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PANORAMA elCaribe, MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012
OPINIÓN
El dilema del ajuste fiscal
in cambios drásticos en los ingresos y los gastos del gobierno, es razonable proyectar que para 2013 el déficit del sector público sería cercano a un 4% del PIB. Sería una suerte de repetición de 2012 porque aunque no habrá elecciones que ofrezcan incentivos para desguañangar las finanzas públicas, hay nuevos y serios compromisos como el gasto en educación pre-universitaria y pagos de deuda pública. Lo anterior se inscribe, además, en un contexto de bajo crecimiento, lo que afectará las recaudaciones. De ese déficit, sería razonable suponer que el gobierno podría obtener financiamiento por la mitad, es decir, por 2% del PIB, esto es, RD$ 56 mil millones o USS$ 1,360 millones. El monto y las condiciones de financiamiento dependen en parte de si se llega o no a un acuerdo con el FMI y del tipo de acuerdo. A su vez, esto dependería en buena medida
de los compromisos que el gobierno asuma en materia del sector eléctrico, los impuestos y las metas de déficit. Pero, ¿qué pasaría con el resto? Todavía quedaría por cerrar una brecha de quizás 2% del PIB. Habría dos opciones obvias: reducir gastos o incrementar ingresos vía nuevos impuestos. También sería posible lograr una combinación de ellas. Esta situación ha puesto al gobierno en una posición muy difícil y de relativa debilidad porque necesita encontrar una solución urgentemente. En parte por ello, el gobierno ha abierto dos diálogos en paralelo sobre el tema, los cuales parecen difíciles de conciliar: uno con la sociedad organizada en busca dotar de algún grado de legitimidad al ajuste, y otro con el FMI que persigue estampar un sello de garantía al arreglo al que se llegue para encontrar financiamiento en cantidad suficiente y al más bajo precio posible, y eventualmente tener un poco más de fuerza frente a una sociedad entendiblemente desconfiada y muy resistente a pagar más impuestos. La dificultad viene porque es difícil que las organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil consien-
Agrodosa pagó RD$9.0 millones a productores
BNV inicia plan de titulación en ensanche La Fe
PAVEL ISA CONTRERAS ECONOMISTA
pavel.isa.contreras@gmail.com Twitter: @isapavel
S
tan un paquete tributario en el corto plazo, especialmente si no han visto lo que han venido reclamando por mucho tiempo: racionalidad, eficiencia y reorientación del gasto público. De hecho, para la sociedad organizada, el problema fiscal aparece con una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado y para hacerla responder a sentidas demandas ciudadanas porque la posibilidad de llegar a acuerdos tributarios se sujeta a logros por el lado del gasto. Pero esa vía implicaría que el gobierno no pueda preparar un presupuesto para 2013 con nuevos impuestos y mayores ingresos y que tenga que contraer el gasto público en más de RD$ 55 mil millones. La consecuencia en el crecimiento sería severa. Sería algo así como si las exportaciones se cayeran en un 10% o como si, de repente, el consumo privado se contrajera en 4%. Por su parte, las cartas fuertes del FMI ya se conocen: sector eléctrico y medidas tributarias. Aunque para el Fondo el cierre de las cuentas es lo que cuenta, dado el historial reciente de la administración dominicana, éste tendría razones para desconfiar de una propuesta de ajuste sólo
INDICADORES ECONÓMICOS
I
COTIZACIONES
por el lado del gasto, y apuntaría a más impuestos y menos exenciones. Hay que reconocer que, sin entrar en la discusión de la distribución de la carga, un paquete tributario sería menos recesivo que un drástico recorte del gasto porque aunque se sustraerían los recursos de la economía y se perdería poder de compra, el Estado devolvería la mayor parte de ellos en forma de gasto. Sin embargo, los nuevos impuestos aumentarían el financiamiento de un Estado con un comportamiento reprochable en muchos ámbitos, y se perdería una gran oportunidad para modificarlo. En otras palabras, se pospondría el problema de fondo. En síntesis, si el gobierno decide contraer el gasto para dar la oportunidad de alcanzar acuerdos tributarios con la sociedad, se abriría la posibilidad de lograr ansiados cambios de largo plazo, pero el golpe económico sería severo. Por el contrario, si el gobierno decide imponer una reforma impositiva, el golpe económico inmediato será menor pero se habrá sacrificado capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustantivas porque una vez haya recursos, la urgencia cesará. Ese es el dilema. l
Piden evitar el deteriorio clima de inversión
MIÉRCOLES 12
El Ministerio de Agricultura, a través de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), indemnizó con RD$9.0 millones a 132 productores del país.
El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), inició la titulación de las manzanas 1163, 1146, 1170, 1171, 1184 y 1185, en el ensanche La Fe, Distrito Nacional.
Esos productores sufrieron daños en sus cosechas por el paso de la tormenta Isaac por el territorio nacional. El gerente general de la Agrodosa, Emilio Olivo, dijo que a los productores de arroz de Comendador, Cotuí y Dajabón la aseguradora les pagó dos millones 237 mil 910 pesos en agosto pasado e indemnizó a productores de guineos y plátanos con seis millones 6,871 pesos en las provincias Barahona y Valverde. Indicó que se pagó también a los productores en invernaderos de Constanza 82 mil 757 pesos, y de aguacate en la zona de Baní, 156 mil 588.24 pesos. Por concepto de seguro de vida al asegurado, la entidad pagó 740 mil 241.36 pesos en el citado mes. Olivo informó que de los 132 productores asegurados por la aseguradora estatal 63 son del subsector arrocero, 24 son productores de banano, 39 de plátanos, dos en invernaderos, uno de aguacate y tres seguros de Vida-Deudor. Los agricultores indemnizados forman parte de los 22 mil 30 productores asegurados en lo que va de este año. La inversión en pólizas agropecuarias representa un monto de seis mil 438 millones de pesos. l MARTÍN POLANCO
De esa forma, la institución da cumplimiento a los lineamientos del presidente Danilo Medina, quien se comprometió en su programa de gobierno y en su discurso del pasado 16 de agosto a enfrentar la problemática en el sector inmobiliario nacional, según informó. El BNV es propietario de 49,220.70 metros cuadrados de terrenos en La Fe. Esos terrenos están ocupados por familias de bajos ingresos económicos cuyas ocupaciones llevan entre 20 y 40 años, por lo que la institución citada ha encaminado acciones para normalizar el estatus de los mismos. l elCaribe
INDEMNIZACIÓN.
LABOR.
PETRÓLEO ORO PLATA CACAO AZÚCAR CAFÉ
96.95 1,734.60 33.52 2,632 19.44 177.75
BARRIL
La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) llamó a las autoridades del país a impedir el deterioro del ambiente de negocios.
ALERTA.
ONZA ONZA TM LIBRA TM
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BOLSA DE VALORES
D. JONES NASDAQ
SALDO (PTS.)
CAMBIO
13,323.36 3,104.53
0.52% 0.50%
En la bolsa. Wall Street cerró ayer en terreno positivo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ascendió 0.52% en una jornada en la que se conoció que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó menos de lo previsto en julio. Según datos provisionales al cierre de la sesión, ese índice sumó 69.07 puntos para acabar en las 13,323.36 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 subió el 0.31 por ciento. Banco Nacional de la Vivienda. ARCHIVO
La organización se refiere al tema a propósito de hechos recientes que, desde su punto de vista, tienen característica de ataques a la inversión privada. Carlos Emilio González, presidente de la entidad, señaló que en los últimos meses ha visto con preocupación noticias sobre hechos y circunstancias que ponen en entredicho la seguridad jurídica del país, “un elemento crucial para que la empresa privada pueda operar en un escenario de certidumbre”. Señaló que el deterioro de la seguridad jurídica no sólo traería como secuela una indeseable fuga de capitales, sino dramáticas pérdidas de empleos directos e indirectos. Dijo que también daría al traste con el deseo del Gobierno de mejorar sus ingresos fiscales, hacer sostenibles las finanzas públicas e implicaría pérdidas de oportunidades de encaminar al país hacia el desarrollo y la desaparición de la pobreza. González definió como esencial el estricto cumplimiento de las leyes, de parte de los regulados y de los reguladores, pero lamentó que posiciones rígidas resten transparencia y equidad a la aplicación de las normas. l elCaribe