La última palabra Carta al presidente López Obrador

nuel? ¿En qué momento la 4T regresó a la época del viejo PRI?

Al menos en Quintana Roo, el modelo de selección del candidato o candidata de Morena, se está cocinando al puro dedazo de tu índice. Las encuestas, son una burla. Los “amarres” mandan. Está bien. Lo podemos comprender, aún sin conceder. Siempre y cuando sea una designación congruente. Es decir, alguien, mujer u hombre, que lleve a cabo la transformación en Quintana Roo. No quien profundice el saqueo y la violencia, en el motor turístico de México.

Alguien que luche contra el cáncer de la corrupción, como insistes en remachar cada mañanera. Una persona que intente separar el poder político del poder económico. ¡Ya basta de los “amarres” en la élite! Sobre todo, porque la clase política estatal, fiel a su ADN, parece resignada a acatar tu voluntad, aún sea para entregar a Quintana Roo a la mafia de cuello blanco (como te encanta repetir).

Esa mafia verde, de manera concertada, está saqueando las arcas públicas, despojando propiedades, huachicoleando la actividad económica y precarizando la industria turística, igual como a nivel nacional se venía haciendo con la eléctrica y la petrolera. Los quintanarroenses, Andrés Manuel, han creído en tu palabra desde el principio y Quintana Roo es uno de los Estados más guinda del país. El triunfo de Morena está (casi) asegurado. Si a nivel nacional tienes aceptación del 68 por ciento, en Quintana Roo tienes más de 75 puntos.

Esto, porque en el Estado, aún se cree en tu compromiso de desmontar los esquemas institucionales de corrupción, que se viene padeciendo descaradamente en los últimos tres Gobiernos.

Crece el número de quintanarroenses que se preguntan ¿por qué la mafia que representa Jorge Emilio y Félix, ahora aliados con Carlos Joaquín (los tres González), está a un paso de imponer a una candidata idónea a sus intereses? Mario Delgado ¿González?, tiene algunas respuestas. Los quintanarroenses comprenden que estás presionado y que tu prioridad es la reforma para recuperar la electricidad, el petróleo y el litio, pero no se explican por qué tendrías que sacrificar a Quintana Roo. Por qué tendrías que terminar de entregarlo a la mafia de los niños y las niñas verdes. Es decir, ¿por qué a cambio de defender la energía, tienes que perder el turismo y condenar a un pueblo que se te ha entregado?

Quintana Roo es un Estado tranquilo y leal, bien lo sabes Andrés Manuel, pero al tigre electoral tú lo conoces bien, y puede despertar en esta región, si te confías demasiado. Que te lo diga Layda. Los resultados electorales de Morena en Campeche, son una muestra. ¿En verdad el verde te tiene agarrado de la garganta, López Obrador? ¿Vas a doblegar la 4T ante intereses insaciables; vas a desnaturalizar la revolución pacífica que iniciaste en 2018? Hay muchas preguntas sin respuesta en el Caribe mexicano, presidente. Ojalá no te equivoques. La 4T no ha llegado al turismo, cuyo modelo económico es depredador, bajos salarios, no paga impuestos, sólo moches, que burlan al SAT.

No le falles a los quintanarroenses que te han sido fieles, Andrés Manuel; ya le fallaron tus diputados/as morenistas de la XVI Legislatura, que ya hicieron historia, como la legislatura de la vergüenza.

No traiciones a una sociedad que aún no pierde la esperanza, pero que la ve amenazada.

Esperando que el próximo sexenio en Quintana Roo, no sea otro gobierno de la vergüenza, esta columna se despide, Presidente, deseándote la mejor Navidad en unión de tu familia, con la seguridad, que las y los quintanarroenses, tienen la última palabra.

Cada año medio millón de personas provenientes de Centroamérica cruzan ilegalmente la frontera sur de México en su intento por llegar a los Estados Unidos y dejar atrás las condiciones de pobreza y crimen. Sin embargo, descubren que viajar por México puede ser una experiencia similar o peor que quedarse en sus países de origen, pues apenas llegan son víctimas de las autoridades migratorias, de integrantes del crimen organizado o simplemente de individuos sin escrúpulos que les quitan lo poco que llevan a cuestas, los secuestran y los ponen a la venta al mejor postor. Cientos de mujeres y niños terminan en las garras de la poderosa industria de la trata de personas, donde al cabo de unos meses nunca más se les vuelve a ver. Son contados quienes logran obtener ayuda de las autoridades mexicanas, pues muchas veces ignoran que pueden solicitar asilo en el país. Frustrados, quienes logran evitar la deportación terminan abandonando su deseo de viajar a la frontera norte y deciden establecerse en los Estados del Sur, trabajando en lo que puedan, mendigando en las calles o incluso dedicándose al robo. Esto ha provocado, sobre todo en Quintana Roo, un incremento en el número de asentamientos irregulares, que son caldos de cultivo de la violencia y el crimen debido a la falta de servicios básicos, hacinamiento y educación. Pese a todo, la migración no hace más que aumentar cada año pues los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños –junto con un número considerable de africanos y asiáticos que llegan a América vía Brasil-, prefieren arriesgar la vida que quedarse en sus pueblos para morir de hambre.

Javier Ramírez

Cada año miles de mujeres y niños centroamericanos son arrancados de sus familias durante su paso por México, para forzarlos a trabajar en la prostitución y la venta de drogas, mientras que al resto les quitan sus pocas pertenencias o los hacen gastar cientos de dólares con la promesa de cruzarlos a Estados Unidos. Y si bien algunos sí cumplen con el trato, otros simplemente se deshacen de ellos en el camino, o peor aún, los asesinan. Uno de los casos más conocidos se registró en agosto de 2010, cuando integrantes de Los Zetas asesinaron a 72 indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica, para luego apilar sus cuerpos en un rancho del Municipio de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas. De acuerdo con las investigaciones y el relato del único sobreviviente, los delincuentes los secuestraron para exigirles dinero. Debido a que no pagaron y se negaron a formar parte del grupo criminal, fueron acribillados.

Otros casos “menores” pero igual de indignantes han ocurrido a lo largo de los últimos años, originando que autoridades de las Naciones Unidas y Derechos Humanos exhortaran a las autoridades mexicanas a resolver estos crímenes y emprender acciones para evitar que se repitan. Pero todo ha sido en vano. Según el registro de diversas organizaciones, la mayoría de los delitos registrados contra los ilegales centroamericanos acontecen en el sur del país, en los inicios de la trayectoria migratoria por México, a manos de grupos del crimen organizado, autoridades policiacas y migratorias, así como personas particulares.

En 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que tendría como función coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal en materia de migración en la zona. El programa también incluía salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo, así como diseñar estrategias de atención especial a grupos vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, un año después la coordinación desapareció al quedar fuera del presupuesto federal. Se dijo que las tareas que llevaban a cabo 94 empleados serían asumidas por el Instituto Nacional de Migración, que de por sí estaba plagada de corrupción. Por lo tanto, el flujo de migrantes continuó, y en mayor número.

Cansados de ser víctimas de delincuentes, casi la mitad de quienes llegan a México con la meta de cruzar a Estados Unidos decide quedarse a vivir aquí. Y es que en

realidad es la opción más viable para ellos, pues, de llegar a EU, las posibilidades de que sean deportados a sus países de origen son mayores.

En la encuesta “Los Desafíos de la Migración y los Albergues como Oasis”, realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se destaca que desde que el Gobierno mexicano puso en 2014 mayores restricciones para el paso de indocumentados, éstos han preferido quedarse en territorio mexicano y fusionarse con la población. Las razones para quedarse son múltiples, destacando la falta de recursos económicos para continuar el viaje –los llamados ‘polleros’ llegaban a cobrar hasta 10 mil dólares por pasarlos-, oportunidades laborales que encuentran en el camino, la deportación previa desde Estados Unidos o porque forman una familia con mexicanos.

El reporte también destaca que de la población indocumentada, el 70% son hondureños, el 12% salvadoreños, 10% guatemaltecos, 3.5% haitianos, 1.8% nicaraguenses y el resto, con menos del 1% cubanos y africanos de Ghana, República del Congo y Camerún.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados informó que en 2017, 294 mil centroamericanos solicitaron a las autoridades mexicanas ser reconocidos como refugiados, un aumento del 58 por ciento en comparación con el año anterior.

El establecimiento de los indocumentados trae diversas consecuencias en las zonas donde se asientan, pues si bien algunos deciden trabajar de manera honesta, otros optan por el camino fácil de vivir de la mendicidad o del crimen. Y la mayoría, sino es que todos, terminan sufriendo graves problemas psicológicos al haber estado expuestos a la violencia y el estrés.

María Hernández, de la Organización Médicos sin Fronteras, indicó que en el pri-

En 2014 Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que tendría como función coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal en materia de migración en la zona. El programa también incluía salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo, así como diseñar estrategias de atención especial a grupos vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, un año después la coordinación desapareció al quedar fuera del presupuesto federal. Se dijo que las tareas que llevaban a cabo 94 empleados serían asumidas por el Instituto Nacional de Migración, que de por sí estaba plagada de corrupción. Por lo tanto, el flujo de migrantes continuó, y en mayor número.

mer semestre de este año han brindado siete mil 200 charlas con la población migrante, quienes han exhibido un impacto en la salud anímica y mental al haber sido víctimas de agresiones y secuestros a lo largo de la travesía, tanto en Centroamérica como en México, en donde la discriminación y violencia pueden ser peores.

Expresó que del total de pacientes en consultas de salud mental, el 89 por ciento refiere que han sido víctimas de violencia intencionada, el 50 por ciento habían vivido la violencia en su país de origen, 23 por ciento vivió violencia en la ruta migratoria y el 26 por ciento ha sufrido violencia en ambos espacios.

Además está el problema de la salud física. Debido a la nula cultura de la protección, así como las constantes violaciones de mujeres, el número de casos de personas contagiadas con VIH ha aumentado. La violencia sexual, dice la especialista, es quizá la más preocupante al no ser visible. A esto también se suman la deshidratación, las enfermedades respiratorias y de la piel, debido al tiempo que pasan a la intemperie. Y ni hablar de las serias lesiones y mutilaciones que sufren, principalmente al subirse a trenes en movimiento.