PARTICIPACIÓN CIUDADANA 51 1.
Presentación
Las desigualdades de oportunidades y posibilidades de desarrollo inciden de manera muy directa en lo que las personas están en condiciones de ser y hacer, es decir, en las capacidades de desplegarse como seres humanos. Ello alude indudablemente a consideraciones éticas de justicia social y que toda sociedad se ha planteado en términos de límites tolerables a las privaciones que pueden vivir algunos de sus integrantes. Por otra parte, también existen poderosas razones instrumentales por las cuales debemos preocuparnos de la desigualdad: las profundas disparidades fundadas en la riqueza, el género, la edad o el origen étnico son perniciosas tanto para el crecimiento como para la democracia y la cohesión social 52. En efecto, el debate generado en nuestra agenda pública respecto de los desafíos que tenemos como país para alcanzar mayor equidad da cuenta de la preocupación de diversos actores sociales y políticos tanto por fundamentos valóricos como de amenaza a la gobernabilidad que esta situación puede acarrear. Este texto busca profundizar en la pregunta por cómo la participación ciudadana puede aportar a una mayor equidad en nuestro desarrollo o, dicho en otros términos, si el involucramiento activo de la ciudadanía en las decisiones de interés público es un camino eficaz para complementar lo que las políticas públicas no han podido generar en materia de equidad. Experiencias de otros países -como lo muestra el Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD para el caso de Bangladesh- parecen demostrar que la magnitud del esfuerzo por transformar nuestra sociedad para alcanzar mayores niveles de equidad requieren del protagonismo y acción decidida de múltiples actores, incluidos por cierto los propios afectados. En este marco, la reflexión parte desde el enfoque de la promoción de un Sistema de Protección Social basada en derechos que tiene como objetivo apoyar a las personas para que puedan desplegar sus capacidades, para plantear que ello implica remirar también la relación entre la ciudadanía y el Estado. Cuando el objetivo es la eliminación de desigualdades sociales ¿es posible lograrlo sin igualar la influencia real de los diferentes grupos sociales en la sociedad? Reconociendo los innegables avances en la creación de espacios de participación en la gestión pública en los últimos años, incluyendo el Instructivo Presidencial sobre la materia, parece necesario avanzar más allá de un enfoque gerencial hacía la construcción de mayor poder ciudadano en las decisiones sobre políticas sociales. En este sentido, los y las autoras de este texto, que nos desempeñamos tanto en OSC como en diversos servicios públicos, proponemos profundizar en una concepción de la participación asociada al ejercicio de derechos que ponga a los ciudadanos como interlocutores de las políticas públicas, como actores con capacidad de decidir, proponer y controlar respecto de asuntos de interés público. De este modo reconocemos la disposición a una voluntad de ejercer poder entre la gente que se recoge en el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD en Chile, donde se plantea que existen cambios culturales relativos a una mayor vocación de proactividad entre los ciudadanos que no se ven reflejados necesariamente en nuestro ordenamiento institucional ni en una apertura de las elites a incorporar estas nuevas capacidades. Por ello recogemos la invitación 51 En las discusiones e intercambios de este grupo participaron: María Eliana Arntz, Jorge Navarrete, Gonzalo de la Maza, Oriana Salazar, Marisa Weinstein, Jorge Lastra, Héctor Oyarce, Guillermo Pedroni, Nora Donoso, Judith Salinas, René Donoso, María Eugenia Fernández y Daniela Moreno. La edición del capítulo estuvo a cargo de Daniela Moreno y María Eliana Arntz. 52 El Informe de Desarrollo Humano 2005 elaborado por el PNUD plantea un documentado análisis respecto de las implicancias para el desarrollo de los países de altos índices de desigualdad.
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