Temas y Debates Nro. 13

facultad a admitir en dos materias optativas de primer año (luego de aprobadas las cuales podrían continuar con las restantes) a los estudiantes aplazados en el examen de ingreso, con la sola exigencia de que hubieran asistido a por lo menos el 80% de las clases del curso preparatorio. La norma, que prohibía en términos generales la introducción de exámenes eliminatorios y de sistemas de cupos, fue celebrada por la Federación Universitaria en tanto que garantía del derecho al “libre acceso de todos a la universidad”; fue, asimismo, defendida por el Presidente de la Universidad en tanto que encarnación de la “igualdad de oportunidades” (Clarín, 12/04/05), y por la mayoría de los decanos en tanto que garantía de la existencia de “una universidad democrática, plural y abierta a toda la comunidad” (Clarín, 17/04/05). Cuando la Cámara Federal de La Plata falló a favor de la Facultad, suspendiendo la ordenanza aprobada por el Consejo Superior, estudiantes y padres convocados por la Federación Universitaria se movilizaron contra la injusticia cometida.

Los defensores del examen de ingreso, por su parte, tendieron a escudarse en el principio de la autonomía de la Facultad, en datos empíricos tales como el inminente “colapso” que resultaría de la admisión de todos los aspirantes, y en el argumento de la “excepcionalidad” de la carrera involucrada, que debía formar profesionales especialmente aptos para “manejarse con la vida y la muerte de las personas” (cf. Clarín, 6/04/05). Menos cauto, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, brindó su “apoyo incondicional” al decano con un argumento que oponía frontalmente la calidad a la cantidad: “la Argentina no necesita muchos médicos, necesita mejores médicos” (Clarín, 9/04/05; el énfasis es nuestro).

El hecho de que la mayoría de los actores insistiera en argumentar siguiendo los cánones establecidos para no caer en el terreno de la ilegitimidad revela que, pese a que el consenso en torno de la apertura del ingreso a la educación superior no es todo lo monolítico que solía ser, sigue estando fuertemente presente. De hecho, sus adversarios más decididos siguen describiendo el imperio del principio del ingreso irrestricto como el de un “dogma de características religiosas, con sus muchos e inevitables profetas, y muy pocos herejes” (Sigal, 2004:205), y señalando su efecto negativo sobre las posibilidades de debate -en particular, bajo la forma de la producción de un doble discurso. Así, es denunciada la coexistencia -en particular dentro del estamento docente- de un discurso privado altamente crítico de la situación reinante y de un discurso público “constreñido por las características de la articulación política de los distintos sectores que participan en el sistema de gobierno universitario, que establece reglas de juego de las que difícilmente escapen sus protagonistas”