la depresión de uno de los hijos. Lo importante no es encontrar culpables, sino descubrir el problema a tiempo para darle la mejor solución posible.

El suicidio entre los jóvenes es una tragedia no mencionada en nuestra sociedad. De manera tradicional se ha evitado la idea de que nuestros jóvenes encuentran la vida tan dolorosa que de forma consciente y deliberada se causan la muerte. En algunos casos puede ser más fácil llamar “accidente” a un suicidio.

El índice de suicidios para niños menores de 14 años de edad está incrementándose a un ritmo alarmante y para los adolescentes está aumentando aún más rápido.

Estudiantes universitarios suicidas De los estudiantes universitarios, 20% ha abrigado pensamientos suicidas durante sus carreras universitarias.

Varias características de los suicidos estudiantiles se extrajeron de un estudio realizado en la Universidad de California en Berkeley. En comparación con los no suicidas, los estudiantes que cometieron suicidio: • Tendieron a ser mayores que el estudiante promedio por casi 4 años.

• Estuvieron sobrerrepresentados de manera significativa entre los estudiantes posgraduados.

• Tuvieron mayor probabilidad de ser hombres, aunque la proporción de mujeres suicidas fue más alta.

• Tuvieron mayor probabilidad de ser estudiantes extranjeros y estudiar especialidades en idioma o literatura.

• Como subgraduados tendieron a presentar mejores expedientes académicos, pero como estudiantes posgraduados estuvieron por debajo del promedio de calificaciones.

Razones para el suicidio de estudiantes Primero: Mientras que la proporción de suicidios masculinos a femeninos en la población en ge-

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neral es de 3:1, para los estudiantes universitarios es de 1.5:1.

Segundo: El hecho de que los subgraduados que cometen suicidio tengan mejores expedientes escolares que la población universitaria en general revela una paradoja dolorosa. Para las normasobjetivas, los estudiantes suicidas se desempeñaban bien en la escuela. Sin embargo, amigos y parientes reportan que casi todos ellos estaban insatisfechos con su desempeño académico. Estaban llenos de dudas acerca de su propia capacidad para tener éxito. Una explicación para estos sentimientos es que los estudiantes estaban muy motivados hacia el logro y tenían expectativas irrealmente altas para sí mismos.

Tercero y relacionado con el anterior, muchos estudiantes suicidas sienten una vergüenza abrumadora y deshonra debido a su sensación de haberle fallado a los demás.

Las otras víctimas del suicidio Parientes y amigos. Cuando ocurre un suicidio los pensamientos se vuelven de inmediato a la persona que se ha provocado la muerte. ¿Qué dolor insoportable estaba sufriendo para justificar un fin así? Pero las verdaderas víctimas de esta tragedia a menudo son la familia, parientes y amigos que son dejados atrás para enfrentar todo lo que implica este acto. Elizabeth Kubler- Ross, una psiquiatra que ha investigado y escrito de manera extensa acerca de la muerte y la agonía, ha perfilado una serie de reacciones que las personas experimentan cuando un miembro de la familia ha cometido suicidio: La primera de 3 etapas se caracteriza por conmoción, negación y aturdimiento. Les es difícil hablar al respecto, tienden a evitar usar la palabra suicidio y pasan por los arreglos del funeral como si no tuviera significado personal.

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El dolor es tanto, que se cierran a sus propios sentimientos. En la segunda etapa, comienzan a experimentar pena. Tratan de culpar a alguien o a sí mismos por lo que pasó y por último expre-

san cólera hacia el difunto: ¿Cómo pudiste hacernos esto? La tercera etapa es dejarlo ir, o terminar un asunto incompleto ( como el hecho de pensar: “nunca le dije que lo amaba”).

Factores bioquímicos del suicidio Ni una perspectiva puramente sociológica o psicológica parecen explicar adecuadamente las causas del suicidio. También es probable que estén implicados otros factores. Por ejemplo, en forma consistente con la evidencia fuerte de que los neurotransmisores químicos están asociados con la depresión y la manía, evidencia similar muestra que la depresión está relacionada con la bioquímica. Se ha encontrado que el fluido espinal de algunos pacientes deprimidos contiene cantidades anormalmente bajas de 5HIAA (ácido 5 hidroxindoleacético), el cual es producido cuando la serotonina, un neurotransmisor que afecta los estados de ánimo y las emociones se desintegra en el cuerpo. Existe alguna evidencia de que los receptores de serotonina en el tallo cerebral y en la corteza frontal pueden estar deteriorados. A esto se le conoce como “transtorno bipolar”.

En realidad no se puede decir exactamente cuales pueden ser los verdaderos motivos para que un adolescente decida suicidarse, ya que debido a el transtorno bipolar ha habido jóvenes que aparentemente lo tenían todo en la vida: salud, una familia estable, un círculo amplio de amistades y buen nivel académico que lo han intentado, pero muchos de ellos han logrado salvarse gracias a los avances de la ciencia ya que se les ha detectado el transtorno bipolar y se les ha puesto bajo tratamiento médico.

Considero que nada ni nadie justifica el cometer un acto de tal naturaleza, sobre todo por el dolor que se deja a los demás y creo que tal vez una de nuestras labores como docentes que convivimos a diario con cientos de jóvenes es buscar la manera de sensibilizarlos y orientarlos en cuanto a este tipo de problemática y evitar en lo posible convertirnos nosotros mismos en “las otras víctimas del suicidio”.

Líderes ricos, trabajadores pobres Salvador Abascal Carranza

Uno de los grandes temas en los que México ha sido impedido sistemáticamente a avanzar, es el de la cultura laboral. Una y otra vez el PAN ha presentado iniciativas en la materia, sólo para encontrarse con el muro casi infranqueable de los intereses que hacen poderosos y multimillonarios a los líderes sindicales. Su discurso, lleno de lugares comunes y de sofismas, habla de las “conquistas sindicales”, como sinónimo de fuente inagotable de enriquecimiento y de cínico lucimiento

de sus riquezas. Las Hummers del SNTE, las fiestas de derroche con bailarinas y todo, la reciente comilona de la CROC, son sólo algunos pálidos ejemplos de lo dicho.

En una sociedad moderna, los sindicatos son parte de la vida democrática. Por ello no estoy en contra, a priori, de los sindicatos. Sí estoy en contra de la corrupción y de la no rendición de cuentas. Habrá que recordar, a guisa de ejemplo (este espacio no da para expo-

ner las docenas de casos similares), que durante la pugna entre la CROM de Morones y el Presidente Calles, lo que estaba en juego no era si alguno de los dos se conducía con honestidad, sino cuál de los dos era el más ladrón. Para ilustrar el caso, están las pintas que aparecían en las paredes de los predios de la ciudad. En una se podía leer, en forma de acróstico, que las siglas CROM en realidad significaban: “Cómo Roba Oro Morones” A lo cual se respondía con otro acróstico,

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que señalaba que en realidad CROM debía leerse del revés: “Más Oro Roba Calles.”

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Cuando se ve la historia así, no se le contempla en su aspecto museológico, sino como en un espejo. La diferencia hoy, es que el gobierno panista no hace uso del poder del sindicato; pero éste, para conservar sus privilegios, se esconde en las faldas del PRI. Lo que desde el Presidente Fox hasta el hoy Presidente Felipe Calderón han propuesto, no pasa por la aniquilación del sindicalismo (muy lejos están de ello), sino por la reforma de muchos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. El día de hoy, por ejemplo, se vive en muchas empresas el terror que experimentaban los establecimientos de empresarios honestos, frente al chantaje los gángsters de Al Capone y de otros criminales que vendían protección. Mañana, cualquier establecimiento puede amanecer en México (no en Chicago) cerrado con banderas rojinegras, por no tener sindicato, a pesar de la voluntad expresa de empleados y trabajadores de no querer sindicalizarse. Para “levantar la huelga” que nadie pidió, los nuevos gángsters (que no se distinguen en nada de los de hace diez, veinte u ochenta años) entran en una franca negociación de chantaje (con su regateo y todo) hasta que llegan a una cantidad que consideran adecuada por su “trabajo”, dinero que no va a los trabajadores sino al bolsillo cada vez más

gordo de los “líderes”. Los trabajadores, por supuesto, son obligados a afiliarse a ese sindicato y a pagar su correspondiente cuota, que también va directamente a engrosar la fortuna de los líderes.

En diversos encuentros entre la Coparmex y algunos líderes sindicales, y posteriormente entre la Secretaría del Trabajo (dirigidas ambas en su momento por Carlos Abascal Carranza, q.e.p.d.), los autos más lujosos y las escoltas más aparatosas no correspondían a los empresarios sino a los líderes sindicales.

Mientras tanto, los trabajadores (no todos, ni todos los sindicatos), están dispuestos a defender la fortuna de sus líderes, a través de huelgas, paros, marchas, plantones, bloqueos, etc. ¿A qué se debe este extraño comportamiento? En el próximo artículo intentaré dar respuesta a esta paradoja que se antoja ser un verdadero galimatías.

Ejemplos paradigmáticos Con base en los párrafos anteriores, me tomé el atrevimiento de tratar de explicar el extraño fenómeno de los controles sindicales en México, que representan ejemplos paradigmáticos del corporativismo: 1. El miedo. Según el notable filósofo judío, lituano-francés, Emmanuel Lèvinas (La Huella del Otro), el miedo es la causa de la mayor parte de las tragedias huma-

nas. Desde la violencia más cruel, hasta al retraso más lastimoso. El miedo paraliza, el miedo esclaviza, el miedo mata la creatividad, el miedo es causa de violencia, el miedo divide a las personas y a las comunidades. Los líderes sindicales sin escrúpulos, saben muy bien explotar el sentimiento del miedo en los sindicalizados.. miedo a quedarse sin trabajo, miedo a las represalias. Es importante recordar, llegados a este punto, algunos de los casos más vergonzosos de la manipulación y presión que ejercían algunos líderes sindicales sobre sus huestes. Durante décadas, los más poderosos líderes (de los sindicatos y de la CNC) se disputaban el honor de ofrecer al PRI millones de votos (todos los de sus afiliados), bajo estrictas condiciones, que los gobiernos priístas siempre cumplían, del reparto del poder en el Congreso, en las alcaldías, en las gubernaturas, etc. Los trabajadores no tenían voz ni libertad para votar por el partido de su preferencia (aún sucede con los cacicazgos locales y algunos enclaves federales o paraestatales). Muchos trabajadores sienten que aún existe un

“Big Brother” que vigila y conoce sus pensamientos más íntimos. Sacrifican su dignidad, en aras de su relativa seguridad. ¿Es este el PRI que algunos mexicanos quieren que regrese? Los líderes son los mismos, generalmente vitalicios.

2. La necesidad. Ella es pariente muy cercana del miedo. Los líderes venales conocen muy bien la naturaleza humana. Ellos saben explotar la necesidad material de sus afiliados. De su opulenta mesa, dejan caer algunas migajas, para que los trabajadores “sientan la necesidad que de un jefe tienen” (Maquiavelo, Discursos).

Comilonas con bailarinas y todo, rifas de Hummers, de aparatos eletrodomésticos, despensas, etc. La necesidad de una vivienda es primordial para el ser humano. Durante algunas campañas políticas, conocí de primera mano esos ambientes humillantes, llamados “Unidades Habitacionales”, en los que viven hacinadas entre cinco y nueve personas en un espacio de 48 metros cuadrados. El caso más típico es el de la Unidad Habitacional CTM Culhuacán, con sus más de 19,200 “viviendas”. Hoy, esa realidad es muy di-

ferente (la de la construcción o adquisición de viviendas de interés social), sobre todo, a partir de los gobiernos panistas.

3. El populismo demagógico. Es el que se refiere a ese nacionalismo barato, envuelto en papel periódico de los años 30 del siglo pasado. Muchos de los líderes sometidos aún al viejo régimen, hacen recaer en los trabajadores la defensa de sus intereses bastardos, haciéndoles creer que defienden la “soberanía nacional” y los echan por delante, como carne de cañón, para poder seguir disfrutando de su poder y de su opulencia. Esto también empieza a cambiar con los gobiernos panistas (Sindicatos de Mineros, Electricistas, etc.).

4. La fuerza aérea sindical.

De manera especial, en los sindicatos de la burocracia gubernamental (notablemente, entre los de las paraestatales), se produce el fenómeno muy conocido de “los aviadores”, o el de los burócratas inútiles, protegidos por la ley y por sus líderes. En algunas dependencias gubernamentales, por ejemplo, existe el fenómeno de la saturación de empleados y, por lo

mismo, de la ineficiencia e ineficacia. Frente a un fax pasado de moda, está sentado un burócrata (la burocracia siempre será necesaria en cualquier administración pública). Éste recibe un fax y se lo pasa a otro para que lo corte.

A su vez, este segundo empleado se lo pasa a un tercero para que lo clasifique. Un cuarto personaje envuelve y etiqueta debidamente, en un sobre, el documento. Por último, el cuarto sujeto le proporciona los sobres a quien los va a distribuir en las oficinas correspondientes. Otro ejemplo, aún más doloroso: De los cerca de 50,000 trabajadores de la extinta Ly FC, quedan algunos miles que no existen porque, ni se han presentado a reclamar algún pago ordinario, ni han solicitado su indemnización (en cualquiera de las dos modalidades), ni asisten a las movilizaciones (que son ya de algunos cientos de personas, contando familiares), ni se les ha podido ubicar en algún domicilio. ¿Más claro?

Aún así (y lo expuesto aquí es solamente una pincelada) ¿hay quienes se atreven a pedir el regreso del PRI a Los Pinos?

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La política exterior en México: breve evaluación de los últimos 3 años María de Lourdes Ramírez Flores y Andrés Ruiz Pérez

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Introducción Ante el reciente embate de la ley SB1070 de Arizona, la pérdida de peso relativo en las relaciones internacionales de México y el bajo perfil que ha tenido en el ámbito exterior la presente administración, ¿cómo debe juzgarse la política exterior en lo que va del sexenio de Felipe Calderón? Tal cuestionamiento guiará el presente artículo. Sin embargo, para realizar un análisis más equilibrado es preciso entender qué es la política exterior, qué factores la afectan, cómo ha sido durante las últimas décadas y los elementos de continuidad y cambio que ha tenido con el actual gobierno. Nuestro argumento central es que muchos de los actuales problemas

no son responsabilidad exclusiva de la adminsitración de Calderón, sino síntomas de una orientación equivocada de la política exterior, de más larga data.

La política exterior es un tema de gran importancia. Nuestro país no se encuentra aislado, es uno de múltiples actores de un sistema internacional complejo. Las interacciones de las naciones tienen resultados que impactan en la política interior de las mismas. Debido a la repercusión que las decisiones tomadas en el ámbito internacional tienen en la vida de los ciudadanos, es necesaria que ésta sea analizada con el objetivo de obtener mayores beneficios en las negociaciones.

La política exterior “posrevolucionaria” Es imposible entender la política exterior mexicana del régimen posrevolucionario sin ver la historia mexicana. Las constantes intervenciones que sufrió el país en el siglo XIX propiciaron que uno de los fundamentos de las relaciones internacionales fuera el del respeto absoluto a la soberanía. De ahí surgen dos doctrinas fundamentales: la Carranza y la Estrada. La primera establece que bajo ningún pretexto se debe intervenir en los asuntos internos de otros países y que el tratamiento debe ser de estricta igualdad entre naciones soberanas (Carranza, 1917).

La segunda versa sobre el derecho a la autodeterminación (para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades), y califica como denigrante la práctica de otorgar reconocimientos ya que ello implica herir la soberanía de otras naciones, por lo que México se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando lo considere procedente, a los agentes diplomáticos de otros países (Estrada, 1930). A estas dos doctrinas se sumaron, a partir de 1933, un sistema político centralizado, con componentes claramente autoritarios, que no deseaba ser cuestionado por otros países, y un modelo de desarrollo con poca apertura. Todos estos factores abonaron para que se diera una política exterior defensiva, cerrada y legalista (muy apegada a los principios del derecho internacional).

Para cuando empezó la guerra f ría, a finales de los cincuenta, el presidencialismo mexicano había generado una toma de decisiones altamente centralizada, en la que el presidente era prácticamente el único que decidía. En el ámbito internacional, a pesar de que México, por su situación geográfica, estaba dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos, no se alineó completamente a los designios de dicho país.

La “formula de acuerdo para disentir” o “fórmula Ojeda” capta la esencia de las relaciones con el vecino del norte en dicho periodo: “los Estados Unidos reconocen y aceptan la necesidad de México a disentir de la política norteamericana

en todo aquello que le resulta fundamental a México, aunque para los Estados Unidos sea importante, más no fundamental. A cambio de ello México brinda su cooperación en todo aquello que siendo fundamental o aun importante para Estados Unidos, no lo es para el país” (Ojeda, 2001). Con ello logró mantener cierta independencia vis-a-vis la posición norteamericana, logrando hacerse con ello de prestigio internacional y de ser visto como un interlocutor confiable para países de diversa ideología. Ejemplos de lo anterior son la posición de independencia relativa que sostuvo México al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA), en especial cuando mantuvo relaciones con Cuba en 1964, a pesar una resolución de la OEA que solicitaba el rompimiento de relaciones con la isla. El Tratado para la Proscripción de Armas Nuclares en América Latina y el Caribe (conocido como Tratado de Tlatelolco), que entró en vigor en 1969, es otra clara muestra de la influencia diplomática que tenía México.

Con una diplomacia profesional, una toma de decisiones cohesionada y manteniendo un posicionamiento independiente, es que México tuvo un papel importante en América Latina. Si bien hubo variaciones entre sexenios (la política “tercermundista” de alto perfil de Echeverría, por ejemplo), tal región fue preocupación constante del país. Así lo muestran esfuerzos como el del Grupo de Contadora (que se convirtió en el actual Grupo de Río), instancia multilateral establecida en 1983 en conjunto con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela con el fin de conseguir la paz en Centroamérica. Tal activismo hizo de México un actor de peso en la región.

Los cambios Con la crisis de la deuda en América Latina y el fracaso del modelo económico mexicano, vinieron importantes cambios en el modelo económico. La apertura al comercio internacional y un modelo neoliberal integraron a México a los mercados mundiales. En lo interno, desde 1968 y en especial a partir de la reforma electoral de 1977,

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se daba un proceso de apertura del sistema político. La elección de 1988 fue un punto de inflexión, ya que más allá de los clamores de fraude en la elección presidencial, dio fin al régimen de partido hegemónico (Ortega Ortiz, 2008).

Aunque tal proceso tuvo una clara reversión durante el sexenio de Carlos Salinas, fue de enorme importancia para propiciar la transición en el año 2000. En el ámbito internacional la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría modificaron la estructura internacional, que pasó de una bipolar rígida, a una unipolar un tanto más flexible. Además, la derrota del comunismo implicó una posición de preponderancia del capitalismo en su versión neoliberal; el “consenso de Washington” fue la receta, en especial para América Latina. Los años noventa fueron los años cumbre de la “tercera ola de la democratización” (Huntington, 1991) y de un marcado optimismo en la expansión del libre comercio y de los procesos de regionalización comercial.

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ser una más pragmática, basada en intereses (Garza, 1994). Sin embargo, es necesario aclarar que durante el sexenio salinista no se descuidaron del todo las relaciones con el resto del mundo. El hábil trabajo de Fernando Solana, secretario de Relaciones Exteriores, balanceó en buena medida el enorme énfasis que se puso en la relación con el vecino del norte.

La “nueva política exterior” El proceso de desgaste del “nacionalismo revolucionario” en lo interno y la apertura del sistema político, aunados a la transformación del panorama internacional, erosionaron muchos de los fundamentos de la política exterior. Ante una realidad distinta ¿qué tan eficaz podría ser una política exterior concebida para otras circunstancias?

El sexenio de Zedillo fue de pragmatismo. Sin descontinuar del todo la línea tradicional de los gobiernos priístas, avanzó en la firma de tratados de libre comercio (los firmados con Chile y la Unión Europea son los más relevantes) y dedicó buena parte de sus esfuerzos a profundizar la relación con Estados Unidos. El crecimiento tanto de importaciones como de exportaciones en la región de América del Norte fue sustancial.

Ello no quita que hubieran recriminaciones mutuas en los ámbitos de narcotráfico e inmigración. Sin embargo, comenzaron los síntomas del alejamiento de América Latina. Comentarios irónicos de Fidel Castro (que los niños mexicanos conocían a Mickey Mouse mejor que a sus héroes patrios) provocaron molestias en el gobierno, que comenzó a hacer declaraciones en torno a la falta de apertura política en Cuba. Tal actitud distanció a Zedillo de sus cuatro antecesores, que habían tenido muy buenas relaciones con el gobierno de la isla.

El sexenio de Carlos Salinas fue fundamental para reorientar la política exterior mexicana. Su ambicioso programa de reformas económicas terminó afectando también las relaciones internacionales del país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modificó no sólo la estructura de importaciones y exportaciones sino la forma en que se concebía México en el mundo: la identidad norteamericana pesaba más que antes, en detrimento de la correspondiente a América Latina. En un mundo con una fuerte componente de unipolaridad, allegarse a la potencia prevaleciente parecía buena idea. Incluso hubo quien argumentó que la tradicional política exterior –idealista, basada en principios– pasó a

La apertura del sistema político mexicano permitió en 2000 la llegada de Vicente Fox. Sin mayoría en el congreso (algo que se dio por primera vez en 1997) y sin un plan bien establecido en lo que a política exterior se refería, integró un gabinete bastante heterogéneo que en algunos medios se llegó a conocer como “Gabinete Montessori” –porque cada quien hacía lo que quería– (Aguilar y Castañeda, 2007). Ante semejante panorama de dispersión y sin la suficiente pericia política, Fox desperdició su “bono democrático” desvivéndose en el discurso, pero sin muchas acciones concretas. Es preciso detenerlos en la retórica; según la definición de política exterior provista antes, los pronunciamientos también

cuentan. En tal medida, Fox ayudó a erosionar aún más la política exterior tradicional: rechazando el antiguo concepto de soberanía cerrada y defensiva, buscó una promoción activa a la democracia y los Derechos Humanos. Aunque cauteloso de siempre encauzar tal discurso a través de organizaciones multilaterales (como Naciones Unidas), ello no evitó desaveniencias con otros países. El caso emblemático es cuando en 2002 Mexico votó en la Comisión de Derechos Humanos a favor de revisar la situación en Cuba, cuando tradicionalmente se había abstenido. Ello, aunado al “comes y te vas” y a otros incidentes de menor calibre (como el “guaguazo”) propició un severo enfriamiento de las relaciones con Cuba. Las relaciones con América Latina tampoco tuvieron buen destino. Declaraciones desafortunadas, excesos de ambición política y la carencia de una estrategia regional llevaron a que las relaciones con los países latinoamericanos vivieran momentos de crisis o distanciamiento. La percepción que se tenía de México como un interlocutor de confianza en la región en décadas previas (aunque deteriorada desde 1994), pasó a una de recelo y desconfianza. La explicación: la clara prioridad que se dió a la relación con Estados Unidos. El inicio del sexenio era prometedor: las buenas relaciones entre los dos presidentes entrantes auguraban que México estaría entre las prioridades de los vecinos del norte.

Sin embargo, con el 11 de septiembre muchos de los planes se vinieron abajo. Frente a un gobierno norteamericano enfocado en los temas de seguridad la adminsitración de Fox no supo qué hacer. La intención de jugar un papel más activo en los organismos multilaterales (que llevó a México al Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2002-2003) trajo un dilema importante cuando se llevó a tal organismo la decisión sobre la invasión a Iraq. Dicho momento es revelador de la desorientación de la política exterior mexicana: se buscaba que fuera más pragmática, más activa y más cercana; pero apoyar la invasión a otro país era totalmente

contrario a los principios de soberanía y autodeterminación. Finalmente, no fue un argumento de relaciones internacionales el que dirimió la controversia; las cercanas elecciones, la posición de la opinión pública y la enorme necesidad que Fox tenía de votos y popularidad hicieron que se decidiera por negar el apoyo a los Estados Unidos. Para entonces Estados Unidos había resuelto no someter su decisión a la ONU y hacerlo a través de una coalición que ellos encabezarían.

Los errores de Fox pueden achacarse, en lo específico, a un proceso de toma de decisiones descoordinado (a causa de un gabinete heterogéneo) y a la falta de conocimiento y experiencia política para llevar a buen término sus planes.

Sin embargo, tomando en cuenta los otros factores de la política exterior, es importante notar que había limitantes que no podía saltarse: los tiempos del país en que un solo hombre mandaba habían terminado (por lo que se vio en más de una ocasión frente a un Congreso hostil), un sistema económico abierto y notablemente integrado a América del Norte, y la permanente asimetría con los otros miembros de la región. Además, la coyuntura internacional del 11 de septiembre y la reacción de Estados Unidos también fueron determinantes para el fracaso de la política exterior mexicana.

El gobierno de Felipe Calderón Para cuando Calderón llegó al poder muchas de las condiciones anteriores seguían siendo las mismas. No obstante, el cambio de administración sí trajo consigo una forma distinta de gobernar y algunos cambios en lo relativo a las relaciones internacionales del país. Con un gabinete más homogéneo y con una figura de más bajo perfil a cargo de la SRE, Calderón se limitó a corregir los errores más notorios de Fox. Desde el inicio de su mandato intentó recomponer relaciones con América Latina, en especial con Cuba y Venezuela. Aunque lenta y no exenta de tropiezos, la normalización de relaciones con ambos países se ha dado.

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Sin embargo, también desde los albores de su sexenio ha sido marcada la tendencia de la administración calderonista a relevar a un segundo plano los asuntos externos. La política exterior de bajo perfil bien puede atribuirse a que el gobierno en turno se ha dedicado casi de forma absoluta a resolver asuntos internos. La “guerra contra el narcotráfico”, la crisis económica desatada en otoño de 2008, la epidemia de influenza, los intentos por conseguir la aprobación de las reformas estructurales, entre otras cuestiones, han absorbido la atención del gobierno. Ello puede considerarse como un error mayúsculo, debido a que ha hecho que muchos de los problemas internacionales afecten los intereses mexicanos o de mexicanos de forma más directa. Posteriormente se analizan casos de estudio con el objetivo de probar –como falsas o verdaderas– las hipótesis presentadas en la siguiente sección.

Responsabilidades y perfiles La presente investigación se centra en dos hipótesis. La primera refiere al contexto internacional y a la pérdida de importancia de México en el escenario diplomático mundial. Esto se relaciona con las críticas lanzadas ante el despegue de Brasil como intermediario de Latino América frente a la comunidad internacional, evidente en los último años. Dicho rol solía ser ocupado por nuestro país:

Casos de Estudio: la relación con Francia, Florence Cassez como tema central en la agenda bilateral El 9 de diciembre de 2005 el gobierno mexicano acusó a Florence Cassez, ciudadana francesa que trabajaba en el sector hotelero de nuestro país, de ser parte de la banda de secuestradores conocida cómo “Los Zodiaco”. La aprehensión de Cassez se realizó mediante un acto de amplia cobertura mediática realizado el 8 de diciembre de 2009 (Reséndiz, 23 abril 2010), que posteriormente resultó ser un montaje realizado por las autoridades mexicanas. Si bien, existían testimonios de víctimas que incriminaban a Cassez, el proceso mediante el cual la ciudadana francesa fue condenada a 60 años de prisión ha sido altamente cuestionado por irregularidades (Barría, 9 marzo 2009).

De acuerdo a los abogados de Cassez, la sentencia no fue una decisión jurídica, sino política, que Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública) implementó durante un periodo en el que fue ampliamente criticado por su falta de resultados al frente de la Agencia Federal de Investigación.

La segunda hipótesis refiere al bajo perfil como una posible consecuencia de la estrategia de Calderón, provocado por la vuelta al interior que éste gobierno ha tenido. Si dicha hipótesis se prueba verdadera, la pérdida de protagonismo de nuestro país ha sido intencional.

Cabe señalar que en 1983, México firmó el Tratado de Estrasburgo, por medio del cual se asumió el compromiso internacional de permitir a las personas condenadas por un delito cumplir su pena el su país de origen. Los dos factores anteriores generaron polémica y permearon a la opinión pública francesa a tal grado que más de 140 miembros del Parlamento Francés exigieron al gobierno que se repatriara a la joven (Barría, 9 marzo 2009). La presión fue tal que el asunto Cassez fue parte de la agenda del Presidente Nicolás Sarkozy durante su visita a México.

H2) El bajo perfil que México ha tenido durante este sexenio responde a la estrategia de Calderón

En el marco del Tratado de Estrasburgo el Gobierno Francés solicitó al su contraparte

H1) La responsabilidad del bajo perfil de México en el escenario internacional no es exclusiva de las decisiones del Presidente Felipe Calderón, sino que es producto de una tendencia que se viene dando desde los años 90.

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de reparar los errores cometidos durante el sexenio foxista y volcar la atención hacia temas de política interior, principalmente seguridad.

mexicana se permitiera a Cassez cumplir su pena en Francia. Sin embargo, debido a diferencias legales entre ambos países, si Cassez era trasladada a su país estaría recluida menos años de los que la sentencia mexicana dictaba. Cabe señalar que se hicieron del conocimiento público testimonios de víctimas de plagio que señalaron a Cassez como partícipe de su secuestro.

Lo anterior provocó descontento en la opinión pública mexicana –para quien el secuestro e inseguridad son temas sensibles–.

El 22 de junio de 2009 el Gobierno Mexicano anunció que no entregaría a Florence Cassez a la justicia de Francia ya que, bajo el sistema de justicia francés, podría ser liberada antes. Ante ello, Daniel Parfait, Embajador de Francia en México, anunció que para su país el caso no está cerrado ya que consideran que el Tratado de Estrasburgo obliga al gobierno mexicano a entregar a Cassez; mientras que el gobierno mexicano sostiene que existen cláusulas que permiten negarse a la petición del gobierno francés de que Cassez le sea entregada (Otero, 9 diciembre 2009).

El caso Cassez se convirtió en un conflicto diplomático entre ambas naciones que ocupó un papel importante en la agenda de la visita presidencial de Sarkozy a México en marzo de 2009. La Secretaría de Relaciones Exteriores no pareció poder influir en la decisión del gobierno francés, lo cual se puede suponer como falta de negociación política fuera de las cámaras.

Medidas discriminatorias durante la epidemia de Influenza AH1N1 en abril-mayo 2009 Nuestro país fue uno de los focos iniciales de la epidemia de influenza AH1N1. Durante los primeros meses, la incertidumbre generada por la enfermedad provocó que diversos gobiernos tomaran medidas con el objetivo de proteger a su población. Sin embargo, algunas de estas medidas fueron tomadas unilateralmente e incluso devinieron en políticas discriminatorias. En

cuanto a los países asiáticos, en China, Hong Kong y Singapur se detuvieron a ciudadanos mexicanos que no presentaban síntomas de la enfermedad. El criterio para detenerlos fue la portación de pasaporte mexicano. Además de la detención basada en criterios de nacionalidad, se recluyó a nuestros connacionales en condiciones reportadas como poco salubres (Otero, 9 mayo 2009a; Otero, 9 de mayo de 2009b). Cabe señalar que las notas periodísticas reportan que personas de otras nacionalidades no fueron detenidas, a pesar de haber estado en contacto con mexicanos. Lo anterior puede ser interpretado como discriminación por nacionalidad. Ante dicha situación, el gobierno mexicano negoció con las autoridades de dichos países la repatriación de los connacionales.

Algunos países latinoamericanos también adoptaron políticas unilaterales ante la epidemia.

Tal fue el caso de Argentina, Cuba, Ecuador y Perú. Dichos países aplicaron medidas como la restricción de vuelos, prohibición del ingreso de ciudadanos e incluso la prohibición de la entrada de productos a su territorio. Lo anterior en violación a tratados internacionales (Otero, 9 mayo 2009c). Dentro de los conflictos con países latinoamericanos destacan las declaraciones de Fidel Castro, quien acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber ocultado al mundo la presencia del virus de influenza AH1N1 debido a la visita de Barack Obama, Presidente de Estados Unidos. Las declaraciones de Castro generaron malestar en el gobierno mexicano, por lo que Calderón incluso amenazó con cancelar su visita al a isla (Otero, 9 mayo 2009c).

Las medidas asumidas por los gobiernos mencionados fueron mal recibidas por la Organización de las Naciones Unidas. La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay, declaró que ninguna persona podía ser detenida en cuarentena únicamente por su nacionalidad.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó ante las medidas, se percibe una

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falta de planeación y negociación previa a las políticas de los países. Es poco realista asumir que la Cancillería Mexicana puede tener completo control de agenda, y más en situaciones que involucran la percepción de una amenaza para otros actores. Sin embargo, se pudieron haber gestionado otro tipo de medidas o se pudo haber protestado más enérgicamente ante tales violaciones a los derechos de nuestros connacionales.

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Solicitud de visas a los mexicanos por parte del gobierno de Canadá En julio de 2009 el gobierno canadiense anunció que a partir del 6 de julio de 2009, los ciudadanos mexicanos requerirían visa para entrar a Canadá. De acuerdo con el Embajador de México en dicho país, Francisco Barrios Terrazas, la legislación interna canadiense propició que el número de solicitudes de refugio en dicha nación aumentara. Durante la Cumbre de líderes de Norteamérica ,que tuvo lugar en Guadalajara en agosto de 2009, el Presidente Felipe Calderón expresó a su homólogo canadiense, Stephen Harper, la inconformidad del gobierno mexicano ante dicha medida. Barrios declaró que el gobierno canadiense lo consultó antes de implementar la medida, a lo que él respondió que no consideraba la implementación de visas cómo la solución óptima. Asimismo, Barrios aclaró que la decisión fue tomada por cuestiones de política interna, por lo que es poco probable que se revierta en el corto o mediano plazo (El Universal, 15 noviembre 2009). La respuesta del gobierno mexicano fue solicitar visa a los funcionarios y diplomáticos mexicanos como requisito para entrar al país. La Canciller Patricia Espinosa aclaró que la medida se tomó para no afectar el flujo de turistas canadienses que viajan a México. La funcionaria reconoció que el gobierno canadiense había informado previamente sobre la intención de solicitar visas con el objetivo de detener el creciente número de peticiones de asilo o refugio que los ciudadanos mexicanos realizan a Canadá (Hernández, 17 de julio de 2009).

La implementación de visas para que los ciudadanos mexicanos ingresen a territorio canadiense es un revés en lo que alguna vez se percibió como una posible integración regional con Estados Unidos y Canadá. Cabe señalar que el Tratado de Libre Comercio con dichas naciones implica únicamente aspectos económicos y en ningún punto plantea integración política. Sin embargo, el giro en la política que se tuvo hacia nuestro país es un retroceso en las relaciones bilaterales con Canadá. Destaca que el gobierno canadiense informó al mexicano antes de implementar la medida, por lo que a pesar de que ésta haya sido tomada por criterios de política interior podemos considerarlo como un fracaso de la política exterior del gobierno mexicano.

Proclamación de la Ley SB1070 en Arizona En abril de 2010 la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer impulso la Iniciativa del Senado 1070 (Senate Bill 1017, en adelante SB1070). Dicha ley enmienda los estatutos de Arizona de forma tal que se permite a las autoridades aprehender, sin orden previa, a una persona que se sospeche haya cometido alguna ofensa pública que la convierta en “alguien retirable de los Estados Unidos (SB 1070)”. La modificación a los estatutos permite a cualquier oficial cuyo trabajo sea vigilar el cumplimiento de la ley (law enforcement officer) detener a cualquier individuo de apariencia sospechosa y pedirle que confirme su identidad (incluida su residencia legal). Cabe señalar que dicha ley contempla la verificación del estatus migratorio de las personas para trámites cómo la solicitud de servicios públicos.

Como puede notarse por lo descrito en el párrafo anterior, la Ley SB1070 deja espacio para que se lleven a cabo actos racistas por parte de la autoridad dado que éstos están contemplados por la ley. Dicha legislación, puede argumentarse, viola los derechos humanos de los latinos (no sólo los residentes ilegales) al permitir las detenciones por apariencia física. Incluso se habla de la criminalización de inmigrantes ilegales (y

quizá legales) por el tipo de criterios y medidas contempladas por la legislación.

La ley fue proclamada en medio de purgas políticas internas ya que en 2010 tendrán lugar elecciones estatales. Las tensiones provocadas por la contienda motivaron a la Gobernadora Brewer, del partido Republicano, a posicionarse de forma conservadora con el objetivo de subir en las preferencias de los electores republicanos de su estado (Hernández, 8 mayo 2010).

Si bien el gobierno mexicano no es el único actor con interés en realizar cabildeo, fue notoria la ausencia del mismo ante las autoridades del Estado de Arizona. Debido al a naturaleza potencialmente racista del contenido de la Ley SB1070 y a que el grupo de residentes ilegales más grande en Estados Unidos son los mexicanos, es claro que el gobierno de nuestro país (mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores) debió haber estado mejor informado y haber presionado más al gobierno de Arizona para impedir que pasara dicha Ley. El caso de Honduras El 28 de junio fue derrocado Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras. A pesar de que el clima de polarización que se vivía en dicho país había sido causado en buena medida por la consulta que Zelaya había impulsado en torno a la posibilidad de su reelección, fue un claro golpe de Estado. Después se intentó en las cortes y el Congreso darle una justificación legal a la deposición, pero el consenso internacional no se modificó. La presión internacional, a través de comunicados, restricciones a la ayuda que recibe Honduras, llamadas a consulta de los embajadores y otras acciones, tuvo poca efectividad. A pesar de algunas protestas, el gobierno de facto, encabezado por Micheletti, mantuvo el orden y el apoyo del ejército. Los intentos de Zelaya de regresar fueron erráticos y poco fructíferos, por lo que su oposición se limitó al discurso.

Como se trataba de un asunto exclusivamente interno, no hubo intentos serios por parte de otros países de intervenir en el conflicto. Se buscó la negociación a través de Oscar Arias, entonces presidente de Costa Rica, pero fue inútil ante la imposibilidad de un acuerdo entre las partes. Finalmente se impuso la posición del gobierno de facto: a finales de noviembre se celebraron elecciones para renovar presidente, buscando “normalizar” la situación del país. La calidad de los comicios es cuestionable: si bien hubo observadores internacionales, también es cierto que apenas se había levantado el estado de sitio y había una fuerte presencia de militares, así como represión a los seguidores del depuesto Zelaya (por no mencionar la alta abstención). De cualquier forma, fue electo Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional. A partir de entonces ha buscado un gobierno de unidad nacional, tratando de reducir la polarización y de cerrar las heridas del golpe de Estado del año pasado. En cuanto al reconocimiento internacional, la opinión se ha dividido. Casi la totalidad de Centroamérica (salvo Nicaragua) ha dado un reconocimiento formal. En América del Sur, Colombia y Perú ya han reconocido a Lobo.

Estados Unidos también lo ha hecho.

México no ha dado su reconocimiento. Las perspectivas también son encontradas al interior del país. La aproximación más clara para explicar este comportamiento es la ya mencionada doctrina Estrada: al respetar el derecho a la autodeterminación (para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades), México califica como denigrante la práctica de otorgar reconocimientos, por lo que se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos. El embajador mexicano Tarcisio Navarrete permanece en el país centroamericano, por lo que permanecen las relaciones. Además, el reciente comunicado conjunto que hicieron los presidentes Calderón y Obama, en el que pidieron el regreso de Honduras a la OEA, muestra claramente el deseo de reintegrar a Honduras al sistema interamericano.

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Iniciativa Mérida: el simbolismo de la corresponsabilidad ante el narcotráfico La Iniciativa Mérida es un mecanismo diseñado para reforzar la cooperación entre Estados Unidos y algunos países de Centro América, el Caribe y México en cuanto a lucha contra el tráfico de droga y crimen organizado. Además de los recursos que dicha medida implica, la importancia de la Iniciativa es su carácter simbólico ya que es el reconocimiento del gobierno estadounidense a su corresponsabilidad en la lucha contra el crimen.

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La iniciativa Mérida tiene 4 pilares: Disminuir la capacidad de operación del crimen organizado mediante la captura y encarcelamiento de los líderes y medidas como el decomiso de drogas, así como la interrupción del lavado de dinero y la disminución del a producción y decomiso de drogas.

Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho mediante el aumento de la capacidad de las instituciones de seguridad de nuestro país, así como la profesionalización de la policía y el ejército. Lo anterior para mejorar los controles de seguridad internos.

Crear una estructura fronteriza del siglo XXI para facilitar el comercio y movimiento legítimo de personas a través de la frontera. Se busca modernizar mediante infraestructura y tecnología las fronteras norte y sur de nuestro país.

Construir comunidades fuertes para promover la cultura de la legalidad, debilitando el poder de los narcotraficantes y organizaciones delictivas. Entre otros, se pretenden implementar programas de creación de empleos y de atención a la juventud.

La Iniciativa Mérida es un programa cuya duración será de varios años. Fue concebida en 2007 con una inversión por parte del gobierno estadounidense de 1.4 billones de dólares. En 2008, México recibió $400 millones de dólares.

En 2009, $300 millones y en 2010 $450 millones de dólares.

Podemos considerar la Iniciativa como un éxito en materia de política exterior ya que, independientemente de los recursos que aporta, constituye el reconocimiento del problema del narcotráfico y la violencia como un problema binacional. La aceptación de la corresponsabilidad por parte del gobierno estadounidense es un avance importante en materia de relaciones bilaterales.

Discusión sobre los casos de estudio Si bien es válido el argumento de que los acontecimientos previos hubiesen ocurrido aún teniendo una política exterior activa y eficiente, también es cierto que su impacto pudo ser menor o la resolución pudo ser más pronta. Cabe también la hipótesis de que muchos países lo pensarían dos veces antes de tomar acciones que pudieran provocar fricciones con un país de peso en las relaciones internacionales.

Más allá de los errores propios del sexenio calderonista, un problema fundamental es que la orientación general de la política exterior poco o nada ha cambiado desde mediados de la década de los noventa. Luego, no es sorprendente que los resultados no sean distintos. Como señalaba Cuauhtémoc Cárdenas cuando empezaban estos cambios: es falso que el nacionalismo mexicano sea la principal causa de las frecuentes disputas entre México y Estados Unidos. El pensamiento de que un cambio unilateral de México resolvería desacuerdos históricos con Estados Unidos es erróneo, ya que implica una posición subordinada para México, lo cual es innecesario para ambas naciones (Cárdenas, 1990).

Siguiendo con su argumento, la pérdida de independencia relativa de la política exterior mexicana ha diluido la “fórmula de acuerdo para disentir”. Es decir, al alinear y acercar la política mexicana a la estadounidense, el margen de maniobra y el poder de chantaje de México han disminuido. Además, si en Estados Unidos se tiene la impresíón de que México se alineará con mayor facilidad a sus necesidades, considera-

rán menos necesario un diálogo previo con las autoridades mexicanas y tendrán más incentivos a actuar unilateralmente. Además, se ha impulsado el deterioro de las relaciones con América Latina. Brasil ha sabido mantener una posición más independiente y se ha vuelto el interlocutor para la región, ocupando el lugar que otrora correspondía a México.

Conclusiones A lo largo del presente texto se ha visto cómo la política exterior es algo complejo, que depende de múltiples factores, muchos de ellos fuera del control del gobierno. Sin embargo, también se ha visto que para hacer que las estrategias consigan los objetivos de un país se requiere voluntad y planteamientos claros del papel que juega el país en el concierto internacional.

Al evaluar la política exterior en lo que va del sexenio de Calderón es posible discernir que hay limitantes que se han dado a partir de los años noventa, lo cual ha restringido el impacto de las políticas mexicanas. Con el desgaste de las relaciones exteriores del nacionalismo revolucionario, con los cambios internacionales y la apertura (tanto económica como política) de México tal parece que se ha perdido el rumbo de la política exterior. Hay ocurrencias, hay objetivos expecíficos por sexenio (Salinas y Zedillo: mayor integración comercial, Fox: promoción democracia y Derechso Humanos, Calderón: seguridad), pero no hay un plan a largo plazo de política exterior.

Si bien la estructura legal crea los incentivos para que cada presidente modifique según sus prioridades las relaciones internacionales de México, también es patente la carencia de una visión sobre el papel que debe tener el país en la región y en el mundo. En dicho sentido el Servicio Exterior de Carrera tendrá un importante papel en dotar de una perspectiva transexenal a la política exterior mexicana.

A más de quince años de la entrada en vigor del TLCAN, se ve que hay problemas con el vecino del norte que van más allá del comercio;

que siempre habrán fricciones (por cuestiones migratorias o de narcotráfico, entre otras). En tal medida será importante mantener una independencia relativa: alinear los objetivos nacionales a los estadounidenses tiene como única consecuencia reducir el rango de maniobra mexicano. No se trata de estar de acuerdo por estar de acuerdo o teniendo como única razón la fuerte interdependencia económica. El potencial poder de negociación mexicano está en la capacidad de disentir en las cuestiones fundamentales para el país. El ser socios comerciales de EE.UU no implica atarnos las manos.

Bien se podría ser un “maverick”: recuperar los espacios de autonomía e independencia relativa le dará más posibilidades a México de avanzar sus intereses. No se trata de regresar a la política exterior del viejo PRI (el panorama internacional ya no es el mismo, para empezar), sino recuperar las cuestiones valiosas, sin dejar de lado avances como el reconocimiento a la democracia y los derechos humanos. Además, no debe de dejarse de lado la siempre prometida diversificación del comercio exterior.

Dentro de sus claras limitantes, el gobierno del Presidente Calderón ha tenido un buen desempeño en los temas a los que ha dado proridad: la agenda de seguridad y la normalización de relaciones con América Latina. El reconocimiento de la corresponsabilidad de Estados Unidos en el narcotráfico no es poco. Ello es muestra de que en donde hay voluntad se pueden lograr acciones o pronunciamientos relvantes.

Lo que sí puede reprochársele es el bajo perfil que ha mantenido en lo general, lo cual seguramente no ayudará a que México tenga un papel más protagónico.

Lo que está en el fondo es la necesidad de pensar el papel de México en el mundo. ¿Ser el aliado incondicional de Estados Unidos? ¿Ser un aliado con reservas? ¿Ser una potencia media en América Latina? ¿Establecer como esfera de influencia a Centroamérica? ¿Ser una voz escuchada en los organismos internacionales?

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¿Permanecer en el ensimismamiento? No pretendemos dar respuestas tajantes a los cuestionamientos anteriores. No nos corresponde.

Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que es erróneo ver a las Relaciones Internacionales como un elemento accesorio de la política de estado y que en tal medida un país protagónico tiene mejores oportunidades de alcanzar sus objetivos que un país que navega al garete, sin una visión clara de lo que es o lo que quiere ser.

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La Ley SB-1070 y la complejidad de la reforma migratoria María Eugenia Anguiano Téllez

En memoria .

Para Víctor Barraza, excepcional ser humano.

Para quienes conocimos de cerca la tristemente célebre Proposición 187 promovida en 1994 por el también tristemente célebre ex gobernador californiano Peter Wilson, resultan reiteradamente familiares las actitudes anti-inmigrantes utilizadas como estrategias electorales, entre ellas las medidas racistas

y xenófobas frente a la inmigración, desafortunadamente frecuentes en la historia estadounidense hacia los trabajadores de origen mexicano, aunque no únicamente respecto a ellos.

Como ha expuesto el profesor emérito de la Universidad de California James F. Smith, recientemente galardonado con

el premio Othli, la sucesión de épocas de escasez de trabajadores y crisis económicas han acompañado la ambivalente y oscilatoria política estadounidense que solicita y recibe a los trabajadores mexicanos cuando se considera se requieren y les persigue y expulsa cuando se estima que sobran.

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Las deportaciones masivas que prosiguieron a la Gran Depresión del 1929; la solicitud y admisión de trabajadores amparados por el Programa Bracero pactado durante los años de la Segunda Guerra Mundial; las expulsiones ocurridas durante la Operación Espalda Mojada (Operation Wetback) del año 1954; la posterior permisividad al ingreso no autorizado pero que cubrió la demanda de trabajadores requeridos por la economía estadounidense durante las décadas de los años 1960 y 1970, son prueba de ello.1

tes en los Estados Unidos”, permitiría a las autoridades policíacas locales ejercer funciones de competencia propias de los agentes de inmigración, a pesar de que la legislación migratoria estadounidense es facultad federal. Durante los próximos meses, defensores y opositores de esa iniciativa desplegarán diversidad de recursos a su alcance en una batalla que trae a la discusión un asunto de mayor relevancia: la reforma migratoria com (prometida) por el presidente Barack Obama durante su campaña electoral.

La Proposición Senatorial 1070 denominada “Acta de apoyo a las Fuerzas Policíacas y Vecindarios Seguros”, mejor conocida como iniciativa de Ley SB-1070 y que fue firmada el pasado mes de abril por la gobernadora del Estado de Arizona Janice K. Brewer, ha suscitado infinidad de reacciones opuestas por tratarse de una medida manifiestamente racista y xenófoba. Tanto es así que el propio presidente Barack Obama lamentó públicamente su promulgación y ordenó al Departamento de Justicia una revisión de sus implicaciones legales. De ser aprobada en el mes de julio, esta ordenanza que pretende “desalentar e impedir la entrada y presencia ilegal de extranjeros y la actividad económica desarrollada por personas ilegalmente presen-

Sin dejar de reconocer su formato hostil y su perfil intolerante, la Ley SB-1070 puede considerarse el resultado de la confluencia de un conjunto de procesos que ocurren en los ámbitos político, económico y demográfico estadounidenses y que muestran sus profundas contradicciones en momentos electorales y de crisis económica, entre ellos: un sistema migratorio que requiere una reforma prolongadamente aplazada; un mercado laboral que demanda trabajadores extranjeros pero elude considerarlos inmigrantes y soslaya establecer convenios bilaterales para ordenar de manera segura y legal su ingreso, estancia y condiciones laborales y, en su caso, su posterior retorno promoviendo en consecuencia una migración circular mucho más benéfica que la actual inmigración clandestina, y una brecha demo-

Véase: Discurso de James F. Smith, Mayo 4, 2010, Sacramento, California.

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gráfica y de participación política entre los baby boomers y ciudadanos estadounidenses con plenos derechos –que les convierte en apetecibles votantes para los políticos con pocos escrúpulos y dispuestos a utilizar los sentimientos nativistas, racistas y xenófobos como banderas electorales– frente a los jóvenes trabajadores inmigrantes con escasos o nulos derechos laborales, civiles y aún humanos, y por supuesto, sin derechos políticos ni peso electoral alguno.

En el ámbito de la política migratoria, desde 1993 el gobierno estadounidense ha desplegado un amplio conjunto de acciones, medidas y estrategias de control y vigilancia en su frontera con México con la pretensión de desalentar el ingreso no autorizado de personas que se desplazan en busca de lo que consideran mejores oportunidades de vida, especialmente opciones laborales. Esa política de control y vigilancia no ha logrado contener el flujo de ingresos no autorizados de trabajadores demandados por la economía, a pesar de haber aumentado sin precedentes el presupuesto destinado a construir barreras físicas en la línea fronteriza entre los dos países (muros, bardas, vallas, etc.), haber incrementado el número de agentes de la patrulla fronteriza y desplegado oficiales de la guardia nacional y haber establecido operativos especiales en zonas urbanas identificadas

R ESEÑA como lugares de recurrente cruce clandestino de personas.

Tal despliegue de recursos financieros, materiales y humanos pretende convencer a la opinión pública estadounidense del esfuerzo realizado.2 A pesar de ello, en la década de los años 1990 se estimaba que anualmente cruzaban la frontera hacia Estados Unidos entre 350 mil y 400 mil trabajadores mexicanos no autorizados, cifra que en la siguiente década se incrementó entre 500 mil y 600 mil personas y que en años recientes se estima en 800 mil. Tal cantidad de personas seguramente encontraron opciones laborales en el vecino país del norte, no así alternativas para su ingreso y estancia autorizados en condiciones humanamente dignas.

La cifra de 12 millones de inmigrantes no autorizados residentes en Estados Unidos, cerca de siete millones de ellos de origen mexicano, es el resultado de un irónico desequilibrio propio de un mercado laboral que demanda trabajadores y un sistema normativo que no admite abiertamente su ingreso autorizado, pero permite su entrada “por la puerta trasera” y su estancia bajo condiciones sumamente adversas que los convierten en blanco frecuente de ataques irracionales en el discurso y en los hechos y, por supuesto, en foco de

propuestas anti-inmigrantes intolerantes y hostiles. Los beneficios para los empleadores y los perjuicios para los trabajadores que participan en este régimen absurdo en el que el Estado de Derecho no interviene, ni aún para proteger los derechos humanos de las personas, ilustran lo que Jorge A. Bustamante ha denominado un mercado imperfecto de fuerza de trabajo en el que la asimetría de poder entre los dos países se reproduce entre empleadores y trabajadores.3 Desde el establecimiento de la actual frontera internacional entre México y Estados Unidos, las localidades y entidades limítrofes de los dos países han sido lugares de paso, aunque también de destino, de trabajadores mexicanos que son demandados y atraídos por los mercados laborales agrícola, industrial y de servicios localizados tanto en la frontera norte mexicana como en los Estados Unidos. A los destinos laborales tradicionales localizados en el vecino país del norte en los estados de California, Texas e Illinois, en décadas recientes se sumó Arizona como una de las entidades intensamente receptoras de inmigrantes mexicanos.

En la última década, Arizona experimentó una de las mayores tasas de crecimiento pobla-

Peter Andreas, Border Games: Policing the U.S.-Mexico divide. Ithaca, Cornell University Press, 2000.

cional de los Estados Unidos (13%), crecimiento fuertemente determinado por la inmigración hispana, de cuyo conjunto genérico la gran mayoría son trabajadores mexicanos. El Pew Hispanic Center estima que 30% de la población en Arizona es hispana4 y que residen en la entidad alrededor de 500 mil inmigrantes no autorizados, de los cuales la enorme mayoría son mexicanos (94%).5 Aunque la estrategia de control y vigilancia fronteriza estadounidense en su frontera con México no logró desalentar los ingresos no autorizados de personas, sí ocasionó la reorientación de las rutas de desplazamiento del flujo migratorio mexicano a Estados Unidos, convirtiendo el trayecto Sonora-Arizona en el de mayor tránsito durante la última década.

Esos dos factores, el incremento de la población extranjera de origen hispano y mexicano en Arizona y la preponderancia de la ruta Sonora-Arizona, han ocasionado que la visibilidad de los inmigrantes sea aún más notoria para los grupos anti-inmigrantes establecidos en la entidad. De las organizaciones anti-inmigrantes que hay en Estados Unidos, se estima que Arizona y Texas concentran dos terceras partes. De aquí que resulte conveniente, especialmente para los políticos como la gobernadora de Arizona, refrescar Pew Hispanic Center, Demographic Profile of Hispanics in Arizona, 2008, http://pewhispanic.org/states/?stateid=AZ 5 Pew Hispanic Center, Hispanics and Arizona’s New Immigration Law, Fact Sheet, April 29, 2010, http:// pewhispanic.org/files/factsheets/68.pdf 4

Para un desarrollo amplio de su propuesta conceptual, véase: Jorge A. Bustamante, Migración internacional y derechos humanos. México, UNAM, 2002.

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presidente Obama. Pero esa reforma requiere de consenso en el Congreso y el Senado; cuestión nada fácil si recordamos las dificultades enfrentadas por el ejecutivo estadounidense en la batalla en torno a la reforma del sistema de salud.

En espera de que una amplia reforma migratoria sea propuesta por el presidente Obama y negociada entre demócratas y republicanos, los inmigrantes en Arizona se muestran temerosos ante acciones como las redadas y otros abusos comandados por el alguacil Joe Apaio y ahora abanderadas por la gobernadora Brewer.

los manantiales anti-inmigrantes cuando están en puerta las elecciones estatales y las elecciones en el Congreso del próximo Noviembre.

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Mientras los ciudadanos estadounidenses, especialmente los afiliados a grupos anti-inmigrantes, son una apetecible clientela electoral, los 12 millones de inmigrantes sin documentados no tienen derechos, menos aún presencia alguna en las urnas, por lo que los políticos estiman que el balance del costo-beneficio de ganar votos promoviendo medidas anti-inmigrantes les resultará favorable. Pero los consumidores y residentes de ambos países sí cuentan con recursos

para incidir en esta batalla. Por ello, la promoción realizada por grupos pro-inmigrantes y gobiernos locales para un boicot amplio al consumo y compra de productos procedentes de Arizona y limitar las visitas a esa entidad pueden tener un impacto similar al que tuvo en su momento la denuncia respecto a grandes empresas que desmintieron inmediatamente su apoyo a la proposición 187, entre ellas nada menos que la enorme corporación Disney.

La única virtud de la Ley SB1070, si tuviese alguna, ha sido traer nuevamente a la discusión la necesidad de una amplia reforma migratoria, cuya urgencia es reconocida por el propio

Afortunadamente, los propios inmigrantes apoyados por multiplicidad de grupos pro-inmigrantes y defensores de los derechos humanos, no sólo en Arizona sino en otros estados de la Unión Americana y fuera de ese país, están manifestando abiertamente su desacuerdo frente a tales arbitrariedades. Las marchas del 1º mayo en decenas de ciudades estadounidenses y del 29 de mayo en Phoenix no sólo contra la Ley SB-1070 sino en pro de la reforma migratoria (com)prometida por el presidente Obama complejizan aún más el escenario, pues el llamado voto latino también puede incidir en la balanza.

Los meses por venir serán decisivos para intentar encontrar alguna salida, aunque el camino por andar no resultará fácil.

R ESEÑA

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Asamblea de Asociados de la Fundación Preciado

El pasado 26 de mayo, en el auditorio Manuel Gómez Morin del CEN del PAN, se llevó a cabo la 8ª Asamblea ordinaria de Asociados de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Presidida por César Nava Váz-

quez, presidente de la Fundación, así como por Gerardo Aranda Orozco, director general de la misma, los presentes tuvieron oportunidad de conocer el informe de actividades 2009.

En el documento, como datos a resaltar, se mostró el número de publicaciones editadas el año pasado, entre las que destacan las Fichas Temáticas 2009, 70 Años del PAN en Guerrero, Orden, Bien

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Público y Gobernanza: el Derecho de Gentes según Francisco de Vitoria, Transición Democrática y Política Social en México, Yacimientos de Empleo, Políticas Públicas y Democracia Integral.

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Las direcciones de estudios –políticos, sociales y económicos– generaron 25 documentos de trabajo, 40 papeles para la reflexión, así como distintas asesorias para el CEN del PAN, legisladores y servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno. En el área de formación, se siguió llevando exitosamente el diplomado Eslíder, además de múltiples talleres para formadores, servidores públicos y militantes.

De igual manera, se realizaron 7 foros sobre temas tales como Fuentes Renovables de Energía, Elecciones Intermedias, Seminario sobre Educación en América Latina, Gobernanza y Democracia Cristiana, Desregulación en México, Elecciones en México y Alemania y Medios y Partidos.

La Fundación incursionó en el terreno de las redes sociales en internet, contando para fines del año pasado con presencia en Facebook, My Space y Twitter.

Cedispan, por su parte, concluyó la elaboración de los proyectos de Sistema Integral de Consulta Automatizada y Lineamientos Generales de Donación

de Documentos del Archivo, así como el reacomodo general en la Biblioteca, integrándose definitivamente el Fondo Rafael Preciado Hernández.

Finalmente, la Asamblea cerró con una conferencia de Macario Schettino, quien disertó sobre los principales retos del país de cara al futuro y en el marco de los festejos del centenario y del bicentenario.

Con cifras en mano, Schettino documentó la necesidad de implementar reformas estructurales en temas como educación, competitividad, entre otras, pues su pronóstico apunta a que México será la quinta economía del mundo, “a pesar de los mexicanos”, concluyó.