Semanario no. 377

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12 / ordinarios de sesiones para atender el grave rezago legislativo y la modernización de nuestra leyes vigentes. Aunque hay diputados para los que esa posibilidad significaría un gran sacrificio de sus propios negocios y actividades político-electorales, habrá que preguntarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo; del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PVEM, Juan Eduardo Robles Castellanos; del Panal, Eduardo Sánchez Macías; del PRD-MC, Cuauhtémoc Pola Estrada; del PT, Fidel Robles Guadarrama, y de AVE, Francisco Garrido Sánchez, qué opinión les merece la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para ampliar su tiempo de trabajo. Para ello, habría que presentar una iniciativa de reforma al artículo 5, que establece dos periodos al año: del 5 de noviembre al 31 de enero el primero, y del 2 de mayo al 31 de julio el segundo. Con ello se limitaría la necesidad de convocar a periodos extraordinarios y a que buena parte de la carga de trabajo se centre en la Comisión Permanente. Por supuesto, la principal preocupación del Legislativo este lunes será el tema de la armonización de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, las que deben estar listas lo más pronto posible, pero bien valdría la pena que los diputados buscaran desprenderse del grupo de los congresos perezosos.

Impuesto predial, ¿manzana de la discordia? Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la

Miércoles 5 de marzo de 2014

principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial. En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación. El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”. Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad

adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio. Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal. Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan. Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales. En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme

a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado. Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.

Martínez de la Torre pega primero Y ya que hablamos del Congreso local, a la sede acudió el alcalde de Martínez de la Torre, Rolando Olivares Ahumada, para convertirse en el primer alcalde en entregar, como lo marca la ley, el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 que, a más tardar el 30 de abril, deberán entregar los restantes 211 ayuntamientos de la entidad. Este documento será el primero en ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado, lo que muestra a un alcalde que no solo quiere ver cumplidas las promesas hechas a sus paisanos sino también cumplir a cabalidad con lo que marca la ley. Antes de tomar posesión, Rolando Olivares convocó a foros de consulta ciudadana para conocer las principales demandas de los martinenses, las que fueron incluidas en el plan municipal aprobado por el cabildo el pasado 23 de febrero. El propio Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, a través de su directora Marilda Rodríguez Aguirre, ha recnocido a este ayuntamiento como el primero en celebrar foros de consulta ciudadana y en instalar su comité de planeación para el desarrollo municipal. Elogió que el plan de desarrollo de Martínez de la Torre contenga un eje transversal con perspectiva de género que involucra a todos sus programas, como lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que lo calificó como un modelo a seguir por los demás ayuntamientos.


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