promiso de Escuelas Católicas para trabajar, desde hace años, en una doble vertiente: por un lado, aplicando tolerancia cero con los abusos sexuales, ya se produzcan en el seno de la Iglesia como en el de la sociedad en general, lo que debe traducirse en un posicionamiento proactivo de prevención y denuncia; y por otro, adoptando medidas que permitan avanzar hacia la máxima garantía de seguridad para los menores y los colectivos en situaciones de vulnerabilidad que se encuentran en nuestras instituciones. Todo ello tomando como premisa el interés superior de estas personas y con el objetivo incuestionable de progresar hacia la erradicación de esta lacra social que merece el más absoluto rechazo, con independencia del ámbito donde se produzca.
Certificado negativo de delitos sexuales
En esta línea de trabajo, Escuelas Católicas propuso en el año 2014 al Ministerio de Justicia la obligatoriedad del Certificado negativo de delitos sexuales como requisito para la contratación de personal en centros educativos y entornos con menores, aprobada un año después. Asimismo, en 2016, elaboró y remitió a todos sus asociados un modelo de Manual de Conducta o Código Ético, que incluye medidas relativas a los supuestos de abusos. En 2019 elaboró su Decálogo de actuación ante un posible caso de abusos a menores en un centro educativo católico o institución religiosa, que ha servido de modelo para muchas instituciones y ha tenido una acogida muy favorable en diversos ámbitos, incluso internacionales; y también en este año ha publicado su Programa de Cumplimiento Normativo para centros educativos, disponible gratuitamente en su página web, que propone un marco para la elaboración de protocolos y mecanismos de denuncia y control para delioctubre 2019
tos, incluyendo los de naturaleza sexual.
Colaboración con instituciones
Asimismo, a lo largo de estos años Escuelas Católicas ha establecido contactos con varias organizaciones de reconocido prestigio en esta materia, como la Fundación ANAR, Porticus, UNICEF o Save the Children, con las que viene colaborando en diferentes proyectos para la generación de entornos seguros en los centros educativos a los que representa; y actualmente está trabajando en un protocolo laboral ante situaciones de abusos y en una guía extensa y detallada para ayudar a los centros a prevenir y atajar cualquier caso de abuso sexual.
Compromiso de EC con la erradicación de esta lacra
Sorprendentemente, la Fiscalía General del Estado, una institución jurídica de un prestigio, seriedad y rigor indudable, deja entrever en su Informe algunas cuestiones referidas a nuestras instituciones que no se pueden considerar en modo alguno correctas, y que son en gran medida consecuencia de la parcialidad ¿intencionada? de que adolece la petición que le hizo el Ministerio de Justicia en enero. Ello obligó a que Escuelas Católicas se posicionara públicamente a principios del mes de julio manifestando sus discrepancias con algunos aspectos contenidos en el Informe, si bien al mismo tiempo se valoraba positivamente la oportunidad que suponía su invitación a “establecer cauces de
Decálogo de actuación de EC ante un posible caso de abusos a menores:
comunicación y colaboración”. Así, y reconociendo expresamente que los registros disponibles no proporcionan detalles como son los relativos a la condición del autor ni a la naturaleza de la institución donde se produce el abuso o la agresión, la Fiscalía General expone unas cifras globales correspondientes a los años 2017 y 2018 y relativas a los escritos de acusación, sentencias y diligencias de investigación que, en palabras del propio Informe, “revelan una realidad criminal de indudable gravedad”. Sin embargo, hubiera sido deseable, dado el contexto en el que se emite el Informe (que recordemos fue delimitado por el Ministerio de Justicia), que se clarificara que esos datos no se refieren al entorno de instituciones religiosas católicas, sino al conjunto de la sociedad para evitar así equívocos en su interpretación. Por otro lado, se ha de discrepar también de la calificación que la Fiscalía hace de los centros de enseñanza e instituciones religiosas católicas como “entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad”, sin ofrecer una mínima fundamentación de tal afirmación. Y, en el mismo sentido, tampoco resulta admisible que se consideren deficientes los mecanismos de actuación que se han establecido en nuestras instituciones, sin perjuicio de que, evidentemente, siempre se pueda avanzar en su mejora. En este sentido, y pese a no compartir unas críticas que se consideraban más producto de prejuicios sin contrastar
Programa de Cumplimiento Normativo para centros educativos de EC:
que de hechos constatados, Escuelas Católicas decidió valorar positivamente la intención de la Fiscalía General del Estado de iniciar contactos con nuestro sector para establecer cauces de comunicación y colaboración, viendo esta situación como una oportunidad de convertirse en pionera en las garantías de los derechos de los menores y personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, Escuelas Católicas solicitó una reunión urgente con los máximos responsables del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, si bien con desigual fortuna. En efecto, por parte del Ministerio de Justicia no se ha recibido respuesta alguna a la petición, quizá porque se carece de argumentos para explicar razonablemente la petición de informe. Sin embargo, la Fiscalía sí procedió a concertar de forma casi inmediata una reunión a través del Fiscal de Sala Coordinador de Menores, José Javier Huete Nogueras, lo que ha permitido iniciar una colaboración a todas luces necesaria, con base en el compromiso compartido por ambas instituciones de mejorar los mecanismos de prevención y dar una respuesta eficaz y coordinada frente a estos delitos. Ahora nos queda confiar ilusionadamente en que este trabajo conjunto con la Fiscalía dé los esperados frutos y nos permita avanzar hacia una sociedad más respetuosa con el derecho a la integridad de los menores y de las personas en situación de vulnerabilidad, si bien hemos de ser conscientes de que es necesaria una adecuada formación afectivosexual y de respeto al otro para lograr que desaparezcan, o al menos se reduzcan al mínimo posible, las agresiones y abusos sexuales en la sociedad actual; objetivo con el que Escuelas Católicas también se encuentra activamente comprometida. JUAN MANUEL RUIZ Director Dpto. Jurídico-Económico EC revista de escuelas católicas
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