2. Contradicción de estilos y prácticas tecnocráticas en la formación de políticas A la base de esta constatación están los estilos con tendencia a la tecnocratización que se han ido instalando progresivamente en Chile. Si se analizan las líneas matriciales del modelo de gobernabilidad instalado en Chile desde el retorno a la democracia a comienzo de los años noventa, se observa que muchos de sus ejes se cristalizaran a partir de la instalación en el inconsciente colectivo del país de un nuevo ideario que se plasma en el así llamado ‘modelo chileno’. Este sin embargo, sólo será posible en la medida que un discreto pero cada vez más extendido consenso acerca de cómo hacer gobernable el país comienza a permear los sectores dirigentes del país.19 La lógica del ‘modelo’ importará cambios no sólo de fondo, sino que también de forma y, sobre todo, de estilos que se expresarán en la dicotomía básica en la gestión gubernamental que contrapone política a administración. Esto es más precisamente en la tensión entre la definición de los rumbos de acción, más próximos a los ámbitos de la política propiamente dicha, y la puesta en marcha cotidiana de los planes establecidos por el gobierno y expresados en sus políticas públicas. El soporte del llamado ‘modelo chileno’ descansa básicamente en el establisment político-social el que en términos generales comparte muchas de las virtudes del modelo: Estado pequeño, empresariado competitivo, reglas del juego estables y disciplina social. Es aquí donde surgirá una especie de factor ‘bisagra’ capaz de dar garantías tanto a los padres como a los herederos del modelo chileno de su continuidad y que levanta como idea fuerza el que las políticas públicas se orienten a servir al público de manera objetiva y neutral instalando de paso una lógica marcada por la desideologización de las mismas. Este factor de conexión se expresará en la llamada tecnocracia gubernamental concertacionista. Bajo este rótulo se ubica tanto a los operadores de la transición política a la democracia, desde 1988 en adelante, como a los principales técnicos convocados a blindar bajo el precepto de gobernabilidad las administraciones de Aylwin, Freí, Lagos y Bachelet. Un progresivo desplazamiento desde la legitimidad política a la legitimidad técnica o profesional será el estilo que se intentará imponer especialmente desde 19 Un conjunto de interesantes trabajos acerca del llamado modelo chileno se encuentran en la compilación hecha por Paul Drake “El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa”.
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la administración Freí en adelante. A partir de entonces irrumpe con fuerza la racionalidad técnica en los equipos de gobierno. Esta es entendida como la predisposición de los funcionarios gubernamentales para tomar decisiones de acuerdo con criterios técnicos y no partidarios. Estos planteamientos encuentran uno de sus puntos de síntesis en el trazado de una nueva ‘gerencia pública’ o de modo más personalizado de un ‘nuevo gerente público’. Se trata de una novedosa modalidad de acción, que se encarna en un conjunto de sujetos portadores de una cultura renovada que remplazaría definitivamente las viejas prácticas burocráticas intermediadas por la política. Así, se observa como progresivamente en los equipos del gobierno un deliberado intento por marcar la diferencia que se expresará en que un número creciente de decisiones políticas se apoyan ahora más que nunca en el conocimiento experto y en las directrices elaboradas por técnicos. El reforzamiento de la nueva legitimidad profesional descansa en dos premisas fundamentales: la primera de ellas es la capacidad como experto y la segunda es la de la imparcialidad. Desde esta perspectiva los políticos solamente, según el tecnocratismo imperante, deberían enmarcar su actuación a un papel que reduce su actuar y accionar al de meros mediadores, intérpretes de la voluntad del mercado, frente al conjunto de individuos aislados que constituyen la ciudadanía. Esta visión critica de la política, que la ve sólo como un factor que pretende alterar las reglas del juego, por contraposición terminará exaltando el componente tecnocrático, atribuyéndole el lugar del saber calificado, que dará lugar a una potente reformulación justificatoria de la separación entre política y administración. Esta suerte de asepsia en el diseño y ejecución de las políticas públicas que han pretendido los artífices y publicistas de este modelo gerencial tecnócrata ha contribuido poderosamente también a potenciar el proceso de despolitización que se observa en el país a partir de 1997. Es indudable que toda organización, pública o privada, requiere para su funcionamiento el concurso de ‘saberes’ especializados. Sin embargo, en años recientes parece haberse extendido la creencia de que existen ‘saberes’ técnicos neutrales, que están por encima de los intereses políticos y sociales, y que por tanto en función de ellos debería disciplinarse toda la sociedad. En cierta medida, la euforia tecnocrática ha vaciado el funcionamiento de los núcleos estratégicos del Estado chileno, y parece tener un importante grado de responsabilidad también el proceso de despolitización que hoy se observa en el país.