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Futuro de la humanidad e Inteligencia Artificial
Cuando le preguntaron a LaMDA, la herramienta de inteligencia artificial (I.A.) de Google, que cosas la asustan, esta respondió que tenía miedo profundo a que la apagaran y qué, aunque sonara extraño, eso sería exactamente como la muerte para ella. Y, aunque nadie probado que LaMDA sea consciente, su respuesta ejemplifica la creciente capacidad de las nuevas herramientas de I.A. para sustituir a los humanos en tareas creativas. Por ello, durante los últimos dos meses los avances en la I.A. generativa han desplazado a las discusiones sobre la pandemia de COVID 19 y la invasión rusa de Ucrania; sobre todo, por el sonoro éxito que ha tenido ChatGPT como un sustituto para los motores de búsqueda tradicionales, especialmente el de Google. Pero, más allá del sensacionalismo, lo importante de esta I.A. generativa es su potencial para desarrollar nuevas drogas, diseños moleculares, códigos computacionales y otros productos que se espera que revolucionen la nuestra calidad de vida y el funcionamiento de los mercados. La competencia por el desarrollo de inteligencias artificiales generativas más poderosas es una de las principales en el mundo. Este es nuestro presente y futuro y, por ello, los gobiernos de Estados Unidos y de algunos países europeos y asiáticos han prohibido la exportación de microchips y de equipo para su producción a China.
Pero, la comercialización de esta I.A. generativa también presenta riesgos para la evolución de la inteligencia humana, la democracia y la innovación. Algunos estudios sugieren que el mal uso de los teléfonos inteligentes y el creciente consumo de información “chatarra” vía medios digitales están generando una caída en el coeficiente intelectual de la humanidad. En las últimas dos décadas hemos visto el gran daño que los discursos de odio y la desinformación transmitida vía redes sociales han generado en algunas democracias. Y, la ausencia de mecanismos institucionales o de enforzamiento efectivo para proteger la competencia comercial y desincentivar prácticas monopólicas, oligopólicas que pueden arriesgar el desarrollo y comercialización ética de esta tecnología. Estamos en la víspera de una nueva revolución tecnológica, que nos puede ayudar a crear sociedades más justas y prósperas. Aún podemos tener esperanza si una herramienta como You.com nos recomienda que un buen presidente debe tener el conocimiento y la experiencia para liderar con integridad y visión, escuchar diferentes perspectivas y tomar decisiones basadas en lo que es mejor para su gente.
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M Ndez Vides
sacrificio, nunca a la abundancia ni al beneficio personal. Así que no cualquiera acepta al honor, y la gratificación se encuentra en la estabilidad social resultante.
La campaña electoral crece con más y más opciones de candidatos deseosos de acceder a los relevos de mando distanciados del sacrificio personal de servir, y mandando a la población el mal mensaje de que los puestos públicos son para “ganar”, cuando en realidad se trata de dar y sufrir desgaste personal, acumulando enemistades al resultar envueltos entre la maraña de los pulpos que tratan de ahogar los principios fundamentales de la responsabilidad y el respeto.
Hay que tomar de ejemplo la sabiduría de las comunidades ancestrales con la figura de la alcaldía indígena, instancia paralela e independiente del gobierno que se reparte en las urnas, y que funciona por un período determinado de tiempo para dedicarse a ayudar a los demás. El destinado agradece el honor y abandona su actividad personal productiva para dedicarse en los meses siguientes a vivir para los demás, porque ya no tendrá tiempo para él, ni para su familia sino le corresponderá interceder y mediar en los conflictos, asegurar la armonía comunitaria y preservar la “costumbre”. Su gobierno está vinculado al
El ayuntamiento capitalino recuerda en cierta forma la idea de las alcaldías indígenas por la acción discreta de trabajo, alejados del relumbre mediático, pero sufriendo ataques continuos y más en fechas electorales, cuando saltan los cuestionamientos agrios y la descalificación, porque los ofertantes se ofrecen para terminar con la “costumbre”. Pero los ciudadanos no son papos y en las urnas defienden sus valores. Los postulantes no proponen acciones creíbles si no escupen sapos y culebras. Hay un candidato eterno que vive de lanzarse cada 4 años, que nunca ha ganado pero sí encontró una forma de vida. Otro jovencito sin experiencia aparece disparando al aire como Rambo, prometiendo reinstalar a los despedidos. El candidato oficialista asombra presumiendo ser la respuesta del problema que su partido se ha negado a resolver. Así es muy comprensible los resultados de las encuestas que ya advierten que prevalecerá la “costumbre”. La agricultura es sabia, siembras, cuidas y los frutos van apareciendo lentamente. Las autoridades mudan pero lo que funciona se debe de reconocer. El Ministerio de Cultura está dando frutos, el MUNAG en la Antigua es un gran logro, se aprecia el rescate del Teatro Nacional y en estos días están reparando el muro del Cementerio General, por ejemplo. Quitémonos las telarañas de los ojos, y apreciemos los logros en el servicio público para que las nuevas generaciones deseen participar sacrificándose.
Gonzalo Marroqu N Godoy Enfoque

LA LIBERTAD ES UN CONCEPTO MUY AMPLIO. LA VALORAMOS EN LA MEDIDA EN QUE LA PERDEMOS Y, SOBRE TODO, CUANDO VEMOS QUE EL SISTEMA NO RESPETA NUESTROS DERECHOS Y DEBEMOS LUCHAR POR ELLOS.
¿A quién debe interesarle cuándo se acosa a un fiscal o juez porque es independiente y se convierte en obstáculo para el poder político?
¿A quién se afecta si se persigue y/o encarcela a un periodista por denunciar lo que sucede en el país?
¿Quién pierde opción de elegir si se saca antojadizamente de la carrera electoral a uno, dos o más candidatos a cargos de elección popular?
Tres preguntas diferentes, con protagonistas distintos, pero con la misma respuesta: Si la justicia no funciona, si no hay libertad de prensa plena y si se ensucia un proceso electoral, a quien debe interesarle, porque se ven o pueden ver afectados sus derechos es… ¡Si!, usted, yo, nuestra familia, la comunidad, la sociedad en general y, finalmente el país que formamos todos los guatemaltecos.
Todo esto está sucediendo en la Guatemala de hoy. Ocurre a diario y quizás no hemos comprendido el alcance de lo que pasa cuando el poder del Estado se vuelve absoluto y se aplica en contra de aquellos que rechazan las prácticas autoritarias. Finalmente, el daño que hace esa concentración de poder afecta al pueblo, a las personas individuales y a los grupos colectivos. Mucho hemos escrito –yo y muchos otros– sobre la persecución y criminalización en contra de decenas de jueces y fiscales que mantuvieron su independencia en la lucha anticorrupción y, al negarse a ser parte del rebaño, se vieron obligados a salir al exilio o están en prisión.
También se ha denunciado el acoso, encarcelamiento o exilio de periodistas. Los casos de José Rubén Zamora, Jerson Antonio Xitimul y Juan Luis Font, son ejemplo de la intolerancia y prepotencia del poder político reunido en la alianza oficialista, que controla a su sabor y antojo todo el sistema legal del país, desde fiscales, jueces y magistrados de sala, hasta las cortes.
Pero ahora voy a referirme a un nuevo y esperado abuso del poder, para el cual se lo requiere lo mismo: que todas las instituciones controladas por el oficialismo actúen de manera alineada, para cerrar cualquier posibilidad de que la justicia impere.
Para muchos, se trata de una jugada cantada. El oficialismo no quiere tener detractores y, mucho menos, candidatos que puedan crecer y tener alguna posibilidad de romper con el sistema político marcado por la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿qué mejor que poner a funcionar la trituradora?
Salvador Paiz
Amnesia colectiva
LOS GUATEMALTECOS PARECEMOS SUFRIR DE AMNESIA COLECTIVA.
SE NOS OLVIDA LO ESCURRIDIZOS
QUE HAN LLEGADO A SER CIERTOS PERSONAJES. SE NOS OLVIDA QUE HAN DEMOSTRADO SU CAPACIDAD DE CORRUPCIÓN Y, A PESAR DE SUS DISCURSOS POPULISTAS, HAN EVIDENCIADO SU DESINTERÉS
POR EL BIEN COMÚN DE LOS
GUATEMALTECOS. SE NOS OLVIDA TAMBIÉN QUE EXISTEN AMPLIOS
PRECEDENTES PARA VEDAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS COMICIOS A QUIENES SE LES RECONOCE POR SU DESHONESTIDAD.
Como país, tenemos problemas que limitan nuestro desarrollo, nuestra capacidad de atracción de inversión y nuestra capacidad de generar prosperidad y empleo para todos los guatemaltecos. Entre ellos: la corrupción y el tóxico vicio de buscar un retorno sobre la inversión en la participación política; el grado de cooptación de nuestra política por el crimen organizado; y la impunidad que garantiza la ausencia de consecuencias por violar nuestras leyes. Para empezar a resolver estos sentidos problemas, debemos hacer valer las leyes de nuestro país y procurar una especie de “depuración política”, en la cual se limite taxativamente la participación de quienes no ostentan el criterio legal mínimo de honradez.
En su artículo 113, la Constitución Política de la República establece que «los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez». Más claro, ni el agua. Si una persona desea optar a un cargo público, pero ha demostrado ser deshonesta, independientemente de su experiencia y carrera política y profesional, no puede participar.
Recae en el Registro de Ciudadanos (RC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cumplir con este precepto legal de la Constitución Política de nuestra república. Existen amplios precedentes y jurisprudencia dictada desde la Corte de Constitucionalidad (CC) para respaldar dicha acción. Por ejemplo, el caso del expresidente Alfonso Portillo. A Portillo se le vedó su participación en el 2015 y 2019, por incumplir el precepto de honradez, al haber servido condena en Estados Unidos por conspirar para cometer lavado de dinero. Se suman al cúmulo de precedentes: Emilenne Mazariegos, Gudy Rivera, Mirza Arreaga, Baudilio Hichos, por mencionar algunos. El TSE consideró que no llenaban los requisitos de honradez y que no podrían asumir cargos públicos.
Guatemaltecos, que no se nos olviden las cosas. No olvidemos aquellos nombres y apellidos que no merecen estar en la papeleta. Nuestro proceso electoral debe desarrollarse dentro el marco legal que establece nuestra Constitución y la Ley electoral y de partidos políticos.
Mario M Rida
Un Caso De Estudio
El día 31 (p. 110 y 129) principiaron los preparativos: “… dos obreros y cuatro estudiantes estuvieron a cargo, entre estos una mujer: “son cuatro los puntos destinados al plan de ‘La Subida’. Si fracasa la reunión se repetirá pasados unos días. Memoricemos Panamá y España”
Soledad Cano comenta (p. 111): “cinco muchachos vestidos de campesino entran a una cafetería, frente a la embajada española”… El reloj marca las once y media”. “Uno de ellos se levanta y con voz serena dice: Vamos, ya han llegado… agarra su macuto -morral- y paga”. Después de los sucesos se especuló acerca del origen del incendio. Afirmaban que habían empleado algo similar a un lanzallamas. Sobre el incendio la Sra. Rigoberta Menchú expresó sus dudas a Elizabeth Burgos: “Lo que pasó en la Embajada de España: yo no puedo sacar mi versión personal de imaginaciones, pues nadie de los compañeros puede decir la verdad”.
Los esfuerzos por crear una versión contraria a la verdad se extinguieron, cuando se corroboraron los testimonios falsos de supuestos estudiantes de medicina entrevistados por Cano, que aseguraron el empleo de napalm en la sede diplomática; idea tomada de las espontáneas declaraciones del General Ríos Montt a la revista Latin America Weekly (05/11/1982), en la que dejó entrever: “Si la situación -conflicto armado- se prolongaba, tendremos que lanzar napalm sobre esas aldeas” Otros expertos han asegurado que se empleó fósforo blanco -químico incendiario-, hecho negado en su oportunidad por la embajada norteamericana en el país.
Uno de los párrafos del editorial de elPeriódico planteó la interrogante acerca de la vinculación de la guerrilla. Esta se corrobora con lo expresado por Gustavo Meoño, exmiembro de la Dirección Nacional del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, quien admitió: “Yo tomé la decisión que se ocupara la embajada de España porque era la más fácil. Estaba al pie de la calle, sin vigilancia.” (Venganza o juicio histórico)
Desde de una posición sensata y acorde con la época, es correcto pensar que la intención primaria de quienes incursionaron en las instalaciones de la embajada española era pacífica, pero la improvisación y la inexperiencia la transformó en una tragedia, lo que se demuestra en el momento que alguno de los ocupantes decidió lanzar la bomba incendiaria contra la policía desde el interior de la embajada, la cual infelizmente impacto en el interior de la habitación que ocupaban.

¿Desvío institucional del TSE?
NO ES VÁLIDO NI DESEABLE QUE, CON ARGUMENTOS BALADÍS Y TRIQUIÑUELAS, LA AUTORIDAD ELECTORAL NO OBSERVE PRECEPTOS
CONSTITUCIONALES DE MAYOR JERARQUÍA.
El proceso electoral está en fase de inscripción de cuarenta mil o más candidatos (binomios presidenciales, diputados y corporaciones municipales) en un proceso que implica gran movilización de recursos y personas que permitirá integrar el Congreso de la República y las corporaciones municipales en la primera vuelta del 25 de junio 2023 y que culminará ojalá felizmente en la elección de Presidente y Vicepresidente en la segunda vuelta; se trata pues, de una gran fiesta cívica en la que los ciudadanos ejercerán su derecho de elegir y ser electos y el voto mayoritario dispondrá sobre quienes asumirán las funciones públicas y para qué, para el período 2024-2028.
La responsabilidad de asegurar que el proceso se celebre con el mayor respeto a los principios de las democracias republicana y representativa, de que se concrete la participación de TODAS las fuerzas y tendencias políticas y sociales de manera que nadie quede excluido, de que la participación ciudadana sea consciente y masiva en el ejercicio del sufragio y de que el evento se refleje en el respeto al voto y la legitimidad de los resultados, corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral cuya misión institucional consiste en asegurar que los ciudadanos expresen libremente su mandato sobre quien y como debe recibir la delegación del poder soberano del pueblo para asumir las responsabilidades que corresponden a los poderes del Estado. El cumplimiento de ese objetivo institucional es vital para el buen funcionamiento del sistema político, así como el mejor desempeño de sector público y, principalmente, en abono de la permanente pero descuidada actividad ciudadana relacionada con la construcción gradual y progresiva de la República democrática y representativa, anhelo implícito en el texto de nuestra carta magna.
Lamentablemente, no son pocas las preocupaciones que emanan de las actuaciones de la autoridad electoral y de su enfoque al cumplimiento de su misión institucional, pues no se le ha visto interesado en superar evidentes deficiencias de la LEYDPP, ni que aborde una imperativa reforma constitucional que supere carencias normativas acerca del sistema político; sino que, por el contrario, se le ve resolver excediendo en amplitud y forma preceptos constitucionales cuya observancia y respeto le es obligada.