Estrategias de prevención de lavado de dinero a partir de la Ley Fintech

Las fintech han emergido como fuerzas transformadoras, remodelando la manera en que gestionamos nuestras finanzas cotidianas y llevando consigo un nuevo conjunto de desafíos. En este contexto, la prevención del lavado de dinero se erige como un imperativo moral y legal en un escenario donde la innovación y la integridad deben coexistir armónicamente.

Contexto

En el dinámico cruce entre la tecnología y las finanzas, las instituciones de tecnología financiera (fintech) han emergido como fuerzas transformadoras, remodelando la manera en que gestionamos nuestras finanzas cotidianas y llevando consigo un nuevo conjunto de desafíos. En este contexto, la prevención del lavado de dinero se erige como un imperativo moral y legal en un escenario donde la innovación y la integridad deben coexistir armónicamente.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) es la piedra angular regulatoria que ha proporcionado el terreno fértil para la expansión de la innovación financiera, delineando con precisión las obligaciones y responsabilidades que recaen sobre las empresas de tecnología financiera en su misión de prevenir el lavado de dinero. Esta perspectiva amplia resulta invaluable tanto para aquellos inmersos en el mundo de las fintech como para los reguladores y profesionales del cumplimiento, proporcionando un enfoque integral para abordar un problema crucial para la integridad y la sostenibilidad de los mercados financieros modernos.

En un mundo donde las fronteras entre lo físico y lo digital se desvanecen rápidamente, la tecnología sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. En este contexto, la prevención del lavado de dinero no solo se convierte en una tarea crucial, sino que se eleva como un desafío que exige una comprensión profunda y un compromiso inquebrantable con la integridad financiera.

DESARROLLO INTERNACIONAL DE LAS FINTECH

En Chile, a pesar de la ausencia de una regulación específica para las fintech, existe una clara intención reguladora, como se expresa en el White Paper elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este documento establece lineamientos para la regulación del crowdfunding y servicios relacionados, sentando las bases para una futura legislación en este ámbito.

Colombia, por su parte, ha avanzado significativamente con la implementación de la Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ley TIC), la cual busca modernizar el sector y fomentar la economía digital. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha introducido el programa “InnovaSFC” para promover la innovación financiera, mientras que el Decreto 2443 de 2018 autoriza a entidades financieras a invertir en empresas fintech. Además, la regulación de la financiación colaborativa se estableció en 2018 bajo el término “actividad de financiación colaborativa”.

En Francia, la Autorité des Marchês Financiers (AMF) creó la división de FinTech, Innovación y Competitividad (FIC) en 2016. Los objetivos de esta división incluyen la identificación de temas relevantes, el análisis de oportunidades y riesgos, así como la representación de la AMF en procesos de innovación. España, por su parte, promulgó la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en 2015, que incluye disposiciones específicas para la regulación de plataformas de financiación participativa.

En China, la falta de regulación en fintech llevó a un fraude masivo en una plataforma de préstamos P2P en 2016. Como respuesta, este país implementó regulaciones que requieren autorización para operar estas plataformas, aunque sin definir requisitos de capital mínimo.

Singapur estableció el Financial Technology Innovation Group en 2015, encargado de desarrollar políticas para facilitar el uso de tecnología e innovación en el sector financiero. La Unión Europea, el Reino Unido y Singapur han abogado por enfoques regulatorios basados en riesgos y han promovido esquemas como Regulatory Sandbox para fomentar la innovación.

La LFPIORPI

La legislación abarca no solo a las instituciones señaladas en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), sino también a aquellas regidas por otras normativas, como la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC), la Ley de Uniones de Crédito (LUC), la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP),

1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entre otras. Esto refleja la preocupación por abordar la vulnerabilidad de diversas entidades financieras frente al manejo de recursos de origen ilícito.

... SHCP y FGR desempeñan un papel crucial en la prevención y protección del sistema bancario.

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF) establece que debe haber indicios fundados o certeza de que los recursos provienen directa o indirectamente de actividades delictivas. Las autoridades principales encargadas de aplicar la ley son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR). Estas entidades actúan como unidades de inteligencia financiera, desempeñando un papel crucial en la prevención y protección del sistema bancario.

Para acceder al artículo 400 Bis del CPF, escanee el código QR

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también juega un rol vital como autoridad en este ámbito, sumándose a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la prevención y detección del lavado de dinero. Además, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como órgano técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), contribuye a la vigilancia de fondos mal habidos.

Los objetivos de la LFPIORPI, según el artículo 2, se centran en lo siguiente:

1. Proteger el sistema financiero mexicano y la economía nacional.

2. Establecer medidas para prevenir y detectar actos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3. Fomentar la coordinación interinstitucional para recabar elementos útiles en la investigación y persecución de delitos financieros.

4. Evitar el uso de recursos para el financiamiento de estructuras financieras de organizaciones delictivas.

Para acceder al artículo 2 de la LFPIORPI, escanee el código QR

Contrario a lo que podría inferirse, los objetivos principales no apuntan directamente al lavado de dinero, sino a prevenir, detectar e investigar delitos relacionados con operaciones financieras ilícitas. La ley busca salvaguardar el sistema financiero, considerado vulnerable, mediante un control efectivo de sus operaciones.

DESAFÍOS EN LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ANTILAVADO A LA LUZ DE LOS INDICADORES DEL GAFI

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan una amenaza global que requiere esfuerzos concertados a nivel internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desempeñado un papel crucial en el establecimiento de estándares y recomendaciones para combatir estos delitos. México, siendo parte de esta coalición, enfrenta críticas por la aparente falta de eficacia en sus medidas antilavado, según los indicadores del GAFI.

A pesar de formar parte del GAFI y asumir la vicepresidencia, México enfrenta críticas por la percepción de acciones insuficientes en la lucha contra el lavado de dinero. El GAFI ha expresado preocupación sobre la baja cantidad de acciones penales y condenas registradas en nuestro país en casos de lavado de activos. Las evaluaciones del organismo indican que las acciones de investigación financiera son esporádicas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas por el país.

Organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señalan datos preocupantes. Según cifras de la FGR, la probabilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es alarmantemente baja, situándose en un 2%. Además, la escasa cantidad de acciones legales y las condenas obtenidas, como se evidencia con apenas 44 sentencias en 13 años por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, plantean interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial en la persecución de estos delitos.

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