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Los Ayuntamientos, comprometidos con las desapariciones de personas Los Gobiernos Locales y sus servicios a los ciudadanos también tienen qué aportar cuando se trata de la localización de personas desaparecidas. Más allá de la colaboración efectiva en la búsqueda existen otros frentes de actuación fundamentales, como el apoyo a las familias afectadas, especialmente vulnerables ante la desaparición de un ser querido, y con fuertes necesidades de respaldo cuando el drama se prolonga en el tiempo. En estos puntos incide, precisamente, el acuerdo suscrito entre la FEMP y la Fundación Europea por las personas desaparecidas, QSDGlobal, que preside el periodista Paco Lobatón. Ángeles Junquera Fue el pasado 25 de octubre cuando el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el periodista Paco Lobatón suscribían en la sede de la Federación el acuerdo destinado a “fortalecer la acción municipal ante las desapariciones de personas”, según reza, literalmente, el encabezado del acuerdo suscrito.

una iniciativa con la que se pretende que tanto los desaparecidos como sus familias “sientan el apoyo de sus Ayuntamientos y de que éstos tengan un marco de actuación que les permita demostrar su compromiso y preocupación”.

Para la FEMP, el acuerdo es una muestra del compromiso de los Gobiernos Locales con una situación que afecta a las familias de más de 10.000 personas cada año, y que se convierte en un dolor permanente para, al menos, las del centenar de personas que no llegan a aparecer transcurrido un plazo razonable. Para la Fundación QSDGlobal es un nuevo paso adelante en su trabajo con Administraciones e instituciones para facilitar la búsqueda, prevenir nuevas desapariciones y, sobre todo, apoyar psicológica y jurídicamente a las familias afectadas.

Cada año se producen en España miles de denuncias por desaparición de personas. Los datos facilitados por la Fundación sitúan esta cifra en torno a las 10.000. Es cierto que una gran mayoría de ellas se acaban resolviendo, pero con una décima parte no ocurre así; al menos un centenar de las personas que desaparecen no llegan a localizarse. Son en buena parte las que integran el grupo de “ausentes sin causa aparente”.

El Convenio tiene por objetivo crear un marco de colaboración estable cuyo objeto es “fortalecer la acción para la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de situaciones de riesgo, la atención a las familias y la sensibilización social sobre esta causa”. Además, ambas entidades “planificarán y desarrollarán iniciativas, estudios, dispositivos y cualquier otra actuación en temas de interés común que ayuden a conocer mejor y a resolver las circunstancias que rodean a las personas desaparecidas, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo para actuar de manera coordinada”. Tras la firma, el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, subrayó que se trata de

“Ausentes sin causa aparente”

Para abordar esta cuestión, en el Senado de España se constituyó una Comisión especial cuyo trabajo surgió un informe en el que se insta a las instituciones, y a todas las entidades públicas y privadas a contribuir para mejorar los mecanismos de respuesta, búsqueda y atención de

esta circunstancia “que tanto dolor causa a nuestros ciudadanos”. Fue bajo el impulso de esta Comisión como nació, el 9 de marzo del pasado año la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas (QSDGlobal), una organización sin ánimo de lucro cuyos fines fundacionales son en líneas generales, los mismos objetivos recogidos en el convenio, a los que se añaden “colaborar en la recuperación de identidades y filiaciones perdidas y la ya mencionada asistencia psicológica y jurídica a las familias que hayan sufrido situaciones de desaparición o pérdida”. QSDGlobal funciona como una red colaborativa en la que confluyen entidades públicas y privadas, asociaciones de familiares, universidades y grupos de investigación, personas a título individual y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Fundación también apoya a éstos últimos ofreciéndoles acciones de difusión y colaboración ciudadana, formación específica y otras actuaciones que permitan mantener activos los dispositivos de búsquedas.


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