Protección de Activos poderes de cobro, especialmente donde se pueden imponer sanciones penales al deudor. FTC v. Affordable Media (conocido como el caso Anderson 186 porque los acusados se llaman Anderson) refleja la disposición del gobierno de gastar recursos sustanciales para cobrar de un fideicomiso extranjero. Cuatro años después de que Stephen Lawrence incumpliera sus obligaciones de pago con Bear Stearns, Michael y Denyse Anderson estafaron a miles de personas mediante un plan de telemercadeo. Los Anderson transfirieron dinero producto de la estafa a los inversionistas a un fideicomiso de protección de activos de las Islas Cook. Los Anderson inicialmente sirvieron como cofiduciarios y protectores del fideicomiso. La reclamación de la Comisión Federal de Comercio (“FTC” por sus siglas en inglés, Federal Trade Commission) contra los Anderson provocó que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (tribunal de primera instancia) en Nevada, ordenara a los Anderson repatriar los fondos costa afuera. 187 En lugar de ordenar fondos devueltos a los Estados Unidos, los Anderson solicitaron (por fax) a su cofiduciario repatriar el dinero. El cofiduciario inmediatamente eliminó a los Anderson como fiduciarios del fideicomiso y rechazó la repatriación. La cláusula “anticoacción” del fideicomiso, autorizó al cofiduciario a eliminar a los Anderson al ocurrir un evento 186 187
FTC v. Affordable Media, LLC, 179 F. 3d 1228 (9th Cir. 1999). Id. at 1233.
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