también justicia… La “Transición” había instituido la “Democracia” y permitido a los partidos antes proscritos participar en el proceso electoral; pero no significó, a pesar de la Ley de amnistía y la Constitución, una ruptura institucional con la legalidad franquista. Prueba de ello es que, veinticinco años después de haber sido aprobada la “Constitución de la Democracia”, el Tribunal Supremo continúa rechazando los Recursos de revisión presentados por las familias de los republicanos ejecutados por el régimen franquista, como lo ha hecho el pasado 18 de junio con las familias de setenta y dos republicanos de Figueres ejecutados al final de la Guerra Civil. Y eso a pesar de las Resoluciones del Congreso de los Diputados de 20 noviembre 2002 y de 2 junio 2004, que ratificaban la de 2002 y pedían al nuevo Gobierno que se tomen las medidas necesarias para que todas las víctimas de la represión franquista sean rehabilitadas e indemnizadas. ¿Una segunda “Transición”? Es verdad que el gobierno socialista ha creado esa Comisión Interministerial, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, que debe presentar el “Anteproyecto de Ley para regular las medidas que resulten precisas cara a lograr “la completa rehabilitación moral y jurídica” de todas las personas que, “por su compromiso con la democracia, fueron objeto de actuaciones represivas desde el inicio de la Guerra Civil hasta la plena restauración de las libertades”. Pero, casi treinta años después de la muerte del Dictador y a pesar de las precauciones semánticas (no se habla de “dictadura franquista”, por ejemplo), no es tan seguro que este Anteproyecto de Ley contemple la anulación de todos los juicios realizados por los tribunales represivos de la dictadura franquista. El 15 de octubre último, coincidiendo con el 64° aniversario de la ejecución del presidente de la Generalitat (republicana), Lluís Companys, el Consejo de Ministros ha ordenado a la Comisión Interministerial estudiar prioritariamente la rehabilitación moral y jurídica de Companys. Pero, pocas horas después, la vicepresidenta ha explicado que, desde un punto de vista técnico, el problema es muy complicado puesto que hay que tener en cuenta exigencias constitucionales y garantías jurídicas, etc., agregando que el Consejo de ministros no había fijado una fecha precisa a la Comisión para dar cuenta de sus trabajos… Además, hay que tener en cuenta también que, como ya se puso en evidencia en la votación para la histórica decisión del Tribunal Constitucional, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo y al menos dos
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