Coyunturas políticas

El sinuoso camino de los comunitarios

Acusan a fiscal de hostiga- dora

En diversas páginas editoriales de los periódicos de la capital de la entidad que siguen en circulación, de extraña o singular manera, media docena de opinadores ha coincidido en aplaudir la intervención de las autoridades correspondientes que desmantelaron prácticamente a la policía comunitaria de Buenavista de La Salud y poco caso hicieron a las demandas de liberar a El Deyvi, jefe de la policía comunitaria de El Ocotito hasta mediados de febrero que fue detenido como peligroso maleante en el vecino estado de Puebla.

Quizá lo mejor del asunto es que no han surgido defensores de esos grupos informales de policías, al contrario de lo que ocurrió a inicios de 2013 y prosiguió varias semanas después, cuando emergieron en Tierra Colorada y Ayutla y Chilapa y Olinalá y otros municipios más, con el mismo argumento de que los lugareños decidieron atender el problema de la inseguridad ellos mismos, cansados tanto del acoso de delincuentes como de la indiferencia gubernamental. “Bienvenida la justicia indígena”, llegó a publicar una revista asentada en la capital del país ante la presunción (o desconocimiento)

Rafael Solano

que la rebeldía cívica se daba en comunidades monolingües; es decir, que los indígenas estaban poniendo el ejemplo.

Con el paso de las semanas y los meses, el actuar arbitrario de los policías autoinvestidos causó las primeras víctimas; ahí está la hemeroteca queda cuenta de ello: turistas, transportistas y hasta el fiscal de la vecina entidad Oaxaca fueron baleados por traspasar un retén que ninguno de los agraviados sabía que existía. Ya no se les aplaudió; inclusive, en una columna de El Universal se publicó, cuando Angel Aguirre Rivero ya no era gobernador (es de todos conocido que renunció al cargo debido a la masacre de normalistas de Ayotzinapa en Iguala en octubre de 2014), que éste sabía de la implicación de grupos de policías comunitarios con la delincuencia organizada y no actuó; tampoco lo hizo el gobierno federal.

Como dato contrastante, el anterior gobierno priísta de Enrique Peña Nieto fue tolerante con los grupos de policías comunitarios, tanto de Guerrero como de Michoacán y Chiapas; no lo ha sido el de Andrés Manuel López Obrador, como tampoco lo fue en el trato con los normalistas de Ayotzinapa, a quienes antes se les permitía tomar casetas de cobro para cobrar ellos el peaje.

En fin, es mejor que todo tenga formalidad. A nadie conviene que haya territorios que controle algún grupo, ya sea de policías lugareños o de maleantes.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, un centenar de empleados de la Fiscalía General del Estado volvieron a protestar. La penúltima ocasión fue en noviembre, por despidos injustificados; el jueves de la semana transcurrida, para quejarse de hostigamiento laboral por parte de Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que inició desde el mismo día que asumió el control de la Fiscalía General del Estado; es decir, desde fines de diciembre de 2021.

Las quejas son similares a las vertidas, en la primera protesta realizada por personal de la dependencia en febrero del año pasado: despidos injustificados que ya llegaron al centenar; cambios de adscripción a plazas en la región Tierra Caliente, particularmente de quienes le desagradan, aunque sea personal basificado con plaza en Chilpancingo, así como hostigamiento contra aquellos que protestan por el trato despótico. Por si fuera poco, ha militarizado a la FGE, aunque los soldados que ha llevado solo le sirven de guardaespaldas. El pretexto es que no confía en el personal que le toca administrar.

Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del Congreso local, al igual que en anteriores protestas; el secretario general de Gobierno, Ludwid Marcial Reynoso, les mandó a varios empleados a que tomaran toma de las demandas, sin que prometiera alguna solución.

PERO SIN LOS EMPLEADOS DE LA FGE se quejaron de su jefa, agremiados al Colectivo de Desaparecidos “Guadalupe Rodríguez Narciso” y normalistas de Ayotzinapa exigieron a la FGE acciones efectivas para la localización de sus familiares y amigos. La protesta fue un día antes que los burócratas hicieran la suya, en el primer aniversario de la desaparición de Jesús Antonio Moyao Guerrero, quien fue visto por última vez en el lugar conocido como Flor Morada, en la cabecera municipal de Chilapa. En el acceso a la FGE realizaron un mitin. María Engracia

Guerrero López, madre del joven desaparecido, señaló que la constante en los casos que supuestamente investiga la FGE es que “no hay ningún avance significativo en sus investigaciones”. Dijo que es el caso de su hijo. Denunció que por su labor de búsqueda ha recibido amenazas de muerte y responsabilizó a la FGE de lo que le pueda suceder.

Alejandra Miranda denunció que tiene seis meses buscando a su hijo, “desde cuando desapareció el 17 de agosto” de 2022 en Tixtla. Por ello, calificó como absurda la declaración que hizo la fiscal Sandra Luz de que no hay necesidad de una Ley Estatal de Desaparecidos en Guerrero.