06. Houston, Abril 08 al 21 de 2011
Opinión
El Venezolano de Houston
El lado oscuro del CNE Exequíades Chirinos Twitter: @exequiades La existencia de un hecho evidente, público y notorio despierta la mayor de las suspicacias en torno al actual manejo discrecional de los próximos comicios presidenciales por parte del Poder Electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral: las elecciones de concejales y de miembros de Juntas Parroquiales. Pendientes de celebrarse en el año 2009, ambas elecciones continúan sin definición alguna porque sencillamente al gobierno nacional no le interesan los legisladores locales, dado su interés en desaparecerlos e imponer por la fuerza a los Consejos Comunales. En esa misma tónica actúa el CNE. Las magistradas oficialistas del CNE – Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D`Amelio y Socorro Hernández -, le siguen el juego del chavismo al eludir el mandato de ley (Ley Orgánica del Poder Público Municipal), que obliga al ente electoral a convocar ambos procesos. A los ojos de las magistradas del CNE las elecciones de concejales y de miembros de Juntas Parroquiales son inexistentes, innombrables, carente de importancia y, entonces, por diversidad de razones inexplicables tomaron arbitrariamente la decisión de abstenerse de convocarlas, a pesar que la institución debe cumplir con esa obligación, consagrada en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y hasta la fecha, hasta que no cambie de opinión el gobierno nacional, no se realizarán las votaciones de concejales ni de Juntas Parroquiales y punto. Se dilató y dilató la decisión y, ahora, se llega al gran momento de las elecciones presidenciales que, evidentemente, revisten mayor importancia nacional y, de un solo golpe, colocan en el nivel del desinterés a los comicios municipales. En ese escenario, nada pasó. No se produjo ninguna sanción contra las magistradas del CNE porque el incumplimiento de sus obligaciones electorales no está dentro de las causales de destitución (artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Electoral) y ahora repiten la receta de interpretar las leyes según su conveniencia. Por ello, la nación atraviesa actualmente una nueva situación de incertidumbre: la fecha y, también, el modo de realización de los comicios del 2012 que abarcan la escogencia del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes y de los legisladores regionales. Se habla de hacer elecciones separadas (primero las presidenciales) para pretender ayudar al candidato del oficialismo en su intento de reelegirse, bajo el supuesto que le quitaría la carga de los candidatos de los estados del país y se concentraría la atención sólo en la figura presidencial. Lo cierto y también evidente – como las elecciones de concejales y juntas parroquiales – radica en que en vez de convocar a una mega elección - menos costosa para el país en términos económicos-, se trata de torcer un proceso presidencial que antes de la modificación de la Ley Electoral se efectuaba, con plena certeza, en el mes de diciembre del último año de mandato. Ahora se habla de mediados del 2012, es decir, de una fecha ajustada a la estrategia diseñada en el Palacio de Miraflores y, por ende, se desconoce hoy día si habrá o no una megaelección o si se anticiparán las presidenciales. Un cambio total de las reglas del juego electoral tendentes a favorecer a aquel cuya pretensión es contarse él primero, sólo y sin el peso de los restantes candidatos que, en el lado, del chavismo, asoman como un saco de gatos. Un viraje en los procesos electorales presidenciales que, incluso, podría serle totalmente contraproducente a ese candidato oficialista. Frente a esta situación las magistradas del CNE mantienen total mutismo porque juegan a respaldar la estrategia del oficialismo, a preservar el “gran secreto”, cuando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral obliga al CNE a “…garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. El lado oscuro del CNE, o de las magistradas oficialistas, es que fungen como juez y parte interesada del proceso de las presidenciales al guardarse la fecha y el modo de realización de las elecciones para intentar sorprender a un sector del país y convocar por sorpresa las votaciones más importantes para la nación.
Carter y Raúl Castro Carlos Alberto Montaner* Dejarle saber al presidente Obama que todo era negociable, incluida la puesta en libertad de Alan Gross, un norteamericano condenado en la Isla a quince años de cárcel por obsequiar computadoras y equipos de comunicación para que los desinformados cubanos pudieran acceder a Internet. De momento, no liberó a Gross, pero todo se andará. Es cuestión de tiempo. No está nada claro por qué Raúl Castro no recurre a los diplomáticos norteamericanos acreditados en Cuba para mandar sus mensajes, pero es probable que no confíe en Hillary Clinton y en el Departamento de Estado. Acostumbrado, como está, a que las decisiones importantes las toma él, como las tomaba su hermano, no entiende el funcionamiento institucional de Estados Unidos y tampoco percibe que los asuntos cubanos apenas tienen importancia para el inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué quiere Raúl Castro a cambio de su rehén? Tiene, fundamentalmente, dos objetivos: que la Casa Blanca elimine las restricciones de viaje a los norteamericanos para que rápidamente se duplique o triplique la actual cifra anual de turistas que visitan la Isla –unos dos millones—, y que Washington interrumpa de manera permanente la ayuda económica y la distribución de equipos electrónicos a la oposición cubana. En todo caso, esa ayuda hoy está detenida por obstáculos legales interpuestos por el senador demócrata John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Internacionales. ¿Tiene Raúl algo más que brindar, además de la libertad de Gross? Tiene poco y es escasamente elegante: se trata, fundamentalmente, de un cambio en la estrategia represiva. En síntesis, maltrata con menor crueldad a sus compatriotas. Escalonadamente, ha puesto en la calle a los 75 demócratas presos en la llamada “primavera negra” del 2003, deportando a España a la mayor parte, y es posible que continúe liberando gradualmente al centenar de presos políticos que todavía quedan en las cárceles. Ya no condena a los disidentes a largas penas. Se limita a infiltrarlos para saber sus movimientos, los golpea, los intimida y los detiene por periodos breves. Cuando se reúnen o salen a las calles, lanza contra ellos turbas dirigidas por la policía política en lo que allí llaman “actos de repudio”. Raúl ha comprobado que para mantener a la sociedad asustada y en un puño, evitando que el poder se le escape de las manos, bastan esas medidas coercitivas. No es necesario encerrar a los adversarios. Basta con aterrorizarlos. Fidel era exageradamente punitivo. Pero eso no es todo. También es posible que Raúl abra un poco más la mano económica en el VI Congreso del Partido Comunista que se celebrará en abril. Sabe que la inmensa mayoría de los cubanos desean poder comprar y vender sus viviendas y no hay razón para continuar con las absurdas reglas que lo impiden. Tampoco ignora que el deseo de los cubanos de poder salir de Cuba o entrar libremente en ella trasciende la cuestión ideológica: comunistas, anticomunistas e indiferentes están de acuerdo en que el gobierno no tiene derecho a prohibir el libre movimiento de las personas. Eliminar ese permiso de salida y de entrada sería extraordinariamente bien recibido por toda la población y él sería aclamado sin necesidad de efectuar ningún cambio trascendental. Sotto voce, los cubanos suelen señalar que Raúl Castro no tiene moral para quejarse de que el presidente norteamericano no deja viajar a los norteamericanos a la vecina Isla, cuando él mantiene secuestrado a su propio pueblo. ¿Habrá un cambio sustancial en la política de Estados Unidos hacia Cuba tras la visita de Carter? No lo creo. La percepción general en Washington, a juzgar por los WikiLeaks, es que el régimen cubano está en una fase final de desmoralización y desgaste y no tiene sentido hacer nada que detenga o revierta esa tendencia. La corrupción es rampante, los hijos de muchos dirigentes se marchan discretamente del país, y el estado anímico que prevalece en los cuadros medios es de fin de régimen. Raúl no ignora nada de esto, pero no tiene modo de impedirlo mientras insista en mantener un régimen colectivista de partido único y obediencia total. Hasta la derrota siempre, General. [©FIRMAS PRESS] *www.firmaspress.com