Domingo 19 de Enero de 2014
Página A-8 Política
* Vendrá Puro “Malandraco de Categoría” a la Región.
No a la Apertura del CEFERESO
* ¿De qué Sirve Tanto Retén si Abrirán el Penal de Alta Peligrosidad? Tapachula, Chiapas; 18 de enero.- El compromiso del actual Gobierno Federal de investigar a fondo todo lo ocurrido en torno a la obra del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la Costa de la entidad, frenar su apertura y castigar a los responsables, fue una farsa. Para éste lunes se tiene contemplado inicien las operaciones de esas instalaciones, concesionada a una empresa privada para que los mexicanos le paguemos la atención a los reclusos. Quienes laborarán en ese lugar a partir de ésta semana, conÞrmaron que cumplieron con los exámenes y la capacitación y ahora empezarán con sus labores de manera cotidiana. La noticia indignó a los chiapanecos ya que en agosto, hace cinco meses, el Inspector General de la Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Humberto Toledo Moreno, conÞrmó que el Gobierno Federal había iniciado una investigación sobre la construcción de ese Cefereso, en atención a la solicitud del Gobierno de Chiapas y de la demanda de miles de familias del Soconusco. Ante los representantes de cámaras, colegios, sectores productivos, transportistas, empresarios y los representantes de diversas iglesias, Toledo Moreno aseguró que se llegaría al fondo del asunto y que, de conÞrmarse las irregularidades, no entraría en operaciones y se procedería contra quien o quienes resultaran responsables. “Los chiapanecos deben de estar tranquilos porque el gobierno de Enrique Pela Nieto ha instruido que se atiendan sus demandas y porque no se pondrá en riesgo a nadie si no existen condiciones para la apertura”, aÞrmó en esa ocasión. Había quedado el compromiso de regresar para dar un informe pormenorizado de la situación y hacer público el dictamen, aunque ya no volvió. Después de ese encuentro sostenido en Tapachula y luego de más de dos años de protestas, el 13 de Septiembre del 2013, cientos de estudiantes, amas de casa, transportistas, empresarios, profesionistas, líderes de sectores productivos, entre otros, clausuraron de manera simbólica las instalaciones de ese Centro Federal de Reinserción Social. Para ello los manifestantes, quienes en su gran mayoría portaban playeras blancas con la leyenda “Chia-paz”, se ubicaron en la entrada principal de ese penal y colocaron mantas y pancartas en las que se leía: “Clausurado por alto riesgo” y “En Chiapas los derechos humanos se respetan”. Esa y todas las manifestaciones de protesta de los chiapanecos en torno a ese problema, no sirvieron de nada porque la cárcel federal entra en operaciones. Miguel Reyes del Pino, presidente del Concejo Consultivo de Turismo (Cocotur) en la región, explicó en entrevista que en octubre del 2005, esa misma zona fue completamente devastada por las caudalosas aguas desbordadas de dos ríos ubicados a unos metros del penal, cuya construcción empezó hace un par de años, como parte de un proyecto de la administración federal pasada, que encabezó el Partido Acción Nacional (PAN). Señaló que al entrar en operaciones esa cárcel, “estarían condenando a muerte a los que trabajen ahí y los que se encuentren recluidos, muy a pesar de que en México la pena de muerte fue abolida. Es un llamado a tiempo para tapar el pozo antes de que el niño se ahogue”.
Dijo que si hubiera un fenómeno natural como el huracán “Stan”, que hace ocho años arrasó literalmente todo ese sector, “se correría el riesgo de que el penal se inundara y hasta ocasionaría una desgracia que pondría el nombre de Chiapas y de México para merecer un castigo por lesa humanidad”. El empresario chiapaneco mostró que el Atlas de Riesgo del Gobierno Federal y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tienen plenamente identiÞcado a todo ese sector como la zona de más riesgo para inundaciones en la Entidad. Por ello dijo que es necesario que se realice una investigación profunda que permita precisar quién autorizó esa construcción en ese lugar; cómo se obtuvieron los permisos; quién se beneÞció con la compra-venta de los terrenos; entre otras irregularidades. “Nosotros, como sociedad civil de Chiapas, estamos dejando un precedente de que se pondrá en riesgo de muerte a miles de personas, porque, ¿a quién se va a responsabilizar del primer muerto?, ¿al mandatario que construyó, o al que, sabiendo lo que podría pasar, permitió la entrada en funciones de esas instalaciones? Por su parte, Fernando Morales López, coordinador del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, sostuvo que desde hace años, cuando la anterior administración federal dio a conocer la construcción de ese penal, ha habido protestas de todo tipo. “Nosotros hemos vivido en carne propia los desastres que han provocado los fenómenos naturales en los últimos años a Chiapas, y en especial a ésta parte donde está el Cefereso, que ya ha desaparecido en dos ocasiones”, indicó. En tanto que Alfredo Aisa Conesa, presidente del Concejo de Organizaciones Productivas Asociación Civil (COPAC), aseguró que en ese lugar hay violaciones graves a los derechos humanos en el sentido del alto riesgo que conlleva estar en ese penal. “Las instalaciones se construyeron en el lugar menos apropiado y con una violación clara del Atlas de Riesgo de Protección Civil Federal y de la Conagua”, recalcó al señalar que “a pesar de todo, los reos también tienen derechos humanos y nadie les va abrir las puertas del penal cuando se esté inundando”, insistió. En su opinión, Edgar Bustamante Girón, de la Federación del Transporte en Chiapas, AÞrmó que ese Cefereso “es un monumento a la irresponsabilidad que requiere no solo de una investigación transparente y a fondo, sino también que llegue hasta sus últimas consecuencias y se castigue severamente a los culpables”. Consideró que con los datos que se tienen, hay la sospecha de que desde la compra de los terrenos y la obra en sí, hubo actos de corrupción. Cabe recordar también que desde el año pasado la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles presentó a los medios de comunicación un documento en el que solicitó formalmente al Comisionado de Seguridad Pública en México, Manuel Mondragón y Kalb, impedir el establecimiento del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) ubicado en Villa Comaltitlán. La misiva estaba Þrmada por Armando de la Cruz Uribe Valle, dirigente nacional de esa organismo empresarial que representa a más de 7 mil establecimientos y a más de cien asociaciones Þliales. En él se señalaba que ese lugar donde se construyó el penal federal, es una zona propensa a inundaciones serias, según ha sido declarado en el Atlas de Riesgo elaborado por el
Gobierno del Estado de Chiapas tras el paso del huracán Stan, de octubre del 2005. Además, que el establecer esas instalaciones, afectaría de sobremanera la aßuencia turística que la región recibe por su cercanía con la frontera sur del país. La obra, que se calcula necesitó una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, está diseñada para poco más de dos mil internos. Durante los casi dos años de proceso que lleva la construcción, ha sido escenario de constantes manifestaciones de parte de representantes de los sectores productivos de la región. A esos reclamos se han agregado la Iglesia Católica y Bautista, ya que sus representantes en el Soconusco aseguran que se pondría en riesgo la vida de los internos y de los propios trabajadores en caso de una contingencia, luego de que ese lugar fue literalmente arrasado en el 2005 por el huracán “Stan”. La queja ya ha sido presentada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a organismos internacionales similares. Antes, a mediados de julio del año pasado, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en solidaridad con todos los chiapanecos, se pronunció en contra de la apertura de ese penal y de cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad social, la seguridad, la conÞanza de la sociedad hacia sus instituciones y la de los empresarios por invertir en la Entidad. En entrevista indicó que su Gobierno solicitó a las autoridades federales que ese lugar, en lugar de ser una cárcel, se utilizara en otro giro que contribuyera a la solución de los rezagos y al desarrollo del Estado, principalmente a la región Soconusco. Una de las propuestas de su gobierno es que esas instalaciones fueran mejor aprovechadas en el sector educativo. Paralelamente se hizo un documento Þrmado por los representantes de los sectores productivos, Cámaras, Colegios y organizaciones sociales, además de tres secretarios estatales, el Premio Nacional a los Derechos Humanos, Flor María Rigoni y el alcalde de Tapachula, Samuel Chacón Morales. La carta la encabezaron los Secretarios Estatales, de Economía, Ovidio Cortázar Ramos; de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca; y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Carlos Toledo Zaragoza, así como de más de mil asistentes a un foro público organizado en Tapachula en contra del Cefereso. Se agregaron después comerciantes, maestros, dirigentes sindicales y de diversos partidos políticos, hasta sumar más de siete mil rúbricas. Para la presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la región Soconusco, Isabel Villers Aispuro, la sociedad del Soconusco ha sido respetuosa al exigir de manera pacíÞca al Gobierno Federal no abra ese penal, “porque rompería la estabilidad social de la Costa, Sierra, Istmo y frontera sur del Estado”. Además, que con la llegada de esos 2 mil 500 internos, también arribarían bandas delictivas y se incrementarían los índices de criminalidad e inseguridad, tal y como ha ocurrido en otras regiones del país en donde hay ese tipo de reclusorios federales. Asimismo, que bajo algún tipo de arreglo que debería ser profundamente investigado, ese penal fue construido en zona de alto riesgo y, por lo tanto, ante una contingencia se pondría en riesgo la vida de los internos y de los trabajadores de ese lugar. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello.