mano con Internet como gestor de libertad de expresión en una campaña promovida por gigantes del Internet.124 Paradójicamente, en los debates del año 2013 previos a la sanción del Código Penal Integral, periodistas y activistas como Assange o Snowden tendrían una pena de hasta 10 años si las intenciones de guardar información se mantenían. Existía la penalización de las acciones de los grupos de “whistleblowers” o denuncias sobre documentación estatal y gubernamental. Para diciembre del 2013, se conformaría un grupo ciudadano a partir del uso de redes digitales, para conseguir efectivamente presión sobre los medios y la Asamblea Nacional para la eliminación de este artículo. El grupo #InternetLibre, finalmente conseguiría la derogación de este articulado en la versión final del COIP. Este grupo funciona hasta ahora de manera virtual, agrupa a varios grupos sociales y se mantiene vigilante de las violaciones hacia la libertad y acceso al Internet. Si bien Ecuador, al apoyar este tipo de resoluciones en la ONU y al ofrecerle asilo político a Julián Assange, busca posicionarse como un referente mundial en materia de derechos humanos, la ley orgánica de comunicación requiere, entre otros aspectos problemáticos que los medios electrónicos registrar la identidad de quienes publican comentarios. En cierta medida, los temas relacionados a los conflictos gubernamentales con medios privados han escapado de estas críticas. En parte esto tiene que la noción de que el Internet no es un medio, sino la estructura de comunicación vigente, sobrepasa el interés en el debate tradicional entre el ejecutivo y la oposición en medios tradicionales. En este caso, la libertad de expresión pasa a un segundo plano. La amenaza de una vigilancia absoluta se convierte en una norma con la excepción de las redes sociales. El concepto de “autocensura” sería utilizado por medios tradicionales para evidenciar la protesta contra la Ley de Comunicación. Esta finalmente añadiría la categoría de “linchamiento mediático” y las derivaciones de sus implicaciones incluirían la imposibilidad de ejercer el periodismo de investigación por el tema del manejo de fuentes. El caso de Vanguardia generó una serie de críticas por parte de 124
Esta campaña ha sido igualmente masivamente difundida por todas las empresas grandes de Internet como Google, Facebook. Para más información se puede consultar el grupo de lobbying Internet Association: www.InternetAssociation.org.
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