LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
este precedente, se inicia la línea jurisprudencial que defiende la exclusión de material probatorio obtenido en violación a la enmienda IV. En cuanto al fundamento que inspiraba esta medida, queda claro que lo que se buscaba cautelar con la exclusionary rule fueron los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos, ello se desprende de uno de los párrafos de la mencionada sentencia: “(...) Mientras que los esfuerzos de cortes y de sus funcionarios de traer el culpable al castigo son loables, no deben ser ayudados sacrificando los grandes derechos fundamentales asegurados por la Constitución(34) (...)”. Aunque de cierta forma ya desde esta sentencia se empezó a evidenciar que también la exclusionary rule era una regla dirigida a disuadir la mala conducta de los funcionarios de la policía, cuando señala que: “(...) La cuarta enmienda no se dirige a la mala conducta individual de los oficiales del Estado. Sus limitaciones alcanzan el gobierno federal y sus agencias (...)”(35). Con esta última apreciación se consolida también lo que se denominó la silver platter doctrine, que significaba que la Constitución Federal y la interpretación que de esta se hace no era vinculante para las actuaciones de la Policía estatal, solo era vinculante para la Policía federal. Así el punto de referencia para determinar si nos encontramos ante una violación que mereciera la aplicación de la regla de exclusión era determinar si el hecho fue realizado por funcionarios estatales o federales y no la violación en sí. Este caso planteó a la Corte la cuestión del significado de la cuarta enmienda y qué requiere esta para su efectivo cumplimiento. Las preguntas que la Corte tuvo que contestar fueron:
(34)
(35)
“(...) While the efforts of courts and their officials to bring the guilty to punishment are praiseworthy, they are not to be aided by sacrificing the great fundamental rights secured by the Constitution (...)”. En el texto original: “The Fourth Amendment is not directed to individual misconduct of state officers. Its limitations reach the Federal Government and its agencies”.
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