Opinión

Lectura Política

Noé Mondragón Norato

PRD: oxígeno acabado

El PRD da sus últimos coletazos. No quiere perecer víctima de sus propios errores. Por eso, acosado por las circunstancias, el dirigente local de ese partido, Alberto Catalán Bastida, recurre a los recursos que sean con tal de que ese partido no pierda su registro en la próxima elección federal de 2024. Una prioridad para lograrlo es mantener firme sus alianzas partidistas. Ya sea con el PRI, PAN y MC. La otra es obtener beneficios políticos de la coyuntura. La radiografía es elocuente.

¿DENUNCIAS INFUNDADAS?

– Si bien es cierto que el dirigente estatal del Morena, Jacinto González Varona, “se fue de la boca” al señalar sin pruebas contundentes —pero de valores entendidos— que muchos alcaldes del PRI, PRD y PAN “han ganado con el apoyo del crimen organizado”, también es cierto que esta penosa realidad no admitida por dichos partidos políticos ya carcomió su credibilidad. Los antecedentes son diáfanos:

Despejar

Misael Tamayo N Ez

penal del Altiplano, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los artífices de esa desaparición masiva. ¿No fue suficiente esa lección para ser asimilada por el PRD y desistir en el insano empeño de postular a las alcaldías y cargos de elección popular a personajes relacionados de algún modo, con los grupos delictivos? Porque si se mira bien, la masacre de San Miguel Totolapan ocurrió ocho años después de la desaparición de los normalistas. Y en las dos ocasiones apareció el PRD gobernando esas alcaldías.

Hay dos propuestas interesantes en el tintero legislativo que darán de qué hablar en las próximas elecciones, y sólo esperamos que las autoridades electorales esta vez no se hagan de la vista gorda y retiren las candidaturas a los políticos que son padres irresponsables y/o violentadores de mujeres.

Nada tan desagradable como saber que en las esferas de poder despachan hombres de esa calaña y es muy común ver cómo se divorcian estando ya en la cima del poder, y cómo dejan a sus mujeres e hijos peleando en tribunales lo que por ley les corresponde.

dicial que les ayuda (y sí lo hacen), a resolver sus broncas.

No pocos casos se ventilan en las redes sociales, señalando incluso a miembros del poder judicial, abogados, magistrados, gente que conoce de leyes pero se niegan a cumplir con la obligación de mantener a sus vástagos.

Violentos y acosadores

Dise O Gr Fico Y Redes Sociales

Antonio Gonzalez

Producci N Y Taller

Antonio Gonzalez

Periodico el Faro de la Costa Chica es una publicación diaria que se imprime en sus propios talleres con circulación en la región de la Costa Chica de Guerrero, Tlapa y Oaxaca

NO SE DEVUELVEN ORIGINALES, AUNQUE ESTOS NO SE HAYAN PUBLICADO, REGISTRO EN TRÁMITE.

Marquelia Gro. Col. ISSTE

1.- La matanza de más de 23 personas ocurrida en octubre pasado en el municipio de San Miguel Totolapan, en la que pereció el propio alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, fue la más visible muestra de los acuerdos rotos con el crimen organizado. Si el PRD local y nacional no evaluaron a fondo los compromisos inconfesables de muchos de sus aspirantes a las alcaldías y el entorno inoculado por los grupos delictivos en que fueron postulados, representa también una irresponsabilidad. Dicho escenario data del año 2015 cuando en videos subidos a las redes sociales, se puede percibir ebrio al alcalde perredista electo de aquel municipio y hoy difunto, Juan Mendoza Acosta, “acordando” con el grupo delictivo Los Tequileros. El PRD simplemente lo dejó pasar. Le interesaba más la continuidad del poder sin concesiones en ese municipio, que depurar a su militancia aspiracionista a cargos de elección. Y lejos de exigir garantías para todos esos ediles desde que iniciaron sus periodos, decidieron callar. Cuando estallaron las crisis quisieron tapar el pozo cuando el niño ya se había ahogado.

2.- En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre 2014 en el municipio de Iguala, la entidad era gobernaba por el PRD encabezándola Ángel Aguirre. Y en la dirigencia nacional se encontraba el actual, Jesús Zambrano Grijalva. Otro personaje de ese mismo partido hacía lo propio en el municipio de Iguala. La comuna estaba liderada por el hoy presidiario del

3.- El dirigente estatal del partido del sol azteca, Alberto Catalán Bastida se quiere ahora victimizar y “frenar la campaña de calumnias y desprestigio” en contra de ese partido. Pasa por alto dos elocuentes detalles: en el gobierno estatal ya no despacha su aliado priista, el exgobernador Héctor Astudillo. Y en el ruidoso Plan B del presidente AMLO, se le “quitan dientes” a los organismos electorales para sancionar y castigar a personajes y partidos políticos. Así que su queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no tiene en el marco legal, ninguna procedencia. En todo caso, tendría que interponerla directamente en la fiscalía General del Estado (FGE). Pero es justo ahí donde existen carpetas de investigación contra algunos ediles de los distintos partidos políticos, de acuerdo con la versión del titular de seguridad pública, Evelio Méndez Gómez.

Y Jacinto González también debería poner sus barbas a remojar. Porque el Morena no escapa a los coletazos del crimen organizado en las alcaldías que gobierna. En un ambiente viciado por la constante violencia, inseguridad y cancha abierta para el delito, ningún partido político se salva. Y lo que el PRD intenta, es tomar bocanadas de un oxígeno que ya se le acabó.

HOJEADAS DE PÁGINAS…

El presidente AMLO quiere que el gobierno de Israel permita la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto y pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El punto es que, como sabe que dicha nación no lo extraditará, tendrá el pretexto ideal para darle la vuelta por enésima ocasión a ese manoseado asunto y cuando faltan seis meses para que se cumplan nueve años de esa desaparición estudiantil. En realidad, el compromiso de presidente para llegar a la verdad sobre dónde están y qué pasó con ellos quedará incumplido.

A nivel local, fue el diputado Rafael Navarrete Quezada quien propuso que se hiciera un registro estatal de deudores alimentarios morosos, que ya es un hecho.

Esto no sólo garantiza que los menores reciban lo que merecen para su manutención, lo cual es un derecho establecido en la Ley, sino que también servirá de base para aquellos vivales que buscan proseguir sus carreras políticas sin tantita pena, les sean rechazados sus registros.

Los padres que deben alimentar a sus hijos pero se les hace fácil no entregarles la mensualidad correspondiente, por más de treinta días, de manera injustificada, pasarán automáticamente a ser inscritos en ese padrón.

La meta es que, dijo Navarrete Quezada, proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación.

El decreto de esta iniciativa fue publicado el pasado 3 de febrero en el Periódico Oficial del Estado especifica que el registro de los padres deudores procederá por orden judicial.

Aplica no sólo para los morosos, sino para quienes ya hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.

Y, desde luego, los partidos políticos tendrán que revisar estos listados antes de encenderle incienso a sus mejores cartas para cargos de elección popular.

En automático, los que aparezcan en el padrón de padres que no alimentan a sus hijos, serán descartados, pues dejaron de ser personas con solvencia moral e intachable.

Desde hoy, los partidos políticos tienen tarea para ir revisando los perfiles de sus aspirantes a cargos de elección popular, porque desafortunadamente es la clase política, gente incrustada en el poder público, la que más incurre en estos excesos con desfachatez, pues le dicen a las mujeres “hazle como quieras”, y presumen de tener “palancas” y “amigos” en el sector ju-

Y en la Cámara de Diputados avanza la iniciativa de un grupo plural de diputadas, para que a los hombres que pretendan continuar sus carreras políticas (es muy común que los diputados vuelvan a los estados como aspirantes a gobernadores o bien escalarían como senadores), se les sujete a la 3 de 3 contra la violencia a las mujeres.

La 3 de 3 contempla que los aspirantes a cargos de elección popular no hayan sido denunciados por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales o deudor alimentario.

Las exponentes en la máxima tribuna de la República dijeron que buscan la ética en la política y pugnar porque el agresor, hostigador o deudor de pensión sea eliminado de los cargos públicos y espacios de representación popular.

También entraría en este rango la agresión política a las mujeres en razón de género, y otros conceptos que poco a poco han ido madurando y atajando el machismo, la misoginia, el valemadrismo y otras tantas bellas palabras que caracterizan y describen a nuestra clase política.

Esta limitación a los agresores contempla cualquier área de la administración pública federal o de algún otro poder del Estado, y ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, que se espera se dé el 26 de marzo y antes de finalizar el mes se discuta en el Pleno.

Hasta el momento, los Congresos de 13 estados han aprobado la iniciativa y ha sido presentada en 24 más, esperando que una vez aprobada en San Lázaro, sea más rápido el trámite en las demás legislaturas de la República y sea publicada para la reforma constitucional.

Esta es la primera vez que se presenta una iniciativa por parte de un grupo plural de legisladoras, demostrando que ante los problemas que les aquejan no importa ni la filiación política ni las siglas de los partidos. Las diputadas vienen luchando por esta iniciativa desde 2018 y es muy probable que se las acepten, de cara a las elecciones de 2024.