“Desde hace unos años, la Facultad comenzó un importante trabajo de reestructuración situando a la interdisciplina como uno de sus ejes clave. Si se quiere hacer frente a los grandes desafíos de la actualidad, se requieren de nuevas formas de trabajo que integren distintas áreas de conocimiento”. Carlos Frontaura, decano de la Facultad de Derecho UC.
INVESTIGANDO SOBRE EL “SANO JUICIO” Y LA FRAGILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES El trabajo inter áreas también se refleja en las investigaciones que desarrollan los académicos de la Facultad. Es así como el profesor del departamento de Derecho Privado, Marcelo Barrientos, junto al profesor de la Facultad de Medicina UC, Homero Gac, postularon a un XIV Concurso de Investigación y Creación para Académicos UC con el proyecto interdisciplinar Estándar médico legal del concepto de sano juico: Una mirada digna y cristiana sobre la fragilidad de los adultos mayores. El estudio, inmerso en el contexto de la complejidad del proceso de envejecimiento de las personas relacionado con la capacidad de la toma de decisiones, busca, según el profesor Barrientos, reflexionar en torno a la dignidad de la persona mayor promoviendo estándares de sano juicio que conjuguen la medicina y el derecho, realzando su dignidad en esta fundamental etapa de la vida. El problema que detectamos con el profesor Gac fue que en Chile no existe protección para el adulto mayor que se deteriora cognitivamente. La actual ley no da ninguna gradualidad a este
deterioro, el cual generalmente se produce en un lapso de 10 años, afectando directamente las decisiones legales trascendentales que puede o no puede tomar un adulto mayor. “Por ejemplo, hoy alguien puede vender una casa y no estar absolutamente habilitado para vestirse solo, asearse o hacer las actividades básicas de la vida. La ley no hace ninguna distinción en este caso”. Es por ello, comenta el mismo, que nuestro estudio propone generar un estándar de deterioro cognitivo, midiéndolo a través de un test homologado internacionalmente llamado MOCA y que es capaz de determinar si una persona puede tomar una decisión en algún aspecto fundamental, como por ejemplo, la disposición de un bien. Esto significa dotar al ordenamiento de una nueva forma de pensar sobre la voluntad y capacidad para ejecutar actos y contratos ya que en la actualidad nos regimos, sobre esta materia, por un código civil de hace más de 150 años, cuando la esperanza de vida no superaba los 30 0 40 años. Una de las principales conclusiones del estudio, continúa, es que en Chile no existe una política pública seria y estructurada sobre el problema del envejecimiento y el deterioro cognitivo. Lo que existen son servicios que se
encargan asistencialmente de esa realidad, pero no existe una política que integre los diferentes aspectos de la vida. “Hoy necesitamos hacernos cargo de este problema ya que la esperanza de vida se ha ampliado en grandes rangos y el deterioro cognitivo está en aumento. La gran pregunta es cómo nos hacemos cargo como sociedad de esta cuestión y entendemos que la vejez es una parte del proceso de la vida, al igual que la adolescencia”. Este trabajo conjunto, concluye el profesor Barrientos, nos permitió analizar esta problemática integralmente y llegar a conclusiones mucho más robustas que las que hubiésemos alcanzado por sendas diferenciadas. A mí me parece que hoy día, desde el punto de vista del derecho, es absolutamente imposible que nuestras investigaciones no tengan componentes interdisciplinarios y ese es un desafío permanente que nos permite ampliar fronteras y entregar estudios mucho más complejos y profundos sobre diversas problemáticas. Con esta investigación, aspiramos colocar los cimientos para contribuir al cambio de una política pública nacional, así como a dejar en evidencia lo atemporal que resultan las leyes que nos rigen en materia de deterioro cognitivo.
REVISTA N° 9 • MARZO • 2018
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