Turquía, el Centinela de las Fronteras que Saca Provecho

Inder Bugarin

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), instancia que ha venido fortaleciendo sus estructuras para frenar las entradas no autorizadas, contabilizó en 2022 alrededor de 330 mil ingresos irregulares, lo que supone un aumento de 64% con respecto al año previo y el indicador más alto desde 2016. Para este año la tendencia continuará al alza como resultado de la guerra en Ucrania, la reactivación de las hostilidades en Siria, los desplazamientos en África provocados por el cambio climático, la violencia y las secuelas de la pandemia, y por la situación en Afganistán, en donde el sistema financiero está al filo del colapso. “El tráfico de migrantes seguirá siendo una tendencia creciente (…) en última instancia, la ruta elegida, sea por las fronteras terrestres o marítimas, estará determinada en gran medida por el análisis costo-beneficio de los migrantes”, sostiene Frontex en su análisis de riesgo 2022-2023.

Las previsiones de la agencia con sede en Varsovia refuerzan la posición de poder que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan goza a partir del momento que asumió la responsabilidad de ser el guardián de las fronteras externas de la Unión. Como remedio al éxodo migratorio de 2015, que trajo un millón de refugiados a la UE, los socios comunitarios apostaron por la externalización de la política migratoria: por delegar a los países de tránsito la responsabilidad de parar los flujos. A partir de ese momento, Bruselas quedó a merced del autócrata Erdogan, al darle las llaves del grifo migratorio. Éste aceptó el encargo de parar las llegadas masivas a cambio de 6 mil millones de euros, los cuales se han ido destinando a través de un mecanismo que la Comisión Europea describe como destinado a apoyar las necesidades de los refugiados y las comunidades de acogida en Turquía. El primer cañonazo de 3 mil millones de euros rindió para cubrir gastos hasta 2021, el resto de los dineros deberá rendir hasta 2025. De acuerdo con el último reporte del Consejo Europeo sobre la implementación del acuerdo, los dineros se han destinado a financiar proyectos humanitarios, educativos, de salud, de desarrollo socioeconómico y de infraestructura municipal. El mecanismo incluyó otras cuestiones, como el compromiso de que todos los indocumentados que lleguen a las islas griegas sean devueltos a Turquía, si no solicitan asilo o si su solicitud era rechazada; por cada sirio devuelto a suelo turco desde territorio griego, otro sirio sería reasentado en la Unión. Los resultados en este segmento no han sido los previstos. La gran mayoría de los migrantes evitan su deportación acudiendo a los juzgados griegos con el argumento de que Turquía no es un país seguro; como consecuencia, quedan en el limbo jurídico, porque su solicitud de asilo exclusivamente puede ser examinada en suelo turco. Erdogan ha sabido explotar la relación y dependencia de la UE para extraer beneficios diplomáticos y políticos, y para evitar cuestionamientos por el deterioro de la democracia, el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la independencia del Poder Judicial. A lo largo de la implementación del instrumento de cooperación, ha quedado demostrado que cuando aumenta la tensión entre Bruselas y Ankara tienden a crecer los flujos por el Mediterráneo oriental. Luego del anuncio del acuerdo de marzo de 2016, las llegadas irregulares a través de Turquía con destino Grecia, Chipre y Bulgaria se desplomaron de 885 mil en 2015 a 182 mil al siguiente año. La tendencia continuó a la baja hasta 2017, 42 mil arribos irregulares. En 2019 las estadísticas repuntaron a 83 mil, coincidiendo con una escalada de la tensión entre la UE y Erdogan como consecuencia del lanzamiento de la operación militar en Siria. La tensión llegó a tal nivel que para 2020 se pronosticó una crisis similar a la de 2015, pero la pandemia de Covid-19 apagó el riesgo. Los flujos por la ruta turca pasaron de 19 mil en 2020 a 42 mil en 2022, antesala de las elecciones del 18 de junio en las que Erdogan intentará alargar su mandato presidencial.

Un análisis divulgado por el proyecto ASILE, patrocinado por la UE y dirigido a examinar sistemas de protección internacional, concluyó a finales de 2020 que el pacto con Turquía no debe servir como modelo de cooperación con terceros países en el ámbito de la migración. Si bien contribuyó a disminuir los flujos, asegura que es un instrumento que reaccionó a lo que la clase política europea describió como “supuesta” crisis.

“Nunca debió implementarse”, señalaron los autores del texto, Meltem Ineli-Ciger, profesor de la de la Universidad Suleyman Demirel de Turquía, y Orcun Ulusoy, investigador de la Universidad Libre de Ámsterdam. El International Rescue Committee, con sede en Bruselas, sostiene que la UE no debe delegar su responsabilidad en naciones vecinas como Turquía y Libia. Sun