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CARTA MAGNA

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MEMORIA

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PAÍS

Constitución centra de nuevo el debate político-electoral

En el 2019 hubo fuertes protestas frente al Congreso en contra de la reforma. ARCHIVO

DEBATE. De entrada, la propuesta de

reforma constitucional del gobierno ha generado poco apoyo y si no prospera, representará una derrota política para el presidente Luis Abinader, pero si se aprueba y resulta un fiasco que incluya reducir el 50+1, también podría perder mucho capital político.

Las últimas dos elecciones, 2016 y 2020, estuvieron marcadas por intensos debates por la reforma constitucional para la reelección del entonces presidente, Danilo Medina, y aunque para el último proceso no se materializó, tuvo un fuerte impacto político, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque eso lo dividió.

Todo apunta a que las elecciones del 2024, el tema constitucional podría centrar el debate debido a la insistencia del gobierno de someter un cambio a la Carta Magna para lograr mayor independen-

ALTERNATIVAS

Entidades proponen acuerdos alternos

Participación Ciudadana que apoya la reforma, propone un acuerdo entre los partidos para no tocar el 50+1. Igualmente, el Colegio de Abogados presentó una propuesta en ese sentido. El gremio, que dirige Miguel Surun, plantea modificar los artículos 28 y 29 de la Ley 137-11 del Ministerio Público para que la persona que vaya a ser designado procurador general de la República no haya sido candidato a puestos de elección popular durante los últimos 10 años o miembro de un partido político. Asimismo, prevé que el cargo se ocupe por cuatro años, sin la posibilidad de ser removido. La entidad sostiene que el plan de reforma atenta contra la funcionalidad del Constitucional. cia del Ministerio Público. En medio de las discusiones, hay un tema de capital político de por medio. Quienes se oponen son acusados por los promotores de la reforma de apoyar la impunidad en los casos de corrupción pública, mientras que los que la apoyan quedan como los impulsores del fin de la cultura de impunidad que históricamente ha existido en el país.

La idea que promueve el presidente Abinader provocó que los representantes de los partidos mayoritarios de la oposición se retiraran del diálogo que se desarrolla en el Consejo Económico y Social (CES). El mandatario y las principales figuras del gobierno como la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aprovechan todos los escenarios posibles para afirmar que quienes se oponen a la reforma no quieren la independencia del Ministerio Público y apoyan la corrupción.

Sin embargo, el gobierno en su propuesta de reforma no ha dicho quién y cómo sería designado el Procurador general de la República, que en la propuesta pasaría a llamarse fiscal general.

Uno de los principales críticos de la propuesta de reforma es el expresidente Leonel Fernández que ha dicho que se trata de una manipulación del gobierno el alegato de independencia del Ministerio Público porque, según él, ya está establecido como tal en la Constitución y la ley orgánica de la institución.

“Históricamente y en la actualidad, desde que proclamamos la Constitución del 1844, España con la Constitución de Cádiz, Estados Unidos con la de Filadelfia, y Francia, que siempre han estado en lo que es la raíz de nuestra formación jurídica; hoy día quién nombra procurador de EE.UU, presidente, igual en España, lo mismo en Francia; ¿Entonces no hay independencia en esos países? A mí me parece que sí, acabo de entender ahora que no, porque se lo han inventado con el objetivo de manipularnos en el sentido de que no hay independencia del Ministerio Público, eso es falso”, aseguró.

Los partidos de oposición sospechan que el PRM con mayoría de asambleístas, podría aprobar la reducción del 50+1 para ganar las elecciones en primera vuelta. El tema caló porque Ortiz Bosch, una de las principales promotoras de esa reforma, ha dicho que es partidaria de reducir el porcentaje para ganar la Presidencia en primera vuelta. YANESSI ESPINAL

Card propone la inamovilidad del procurador

INICIATIVA. El Colegio de Abogados de

la República Dominicana (Card) sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la designación del procurador general de la República por un período fijo de cuatro años.

de la Carta Magna. Dicho artículo establece que el Ministerio Público se organiza conforme a la ley, “que regula su inamovilidad”, régimen disciplinario y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus órganos de gobierno, garantizando la permanencia de sus miembros de carrera hasta los setenta y cinco años.

Para hacer efectiva la propuesta, la nueva legislación consigna modificar los artículos 28 y 29 de la Ley 137-11 Orgánica del Ministerio Público. Se busca, además, que no se modifique la Constitución. . La información la ofreció ayer martes el presidente del sindicato de abogados, Surun Hernández, a su llegada al Congre-

LA PIZARRA

YANESSI ESPINAL

yespinal@elcaribe.com.do

Bajo sospecha

Desde la amplia circulación de una foto en la que aparecen dirigentes del PLD del más alto nivel con el expresidente Hipólito Mejía, la organización política ha caído bajo sospecha de que algunos de sus dirigentes están buscando la forma de apoyar la propuesta de reforma a la Constitución.

Por más esfuerzo que ha hecho ese partido que ha puesto a varios dirigentes a desmentir tal versión, el rumor toma cada vez más fuerza y todos los movimientos de los morados, son interpretados como amarres para esos fines.

Lo que alimenta la posibilidad de que eso esté ocurriendo es la poca credibilidad de la cúpula del PLD promete y acuerda cosas que luego no cumple. La organización hasta ahora ha dicho que se opone, pero cualquier cosa puede ocurrir.

Siendo objetivo, al presidente del PLD y expresidente, Danilo Medina, en lo personal no le molestaría una reforma que lo habilite para poder volver a ser candidato presidencial, lo que ahora no puede por prohibición constitucional.

El problema es que apoyar ese proyecto solo lo beneficia a él y perjudica la organización, pues los aspirantes a la candidatura presidencial quedarían descartados automáticamente en un escenario como ese y se podría predecir una segunda gran división que sería la sepultura definitiva de la organización. Además si pasara lo que se sospecha, que el PRM quiere reducir el 50+1, sería aún peor.

Contradicción

Se conoce de las ideas de Hipólito que no cree en Ministerio Público independiente y que no le gusta la persecución por casos de corrupción. Lo que resulta contradictorio de Mejía es que no está de acuerdo con el Ministerio Público independiente y apoye una reforma con ese objetivo que, según los promotores del proyecto está atado al presidente de turno, pero los detractores dicen que no, que ya la institución es independiente.

“No, no, eso es pura utopía, no hay nada independiente, eso es falso de toda falsedad, yo celebro que Luis tenga la actitud, para apoyar la independencia, pero no todo el mundo lo entiende así”, expresó en una ocasión el expresidente.

PAÍS

La JCE concluye su primera cumbre de mujeres políticas

Mujeres participantes en la Cumbre Nacional de Mujeres Políticas. F. E.

EVENTO. La Junta Central Electoral

(JCE) concluyó su primera “Cumbre Nacional de Mujeres Políticas de la República Dominicana” en ocasión del 80 aniversario del sufragio femenino.

El Pleno de la JCE firmó un manifiesto de diez puntos en el que reafirma su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la democracia política paritaria.

De acuerdo al documento el órgano administrativo electoral, asume identificar e intervenir en el delineamiento de diversas variables del sistema electoral.

Entre las variables se encuentran el financiamiento político público directo e indirecto, reservas de candidaturas y la forma de presentación de las listas de candidaturas. Además, impulsar las reformas de modificación a las leyes 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, para que garantice los derechos políticos y electorales de las mujeres.

También, impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso político contra las mujeres, que permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal y/o electoral.

La cumbre, que se organizó a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la JCE, contó la participación de 18 lideresas nacionales e internacionales.

Como invitadas internacionales participaron la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y la directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer de Ecuador, Mónica Banega.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, recordó que en 1936 la mujer tuvo un voto simbólico, lo que significaba que como ciudadana de “segunda categoría” su sufragio sería un “experimento” sin consecuencias política electoral alguna.

Derecho de la mujer

Deploró que persisten factores estructurales que impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ,

“Sin embargo, estamos aquí suscribiendo un nuevo contrato social de democracia política paritaria que no será letra muerta. Requerirá un movimiento activo, articulado para que la paridad política, más allá de la electoral (50-50) de hombres y mujeres en las listas de candidaturas por la que abogamos que sea instituida, tengan características específicas que la conviertan en una paridad fuerte”, afirmó, generando el aplauso de los presentes. elCaribe

INTERVENCIÓN

La voluntad política es la clave de la participación

“Sí se puede, claro que se puede cuando hay voluntad política”, afirmó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, durante su intervención en el primer panel, sobre la participación de las mujeres en la política. No obstante, reconoció que la lucha a favor de los derechos de la mujer siempre ha sido un camino empinado y lleno de obstáculos. De su lado, la miembro titular de la JCE indicó existe una evidente subrepresentación de las mujeres, de la que el Estado no puede seguir siendo cómplice, y abogó por enmendar las deudas históricas con diversos colectivos con una reforma a la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral.

Senado aprueba proyecto de ley sobre la infancia

CONGRESO. El Senado de la Repúbli-

ca aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, y crea formalmente por ley el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, tiene la finalidad de garantizar la atención integral a la primera infancia, como medio para el desarrollo de todos los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años de edad, a través del ordenamiento del marco institucional, la coordinación intersectorial y la prestación de servicios. El proyecto indica en uno de sus considerandos que es prioridad del Estado dominicano reducir la alta tasa de mortalidad materno-infantil, que vulnera los derechos, tanto de las mujeres embarazadas como de los niños y niñas durante su primera infancia.

Asimismo, señala que los primeros años de vida de los niños y niñas son la base de su salud física y mental, su seguridad emocional, su identidad cultural, personal y desarrollo de sus aptitudes.

La pieza legislativa es producto de la fusión de dos proyectos, uno propuesto por el Poder Ejecutivo y otro presentado por el senador Aris Yván Lorenzo representante de Elías Piña.

Los senadores también aprobaron en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley General de Salud 42-01, iniciativa propuesta por el senador Virgilio Cedano de la provincia La Altagracia.

Esta iniciativa busca dotar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la capacidad sancionadora sobre la violación de la Ley, y conlleva penas de multas, garantizando así la eficacia en la aplicación de la normativa.

Asimismo, fue aprobado en primera lectura, el proyecto de Ley que modifica el artículo 1 y sus párrafos del Código de Procedimiento Civil, a los fines de establecer nuevos montos en las competencias de los juzgados de paz. elCaribe

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